El juez federal Daniel Jordan ha emitido una orden que considera inconstitucional la ley que prohíbe la adopción por parejas del mismo sexo en Mississippi. La noticia tiene una especial importancia simbólica, si se tiene en cuenta que ocurre en medio de la ola de propuestas de ley homófobas y tránsfobas que los contrarios a los derechos LGTB están promoviendo en diferentes estados norteamericanos, entre ellos el propio Mississippi.
La norma que prohíbe adoptar a las personas del mismo sexo –sección 93-17-3(5) del Código Civil de Mississippi- fue aprobada en el año 2000. Recibió el beneplácito del gobernador, por aquel entonces un político demócrata, Ronni Musgrove. Un buen ejemplo de hasta qué punto ha cambiado la sensibilidad hacia los derechos LGTB: hoy día sería impensable que un gobernador demócrata diera su visto bueno a una ley así (el propio Musgrove escribía en 2013 un artículo en The Huffington Post en el que expresaba su arrepentimiento y contando como su punto de vista había evolucionado a lo largo de los años).
La prohibición de Mississippi, sin embargo, era la última que quedaba por ser desafiada en los tribunales. Leyes similares en otros estados han ido siendo invalidadas, una tras otra. Es por eso que cuatro parejas de mujeres (dos de ellas queriendo adoptar conjuntamente a través del sistema de adopciones del estado y otras dos queriendo que una de las miembros de la pareja pudiera adoptar a los hijos de su compañera), acompañadas de dos organizaciones de defensa de los derechos civiles LGTB (Campaign for Southern Equality y Family Equality Council) decidieron acudir a los tribunales.
Ahora la justicia federal les ha dado la razón. En una orden preliminar, el juez federal Daniel Jordan considera que a la vista de los argumentos del Tribunal Supremo para extender el derecho al matrimonio igualitario y los beneficios que ello conlleva a todo el país, la prohibición a las parejas del mismo sexo de adoptar viola su derecho a la igual protección que garantiza la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, y por ello ordena que de forma inmediata deje de ser aplicada (puedes descargar la sentencia completa aquí).
El fallo del juez Jordan tiene una especial importancia simbólica. Por un lado, Mississippi era el último de los estados en los que una ley prohibiendo expresamente adoptar a parejas del mismo sexo seguía incólume. En este momento, no existe ya ningún estado que mantenga dicha prohibición formal. Ello no significa que no queden numerosos flecos legales ni que no existan obstáculos a las diferentes formas de ejercer ese derecho (hace menos de un mes recogíamos precisamente como el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocaba una sentencia de la Corte Suprema de Alabama que denegaba los derechos de adopción que ya habían sido reconocidos en el estado vecino de Georgia a una de las integrantes de una pareja de mujeres). Pero el armazón jurídico que sustenta la discriminación en estos casos es cada vez más endeble.
Sin embargo, el gobernador de Mississippi, el republicano Phil Bryant, ha promulgado una ley, aprobada por ambas cámaras legislativas del estado, que permite a funcionarios, empresas, negocios y organizaciones rehusar prestar sus servicios a aquellos cuya “forma de vida” no esté en consonancia con sus creencias religiosas. En la práctica, significa que tienen derecho a discriminar a las personas LGBT sin que puedan ser demandados por ello. El gobernador Bryant apenas ha tardado unas horas en validar con su firma la ley desde que le fue enviada desde la Cámara de Representantes del estado, negándose a recibir tanto a las asociaciones de defensa de los derechos LGTB como a los empresarios, que se plantean boicotear a Mississippi como lugar de negocios.
El proyecto de ley 1523 fue introducido en la Cámara de Representantes de Mississippi, en manos republicanas, el pasado mes de febrero, siendo sometido a votación y aprobado el 29 de ese mismo mes, por un amplio margen de 80 votos favorables, 30 en contra y 3 abstenciones. Posteriormente pasó a consideración del Senado estatal, también en poder de los republicanos, donde fue aprobado este 1 de abril por 69 votos a favor, 44 en contra y 7 abstenciones. Finalmente, el gobernador Phil Bryant lo promulgó como ley el pasado 5 de abril, para que entre en vigor el próximo 1 de julio.
El proyecto de ley estaba considerado como una de los más regresivos los casi 200 diseminados por las cámaras de 32 de los 50 estados de los Estados Unidos. En todos ellos, bajo la excusa de la protección de la libertad religiosa, ya amparada por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se trata de formalizar el derecho a discriminar por razón de orientación sexual e identidad de género si se arguyen “sinceros sentimientos religiosos”.
