La Iglesia Luterana Costarricense celebrará hoy 26 de mayo la entrada en vigencia del matrimonio igualitario en el país, eso sí, lo harán de manera virtual debido a la situación con el Covid-19.

“Estaremos celebrando junto con toda la población ese día con publicaciones, oraciones, cánticos y algunas reflexiones en nuestras redes sociales” dijo el presidente de la congregación religiosa, el pastor Gilberto Quesada.

Para esta iglesia el paso que dará Costa Rica ese día es algo “muy natural” dentro de su organización, pues desde hace 15 años acompañan a la población diversa del país con una actividad litúrgica que llaman “misa inclusiva”.

“Sentimos que el evangelio es para las personas más invisibilizadas y ahora se hace vida en estas parejas o en todas estas personas de la gran diversidad que el próximo 26 de mayo estaremos de fiesta”, dijo Quesada.

La Iglesia luterana en el país realiza sus ritos de bendición, una vez que las parejas, tanto heterosexuales como homosexuales, estén casadas por lo civil. A diferencia de la Iglesia católica, que sí tiene la facultad para realizar la unión civil de las parejas, al ser reconocida oficialmente en Costa Rica.

Pastor Gilberto Quesada

Es por ello que en lo que concierne a los matrimonios igualitarios, la organización religiosa invitó a todas aquellas uniones que así lo deseen se acerquen para ser bendecidas.

“Estamos celebrando un momento maravilloso, una gran causa, estamos en total acuerdo de que las parejas del mismo sexo tengan estos derechos asegurados, es una cuestión de justicia y como iglesia sentimos que es una cuestión evangélica”, dijo el pastor.

Esta iglesia había sido nombrada como mariscal de la Marcha de la Diversidad 2020 por su compromiso en la lucha a favor de los derechos de la comunidad LGBTI. Sin embargo, debido a la pandemia del Covid-19, la actividad se canceló.

Los posicionamientos de la Iglesia Luterana Costarricense (ILCO) en torno a temas como fertilización in vitro, uniones entre personas del mismo sexo, interrupción del embarazo, familias no tradicionales, derechos de pueblos indígenas, VIH/SIDA, entre otros, han ocasionado controversias en un país confesional como Costa Rica; sin embargo, esta iglesia sigue avanzando y generando propuestas para acompañar a estas personas en sus luchas por el reconocimiento social y gubernamental de sus derechos.

La Iglesia Luterana Costarricense inicia en el 2005 una serie de acciones bajo el nombre de Pastoral de la Inclusión con el fin de acoger a grupos de personas marginadas y tradicionalmente excluidas de la vivencia de la fe y la comunión por su orientación sexual y así brindarles un nuevo espacio para la espiritualidad desde su propia identidad.

La mayoría de las iglesias cristianas tienen discursos homófobos basados  en interpretaciones bíblicas realizadas por distintos líderes cristianos que extienden toda suerte de prejuicios. Lejos de buscar una convivencia social armoniosa e inclusiva, estos líderes cristianos promueven incesantes y diversas formas de violencia. En medio de esta realidad, la ILCO por su parte, lleva más de 15 años trabajando la inclusión de las personas LGBTI con una pastoral dedicada a abrir sus puertas de manera totalmente participativa a las personas de la diversidad sexual.

Esta pastoral procura erradicar todos los aspectos homofóbicos que discriminan, excluyen y denigran a las personas por su orientación sexual. Cabe destacar que el trabajo previo con grupos de mujeres había generado una plataforma teórica y práctica para el análisis de la sexualidad y la equidad de género. Esta experiencia da paso a una reflexión alternativa, que coloca un alto al discurso tradicional excluyente de las iglesias, en materia de la diversidad sexual.

Hoy martes se cumple el plazo de 18 meses ordenado por la Sala Constitucional a los diputados de la Asamblea Legislativa para legalizar las uniones de hecho y el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Costa Rica.

El 9 de agosto de 2018, el tribunal declaró inconstitucional los artículos 242 y artículo 14 inciso 6 del Código de Familia, así como el artículo 4 inciso m de la Ley de la Persona Joven.

Un largo camino hacia el matrimonio igualitario

Costa Rica dio un paso de gigante en su relación con el colectivo LGTB. el  jueves 10 de diciembre de 2015, cuano el Frente por los Derechos Igualitarios de Costa Rica (FDI) presentó un nuevo proyecto de matrimonio igualitario, con el apoyo de múltiples grupos del Congreso.

El sabor de la victoria resultaba doblemente dulce por culminar meses de duro esfuerzo. Desde el año 2013, el Tribunal Supremo del país costarricense llevaba postergando una decisión sobre la inconstitucionalidad de los enlaces del mismo sexo. La cuestión parecía que se iba a alargar ad infinitum, así que varios activistas decidieron encadenarse todas las semanas en la Sala Constitucional de Costa Rica, para que la Asamblea Legislativa legislase en torno a las uniones de personas del mismo sexo.

Este proyecto era producto del trabajo conjunto de organizaciones y activistas, y contaba con el apoyo de más de 55.000 costarricenses que habían firmado respaldado el proyecto. Así lo confirmó Larissa Arroyo, portavoz del FDI: “Este proyecto viene a proteger legalmente la vida en común de las parejas del mismo sexo, con los mismos derechos y deberes que cualquier otra pareja. Hace ya 10 años se presentó el primer proyecto de reconocimiento de uniones, y aún en este momento, estas parejas sufren de una odiosa discriminación a pesar de cumplir con los mismos requisitos que las demás”.

Como decimos, Costa Rica lleva años discutiendo el posible reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, sin que haya sido posible ni siquiera la aprobación de una ley de uniones civiles debido a las múltiples maniobras de los opositores a la igualdad. Ni siquiera la llegada a la presidencia del anterior presidente, Luis Guillermo Solís, un político abiertamente pro-LGTB, permitió avanzar. Pero lo que sí hizo el Gobierno de Costa Rica fue elevar la cuestión a la Corte Interamericana, que en enero de este año emitió su histórica opinión. El que era todavía presidente aseguró entonces su disposición a acatarla íntegramente, si bien Solís estaba ya a punto de finalizar su mandato. El asunto del matrimonio igualitario, de hecho, ocupó un papel central en la campaña electoral de las recientes elecciones presidenciales y dio un importante empujón al candidato evangélico Fabricio Alvarado, que llegó a disputar la segunda vuelta frente al centroizquierdista Carlos Alvarado. Este último, sin embargo, acabó imponiéndose el pasado 1 de abril con más del 60% de los votos, en lo que supuso un cierto alivio para el colectivo LGTB costarricense.

Fuente Agencias/Nuestras Voces/Cristianos Gays

Iglesia Luterana Costa Rica, Gilberto Quesada, Iglesia Luterana, Matrimonio igualitario

Una exasperante noticia que no va a impedir lo inevitable, mal que les pese a los homófobos ultraconservadores y evangélicos: El matrimonio igualitario llegará a Costa Rica a finales de este mes. Q Costa Rica informa de que el registro civil del país centroamericano comenzará a procesar las solicitudes de matrimonio de parejas del mismo sexo el 26 de mayo.

Un oficiante de la oficina, Luis Guillermo Chinchilla, aseguró a la revista de noticias LGBTQ+ que se han hecho “importantes esfuerzos” para actualizar los sistemas informáticos de la oficina para acomodar los nuevos registros y que no habrá retrasos debido a la actual crisis sanitaria. “El Registro Civil ha realizado importantes esfuerzos para ajustar todos los sistemas informáticos en materia de registro civil, con el fin de gestionar estos registros de manera oportuna y expedita, siempre dentro del marco de seguridad de registro adecuado y efectivo como es habitual en nuestra institución”, dijo Chinchilla.

Sin embargo, un grupo de 24 diputados costarricenses, entre conservadores y evangélicos, propuso una moción para retrasar la entrada en vigencia del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que llevó a un enfrentamiento entre un diputado y un asesor del mismo partido.

Los legisladores pertenecen a las fracciones evangélicas Restauración y Nueva República, conservadores del Partido Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, Integración Nacional Republicano Calderonista, así como dos independientes vinculados con agrupaciones conservadoras y evangélicas.

De acuerdo con testigos el diputado del PLN, David Gourzong Cerdas, habría arremedtido a golpes contra el asesor del también diputado verdiblanco Gustavo Viales, Giancarlo Cassasola.

El asesor criticó la moción que pretende retrasar la entrada en vigencia del matrimonio igualitario hasta dentro de 18 meses, una vez concluida la pandemia a causa de la Covid-19. “En 15 días el matrimonio igualitario será una realidad. Y, al propio, porque así es, un grupo de Diputados sale con esta despreciable ocurrencia”, escribió Cassasola en Facebook. Además, resaltó “Espero que NO tenga el apoyo de NINGÚN diputado liberacionista y que se una vez por todas superen y respeten el fallo judicial constitucional que dispuso para Costa Rica igualdad”.

El diputado Gustavo Viales, quien también es Secretario General del PLN, dijo a la emisora Radio Monumental que apoyará a su asesor en los procesos penales que interponga y solicita  que Gourzong renuncie a la agrupación política. Además, según Monumental, Viales manifestó que en la discusión sobre el matrimonio igualitario y en cualquier otro tema en el que haya diferencia de criterios no se debe permitir la violencia.

 El jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez Carballo, se opone a que se discuta una moción que pretende solicitar a la Sala Constitucional retrasar la entrada en vigor del matrimonio igualitario. Según el legislador “querer retrasar esta discusión, una vez más, es querer lucrar electoralmente con los derechos de las personas LGBTI. Es el único sentido que tiene. Suficiente“. Para Sánchez Carballo, el primer diputado abiertamente homosexual en Costa Rica, “polarizar con este tema, en mitad de la crisis por COVID-19 se llama irresponsabilidad”.

El matrimonio igualitario sería legal en Costa Rica a partir del 26 de mayo, según sentencia de la Sala IV de hace dos años, pero los diputados firmantes rechazan el voto y sostienen que el tema debe ser discutido y aprobado por la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, para la comunidad LGTBI el tema del matrimonio igualitario es un asunto de derechos humanos que no debe ser resuelto por los diputados conservadores y evangélicos, formado por un grupo de 26.

Un largo camino hacia el matrimonio igualitario

Costa Rica dio un paso de gigante en su relación con el colectivo LGTB. el  jueves 10 de diciembre de 2015, cuano el Frente por los Derechos Igualitarios de Costa Rica (FDI) presentó un nuevo proyecto de matrimonio igualitario, con el apoyo de múltiples grupos del Congreso.

El sabor de la victoria resultaba doblemente dulce por culminar meses de duro esfuerzo. Desde el año 2013, el Tribunal Supremo del país costarricense llevaba postergando una decisión sobre la inconstitucionalidad de los enlaces del mismo sexo. La cuestión parecía que se iba a alargar ad infinitum, así que varios activistas decidieron encadenarse todas las semanas en la Sala Constitucional de Costa Rica, para que la Asamblea Legislativa legislase en torno a las uniones de personas del mismo sexo.

Este proyecto era producto del trabajo conjunto de organizaciones y activistas, y contaba con el apoyo de más de 55.000 costarricenses que habían firmado respaldado el proyecto. Así lo confirmó Larissa Arroyo, portavoz del FDI: “Este proyecto viene a proteger legalmente la vida en común de las parejas del mismo sexo, con los mismos derechos y deberes que cualquier otra pareja. Hace ya 10 años se presentó el primer proyecto de reconocimiento de uniones, y aún en este momento, estas parejas sufren de una odiosa discriminación a pesar de cumplir con los mismos requisitos que las demás”.

Como decimos, Costa Rica lleva años discutiendo el posible reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, sin que haya sido posible ni siquiera la aprobación de una ley de uniones civiles debido a las múltiples maniobras de los opositores a la igualdad. Ni siquiera la llegada a la presidencia del anterior presidente, Luis Guillermo Solís, un político abiertamente pro-LGTB, permitió avanzar. Pero lo que sí hizo el Gobierno de Costa Rica fue elevar la cuestión a la Corte Interamericana, que en enero de este año emitió su histórica opinión. El que era todavía presidente aseguró entonces su disposición a acatarla íntegramente, si bien Solís estaba ya a punto de finalizar su mandato. El asunto del matrimonio igualitario, de hecho, ocupó un papel central en la campaña electoral de las recientes elecciones presidenciales y dio un importante empujón al candidato evangélico Fabricio Alvarado, que llegó a disputar la segunda vuelta frente al centroizquierdista Carlos Alvarado. Este último, sin embargo, acabó imponiéndose el pasado 1 de abril con más del 60% de los votos, en lo que supuso un cierto alivio para el colectivo LGTB costarricense.

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Buenas noticias. Poco más de tres meses después de tomar la decisión, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica la ha notificado por fin a las partes el fallo sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y ha enviado la sentencia a la Imprenta Nacional para su publicación íntegra en próximos días en el Boletín Judicial. Se activará entonces la cuenta atrás de 18 meses para que el matrimonio igualitario sea una realidad en el país centroamericano si antes la Asamblea Legislativa no adecúa la legislación al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como explicamos en agosto, el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia de Costa Rica prohíbe expresamente que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. La decisión de la Sala Constitucional, en respuesta a una de las acciones de inconstitucionalidad pendientes sobre la materia, reconocía explícitamente que dicha norma contradice la histórica opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hecha pública el pasado 9 de enero precisamente a requerimiento de Costa Rica. Sin embargo, la Sala Constitucional optó por mantener la vigencia de dicho inciso durante de 18 meses, dando tiempo a que la Asamblea Legislativa adecúe la legislación.

Una decisión que muchos consideraron tibia e incluso cobarde, al mantener durante 18 meses más la situación de desigualdad. La Defensoría de los Habitantes, por ejemplo, se mostró «sorprendida por el fallo (…) por cuanto deja en vigencia por 18 meses una norma que la declara inconstitucional por mayoría» y lamentó que el tribunal dejase «escapar la oportunidad para que la resolución fuera contundente y definitiva en aras de la eliminación inmediata de la prohibición del matrimonio igualitario en Costa Rica». Hay que tener en cuenta, en este sentido, que desde hace varios meses el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica empezó a recibir solicitudes de inscripción de matrimonios entre personas del mismo sexo y a realizar una anotación marginal de los mismos, aunque estos no han podido ser inscritos debido a la limitaciones impuestas por el Código de Familia.