La ley impide que se puedan plantear demandas contra funcionarios, comerciantes, empresarios u organizaciones que se nieguen a prestar sus servicios a determinados colectivos si estiman que contravienen sus creencias religiosas. En concreto, se protege que se puedan denegar servicios si el proveedor estima que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer; si considera que las relaciones sexuales solo pueden mantenerse dentro del matrimonio; o si cree que el género asignado al nacimiento no debe ser cambiado. Es decir, el objeto principal de la ley es permitir la discriminación de las personas LGTB.
En cuando a los funcionarios, tan solo establece la salvedad, obligatoria por otro lado, de que el servicio a prestar (como la expedición de una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo) debe ser garantizado por otro empleado público.
Las asociaciones LGTB y las corporaciones y empresas expresaron su indignación por una ley tan regresiva, y solicitaron al gobernador Bryant que interpusiese su veto. Los representantes del Partido Demócrata incluso retrasaron la aprobación definitiva del proyecto de ley con una petición plenaria de rechazo, que sabían que perderían, con el objetivo de que el gobernador se reuniera con los activistas y empresarios opuestos a ley. Pero Bryant se negó a recibirles, y validó el proyecto de ley tan solo unas horas después de que llegara a sus manos, con la excusa de que trata de “impedir que el gobierno interfiera en la vida de las personas”, en referencia a las leyes de protección contra la discriminación vigentes en muchos estados y municipios.
Mississippi se une así a Carolina del Norte en la aplicación de una legislación que vulnera derechos fundamentales por razón de la orientación sexual e identidad de género de sus ciudadanos. En otros estados, como Indiana, Dakota del Sur, Georgia o Virginia, sus gobernadores, sin embargo, han considerado el perjuicio que conllevaría un texto legislativo semejante y han interpuesto su veto.
La ACLU (la mayor asociación de defensa de los derechos civiles de los Estados Unidos) ha emitido el siguiente, y elocuente, comunicado:
Este es un día triste para el estado de Mississippi y para los miles de habitantes de Mississippi que ahora pueden ser rechazados en los comercios, o a quienes pueden negarse licencias de matrimonio, una vivienda, servicios esenciales y necesidades básicas por ser lo que son. Este proyecto de ley va en contra de los principios básicos estadounidenses de equidad, justicia e igualdad y no protege la libertad religiosa de nadie. Lejos de proteger a cualquier persona de “la discriminación del gobierno”, como pretende el proyecto de ley, es un ataque a los ciudadanos de nuestro estado, y servirá como un emblema de la vergüenza para el estado de la magnolia.
La organización GLAAD pide al gobernador Phil Bryant que vetase la delirante propuesta de ley HB 1523, que autoriza legalmente la discriminación en el estado de Mississippi y que van más allá del colectivo LGTB,
Muchos estados consideran actualmente proyectos de ley que permiten la discriminación de la comunidad LGTB en los Estados Unidos, pero la ley
HB 1523 propuesta por Mississippi no sólo es la más explícita, sino que podría considerarse, ya no reaccionaria, sino delirante y particularmente inquisitoria al detallar todas y cada una de las maneras en las que se puede ejercer la discriminación de manera legal, sin temor a ninguna consecuencia del gobierno central.
El proyecto de ley HB 1523 no pretende ser neutral: sólo protege a las personas con creencias religiosas y a nadie más, ateniéndose a tres premisas principales:
— El matrimonio sólo es o sólo debe ser reconocido como la unión de un hombre y una mujer
— Las relaciones sexuales son propiedad reservada al matrimonio.
— Los género masculino (hombre) o femenino (mujer) se refiere al sexo biológico inmutable de un individuo tal y como se determina por su anatomía y genitales en el momento de su nacimiento.
La evaluación de las diferentes situaciones en las que se podrían aplicar estos parámetros es muy sencilla, debido a que el proyecto de ley expone también cada una de las situaciones en las que se puede ejercer la discriminación. En tanto que los individuos estén motivados por “una creencia religiosa o convicción moral“, cualquiera de los siguientes comportamientos tendría el respaldo del gobierno de Mississippi:
— Las organizaciones religiosas pueden negarse a formalizar cualquier matrimonio o proporcionar cualquier servicio relacionado con el reconocimiento del matrimonio.
— Las organizaciones religiosas pueden contratar, despedir o abrir expediente disciplinario a cualquier empleado que viole las creencias religiosas de su organización.
— Las organizaciones religiosas pueden escoger no vender, alquilar u otra manera de proporcionar refugio.
— Las organizaciones religiosas que proporcionan servicios adoptivos o de crianza, pueden declinar sus servicios sin el riesgo de perder sus subvenciones estatales.
— Cualquier padre adoptivo o sustituto puede imponer sus creencias religiosas a sus hijos.
— Cualquier persona puede optar por no proporcionar tratamiento, asesoramiento o cirugía relacionada con la transición de género o con personas homosexuales.
— Cualquier persona (referido a cualquier tipo de negocio) puede escoger no proporcionar servicios para cualquier ceremonia de matrimonio o acto que involucre el reconocimiento de un matrimonio, incluyendo: fotografía, poesía, vídeo, servicios de disc-jokey, preparativos de boda, imprenta, editores, floristerías, confección de ropa, pastelerías y confiterías, salones de bodas o eventos, limusinas y otros servicios de alquiler de vehículos, servicios de compra-venta de joyas.
— Cualquier persona puede establecer «normativas o políticas específicas relacionadas con el género acerca del vestuario o aseo personal del empleado o estudiante», y pueden gestionar el acceso al cuarto de baño y otras instalaciones segregadas por género.
— Cualquier funcionario puede expresar abiertamente sus creencias sin ninguna consecuencia.
— Cualquier funcionario puede escoger no autorizar o conceder licencias de matrimonio legales recusándose a sí mismos de tales funciones.
Protect Thy Neighbor, Protege a Tu Vecino, un proyecto de Americans United for Separate of Church and State, Americanos Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado, expone varias situaciones hipotéticas de cómo esta discriminación podría desarrollarse en ámbitos más allá de la comunidad LGTB:
— Una agencia de adopción podría negarse a entregar un niño a una familia si sus miembros vivían juntos antes de casarse.
— Un asesor podría negarse a ayudar a un adolescente LGTB con pensamientos suicidas que llama a un teléfono de ayuda.
— Una agencia de alquiler de vehículos podría negarse a alquilar un coche a una pareja del mismo sexo si lo fueran a utilizar para su luna de miel.
— Una empresa podría despedir a una mujer sólo por usar pantalones (aunque esto podría considerarse ilegal bajo el Título VII de la Ly federal de Derechos Civiles).
Cualquier persona que se aprovecha de alguna de estas opciones para ejercer la discriminación estaría protegida frente a cualquier sanción tributaria, pérdida de contrato o concesión, pérdida de beneficios, multa o sanción, licencia o certificado, acuerdo de tutela o contrato o cualquier contratiempo en el empleo. Todavía más, estas protecciones se extienden incluso si entran en contradicción con leyes estatales. En otras palabras, cualquiera puede aludir a sus creencias religiosas para justificar su comportamiento discriminatorio si es demandado por víctimas de discriminación. Y cuando lo hacen, no sólo tienen todos sus derechos ante los tribunales, sino que pueden exigir compensación por daños.
En la actualidad, ninguna ciudad de Mississippi ha prohibido la discriminación contra la comunidad LGTB por ley, pero algunas sí han aprobado resoluciones que se oponen a tal discriminación, incluyendo Jackson, Waveland, Bahía de St. Louis, Greenville, Magnolia, Oxford y Hattiesburg. Si alguna de estas localidades aprueba alguna ley de este tipo, quedaría automáticamente anulada con la ley HB 1523, que prevalece a cualquier ley o norma con la que pueda entrar en contradicción. Todas las anteriores formas de discriminación se volverían legales sin importar las leyes que se hayan aprobado en cada una de las ciudades del estado.
Este proyecto de ley ya ha hecho un significativo progreso a través de la legislatura de Mississippi. La Cámara de Representantes la aprobaba el mes pasado, por 80 contra 39 votos, estando actualmente en trámites en el Senado.
Fuente UniversoGay/Dosmanzanas
Budismo, Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia., Islam, Judaísmo
ACLU, Adopción, Alabama, Americans United for Separate of Church and State, Bahía de St. Louis, Campaign for Southern Equality, Daniel Jordan, Discriminación, EE.UU., Estados Unidos, Family Equality Council, Georgia, Greenville, Hattiesburg, Homofobia, Homoparentalidad, Jackson, Ley HB 1523, Magnolia, Mississippi, Oxford, Phyl Bryant, Protect Thy Neighbor, Ronni Musgrove, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Waveland
Anne Jakapong Jakrajutatip
Al menos dos mujeres transexuales competirán este año en el certamen de Miss Universo.
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