En el mismo sentido se manifestaba Marco Castillo, presidente del colectivo Diversidades LGBTIQ+ y uno de los recurrentes ante la Sala Constitucional. « Estoy sorprendido de que la Sala haya tomado un acuerdo tan poco firme porque es absurdo que digan que en 18 meses tengan que derogar la norma, que ya ellos derogaron, si no queda derogada. No tiene sentido», expresaba el histórico activista costarricense.

Es más: aunque la Sala Constitucional anunció el sentido de la sentencia, su notificación oficial a las partes y su publicación oficial se ha demorado durante semanas. El pasado miércoles, sin embargo, el Poder Judicial de Costa Rica anunciaba a través de sus redes sociales que por fin daba el paso, tres meses después:

Medios costarricenses confirmaban que, en efecto, Marco Castillo recibía el miércoles a las 4 de la tarde el documento, que contaría nada más y nada menos que de 550 páginas. Una vez que la sentencia se publique (lo que está previsto que suceda la próxima semana) comenzará la cuenta atrás. Si la Asamblea Legislativa de Costa Rica no lo resuelve antes, en mayo de 2020 deberían poder empezar a celebrarse los primeros matrimonios.

Un avance crucial en América Latina

Costa Rica lleva años discutiendo el posible reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, sin que haya sido posible ni siquiera la aprobación de una ley de uniones civiles debido a las múltiples maniobras de los opositores a la igualdad. Ni siquiera la llegada a la presidencia del anterior presidente, Luis Guillermo Solís, un político abiertamente pro-LGTB, permitió avanzar. Pero lo que sí hizo el Gobierno de Costa Rica fue elevar la cuestión a la Corte Interamericana, que en enero de este año emitió su histórica opinión. El que era todavía presidente aseguró entonces su disposición a acatarla íntegramente, si bien Solís estaba ya a punto de finalizar su mandato. El asunto del matrimonio igualitario, de hecho, ocupó un papel central en la campaña electoral de las recientes elecciones presidenciales y dio un importante empujón al candidato evangélico Fabricio Alvarado, que llegó a disputar la segunda vuelta frente al centroizquierdista Carlos Alvarado. Este último, sin embargo, acabó imponiéndose el pasado 1 de abril con más del 60% de los votos, en lo que supuso un cierto alivio para el colectivo LGTB costarricense.

Parece claro ya que Costa Rica será el primer país centroamericano en abrir el matrimonio a personas del mismo sexo. Sin duda, un hito histórico. Y es que, como en su momento anticipamos, la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha supuesto un antes y un después. hay que recordar, en este sentido, que además de responder al Gobierno de Costa Rica, la opinión servía de llamada de atención para otros once Estados de América Latina: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana (en los que no existe ningún reconocimiento jurídico para las parejas del mismo sexo), además de Ecuador y Chile (que cuentan, de momento, con leyes de unión civil no equiparables al matrimonio).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Carlos Alvarado, Corte Suprema de Justicia (Costa Rica), Costa Rica, Defensoría de los Habitantes (Costa Rica), Discriminación, Diversidades LGBTIQ+, Fabricio Alvarado, Luis Guillermo Solís, Marco Castillo, Matrimonio, Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE)

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha dado un plazo máximo de 18 meses a la Asamblea Legislativa de ese país para que adecúe su legislación al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si no lo hace así, este pasará a estar automáticamente en vigor. Defensoría de los Habitantes y activistas LGTB han criticado este plazo, al considerar que la decisión debería ser de efecto inmediato. 

El inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia de Costa Rica prohíbe expresamente que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. La sentencia de la Sala Constitucional, emitida en respuesta a una de las acciones de inconstitucionalidad pendientes sobre la materia, reconoce explícitamente que dicha norma contradice la histórica opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecha pública pasado 9 de enero precisamente a requerimiento de Costa Rica.

Sin embargo, la Sala Constitucional ha optado por mantener la vigencia de dicho inciso durante de 18 meses, dando tiempo a que sea la Asamblea Legislativa la que adecúe la legislación: «Vista la potestad que ostenta la Sala de graduar y dimensionar los efectos de sus sentencias de constitucionalidad (…), se insta a la Asamblea Legislativa, en el uso de su función legislativa constitucionalmente asignada, a que en el plazo de 18 meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, adecue el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo, en los términos expuestos en esta sentencia», expresa la Sala Constitucional en el comunicado leído por su presidente, Fernando Castillo.

Costa Rica lleva años discutiendo el posible reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, sin que haya sido posible ni siquiera la aprobación de una ley de uniones civiles debido a las múltiples maniobras de los opositores a la igualdad. Ni siquiera la llegada a la presidencia del anterior presidente, Luis Guillermo Solís, un político abiertamente pro-LGTB, permitió avanzar. Pero lo que sí hizo el Gobierno de Costa Rica fue elevar la cuestión a la Corte Interamericana, que en enero de este año emitió su histórica opinión. El que era todavía presidente aseguró entonces su disposición a acatarla íntegramente, si bien Solís estaba ya a punto de finalizar su mandato. El asunto del matrimonio igualitario, de hecho, ocupó un papel central en la campaña electoral de las recientes elecciones presidenciales y dio un importante empujón al candidato evangélico Fabricio Alvarado, que llegó a disputar la segunda vuelta frente al centroizquierdista Carlos Alvarado. Este último, sin embargo, acabó imponiéndose el pasado 1 de abril con más del 60% de los votos, en lo que supuso un cierto alivio para el colectivo LGTB costarricense.

Críticas a la Sala por mantener 18 meses una situación de desigualdad

Ahora, la decisión de la Sala Constitucional, en lo que al parecer ha sido su sesión más larga en casi 29 años, pone plazo a la aprobación del matrimonio igualitario, aunque no faltan los que consideran tibia e incluso cobarde la resolución, al mantener durante 18 meses más la situación de desigualdad. La Defensoría de los Habitantes, por ejemplo, se ha mostrado «sorprendida por el fallo (…) por cuanto deja en vigencia por 18 meses una norma que la declara inconstitucional por mayoría» y lamenta que el tribunal haya dejado «escapar la oportunidad para que la resolución fuera contundente y definitiva en aras de la eliminación inmediata de la prohibición del matrimonio igualitario en Costa Rica». Hay que tener en cuenta, en este sentido, que desde hace varios meses el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica empezó a recibir solicitudes de inscripción de matrimonios entre personas del mismo sexo y a realizar una anotación marginal de los mismos, aunque estos no han podido ser inscritos debido a la limitaciones impuestas por el Código de Familia.

En el mismo sentido se ha manifestado, por ejemplo, Marco Castillo, presidente del colectivo Diversidades LGBTIQ+. «El fallo no tiene sentido. Es una salida que toman y que en el fondo lo que hace es dilatar el cumplimiento de nuestros derechos. Yo tenía muchas dudas sobre la actuación de la Sala; este fallo me confirma que no había una voluntad de respeto hacia lo que son los derechos humanos. Estoy sorprendido de que la Sala haya tomado un acuerdo tan poco firme porque es absurdo que digan que en 18 meses tengan que derogar la norma, que ya ellos derogaron, si no queda derogada. No tiene sentido», ha expresado el histórico activista costarricense.

Estaremos muy atentos a los acontecimientos, pero la noticia es sin duda importante. Costa Rica puede convertirse en el primer país centroamericano en abrir el matrimonio a personas del mismo sexo. Como en su momento anticipamos, la opinión de la Corte Interamericana ha supuesto un antes y un después en la evolución de los derechos LGTB en América. hay que recordar, en este sentido, que además de responder al Gobierno de Costa Rica, la opinión servía de llamada de atención para otros once Estados de América Latina: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana (en los que no existe ningún reconocimiento jurídico para las parejas del mismo sexo), además de Ecuador y Chile (que cuentan, de momento, con leyes de unión civil no equiparables al matrimonio).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Carlos Alvarado, Corte Suprema de Justicia (Costa Rica), Costa Rica, Defensoría de los Habitantes (Costa Rica), Discriminación, Diversidades LGBTIQ+, Fabricio Alvarado, Fernando Castillo, Luis Guillermo Solís, Marco Castillo, Matrimonio, Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE)

Con una amplia mayoría, el líder del Partido Acción Ciudadana, el novelista Carlos Alvarado Quesada, que fuera ministro de Trabajo y Desarrollo Humano del anterior gobierno del Partido Acción Ciudadana, se convierte en el presidente más joven de Costa Rica al imponerse en las urnas gracias a su campaña a favor del matrimonio igualitario y los derechos de la comunidad LGBTI+, cuya oposición habían llevado a imponerse en la primera vuelta a su contrincante, el periodista y pastor evangélico, Fabricio Alvarado Muñoz, que no ha conseguido movilizar al sector más reaccionario.

Alivio y esperanza entre el activismo LGTB de Costa Rica tras el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica de este domingo. El holgado triunfo en las urnas del centroizquierdista Carlos Alvarado, con un 60,7% de los votos, frente al evangélico y ultraconservador Fabricio Alvarado, que no ha alcanzado el 40%, abre la puerta al proceso de aprobación del matrimonio igualitario en este país centroamericano. Y es que la apertura de la institución del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo ha sido uno de los ejes de la campaña de los candidatos, tanto en primera como en segunda vuelta. Carlos y Fabricio comparten apellido, pero es de las pocas cosas que tienen en común: no son parientes y mantienen posturas ideológicas contrarias. Mientras que el ya electo Carlos Alvarado prometió en campaña la creación de un “comisionado de la presidencia para asuntos relacionados con las personas LGBTI”, Fabricio Alvarado dejó muy claro desde el primer momento que “no estamos dispuestos a una agenda LGBTI, pro aborto y a una ideología de género”.

Victoria histórica del progresista Carlos Alvarado en las elecciones presidenciales de Costa Rica de este domingo 1 de abril. Es “histórica” porque es la tercera vez que resulta necesario acudir a una segunda vuelta electoral en el país centroamericano y es la primera en que un candidato que figuraba en segunda posición en intención de voto consigue el triunfo, rompiendo la “maldición” de la segunda ronda, tal y como señala la prensa local. Además, el líder del Partido Acción Ciudadana (PAC) ha defendido en campaña la aprobación del matrimonio igualitario, frente a la posición reaccionaria y retrógrada de Fabricio Alvarado, candidato del partido Restauración Nacional (PRN), al que muchos veían como claro aspirante a obtener la presidencia.

“Costa Rica una vez más entregó un bello mensaje democrático (…). Mi compromiso es con un gobierno para todos, en igualdad y libertad”, declara Alvarado Quesada instando a los costarricenses a que se enfoquen “en lo que nos une y no en lo que nos separa”, sin discriminación. A sus 38 años de edad se convierte en el presidente más joven del país centroamericano, uniéndose al club de los presidentes elegidos antes de cumplir los cuarenta, junto a Emmanuel Macron y la neozelandesa Jacinda Ardern.

“La gente está experimentando en todo el mundo con movimientos que impulsan agendas populistas o de un solo tema”, manifestaba Alvarado Quesada respecto a la reaccionaria campaña de Alvarado Muñoz en lo que había definido como un “reflejo de lo que está sucediendo en la región y en el mundo”, haciendo referencia al Brexit en el Reino Unido. El evangelista había llegado a comprometerse a sacar al país de la Organización de Estados Americanos, así como restringir el acceso de las mujeres al aborto, acabar con la educación sexual en las escuelas y luchar contra la “ideología de género”, convencido de que los movimientos feministas y LGBT que luchan por la igualdad están decididos a destruir la familia tradicional y el “orden natural” de la sociedad.

Sin embargo, la gran mayoría de los votantes de Costa Rica han preferido el discurso progresista de Alvarado Quesada, quien se ha prometido a legalizar el matrimonio igualitario, apoya la fecundación in vitro y tiene previsto atajar los problemas derivados de la pobreza y los que están relacionados con el déficit fiscal o el transporte público, entre otras cosas. Siguiendo con su compromiso de renovación, su gabinete cuenta con la primera persona afroamericana en desempeñar un cargo, Epsy Campbell, quien va camino de convertirse en su vicepresidenta, una vez firme el cargo el próximo mes de mayo.

En relación al matrimonio igualitario, el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, en la ya anterior legislatura, elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una consulta, cuya respuesta oficial, en forma de notificación, llegaba poco antes de la primera vuelta de las presidenciales costarricenses, marcando todo el debate electoral. A raíz de dicha consulta, la Corte dictaminaba que “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en los términos establecidos en los párrafos a 200 a 218”.

Es más, el tribunal sostenía que para garantizar estos derechos no es necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas, sino que bastaba con extender las instituciones existentes (incluyendo el matrimonio) a todas las parejas, con independencia del género y la orientación sexual de los contrayentes. “Crear una institución que produzca los mismos efectos y habilite los mismos derechos que el matrimonio, pero que no lleve ese nombre, carece de sentido, salvo el de señalar socialmente a las parejas del mismo sexo con una denominación que indique una diferencia sino estigmatizante, o por lo menos como señal de subestimación”, señalaba la Corte. “Se configuraría una distinción fundada en la orientación sexual de las personas, que resultaría discriminatoria, y por tanto incompatible con la Convención Americana”, añadía.

Costa Rica es un país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde su creación en 1948 y la CIDH es uno de sus órganos. Su opinión consultiva favorable, además de responder al Gobierno de Costa Rica, servía de llamada de atención para 12 Estados de América Latina: Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana (en los que no existe ningún reconocimiento jurídico para las parejas del mismo sexo), además de Ecuador y Chile (donde cuentan, de momento, con leyes de unión civil, no equiparables al matrimonio, abiertas a parejas del mismo sexo).

Carlos Alvarado, el nuevo presidente progresista y pro LGTBI

El presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, es periodista, escritor y politólogo. Es autor de tres novelas, ganador del premio Joven Creación de la Editorial Costa Rica en 2006 y fue vocalista del grupo de rock Dramatika. Está casado con Claudia Dobles y ambos son padres de una niña. No cuenta con una tradición histórica como defensor de la igualdad de los derechos de las minorías sexuales. Sin embargo, tras el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la irrupción de un airado debate en toda la campaña electoral, dominado por la posición conservadora del evangélico Fabricio Alvarado y del tibio apoyo LGTBI del contradictorio candidato católico y masón Juan Diego Castro, Carlos Alvarado se convertía en la mejor opción desde el punto de vista igualitario.

Carlos Alvarado, además de mostrar su apoyo al matrimonio igualitario, prometió en campaña la creación de un “comisionado de la presidencia para asuntos relacionados con las personas LGBTI”, como se recoge en el siguiente vídeo:

En su programa electoral, denominado “Crecer y crear la Costa Rica del siglo XXI”, incluía un apartado sobre “personas LGBTI” (páginas 77 y 78) en el que establece que “el   Poder   Ejecutivo   impulsará   la   aprobación  de  leyes  esenciales  para  construir  una  sociedad  más  justa  e  inclusiva para las personas LGBTI”. Esto incluye una legislación que reconozca la identidad de género: facilitando el cambio de nombre, posibilitando el cambio de género en el Registro Civil y enmarcando políticas dentro de un trato digno y la no discriminación de las personas trans.

En este sentido, Carlos Alvarado se comprometía a apoyar e impulsar desde la presidencia “un proyecto de ley que armonice los conceptos de sexo, género, identidad de género, expresión de género, transexualidad, en concordancia con la doctrina de los  derechos humanos; reconozca el derecho a la identidad y expresión de género;  y  garantice el acceso a tratamientos médicos que se requieran”.

Asimismo, el actual presidente proponía una ley contra la discriminación LGTBfóbica (con un apartado sancionador), “la recolección de datos sobre identidad de género y orientación sexual para poder alimentar políticas públicas específicas  de acuerdo con las distintas necesidades particulares” o la instalación “dentro de las entidades de protección social,  centros  educativos  o  centros  de  médicos  estatales espacios seguros  para  jóvenes LGBTI y sus familiares, donde reciban contención  psicológica, grupos de apoyo, tutorías, talleres, capacitaciones”, entre otras cuestiones de interés igualitario.

Fabricio Alvarado, el candidato evangélico, LGTBfóbico y ultraconservador

Hundiéndose de rodillas y con los brazos en alto, Fabricio Alvarado, de 43 años de edad, admite su derrota, declarando que había luchado por “principios y valores”, instando a sus votantes a que asumieran como él la derrota en base a que habían hecho “historia, porque nuestro mensaje tocó el nervio más profundo del país”. Y es que el gran perdedor de las elecciones presidenciales costarricenses es Fabricio Alvarado, que después del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo bandera de la oposición al matrimonio igualitario y los derechos del colectivo LGTB, erigiéndose como enemigo de la que él denomina “ideología de género”, en línea con las principales jerarquías religiosas y los grupos ultraconservadores del ámbito internacional. Fabricio Alvarado, candidato de Restauración Nacional, es periodista, pastor evangélico y cantante de música cristiana.

Sus posiciones contra “una agenda LGBTI” impulsaron su ascenso, logrando el favor de los sectores más reaccionarios de Costa Rica. Fabricio Alvarado ha defendido indisimuladamente la vinculación del Estado con la religión durante la campaña, el matrimonio como institución excluyente y exclusiva para parejas formadas “por un hombre y una mujer” y su oposición a la nueva asignatura “Educación para la afectividad y sexualidad integral”, que a partir de este año se introducirá en las aulas de primaria y secundaria del país.

Participó y apoyó la “II Caminata por la Vida y la Familia” del pasado mes de diciembre, que aglutinó a la Conferencia Episcopal y a las iglesias evangélicas contra una supuesta “colonización ideológica” que atacaría, en su opinión, “el respeto a la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, y los valores morales y espirituales con los que cada familia desea educar a sus hijos”.

El triunfo de su candidatura en la primera vuelta, con el 24, 79% (a pesar del escaso margen de difencia con Carlos Alvarado, que obtuvo el 21,76%), dio alas a muchos para colocarlo virtualmente como presidente. Por fortuna, Carlos Alvarado conseguía remontar en la segunda vuelta, con un 60,7% de los votos, frente al evangélico y ultraconservador Fabricio Alvarado, que veía frustradas sus aspiraciones presidenciales, teniéndose que conformar con el respaldo del 39,3% del electorado.

Al ganar la primera vuelta, Fabricio Alvarado aseguraba que “hoy me sumo a lo que ha decidido Costa Rica. Me sumo a un movimiento que se ha creado de unidad, de valores, de innovación y de verdadero progreso”. En relación explícita a la defensa del modelo excluyente de familia tradicional decía tener “esperanza por recuperar la más grande soberanía de todas: la soberanía de la familia como base fundamental de la sociedad, en donde se gestan los valores de integridad, honestidad y transparencia”.

El pastor y cantante cristiano añadía que “Costa Rica le ha dejado muy claro hoy algo a los políticos tradicionales”, que en cuya opinión era el siguiente mensaje: “nunca más se metan con la familia, nunca más se metan con la vida, nunca más se metan con nuestros hijos”. En el siguiente vídeo se puede ver un resumen de su intervención tras conocerse los resultados de la primera ronda de las elecciones presidenciales:

Fabricio Alvarado se veía obligado a negar que estuviera financiando su campaña a través de iglesias o pastores (teniendo en cuenta que la legislación costarricense prohíbe recibir donaciones de personas jurídicas). Además, todo su argumentario en campaña se ha dedicado a cuestiones moralistas y solo a cuatro días de la segunda vuelta de las elecciones presentó su plan de gobierno. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) se encuentra fiscalizando sus cuentas.

La moral cristiana no se ha impuesto finalmente en los comicios

La sociedad costarricense cuenta con una histórica y profunda tradición religiosa. El todavía presidente en funciones Guillermo Solís confesó que quería un Estado “secular pero no uno sin Dios”. El catolicismo sigue siendo el culto religioso principal del país, aunque el evangelismo (como ha ocurrido en muchos otros países latinoamericanos) ha experimentado un fuerte ascenso en las últimas dos décadas. El Programa Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos recoge que en los años 80 contaba con unas 1000 congregaciones evangélicas, frente a las 3.700 de la actualidad.

De las 465.330 personas evangélicas contabilizadas en Costa Rica (sobre una población de casi 5 millones) el 63% asiste a iglesias de este tipo. En declaraciones a la BBC, Montserrat Sagot, investigadora de la Universidad de Costa Rica y espacialista en el ascenso del evangelismo en Centroamérica, argumentaba que “yo siempre he dicho que la sociedad costarricense es profundamente autoritaria y conservadora, pero políticamente correcta. Desde esa perspectiva, esto se había mantenido como un sustrato bajo, no había aflorado a la superficie política y hay un acontecimiento que lo genera que es la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” que urge la aprobación del matrimonio igualitario para acabar con la discriminación de las parejas del mismo sexo.

Tanto las jerarquías católicas como las evangelistas cristianas de Costa Rica se han mojado en estas elecciones y han usado todos sus recursos disponibles (incluyendo los templos y los oficios religiosos celebrados en ellos) para hacer campaña, a veces velada y otras veces completamente explícita, a favor de Fabricio Alvarado y su partido Restauración Nacional. Los católicos más intransigentes, por tanto, viendo cuestionada la doctrina social emanada de la jerarquía eclesiástica ante el triunfo eventual (ya confirmado) de Carlos Alvarado y el cumplimiento del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparcaron sus diferencias religiosas con los evangélicos y apoyaron incondicionalmente al pastor Fabricio Alvarado.

Esto fue tan evidente que El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica condenó a la Iglesia Católica y a la Federación Alianza Evangélica Costarricense por haber dado “orientaciones pastorales” con motivo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 4 de febrero, y les ordenó “abstenerse de acciones” parecidas, a falta de un mes de la celebración de la segunda vuelta (el pasado domingo).

En un comunicado conjunto, hecho público el 18 de enero, ambas jerarquías invitaron a los fieles a meditar “delante de Dios y de sus conciencias su voto para los cargos de presidente y vicepresidentes y para diputados, conscientes de que es un deber para todo ciudadano costarricense el elegir a quienes detentarán puestos de responsabilidad política”. Esto ya provocó que el TSE tomara medidas cautelares para ordenar a estas dos organizaciones de “instruir a sus sacerdotes y pastores sobre la prohibición de utilizar el púlpito, sitios de oración o ceremonias litúrgicas para inducir el voto de sus feligreses”.

También es cierto que han sido otras tantas organizaciones no religiosas de Costa Rica las que se han pronunciado a favor del matrimonio igualitario y los derechos del colectivo LGTB en estas elecciones, aunque sin hacer una campaña tan burda y evidente como la protagonizada por las jerarquías católicas y evangélicas en favor de Fabricio Alvarado. Sirva de ejemplo el pronunciamiento del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, que llamaba “a su población agremiada a promover y defender de forma urgente los derechos humanos, mediante el respeto a la diversidad de familias que coexisten en nuestro país, rechazando los discursos que fomentan su reducción a formas heteronormativas y que sirven de base para la discriminación como expresión de la violencia”.

El matrimonio igualitario, también en la vía judicial de Costa Rica

Herman Manuel Duarte Iraheta, fundador de la Fundación Latinoamericana para la Promoción y Protección de la población LGBTI (también conocida como Fundación Igualitos) presentaba una demanda a favor del matrimonio igualitario ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica el pasado 13 de marzo. El texto recoge que “el momento histórico en el que nos encontramos favorece el pronunciamiento a favor de la acción de inconstitucionalidad”, por lo que “es importante contextualizar que ya no estamos en el año 2006 y existe sobrada evidencia de la inexistencia de daños a que dos personas puedan casarse civilmente y formar una familia. No solo por ser un fallo completamente congruente con la corriente jurisprudencial dominante de esta Sala Constitucional, sino por ir también en sintonía con las líneas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y por el apalancamiento que eso puede generar por otras luchas que actualmente se llevan en la región”.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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Y como siempre, los obispos en cotra de reconocer nuestros derechos… ¡Fariseos!

En Costa Rica, un juzgado de familia del cantón de Goicoechea, en la provincia de San José, ha reconocido por primera vez en este país la legalidad de una unión de hecho (que no matrimonio) entre personas del mismo sexo.

Proteger los bienes de su pareja y tomar decisiones médicas en caso de que el otro no pueda, son parte de las garantías adquiridas con el reconocimiento de la primera unión de hecho entre homosexuales en Costa Rica. La sentencia tuvo lugar en el Juzgado de Familia de Goicoechea y reconoce la convivencia entre Cristian Zamora y Gerald Castro, quienes abrieron el proceso legal en el 2013.

“El caso surgió debido a que ellos no pudieron acceder a un crédito como pareja. Hubo discriminación y desde entonces se inició con esta lucha, que hoy concluye con el reconocimiento de garantías patrimoniales y en salud”, manifestó Luis Álvarez, defensor de la pareja. El fallo del juzgado de Goicoechea lo firmó el juez Carlos Manuel Sánchez y solo beneficia a esta pareja; es decir, los casos pendientes por resolver dependen de cada juez. “La unión de hecho implica reconocer garantías patrimoniales de la pareja. Al tratarse de un caso particular y no de un fallo constitucional ni de una ley que apruebe las uniones de hecho, la pareja es la única que se beneficia con este fallo”, afirmó Vilma Alpízar, abogada y catedrática en Derecho de Familia.

“Es un triunfo que nos alegra porque tenemos muchos casos sin resolver, que se han ido quedando en el tiempo”, afirma el líder del Movimiento Diversidad, Marco Castillo. Con esta resolución, en Costa Rica las uniones de parejas gays o lesbianas adquieren igualdad de derechos que las uniones heterosexuales. Ello implica la posibilidad de reclamar pensión, visitar a su compañero sentimental en hospitales y cárceles, así como la protección patrimonial de los bienes que se adquieran durante la convivencia de la pareja, entre otros beneficios de los que hasta ahora no podían disfrutar. Recordemos cómo en lugares donde esto no era posible había que recurrir a triquiñuelas legales, como la pareja estadounidense que tras llevar media vida juntos tuvieron que firmar un certificado de adopción para figurar como padre e hijo para tener derechos como el de sucesión.

Los novios de esta historia son Gerald Castro y Cristian Zamora, que llevan diez años de relación. Juntos comenzaron el proceso judicial para que se reconociera su unión de hecho en el año 2013, en base a la Ley General de la Persona Joven de 2013. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, afirma que el Gobierno tiene voluntad de que el proyecto de Ley de Sociedades de Convivencia avance en su trámite en la Asamblea Legislativa, pese a la oposición de los grupos conservadores.

José María Villalta, exlegislador del Frente Amplio e impulsor de esa reforma, celebró la decisión del juzgado como un paso en el cumplimiento de los derechos humanos para las personas homosexuales. “Es un hito histórico, en el que Costa Rica da un paso en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas sexualmente diversas. Con la reforma del 2013, nuestra intención era promover ese cambio y dejar claro que es un derecho de toda persona, el reconocimiento de las garantías derivadas de las uniones de hecho”, dijo.

En el 2013, la modificación desató la polémica, pues ni juristas ni diputados estaban claros de si esa reforma abría el portillo para el reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo. El tema quedó en manos de los juzgados de familia.

La decisión del juzgado despertó la oposición de sectores de la Iglesia católica y de diputados del bloque cristiano que rechazan la decisión de esa instancia. “Una unión de hecho no debería tener los mismos derechos que un matrimonio tradicional. Estoy de acuerdo en que las personas con esta inclinación especial tengan derechos como cualquier ciudadano, pero nunca se puede decir que son semejantes o iguales a un matrimonio normal, natural, que existe en Costa Rica, entre hombre y mujer”, enfatizó monseñor José Francisco Ulloa.

Diputados del bloque cristiano de la Asamblea Legislativa evalúan si la sentencia riñe con alguno de los artículos del Código de Familia. “Las leyes se hacen en la Asamblea Legislativa. El proyecto de uniones de hecho no se ha aprobado. De alguna forma, creo que los grupos se desesperan y toman cualquier opción para hacer valer sus derechos. La única relación legítima en Costa Rica es entre heterosexuales”, manifestó Abelino Esquivel, diputado de Renovación Costarricense.

El defensor de la pareja, Luis Álvarez, dijo que al ser un asunto de familia, la apelación debe venir de las partes involucradas. “No considero válido que algún tercero quiera apelar, debido a que no están legitimados”, concluyó el abogado Álvarez.

Fuente La Nación

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La directriz anunciada es de acatamiento obligatorio para todas las instituciones públicas del país.

El Gobierno de Costa Rica anunció el viernes la creación de un decreto ejecutivo que sanciona la discriminación y reconoce los derechos de los trabajadores y usuarios con orientaciones sexualmente diversas, después de que la Corte Suprema de Costa Rica prohibiese a su Colegio de Médicos discriminar a las parejas del mismo sexo de sus socios.

El mismo decreto estipula que en seis meses a partir de hoy todos los órganos del Estado deberán reformar sus normativas internas para que se reconozca la figura de unión libre en parejas del mismo sexo, se otorguen licencias en caso de enfermedad o fallecimiento de la pareja y se establezca un régimen de sanciones por discriminación.

“Este decreto cambia el paradigma en nuestras instituciones. No solo sienta las bases para acabar con la discriminación, sino que permitirá construir normativas internas que promuevan y respeten los derechos de las personas sexualmente diversas”, dijo en conferencia de prensa la vicepresidenta costarricense, Ana Helena Chacón.

A partir de la entrada en vigencia del decreto, las instituciones públicas del Poder Ejecutivo tendrán cuatro meses de plazo para presentar un plan que deberá incluir capacitaciones a su personal y reformas para garantizar la prestación de servicios que consideren las necesidades de la población sexualmente diversa.

Además, se pretende la eliminación de las disposiciones o acciones que promuevan la discriminación, que exista redacción de normativa con lenguaje inclusivo y que se provean los recursos materiales y humanos de modo que se pueda cumplir con las disposiciones del decreto.

Cada entidad pública tendrá una comisión que velará por el cumplimiento del decreto y deberán hacer reportes periódicos de sus avances a la vicepresidenta Chacón.

El decreto ejecutivo se enmarca dentro de las acciones y compromisos de la administración del presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, con la comunidad de personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI).

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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Costa Rica ha fallado a favor de un médico gay, a cuya pareja el Colegio de Médicos y Cirujanos (del que es socio) había denegado el derecho a disfrutar de las instalaciones recreativas de la entidad. La sentencia, muy similar a otra emitida hace un año y referida al Colegio de Abogados, supone un espaldarazo a los derechos de las parejas del mismo sexo en un país que está dando pasos muy importantes en ese sentido.

La Sala Constitucional, que estudiaba el caso desde enero, ha considerado que, al negarle a la pareja de su socio el carnet que le da derecho al uso de las instalaciones recreativas, el Colegio de Médicos violó el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de orientación sexual. La sentencia obliga además a que el documento le sea entregado al afectado lo más pronto posible. La Sala Constitucional se ha basado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en sus propios precedentes. En 2014, de hecho, el mismo tribunal obligaba al Colegio de Abogados a otorgar a las parejas del mismo sexo de sus socios los mismos derechos que las de distinto sexo, como el carnet de ingreso a las instalaciones o los beneficios de las pólizas de vida y seguros voluntarios.

Costa Rica, no está de más recordarlo, es el país de América Central que presenta -con grandísima diferencia sobre sus vecinos- un panorama más prometedor por lo que a los derechos LGTB se refiere. Como explicábamos con mayor detalle hace pocas semanas, la Asamblea Legislativa ha recuperado el debate en torno a un proyecto de uniones civiles entre personas del mismo sexo, que lleva años siendo debatido sin éxito, y lo hace además en el contexto favorable abierto con la elección como presidente hace un año de Luis Guillermo Solís, que Ya desde el principio de su mandato Luis Guillermo Solís rompía moldes eligiendo a un ministro abiertamente gay para la cartera de Turismo y haciendo ondear, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, la bandera arco iris en diversas dependencias oficiales, incluida la sede de la presidencia, abogando por “la igualdad de derechos sin ninguna discriminación”. Gestos sin precedentes en Centroamérica, bien recibidos por los activistas LGTB costarricenses y muy criticados, como era de esperar, por los sectores conservadores.

La apertura de un nuevo periodo por lo que a los derechos LGTB se refiere quedó simbolizado, poco después de la elección de Solís como presidente, por la decisión unánime de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) de que los trabajadores de Costa Rica puedan incluir a sus parejas del mismo sexo en los beneficios del sistema de seguridad social por lo que a la atención médica se refiere (lo que incluye tanto el derecho a la atención sanitaria pública como a la visita hospitalaria). LA CCSS comenzó a valorar esta posibilidad en los días previos al relevo presidencial a iniciativa de Luis Loría, representante del movimiento cooperativista ante dicho organismo, que consideró injusto que durante el proceso de negociación para elegir al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa se usara como moneda de cambio la posibilidad de dejar en suspenso la discusión del proyecto de uniones civiles, una noticia que recogimos en su momento. La decisión fue saludada muy efusivamente por el propio presidente de Costa Rica en su perfil de Facebook e incluos mereció una felicitación expresa a Costa Rica desde Naciones Unidas.

No será desde luego un camino de rosas, debido al peso de los sectores homófobos en la sociedad costarricense. Entre ellos los muy activos grupos evangélicos y los que son sus representantes políticos, como el que en su momento llegó a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, el pastor Justo Orozco. Noticias como la que presentamos hoy, sin embargo, permiten mantenerse optimistas.

Fuente Dosmanzanas

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El país centroamericano seguirá los pasos de Chile, que en enero se convirtió en la más reciente nación de América Latina en legalizar las uniones entre personas del mismo sexo después de Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Brasil y algunos estados de México.

Costa Rica presentará esta semana dos proyectos de ley para legalizar las uniones de parejas del mismo sexo, dijo una funcionaria del Gobierno tras reunirse con activistas por los derechos de las personas LGTB. “Esta semana serán convocados estos proyectos, honrando el compromiso del Gobierno en esa materia y (…) se va a abrir un espacio de consulta con distintas organizaciones”, dijo Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia. Las autoridades esperan que el Plan de Sociedades de Convivencia y el de Uniones de Hecho, los dos textos para legalizar la unión civil igualitaria, se discutan en la Asamblea Legislativa antes del 30 de abril.

El gobierno de Costa Rica promoverá en breve la discusión de un proyecto de uniones entre personas del mismo sexo. Una buena noticia que se inscribe en el contexto favorable a los derechos LGTB abierto hace un año en Costa Rica con la elección como presidente de Luis Guillermo Solís, que si todo va bien -el proceso no se adivina fácil- promete dejar a ese país como el más avanzado en materia LGTB de Centroamérica.

Ya desde el principio de su mandato Luis Guillermo Solís rompía moldes eligiendo a un ministro abiertamente gay para la cartera de Turismo y haciendo ondear, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, la bandera arco iris en diversas dependencias oficiales, incluida la sede de la presidencia, abogando por “la igualdad de derechos sin ninguna discriminación”. Gestos sin precedentes en Centroamérica, bien recibidos por los activistas LGTB costarricenses y muy criticados, como era de esperar, por los sectores conservadores.

La apertura de un nuevo periodo por lo que a los derechos LGTB se refiere quedó simbolizado, poco después de la elección de Solís como presidente, por la decisión unánime de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) de que los trabajadores de Costa Rica puedan incluir a sus parejas del mismo sexo en los beneficios del sistema de seguridad social por lo que a la atención médica se refiere (lo que incluye tanto el derecho a la atención sanitaria pública como a la visita hospitalaria). LA CCSS comenzó a valorar esta posibilidad en los días previos al relevo presidencial a iniciativa de Luis Loría, representante del movimiento cooperativista ante dicho organismo, que consideró injusto que durante el proceso de negociación para elegir al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa se usara como moneda de cambio la posibilidad de dejar en suspenso la discusión del proyecto de uniones civiles, una noticia que recogimos en su momento. La decisión fue saludada muy efusivamente por el propio presidente de Costa Rica en su perfil de Facebook e incluos mereció una felicitación expresa a Costa Rica desde Naciones Unidas.

Sin embargo, pese lo esperanzador de este nuevo periodo, hasta ahora nada concreto se había materializado respecto a la posibilidad de reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, que la Asamblea Legislativa de Costa Rica lleva años debatiendo. Una iniciativa que en legislaturas anteriores siempre acababa encontrando el freno de los cada vez más influyentes grupos evangélicos costarricenses y sus representantes políticos, entre ellos el que en su momento llegó a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, el pastor Justo Orozco (un conocido homófobo). Es por eso que activistas LGTB se reunían esta semana con representantes del gobierno para exigirles avances en esta materia, una reunión tras la cual la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, anunciaba que el gobierno promovería la discusión, antes del 30 de abril (cuando concluye el vigente periodo de sesiones extraordinarias) de los dos proyectos sobre la materia que se encuentran en trámite parlamentario (el de sociedades de convivencia y el de uniones de hecho), para unificarlos en un solo texto que reúna un apoyo suficiente para conseguir su aprobación tras un periodo de consultas.

Grupos y activistas por los derechos de los homosexuales aplaudieron la iniciativa con la que el presidente Luis Guillermo Solís cumple su promesa de combatir la discriminación después de dar algunas señales el año pasado, como la extensión de los beneficios de la seguridad social a las parejas del mismo sexo. 

“Sí nos molesta que se haya demorado tanto el proyecto, pero el día de hoy ha sido un paso adelante”, aseguró Marco Castillo, del Movimiento Diversidad, quien agregó que el objetivo ahora es buscar el apoyo más amplio en el legislativo. “Vamos a estudiar el proyecto una vez que esté listo (…) Lo importante ahora es que ya, por fin, el Gobierno cumplirá con el compromiso de convocar en sesiones extraordinarias los dos proyectos que buscan el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo. Se nos va a permitir esta lucha tan importante en favor de las familias del mismo sexo”, afirmaba esperanzado Marco Castillo, representante del Movimiento Diversidad. “Estamos felices de que haya un compromiso concreto y una fecha”, aseguraba por su parte Margarita Bolaños, representante del Frente por los Derechos Igualitarios, quien convocó a toda la comunidad lesbiana, gay, transgénero y bisexual (LGTB) a participar en el debate público de las propuestas legales

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1
El 8 de mayo de 2014 asumió el nuevo presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Él es de centroizquierda.

A los pocos días, el 17 de mayo, Solís izó la bandera de arcoiris en la sede de gobierno, un hecho inédito en la región. Lo hizo para conmemorar el día mundial contra la homofobia.

Además Solís nombró como ministro de turismo a una persona abiertamente gay. Por último, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) incluyó a las parejas gays y lesbianas en la cobertura de salud. Todo eso en menos de 6 meses. Asombroso.
2
Hoy quiero compartir una nota de Diego Arguedas Ortiz para la agencia Internacional Press Service (IPS) publicada el pasado 12 de junio de 2014. Estos hechos abren una ventana de esperanza para el reconocimiento de los DDHH de las personas sexodiversas en Centroamérica.

En la campaña electoral, desde la izquierda latinoamericana calificaban a Solís como un tipo de centro. Bueno, en menos de 6 meses, Solís ha hecho más por la comunidad LGBT que los gobiernos progresistas y revolucionarios de Nicaragua, El Salvador, Venezuela y Ecuador. Nos toca poner nuestras barbas en remojo.

Acá la nota.

3
Costa Rica abre esperanzas para homosexuales en América Central

Entrados en canas, el activista Marco Castillo y su pareja, Rodrigo Campos, están a un paso de lograr la equidad de derechos en materia de salud. Por primera vez en Costa Rica, y en toda América Central, las personas homosexuales gozarán del mismo acceso a los servicios médicos del Estado que las heterosexuales.

Diego Arguedas Ortiz
IPS
12 de junio de 2014

El sistema público del seguro social costarricense decidió que las parejas de los homosexuales inscritos en el sistema podrán beneficiarse de las prestaciones médicas, igual que las de otros géneros. La medida se suma a un resonante gesto del presidente Luis Guillermo Solís, en el poder desde el 8 de mayo, en contra de la homofobia.

La pareja de Castillo y Campos ilustra la inequidad en una región donde la diversidad sexual es muy discriminada. A pesar de tener 70 años y de haber cotizado a la seguridad social durante gran parte de su vida, Marco Castillo hasta ahora nunca pudo asegurar a su compañero porque el Estado no reconoce su relación.

La buena noticia para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) llegó cuando el 22 de mayo, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), responsable de manejar los hospitales públicos y la seguridad social, aprobó una reforma que permitirá a las parejas del mismo sexo acceder a todos los servicios médicos que benefician a las parejas heterosexuales.

La reforma debe entrar en vigor en agosto y las parejas del mismo sexo deberán demostrar una convivencia de al menos tres años. Tras la reforma en materia de salud, se espera que la Junta Directiva de la CCSS apruebe pronto la igualdad de derechos en el ámbito de las pensiones.

“Este es un paso importante en la conquista de nuestros derechos, que es producto de la conciencia social sobre nuestros problemas. No significa hayamos alcanzado nuestros derechos, pero sí que comenzamos a caminar hacia ellos”, señaló Castillo a IPS.

Este abogado y coordinador del Movimiento Diversidad, que lucha por los derechos de las personas LGBT, piensa asegurar a su pareja, actualmente desempleada, en cuanto sea posible.

El cambio se suma a varias señales de apertura en este país de 4,5 millones de habitantes, la mayoría católicos. Con la llegada al poder del centroizquierdista Partido Acción Ciudadana (PAC), el gobierno de Solís da muestras de asumir la causa de la diversidad sexual como propia.

En el resto de los países de la región centroamericana la situación es menos alentadora y las situaciones de discriminación, cuando no acoso, son cotidianas. En países como Honduras y Nicaragua, IPS constató que el avance más notable es la creación de unidades judiciales especializadas en la discriminación contra el colectivo LGBT.

Dentro de América Latina, la región centroamericana es la más atrasada en materia de los derechos de personas LGBT, como concluyó en la VI Conferencia Regional de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe, celebrada entre el 5 y el 10 de mayo en la capital cubana.

“El panorama regional (latinoamericano y caribeño) es mucho más complejo de lo que pensábamos. Se viven grandes avances, pero a la vez grandes retrocesos en regiones como América Central”, apuntó durante la reunión la mexicana Gloria Careaga, secretaria general de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA).

El atraso centroamericano respecto del resto del subcontinente tiene su peor expresión en los llamados crímenes de odio. Según la organización no gubernamental nicaragüense Centro para la Educación y Prevención del Sida, hubo cerca de 300 crímenes de odio contra la población LGBT en América Central en los últimos cinco años.

En Nicaragua, la comunidad LGBT no vive los esperanzadores tiempos de la costarricense.

Marvin Mayorga, de la Iniciativa desde la Diversidad Sexual y Derechos Humanos, dijo a IPS que en su país el único avance institucional para el colectivo LGBT, desde su organización institucional en 1985, ha sido el nombramiento en 2009 de una procuradora para la defensa de las personas sexualmente diversas dentro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Leer más…

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La junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ha aprobado por unanimidad que los trabajadores de Costa Rica puedan incluir a sus parejas del mismo sexo en los beneficios del sistema de seguridad social por lo que a la atención médica se refiere (lo que incluye tanto el derecho a la atención sanitaria pública como a la visita hospitalaria). Se trata de la primera decisión de este tipo que adopta un país centroamericano y que antecede incluso a la aprobación de una ley de uniones civiles para parejas del mismo sexo, una de las promesas del nuevo presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís.

Costa Rica ha comenzado a avanzar en el reconocimiento de derechos para las parejas homosexuales. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó ayer extender a las parejas del mismo sexo los beneficios de asistencia médica para los compañeros sentimentales, que hasta ahora solo se reconocían para las parejas heterosexuales. La Junta Directiva cambió la definición de pareja contenida en el artículo 10, una petición que había impulsado uno de los directivos del ente, José Luís Loría desde principios de mes. También se ha modificado el artículo 12, donde la eliminación de la palabra ‘marital’ permitirá que el colectivo de gays y lesbianas pueda visitar a su pareja en el hospital o inscribirse como contacto de emergencia.

LA CCSS comenzó a valorar esta posibilidad en los días previos al relevo presidencial a iniciativa de Luis Loría, representante del movimiento cooperativista ante dicho organismo, que consideró injusto que durante el proceso de negociación para elegir al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa se usara como moneda de cambio la posibilidad de dejar en suspenso el proyecto de ley de uniones civiles, noticia que ya recogimos en su momento. “Me indigné mucho y vi que era el momento para concretar una idea que ya llevaba un año pensando. Vi que esto, además de la llegada de un gobierno más sensible a este aspecto de los derechos humanos, daba una coyuntura propicia y así fue”, ha declarado Loría al diario El País. “Los miembros de las parejas del mismo sexo cotizan igual que los otros y no tienen hijos, con lo cual de alguna manera subsidian a la mayoría. La idea es un cambio de paradigma: es abrir los ojos a una realidad. La institución de seguridad social más importante de América Latina está poniéndose en el siglo XXI”, añade.

“Esto es sin duda un hecho histórico, significa que si una pareja del mismo sexo tiene a su compañero o su compañera en el hospital podrá visitarlo sin discriminación o significa que si una pareja del mismo sexo es asegurado directo de la Caja y requiere asegurar familiarmente a su pareja que pueda tener derecho al seguro familiar”, ha explicado Loría en la prensa local. Desde el Movimiento Diversidad, principal colectivo LGBT costarricense, también se han mostrado satisfechos con la decisión.

Los cambios no se aplicarán de manera inmediata, lo harán dentro de tres meses, una vez que se complete una campaña de información tanto a los beneficiarios como a los trabajadores sanitarios. La presidenta ejecutiva del CCSS, María del Rocío Sáenz, informó de que la decisión no tendría un impacto elevado en las cuentas del ente, ya que la mayoría de las parejas homosexuales, un 55%, cuenta con trabajo actualmente, según los últimos datos del censo en el país.

La decisión era saludada horas después por el nuevo presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. “Hoy Costa Rica se despertó con una muy buena noticia. Me siento muy complacido con la decisión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social de otorgar capacidad de aseguramiento a las parejas del mismo sexo y el derecho fundamental a la visita hospitalaria. Esta es una decisión histórica que responde al espíritu costarricenses de inclusión y entendimiento de que los Derechos Humanos son para todos y todas. Aún nos queda como sociedad camino por recorrer, espero que pronto pueda ampliarse también en lo que corresponde a derechos patrimoniales. Hoy como país nos merecemos una felicitación. ¡A seguir trabajando!”, escribía Solís en su perfil de Facebook este viernes.

“Esta decisión humaniza a la seguridad social y universaliza su cobertura, además de que es un éxito en materia de derechos humanos y es una buena señal para reivindicar otros derechos de las parejas del mismo sexo”, explicó la segunda vicepresidenta de Costa Rica, Ana Helena Chacón. “Nadie más morirá en la soledad, porque la seguridad social no reconocía como familiar a alguien con quien se había convivido mucho tiempo”, explicó. El Ejecutivo costarricense se ha comprometido en la campaña a reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo, incluyendo las uniones civiles.

También los colectivos LGTB mostraban su satisfacción y esperaban que este fuera el primer paso de una serie de avanaces. “Estamos muy esperanzados con esta resolución, ya que ha sido una lucha de años. Vamos a estar vigilantes de que se cumpla la medida. Es un gran avance para Costa Rica”, declaraba Marco Castillo Rojas, del Movimiento Diversidad.

Naciones Unidas felicita a Costa Rica

Naciones Unidas también ha expresado su satisfacción por la noticia. Yoriko Yasukawa, coordinadora residente del sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica, ha felicitado “al Estado por esta histórica decisión” a  la vez que ha reafirmado “la necesidad de seguir avanzando hacia la eliminación de todo tipo de discriminación contra las personas gay, lesbianas y trasgénero, para construir una sociedad igualitaria en la que ellas gocen de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía”.

Un periodo muy esperanzador se abre paso

La decisión de la CCSS es un nuevo eslabón más de la cadena de buenas noticias que se viene produciendo en Costa Rica desde la elección como presidente de Luis Guillermo Solís, que ha elegido a un ministro abiertamente gay para la cartera de Turismo y que hace una semana, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, ordenaba que la bandera arco iris ondeara en diversas dependencias oficiales, incluida la sede de la presidencia, una decisión que le ha generado críticas de los sectores conservadores.

Una cadena que en algún momento debería incluir la aprobación del prometido proyecto de ley de “sociedades de convivencia”, que la Asamblea Legislativa lleva años debatiendo. Un proyecto que en ocasiones parecía que progresaba pero que siempre encontraba el freno de los cada vez más influyentes grupos evangélicos y sus representantes políticos, entre ellos el que llegó a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, el pastor Justo Orozco (un conocido homófobo). Esperemos que en el nuevo periodo político que se acaba de iniciar este y otros avances sí se puedan conseguir.

Con información de Dosmanzanas

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Costa Rica estrena gobierno, y lo hace con buenas perspectivas desde el punto de vista LGTB. El nuevo presidente del país, Luis Guillermo Solís, ha elegido como nuevo ministro de Turismo a Wilhelm Von Breymann, un empresario del sector abiertamente gay y que no tuvo problema alguno en acudir a la ceremonia de traspaso de poderes acompañado de su pareja, Mauricio Alfaro. Precisamente una de las promesas del nuevo presidente es la aprobación de una ley de uniones civiles entre parejas del mismo sexo.

“Tengo 19 años con él; es mi pareja de vida. Compartimos trabajo, hogar y futuro. Y así me tocó desfilar; no había de otra”, declaró Von Breymann al ser preguntado. “Sí pensé en lo que iba a significar desfilar con él y creo que es mi vida, pero también es parte de las cosas que van cambiando”, añadió el que ya es primer ministro abiertamente gay de la historia de Costa Rica, en declaraciones recogidas por La Nación.

Buena señal fue también que se rebajara de forma significativa la presencia religiosa en el acto, al suprimirse la tradicional oración pronunciada por un obispo católico. Algo que no gustó nada al arzobispo de San José, José Rafael Quirós. “La Iglesia católica siempre ha estado presente en ese momento de plegaria”, declaró. El nuevo presidente sí pronunció una invocación genérica en el momento final. “Pido al Dios eterno, creador de todas las cosas y señor de señores, que bendiga a Costa Rica dándole la capacidad a su pueblo y a sus gobernantes, yo el primero, de cantar con alegría el himno siempre nuevo de la paz y la esperanza”, dijo. Luis Guillermo Solís ha incluido además en su gobierno a un obispo luterano como ministro de la Presidencia y ha nombrado a un sacerdote católico presidente del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura.

No cabe duda de que la elección de un ministro abiertamente gay, por lo que supone de visibilidad, es una excelente noticia, por la cual felicitamos al pueblo de Costa Rica. Envía además una señal positiva al colectivo LGTB después de los titubeos con los que ha arrancado la presidencia de Solís, cuyo candidato a presidir la Asamblea costarricense, Henry Mora, llegó a negociar con un grupo evangélico retrasar de forma intencionada el proyecto de “sociedades de convivencia” entre parejas del mismo sexo a cambio de su apoyo. Finalmente, y tras las protestas de los colectivos LGTB, tal acuerdo no se produjo, y Mora fue elegido sin necesidad del voto de los evangélicos.

Os dejamos con un vídeo de la cadena Repretel que nuestra al nuevo ministro Von Breymann y a su pareja durante el acto, junto a declaraciones de un representante del Movimiento Diversidad:

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La elección de Luis Guillermo Solís como nuevo presidente de Costa Rica ha despertado las esperanzas de la comunidad LGTB. Demandas como el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo cuentan por fin con un potencial aliado al frente del gobierno. El partido de Solís (Partido de Acción Ciudadana, socialdemócrata) no cuenta sin embargo con una mayoría parlamentaria sólida, por lo que ya desde un principio los colectivos LGTB temen que sus demandas pasen a ser moneda de cambio. Un primer aviso es lo sucedido en días pasados, cuando el partido de Solís ha estado a punto de pactar con grupos evangélicos.

Luis Guillermo Solís, con un programa progresista que incluye la aprobación de una ley de uniones civiles (“sociedades de convivencia”) entre personas del mismo sexo, medidas contra el maltrato animal o el acceso de los costarricenses a la fecundación in vitro conseguía con un 30,9 % de los votos una sorpresiva victoria por la mínima sobre Johnny Araya, candidato del oficialista Partido de Liberación Nacional (PLN) en la primera ronda de las elecciones presidenciales celebrada el 2 de febrero. Una victoria que se tornaba formidable en la segunda vuelta, celebrada el 6 de abril, cuando Solís se hacía con el 77,9 % de los votos frente al 22,1 % de Araya. El problema es que su formación política, el Partido de Acción Ciudadana (PAC), solo había podido hacerse con 13 de los 57 diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, cuyos miembros fueron elegidos también el 2 de febrero. El PLN fue el más votado en las elecciones legislativas, consiguiendo 18 escaños, mientras que el izquierdista Frente Amplio quedaba en tercer lugar, con 9 diputados.

La fragmentación de la Asamblea Legislativa ha obligado al PAC a buscar alianzas parlamentarias que le permitan hacerse con la presidencia de la cámara y controlar la agenda legislativa, sin lo cual se hace muy difícil sacar adelante las propuestas de gobierno. Y aquí es donde saltaban las alarmas cuando se conocía que el candidato de Luis Guillermo Solís a presidir la Asamblea, Henry Mora, estaba negociando con los dos diputados de Renovación Costarricense, un partido evangélico, su apoyo a cambio de posponer la tramitación de la ley de uniones. Negociación inadmisible para los colectivos LGTB, como el Movimiento Diversidad, que apostaron por Solís en la segunda vuelta de las presidenciales. “Posponer la garantía de los derechos humanos de un grupo tan importante es algo muy negativo que retrata una imagen demasiado conservadora de un gobierno que apenas va a iniciar y que contradice su programa de Gobierno”, declaraba su presidente, Marco Castillo. “Estamos totalmente en desacuerdo con esa negociación, según Henry Mora esto es una transición, un período de prueba, pero los derechos humanos no tienen tregua”, manifestaba su vicepresidente, Giovanny Delgado.

La presión de los grupos LGTB evita el pacto homófobo

Afortunadamente esta primera “bola de partido” ha sido salvada por los grupos LGTB, cuya protesta contra la tentación del PAC de plegarse a la presión de los evangélicos ha sido una de las más visibles, llevándolos incluso a manifestarse ante la sede de la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo. Finalmente Henry Mora alcanzaba un acuerdo con el Frente Amplio y con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), partido democristiano que cuenta con 8 diputados y que no ha impuesto el veto a la discusión de las uniones civiles. Mora conseguía así hacerse con la presidencia de la cámara con el apoyo de 30 diputados, garantizándose el control de la agenda legislativa durante este primer año. “Ese acuerdo se evitó por nosotros, por un sector del PAC y por el Frente Amplio”, declaraba Marco Castillo.

Según ha confirmado ya el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley de uniones civiles seguirá su “curso normal”, por lo que en cualquier caso la discusión tardará en producirse. Las perspectivas son moderadamente positivas, pero si algo queda claro tras estas primeras escaramuzas es que la comunidad LGTB no puede bajar la guardia.

Costa Rica y las uniones civiles: una larga historia

Lo cierto es que Asamblea Legislativa de Costa Rica lleva años debatiendo la posible aprobación de las denominadas “sociedades de convivencia” que no es otra cosa que una ley de uniones civiles que permitiría a las parejas del mismo sexo acceder a muchos de los derechos que otorga el matrimonio, aunque excluyendo la adopción.

Un proyecto que en ocasiones parecía que progresaba pero que siempre encontraba el freno de los cada vez más influyentes grupos evangélicos y sus representantes políticos, entre ellos el que llegó a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el pastor Justo Orozco (un conocido homófobo, perteneciente al mencionado partido Renovación Costarricense) o de la Iglesia católica costarricense, cuya Conferencia Episcopal hizo público un documento en el que rechazaba las uniones entre personas del mismo sexo.

Esto último ocurrió a raíz de que en 2013 se aprobara la Ley General de la Persona Joven, en cuyo articulado podía interpretarse que dichas uniones quedaban autorizadas (finalmente la justicia costarricense determinó que tal interpretación no era posible). Un episodio que despertó en su momento las esperanzas del colectivo LGTB, que ahora de nuevo se ven reavivadas. Estaremos atentos a lo que sucede en los próximos meses…

Fuente Dosmanzanas

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San José, 30 abr (EFE).- La comunidad homosexual de Costa Rica afirmó hoy sentirse engañada por el Partido Acción Ciudadana (PAC), del presidente electo, Luis Guillermo Solís, tras conocer que la fracción legislativa de esa agrupación negocia posponer el trámite de un proyecto de uniones entre personas del mismo sexo.

El presidente del Movimiento Diversidad, que agrupa a la comunidad homosexual del país, Marco Castillo, dijo hoy a Efe que el PAC “engañó” y le propinó “un golpe bajo muy doloroso” a este grupo de personas, por lo que se “arrepiente” de haber apoyado al partido durante la campaña.

“Nos encontramos muy molestos. Es un pacto nefasto el que se ha realizado. Posponer la garantía de los derechos humanos de un grupo tan importante es algo muy negativo que retrata una imagen demasiado conservadora de un Gobierno que apenas va a iniciar y que contradice su programa de Gobierno”, expresó Castillo.

El candidato a presidir el Congreso por el PAC, el diputado electo Henry Mora, dijo hoy que negocia con otros partidos para obtener al menos 29 votos (mayoría de los 57 integrantes del Legislativo) para la elección que mañana definirá el directorio legislativo para el primer año del nuevo Gobierno.

En estas negociaciones se incluyen dos diputados de partidos cristianos, con quienes el PAC negocia el apoyo a cambio de posponer por dos años la discusión de un proyecto de ley de uniones homosexuales y no impulsar iniciativa alguna relacionada al aborto en ese lapso.

El proyecto de uniones civiles entre personas del mismo sexo busca garantizarle a estas parejas derechos como el de heredar del compañero, acceder a créditos conjuntos, pensiones y seguro social, entre otros.

Solís prometió durante la campaña que impulsará esa iniciativa y la legalización de la fecundación in vitro, pero negó que vaya a apoyar proyectos sobre aborto.

El nuevo Congreso que ejercerá entre 2014 y 2018, iniciará sus funciones mañana con al elección del directorio para el primer año del periodo.

Una semana después, el centro izquierdista Luis Guillermo Solís asumirá la presidencia del país para ese mismo periodo.

Fuente KPMR News

Homofobia/ Transfobia. Costa Rica, Henry Mora, Homosexualidad, Luis Guillermo Solís, Marco Castillo, Partido Acción Ciudadana (PAC)

Aunque ya lo habíamos anunciado ayer mismo, completamos la noticia con este post de Dosmanzanas:

Cumplido el plazo de 18 meses dado por la Corte Suprema, el matrimonio entre personas del mismo sexo ha entrado en vigor en Costa Rica este 26 de mayo. Dado que la Asamblea Legislativa no ha aprobado ninguna ley al respecto durante el plazo establecido, la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema toma efectos y Costa Rica se convierte definitivamente en el vigésimo noveno país del mundo en disfrutar del matrimonio igualitario, y en el primero en hacerlo en Centroamérica.

El 26 de noviembre de 2018 se publicó en el Boletín Judicial la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. La decisión había sido tomada el 8 de agosto, pero no fue efectiva hasta que se notificó oficialmente por medio de su publicación en el Boletín Judicial. En el dictamen, se daba un plazo de 18 meses para que la Asamblea Legislativa adecuase la legislación al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para permitir el matrimonio igualitario.

El inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia de Costa Rica prohibía expresamente que dos personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio. La sentencia de la Sala Constitucional, que fue emitida en respuesta a una de las acciones de inconstitucionalidad pendientes sobre la materia, reconoció explícitamente que dicha norma contradecía la histórica opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecha pública el 9 de enero de 2018 precisamente a requerimiento de Costa Rica

Pasado el plazo sin que la Asamblea Legislativa haya aprobado ninguna ley al respecto, el dictamen de la Corte Suprema entra en vigor y Costa Rica se convierte este 26 de mayo en el primer país de Centroamérica en el que las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio.

Costa Rica llevaba años discutiendo el posible reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, sin que fuera posible ni siquiera la aprobación de una ley de uniones civiles, debido a las múltiples maniobras de los opositores a la igualdad. Ni siquiera la llegada a la presidencia del anterior presidente, Luis Guillermo Solís, un político abiertamente pro-LGTB, permitió avanzar. Pero lo que sí hizo el Gobierno de Costa Rica fue elevar la cuestión a la Corte Interamericana, que en enero de 2018 emitió su histórica opinión. El que era todavía presidente aseguró entonces su disposición a acatarla íntegramente, si bien Solís estaba ya a punto de finalizar su mandato. El asunto del matrimonio igualitario, de hecho, ocupó un papel central en la campaña electoral de las últimas elecciones presidenciales y dio un importante empujón al candidato evangélico Fabricio Alvarado, que llegó a disputar la segunda vuelta frente al centroizquierdista Carlos Alvarado. Este último, sin embargo, acabó imponiéndose el pasado en abril de 2018 con más del 60 % de los votos, en lo que supuso un cierto alivio para el colectivo LGTB costarricense.

Dentro del plazo dado por la Corte Suprema para implementar legalmente el matrimonio igualitario, se presentaron algunos proyectos de ley de unión civil para parejas del mismo sexo por parte de los partidos opuestos a la igualdad LGTB. El Partido Unidad Social Cristiana, de tendencia liberal, presentó uno en julio de 2018, mientras que el Partido Republicano Social Cristiano lo hizo en septiembre de 2019. Ninguno de ellos consiguió la aprobación mayoritaria de la Asamblea Legislativa.

También ha habido intentos por parte los grupos contrarios a los derechos LGTB de modificar la Constitución para prohibir el matrimonio igualitario, o de ampliar el plazo dado por la Corte Supremo. En cuanto a la proposición de reforma constitucional, formulada el pasado mes de febrero, aún no se ha debatido en la Asamblea Legislativa, aunque tiene pocos visos de prosperar puesto que requiere de una mayoría de dos tercios de la que no disfruta el sector LGTBfobo. La moción de aplazamiento fue derrotada en el pleno del Parlamento del pasado 19 de mayo por 22 votos a favor y 33 en contra.

Finalmente, dado que el poder legislativo ha sido incapaz de aprobar el texto legal que le exigía la Corte Suprema, el matrimonio igualitario ha entrado en vigor mediante el dictamen judicial.

El matrimonio igualitario en América y en el mundo

Con la entrada en vigor del matrimonio igualitario en Costa Rica, los países del continente americano donde está permitido suman ya 9 (entre paréntesis, la entrada en vigor de la ley:

Canadá (2005), México (en vigor en algunos estados, reconocidos a nivel nacional desde 2010), Argentina (2010), Brasil (2013), Uruguay (2013), Estados Unidos (2015), Colombia (2016), Ecuador (2019) y Costa Rica (2020).

Existe una prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bolivia, la República Dominicana, Honduras, Jamaica y Paraguay. En Chile se aprobó una ley de uniones civiles que ampara a las parejas del mismo sexo. (Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño).

Actualmente, en todo el mundo son 29 los países donde existe el matrimonio igualitario (entre paréntesis, la entrada en vigor de la ley):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Canadá (2005), Sudáfrica (2006), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Argentina (2010), Dinamarca (2012), Nueva Zelanda (2013), Brasil (2013), Uruguay (2013), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, 2020 en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Estados Unidos (2015), Colombia (2016), Finlandia (2017), Alemania (2017), Malta (2017), Australia (2017), Austria (2019), Taiwán (2019), Ecuador (2019) y Costa Rica (2020). (Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño).

Fuente Dosmanzanas

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Cuatro expresidentes, exjueces de la Corte Suprema y otras personalidades firmaron una declaración contra la discriminación y a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica, que es objeto de debate legal en el país.

La declaración, divulgada por la presidencia costarricense, se dio a conocer momentos antes de que la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pronunciase sobre la legalidad del matrimonio igualitario.

La sala constitucional dió a conocer su opinión sobre la validez de un artículo del Código de Familia que prohíbe el matrimonio igualitario en Costa Rica.

La “Declaración por la igualdad y la no discriminación a las parejas del mismo sexo” fue firmada por 180 personalidades, incluidos los expresidentes Oscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Abel Pacheco.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en enero pasado a favor del derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio en las mismas condiciones que una pareja heterosexual. La sala constitucional de Costa Rica ha dicho que las opiniones de la CIDH son vinculantes en el país.

“Confiamos en que la sala constitucional reafirmará su vasta jurisprudencia en relación con los instrumentos internacionales de derechos humanos y su peso superior a la Constitución local”, señaló la declaración.

El comisionado presidencial para asuntos de la población LGTBI, Luis Salazar, comentó que la declaración “es una clara manifestación de respeto por los derechos humanos, en donde visiones distintas se unen por la igualdad y la no discriminación a las parejas del mismo sexo”.

Precisamente, la declaración les recuerda a los magistrados constitucionales que “en su extensa jurisprudencia, la Sala ha dejado un legado histórico en favor de los derechos individuales, sociales y culturales, al reconocer el carácter supraconstitucional de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, así como el carácter vinculante de las opiniones consultivas de la Corte IDH desde 1995 y a lo largo de tres décadas”.

Aparte de los cuatro exgobernantes, también firman la carta la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, y los diputados Catalina Montero, Enrique Sánchez, Laura Guido, Nielsen Pérez y Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como el frenteamplista José María Villalta.

Los exmagistrados constitucionales Gilbert Armijo y Carlos Arguedas también apoyan la iniciativa, así como los exmagistrados penales José Manuel Arroyo y Daniel González Álvarez, y la exintegrante de la Sala Segunda, Eva Camacho.

Fuente Oveja Rosa

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Fabricio Alvarado se enfrentará en la segunda vuelta al candidato oficialista Carlos Alvarado

Ayer lo adelantábamos y cambiamos el post para dar la noticia, que nos parecía urgente y desoladora… Hoy ampliamos la noticia. Un fuerte rechazo al matrimonio igualitario provoca el repentino avance de un predicador evangélico para las presidenciales del 4 de febrero en Costa Rica, aunque aún queda mucha batalla…

Las elecciones de Costa Rica tendrán una segunda vuelta después de que el candidato evangélico, Fabrico Alvarado, diera la vuelta a las encuestas al postularse radicalmente en contra de la legalización del matrimonio igualitario tal y como pide la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El predicador evangélico Fabricio Alvarado ha sido el ganador de la primera vuelta de las elecciones en Costa Rica. El candidato conservador se enfrentará en la segunda vuelta al oficialista Carlos Alvarado tras unos comicios en los que la abstención ha estado cerca del 36%, la segunda cifra más alta en 60 años en una primera ronda electoral.

Con el 80% de los votos escrutados, el resultado está claro: Alvarado, representante del conservadurismo religioso como candidato de Restauración Nacional (RN), logra el primer lugar con el 24,8% de los votos. Lo sigue el aspirante del Partido Acción Ciudadana (PAC) con el 21,6%, casi tres puntos arriba del empresario del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti. En cuarto lugar quedó el abogado Rodolfo Piza (Partido Unidad Social Cristana, PUSC) y en quinto, Juan Diego Castro, el candidato de discurso incendiario que aboga por la “mano dura” y por la política sin partidos.

Tanto Fabricio Alvarado Muñoz como Carlos Alvarado son periodistas de profesión, pero representan posiciones muy diferentes en el tema que centró el cierre de la campaña electoral: el conservadurismo religioso.

El predicador, de 43 años, representa a grupos “defensores de los valores cristianos” ( apoyados por la Iglesia Católica y los diversos grupos evangélicos fundamentalistas) y su adversario, de 38, fue el único que llevó la bandera progresista en la discusión que se desató con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, tres semanas antes de los comicios.

Aunque el ascenso del predicador fue súbito en los días posteriores a ese fallo, la escalada del oficialista se aceleró después, quizás gracias a los cientos de miles de indecisos que las encuestas registraban aún dos semanas antes de los comicios.

La campaña demostró el peso de la tradición religiosa en Costa Rica y el crecimiento del fanatismo religioso que avanza a toda maquina contra la comunidad LGBT. En ella se produjo una alianza entre grupos evangélicos y católicos, además de una reconfiguración profunda del terreno político. Es la tercera vez que el país acude a un balotaje (segunda vuelta), pero el primero de ellos en que quedan excluidos los dos partidos que protagonizaron las décadas bipartidistas finalizadas en 2014 con el triunfo de Luis Guillermo Solís (PAC).

Este domingo también quedó definida la composición de la Asamblea Legislativa, marcada por el notable ascenso de la bancada de Restauración Nacional. Su único diputado actual es su candidato presidencial, pero en el período 2018-2022 podría tener hasta 13 escaños, solo superados por el PLN, con 15, según datos preliminares que proyectaban las cadenas de televisión locales.

La tercera bancada sería el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la cuarta, el PAC, lo que abre interrogantes sobre las negociaciones políticas, sobre todo para enfrentar la crisis fiscal que enfrentará el nuevo presidente de la República.

La conspiración de los grupos cristianos fundamentalistas costarricenses en contra de la ONU

En Costa Rica al igual que en todo el mundo las Lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales (LGBT) sufren una gama de violaciones graves, como homicidios, violación, mutilación, tortura, detenciones arbitrarias, secuestros, acoso, agresiones físicas y mentales, pero para grupos cristianos esto no existe y es una simple creación entre una supuesta alianza entre la ONU, la prensa y los gobiernos.

Para Vitit Muntarbhorn, primer experto independiente de la ONU sobre el asunto. “Hay una necesidad de adoptar medidas eficaces contra la discriminación que cubren los ámbitos público y privado”, dijo el experto, haciendo hincapié en la necesidad de construir una comunidad abierta a la comprensión y el respeto a la diversidad sexual y de género, Sin embargo en Costa Rica los grupos conservadores han emprendido una campaña para tratar de desprestigiar a esta organización por su defensa clara en la defensa de los derechos humanos.

El camino hacia el matrimonio igualitario,

Costa Rica dio un paso de gigante en su relación con el colectivo LGTB. el  jueves 10 de diciembre de 2015, cuano el Frente por los Derechos Igualitarios de Costa Rica (FDI) presentó un nuevo proyecto de matrimonio igualitario, con el apoyo de múltiples grupos del Congreso.

El sabor de la victoria resultaba doblemente dulce por culminar meses de duro esfuerzo. Desde el año 2013, el Tribunal Supremo del país costarricense llevaba postergando una decisión sobre la inconstitucionalidad de los enlaces del mismo sexo. La cuestión parecía que se iba a alargar ad infinitum, así que varios activistas decidieron encadenarse todas las semanas en la Sala Constitucional de Costa Rica, para que la Asamblea Legislativa legislase en torno a las uniones de personas del mismo sexo.

Este proyecto era producto del trabajo conjunto de organizaciones y activistas, y contaba con el apoyo de más de 55.000 costarricenses que habían firmado respaldado el proyecto. Así lo confirmó Larissa Arroyo, portavoz del FDI: “Este proyecto viene a proteger legalmente la vida en común de las parejas del mismo sexo, con los mismos derechos y deberes que cualquier otra pareja. Hace ya 10 años se presentó el primer proyecto de reconocimiento de uniones, y aún en este momento, estas parejas sufren de una odiosa discriminación a pesar de cumplir con los mismos requisitos que las demás”.

Hoy… puede se el fin de toda esta ilusión…

Fuente Agencias/Cristianos Gays

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Tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que instaba a los países bajo su jurisdicción a asegurar el derecho a la identidad de género y al matrimonio homosexual ya son varios los países que han comenzado a cambiar (o anunciar que cambiarán) su legislación. 

Hace unos días te explicábamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, le había dicho al gobierno costarricense que, por un lado, tenían que regularizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y que, por otro lado, también tenían que asegurar el derecho a la identidad de género.

El dictamen de la CIDH es vinculante y de obligado cumplimiento en Costa Rica… y en casi dos decenas de países que aceptan la autoridad del tribunal.

A pesar de eso en Costa Rica por ahora no se pueden celebrar bodas homosexuales. Roberth Castillo y Mario Arias iban a casarse el sábado pasado pero la noche antes descubrieron que tendrían que posponer el enlace porque el notario se negó a firmar los documentos porque la ley nacional aún no se han modificado de forma oficial y porque la Dirección de Notarios prohíbe realizar matrimonios homosexuales en Costa Rica. Pero el ministro de Justicia de Costa Rica, Marco Feoli, ha llamado la atención a los notarios y ha recordado que tras el veredicto de la CIDH se han aprobado decretos temporales para permitir esos matrimonios: “El Colegio Superior de Notarios no solo contradice la opinión sino también la posición del Poder Ejecutivo respecto a la sentencia. El Presidente Luis Guillermo Solís ya ha avisado a las instituciones costarricenses de que han de cumplir la sentencia, aunque también ha dicho que el proceso será ‘gradual’ y requerirá un extenso diálogo.”

Por ahora la pareja no puede casarse pero ya han anunciado que posponer la boda no implica renunciar a ella.

Isabel de Saint Malo, vicepresidenta de Panamá

Isabel De Saint Malo, la vicepresidente de Panamá, también ha dejado claro que su gobierno respetará y acatará la decisión de la CIDH. “La constitución panameña establece la no discriminación, como de hecho ha establecido este fallo de la Corte, así que estamos seguros que con ello podremos seguir avanzando aún más en la agenda de equidad y no discriminación“, explicó De Saint Malo a los medios.

En cuanto se conoció la sentencia del CIDH el gobierno de Panamá envió la misma a los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y al Tribunal Electoral. Aún así el presidente Juan Carlos Varela no ha empezado a mover los hilos necesarios para regular el derecho al matrimonio, aunque De Saint Malo ha aclarado que se acabará haciendo: “Panamá tiene todavía tareas pendientes en asegurar la no discriminación en todos los frentes, y éste es uno de ellos.”

Fuente | TVN-2, vía EstoyBailando

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, por sus siglas) insta a los países que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo con los mismos derechos que los de las personas heterosexuales, animándoles a legislar de manera secular, más que religiosa.

La entidad sostiene que la ausencia de estas normas violenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De todos los países de América, es el más obligado es Chile tras firmar un solución amistosa que lo obliga con la aprobación de ambas leyes.

«Con este pronunciamiento de la Comisión, Chile aparece entonces como el país más obligado de la región a impulsarlo. Es decir, el próximo gobierno debe sí o sí cumplir la solución amistosa, no hacerlo significará sin duda una sanción mayúscula de la Corte, tras su último pronunciamiento», declara Rolando Jiménez, desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual en Chile, mientras que Juan Enrique Pi, presidente de la Fundación Iguales, también en Chile, considera que «la Comisión Interamericana ha zanjado, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, la discusión sobre el matrimonio igualitario y la identidad de género. Con esta opinión, ha concluido que el principio de igualdad prevalece por sobre las consideraciones religiosas o personales; y que las personas trans tienen derecho a rectificar sus documentos de identidad a través de un trámite expedito y no patologizante».

• Antecedentes generales y la homo/tranfobia

• Identidad y expresión de género

• Matrimonio igualitario y familia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su pronunciamiento más revolucionario y progresista en materia de igualdad para las personas lesbianas, gays, bisexales trans e intersex, para las parejas del mismo sexo y para las familias homoparentales, “lo cual tiene especial implicancias para el Estado de Chile dado los compromisos internacionales asumido en torno a tales temas”, enfatizó el Movilh

El pronunciamiento conocido públicamente ayer, fue firmado el pasado 24 de noviembre por el presidente de la Corte, Roberto Caldas, por el secretario Pablo Saaavedra, y los magistrados Eduardo Ferrer, Eduardo Vio, Humberto Sierra, Elizabeth Odio, Eugenio Zaffaroni yPatricio Pazmiño.

El texto surgió luego de que el 18 de mayo del 2016 la República de Costa Rica consultara a la Corte respecto a los alcances e interpretación de tres artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación a los derechos LGBTI.

Se trató de los artículos 11.2 (“Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”), 18 (Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos) y 24 (Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley)

Tras presentar una glosa con diversos conceptos y dar un contexto sobre los alcances de la no discriminación, la Corte concluyó que esos y otros artículos de la Convención garantizan los derechos de las personas LGBTI, siendo deber entonces de los Estados avanzar hacia el matrimonio igualitario y a la implementación de leyes y medidas que reconozcan sin condicionamientos la identidad de género de todas las personas trans, incluidas las de niños y niñas. Caso contrario, los Estados violentan e incumplen la Convención Americana de Derechos Humanos.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, replicó que “este es un hecho histórico, que marca un antes y un después en la manera como la Corte decía a los países de América que debían entender el matrimonio, la familia y los derechos de las personas trans e intersex. Se transforma e una obligación la aprobación del matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género”

Añadió que “para Chile es particularmente relevante, pues es el único Estado de América que firmó un solución amistosa (con nuestra organización) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comprometiéndose a aprobar el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Con este pronunciamiento de la Corte, Chile aparece entonces  como el país más obligado de la región a impulsarlo. Es decir, el próximo Ejecutivo y Legislativo deben sí o sí cumplir la solución amistosa. No hacerlo significará sin duda una sanción mayúscula de la Corte, tras su último pronunciamiento”.

Antecedentes generales y la homo/tranfobia

En un extenso documento de 89 páginas, la Corte señala que “su opinión apunta la tutela efectiva de los derechos” de las personas LGBTI que “han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales” .

Para contribuir a la comprensión del fenómeno, el texto parte con una glosa donde define conceptos como el sexo, el sexo asignado al nacer, el sistema binario del género/sexo, la intersexualidad, el género, la identidad de género, la expresión de género, transgénero o persona trans, persona transexual, persona travesti, persona cisgénero, orientación sexual, homosexualidad, persona heterosexual, lesbiana, gay, homofobia y transfobia, lesbofobia, bisexual, cisnormatividad, hetenormatividad y LGBTI.

Luego se centra en la discriminación social y familiar y en las múltiples exclusiones que puede padecer una persona LGBTI, así como el severo impacto de los discursos de odio.

Las personas LGBT “típicamente sufren de discriminación en la forma de estigma social, exclusión y prejuicios que permean en el ámbito laboral, comunitario, educativo y en las instituciones de salud. Generalmente, la estigmatización se aplica al amparo de la cultura, la religión y la tradición. No obstante, las interpretaciones en que se basan esas prácticas “no son ni inmutables ni homogéneas” , indica la Corte”.

“La Corte no omite hacer notar que la discriminación contra las personas LGBTI a menudo se ve exacerbada por otros factores tales como el sexo, el origen étnico, la edad, la religión, así como por factores socioeconómicos como la pobreza y el conflicto armado”, sostiene.

“Adicionalmente a lo anterior (…) los discursos discriminatorios y las consiguientes actitudes que responden a ellos, con base en los estereotipos de heteronormatividad y cisnormatividad que con distintos grados de radicalización, acaban generando la homofobia, lesbofobia y transfobia que impulsan los crímenes de odio, dice la Corte.

Acusa además elementos “prejuiciosos incluso dentro del núcleo familiar. Esto no se produce en otras formas de discriminación, para las cuales la persona conoce el motivo discriminante desde su infancia y es apoyada por su núcleo familiar con el que incluso lo comparte. La contradicción valorativa en que se sumerge el adolescente es particularmente lesiva de su integridad psíquica en el momento de evolución de su personalidad que hace a su identidad y proyecto de vida, lo que en ocasiones determina no sólo conductas autolesivas sino incluso es causa de suicidios adolescente”.

Apunta que la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género está prohibida por la Convención de DDHH.

“La Corte Interamericana deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género, así como la expresión de género son categorías protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, su identidad de género y/o su expresión de género”, indica la entidad

En enfatiza que “la falta de un consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de ciertos grupos o personas que se distinguen por su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género, reales o percibidas, no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estos grupos o personas han sufrido. El hecho de que ésta pudiera ser materia controversial en algunos sectores y países, y que no sea necesariamente materia de consenso no puede conducir al Tribunal a abstenerse de decidir, pues al hacerlo debe remitirse única y exclusivamente a las estipulaciones de las obligaciones internacionales contraídas por decisión soberana de los Estados a través de la Convención Americana” .

Puntualizó que “un derecho que le está reconocido a las personas no puede ser negado o restringido a nadie, y bajo ninguna circunstancia, con base en su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Lo anterior violaría el artículo 1.1. de la Convención Americana”.

Identidad y expresión de género

En relación a los derechos de las personas trans e intersex, la Corte se pronunció a favor de que el proceso de cambio de nombre y sea legal sea expedito, sin costos económicos, sin exigencias de ningún tipo e incorporando en el proceso a niños, niñas y adolescentes.

“El cambio de nombre, la adecuación de la imagen, así como la rectificación a la mención del sexo o género, en los registros y en los documentos de identidad, para que estos sean acordes a la identidad de género auto- percibida, un derecho protegido por el artículo 18 (derecho al nombre), pero también por los artículos 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), 7.1 (derecho a la libertad), 11.2 (derecho a la vida privada) de la Convención Americana. Como consecuencia de lo anterior, de conformidad con la obligación de respetar y garantizar los derechos sin discriminación (artículos 1.1 y 24 de la Convención), y con el deber de adoptar las disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención), los Estados están en la obligación de reconocer, regular, y establecer los procedimientos adecuados para tales fines”, indica la Corte

Explica que los “estados cuentan con la posibilidad de establecer y decidir sobre el procedimiento más adecuado de conformidad con las características propias de cada contexto y de su derecho interno, los trámites o procedimientos para el cambio de nombre, adecuación de la imagen y rectificación de la referencia al sexo o género, en los registros y en los documentos de identidad para que sean acordes con la identidad de género auto-percibida”.

Sin embargo para tales efectos los estados “independientemente de su naturaleza jurisdiccional o materialmente administrativa, deben cumplir con los requisitos señalados en esta opinión, a saber: a) deben estar enfocados a la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida; b) deben estar basados únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes; c) deben ser confidenciales. Además, los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros, y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de conformidad con la identidad de género; d) deben ser expeditos, y en la medida de lo posible, deben tender a la gratuidad, y e) no deben exigir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales”.

“Dado que la Corte nota que los trámites de naturaleza materialmente administrativos o notariales son los que mejor se ajustan y adecúan a estos requisitos, los Estados pueden proveer paralelamente una vía administrativa, que posibilite la elección de la persona”, indica la corte.

En relación a los menores de 18 años para la Corte “se entiende que las consideraciones relacionadas con el derecho a la identidad de género (…) también son aplicables a los niños y niñas que deseen presentar solicitudes para que se reconozca en los documentos y los registros su identidad de género auto-percibida. Este derecho debe ser entendido conforme a las medidas de protección especial que se dispongan a nivel interno de conformidad con el artículo 19 de la Convención, las cuales deben diseñarse necesariamente en concordancia con los principios del interés superior del niño y de la niña, el de la autonomía progresiva, a ser escuchado y a que se tome en cuenta su opinión en todo procedimiento que lo afecte, de respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, así como al principio de no discriminación. Por último, resulta importante resaltar que cualquier restricción que se imponga al ejercicio pleno de ese derecho a través de disposiciones que tengan como finalidad la protección de las niñas y niños, únicamente podrá justificarse conforme a esos principios y la misma no deberá resultar desproporcionada. En igual sentido, resulta pertinente recordar que el Comité sobre Derechos del Niño ha señalado que “todos los adolescentes tienen derecho a la libertad de expresión y a que se respete su integridad física y psicológica, su identidad de género y su autonomía emergente”

“En lo que respecta a los certificados médicos, psicológicos o psiquiátricos que se suelen requerir en este tipo de procedimientos, la Corte entiende que además de tener un carácter invasivo y poner en tela de juicio la adscripción identitaria llevada a cabo por la persona, descansan en el supuesto según el cual tener una identidad contraria al sexo que fue asignado al nacer constituye una patología. Es así como ese tipo de requisitos o certificados médicos contribuyen a perpetuar los prejuicios asociados con la construcción binaria de géneros masculino y femenino”, añade.

“En concordancia con lo anterior, el procedimiento de solicitud de cambio de nombre, adecuación de la imagen y rectificación de la referencia al sexo o género, en los registros y documentos de identidad, no podrá requerir que se lleven a cabo intervenciones quirúrgicas totales o parciales ni terapias hormonales, esterilizaciones o modificaciones corporales para sustentar el requerimiento, para otorgar lo solicitado o para probar la identidad de género que motiva dicho procedimiento, por cuanto podría ser contrario al derecho a la integridad personal contenido en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana. En efecto, someter el reconocimiento de la identidad de género de una persona trans a una operación quirúrgica o a un tratamiento de esterilización que no desea, implicaría condicionar el pleno ejercicio de varios derechos, entre ellos, a la vida privada (artículo 11.2 de la Convención), a escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia (artículo 7 de la Convención), y conllevaría a la renuncia del goce pleno y efectivo de su derecho a la integridad personal”, advierte la Corte.

“La Corte entiende que la identidad de género es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas, en consecuencia, su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero, incluyendo la protección contra la violencia, tortura, malos tratos, derecho a la salud, a la educación, empleo, vivienda, acceso a la seguridad social, así como el derecho a la libertad de expresión, y de asociación (…) la falta de reconocimiento de la identidad puede implicar que la persona no cuente con constancia legal de su existencia, dificultando el pleno ejercicio de sus derecho”, añade.

“El nombre como atributo de la personalidad, constituye una expresión de la individualidad y tiene por finalidad afirmar la identidad de una persona ante la sociedad y en las actuaciones frente al Estado. Con él se busca lograr que cada persona posea un signo distintivo y singular frente a los demás, con el cual pueda identificarse y reconocerse como tal. Se trata de un derecho fundamental inherente a todas las personas por el solo hecho de su existencia. Además, esta Corte ha indicado que el derecho al nombre reconocido en el artículo 18 de la Convención y también en diversos instrumentos internacionales constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad ni registrada ante el Estado”, apunta.

“Esta Corte sostiene que la fijación del nombre, como atributo de la personalidad, es determinante para el libre desarrollo de las opciones que le dan sentido a la existencia de cada persona, así como a la realización del derecho a la identidad. No se trata de un agente que tenga por finalidad la homologación de la persona humana, sino por el contrario es un factor de distinción. Es por ello que cada persona debe tener la posibilidad de elegir libremente y de cambiar su nombre como mejor le parezca. Es así como la falta de reconocimiento al cambio de nombre de conformidad con esa identidad auto-percibida, implica que la persona pierde total o parcialmente la titularidad de esos derechos y que si bien existe y puede hallarse en un determinado contexto social dentro del Estado, su existencia misma no es jurídicamente reconocida de acuerdo a un componente esencial de su identidad”, dice.

“La falta de reconocimiento del derecho a la identidad de género de las personas transgénero contribuye a reforzar y perpetuar comportamientos discriminatorios en su contra . Lo anterior puede también ahondar su vulnerabilidad a los crímenes de odio, o a la violencia transfóbica y psicológica la cual constituye una forma de violencia basada en razones de género, guiada por la voluntad y el deseo de castigar a las personas cuya apariencia y comportamiento desafían los estereotipos de género. Del mismo modo, la falta de reconocimiento de su identidad de género puede conllevar a violaciones de otros derechos humanos, por ejemplo, torturas o maltratos en centros de salud o de detención, violencia sexual, denegación del derecho de acceso a la salud, discriminación, exclusión y bullying en contextos de educación, discriminación en el acceso al empleo o en el seno de la actividad profesional, vivienda y acceso a la seguridad social”, puntualizó

Matrimonio igualitario y familia

En relación a las parejas del mismo sexo, Corte concluyó que el matrimonio igualitario y las familias homoparentales son derechos garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

En ese sentido, “los Estados deben garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, para asegurar la protección de los todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales. Para ello, podría ser necesario que los Estados modifiquen las figuras existentes, a través de medidas legislativas, judiciales o administrativas, para ampliarlas a las parejas constituidas por personas del mismo sexo. Los Estados que tuviesen dificultades institucionales para adecuar las figuras existentes, transitoriamente, y en tanto de buena fe impulsen esas reformas, tienen de la misma manera el deber de garantizar a las parejas constituidas por personas del mismo sexo, igualdad y paridad de derechos respecto de las de distinto sexo, sin discriminación alguna”, dice

“Para el Tribunal, no existe duda de que –por ejemplo– una familia monoparental debe ser protegida del mismo modo que dos abuelos que asumen el rol de padres respecto de un nieto. En el mismo sentido, indiscutiblemente la adopción es una institución social que permite que, en determinadas circunstancias, dos o más personas que no se conocen se conviertan en familia. Asimismo (…) una familia también puede estar conformada por personas con diversas identidades de género y/o orientación sexual. Todas estas modalidades requieren de protección por la sociedad y el Estado, pues (…) la Convención no protege un modelo único o determinado de familia”

Con respecto al artículo 17.2 de la Convención, añade que “la Corte considera que si bien es cierto que éste de manera literal reconoce el “derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia”, esa formulación no estaría planteando una definición restrictiva de cómo debe entenderse el matrimonio o cómo debe fundarse una familia. Para esta Corte, el artículo 17.2 únicamente estaría estableciendo de forma expresa la protección convencional de una modalidad particular del matrimonio. A juicio del Tribunal, esa formulación tampoco implica necesariamente que esa sea la única forma de familia protegida por la Convención Americana”

En el mismo sentido, enfatiza que “una interpretación restrictiva del concepto de “familia” que excluya de la protección interamericana el vínculo afectivo entre parejas del mismo sexo, frustraría el objeto y fin de la Convención. La Corte recuerda que el objeto y fin de la Convención Americana es “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, sin distinción alguna”.

Por tanto “esta Corte no encuentra motivos para desconocer el vínculo familiar que parejas del mismo sexo pueden establecer por medio de relaciones afectivas con ánimo de permanencia, que buscan emprender un proyecto de vida conjunto, típicamente caracterizado por cooperación y apoyo mutuo. A juicio de este Tribunal, no es su rol distinguir la valía que tiene un vínculo familiar respecto de otro. No obstante, esta Corte estima que sí es obligación de los Estados reconocer estos vínculos familiares y protegerlos de acuerdo a la Convención.”

La entidad va más lejos al sostener que “sería una distinción artificial afirmar que una pareja del mismo sexo no puede gozar de un vínculo familiar como lo podría hacer una pareja heterosexual. (…) la Corte considera que el alcance de la protección del vínculo familiar de una pareja de personas del mismo sexo trasciende las cuestiones vinculadas únicamente a derechos patrimoniales. Como fue constatado por este Tribunal, las implicaciones del reconocimiento de este vínculo familiar permean otros derechos como los derechos civiles y políticos, económicos, o sociales así como otros internacionalmente reconocidos. Asimismo, la protección se extiende a aquellos derechos y obligaciones establecidos por las legislaciones nacionales de cada Estado que surgen de los vínculos familiares de parejas heterosexuales”

En síntesis “la Convención Americana protege, en virtud del derecho a la protección de la vida privada y familiar (artículo 11.2), así como del derecho a la protección de la familia (artículo 17), el vínculo familiar que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo. La Corte estima también que deben ser protegidos, sin discriminación alguna con respecto a las parejas entre personas heterosexuales, de conformidad con el derecho a la igualdad y a la no discriminación (artículos 1.1 y 24), todos los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar protegido entre personas del mismo sexo. Sin perjuicio de lo anterior, la obligación internacional de los Estados trasciende las cuestiones vinculadas únicamente a derechos patrimoniales y se proyecta a todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, así como a los derechos y obligaciones reconocidos en el derecho interno de cada Estado que surgen de los vínculos familiares de parejas heterosexuales”.

En uno de sus párrafos más revolucionarios “la Corte reitera su jurisprudencia constante en cuanto a que la presunta falta de un consenso al interior de algunos países respecto del respeto pleno por los derechos de las minorías sexuales no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas minorías han sufrido”

“Establecer un trato diferente entre las parejas heterosexuales y aquellas del mismo sexo en la forma en que puedan fundar una familia –sea por una unión marital de hecho o un matrimonio civil– no logra superar un test estricto de igualdad pues, a juicio del Tribunal, no existe una finalidad que sea convencionalmente aceptable para que esta distinción sea considerada necesaria o proporcional”, redondea

“La Corte advierte que para negar el derecho de acceder a la institución del matrimonio, típicamente se esgrime como argumento que su finalidad es la procreación y que ese tipo uniones no cumplirían con tal fin. En este sentido, la Corte estima que esa afirmación es incompatible con el propósito del artículo 17 de la Convención, a saber la protección de la familia como realidad social. Asimismo, la Corte considera que la procreación no es una característica que defina las relaciones conyugales, puesto que afirmar lo contrario sería degradante para las parejas –casadas o no– que por cualquier motivo carecen de capacidad generando el interés en procrear. (85)

Por otro lado, añade, “el significado de la palabra “matrimonio” al igual que la de “familia” ha variado conforme al paso de los tiempos, Si bien la etimología es siempre ilustrativa, nadie pretende una imposición semántica de la etimología, pues de lo contrario se debería igualmente excluir del lenguaje otra numerosa cantidad de vocablos cuya semántica se aparta de su etimología”.

“Aunado a lo anterior, la evolución del matrimonio da cuenta de que su actual configuración responde a la existencia de complejas interacciones entre aspectos de carácter cultural, religioso, sociológico, económico, ideológico y lingüístico. En ese sentido, la Corte observa que en ocasiones, la oposición al matrimonio de personas del mismo sexo está basada en convicciones religiosas o filosóficas. El Tribunal reconoce el importante rol que juegan dichas convicciones en la vida y en la dignidad de las personas que la profesan; no obstante, éstas no pueden ser utilizadas como parámetro de convencionalidad puesto que la Corte estaría impedida de utilizarlos como una guía interpretativa para determinar los derechos de seres humanos. En tal sentido, el Tribunal es de la opinión que tales convicciones no pueden condicionar lo que la Convención establece respecto de la discriminación basada en orientación sexual. Es así como en sociedades democráticas debe existir coexistencia mutuamente pacífica entre lo secular y lo religioso; por lo que el rol de los Estados y de esta Corte, es reconocer la esfera en la cual cada uno de éstos habita, y en ningún caso forzar uno en la esfera de otro”.

Más aún, “a consideración del Tribunal, crear una institución que produzca los mismos efectos y habilite los mismos derechos que el matrimonio, pero que no lleve ese nombre carece de cualquier sentido, salvo el de señalar socialmente a las parejas del mismo sexo con una denominación que indique una diferencia sino estigmatizante, o por lo menos como señal de subestimación. Conforme a ello, existiría el matrimonio para quienes, de acuerdo al estereotipo de heteronormatividad, fuesen considerados “normales” en tanto que otra institución de idénticos efectos pero con otro nombre, se indicaría para quienes fuesen considerados “anormales” según el mencionado estereotipo”

Por otra parte, “el Tribunal entiende que del principio de la dignidad humana deriva la plena autonomía de la persona para escoger con quién quiere sostener un vínculo permanente y marital, sea natural (unión de hecho) o solemne (matrimonio). Esta elección libre y autónoma forma parte de la dignidad de cada persona y es intrínseca a los aspectos más íntimos y relevantes de su identidad y proyecto de vida (artículos 7.1 y 11.2). Además, la Corte considera que siempre y cuando exista la voluntad de relacionarse de manera permanente y conformar una familia, existe un vínculo que merece igualdad de derechos y protección sin importar la orientación sexual de sus contrayentes (artículos 11.2 y 17) “

“Dado que estas reformas son fruto de una evolución jurídica, judicial o legislativa, que va abarcando otras zonas geográficas del continente y se recoge como interpretación progresiva de la Convención, se insta a esos Estados a que impulsen realmente y de buena fe las reformas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para adecuar sus ordenamientos, interpretaciones y prácticas internos.”, finalizó.

El Sistema de Naciones Unidas dijo estar listo para seguir apoyando a Costa Rica en la tarea de construir un país “igualitario y sin discriminación donde se garantice no dejar a nadie atrás”.

Fuente MOVILH/Universogay/Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Convención Americana sobre Derechos Humanos, Costa Rica, Eduardo Ferrer, Eduardo Vio, Elizabeth Odio, Eugenio Zaffaroni, Fundación Iguales, Humberto Sierra, Jhon Vega, Juan Enrique Pi, Ley de Identidad de Género, Matrimonio igualitario, MOVILH, ONU, Pablo Saaavedra, Patricio Pazmiño, Rolando Jiménez

El país centroamericano sigue caminando hacia el terreno de la igualdad. Así lo confirma el nuevo el Decreto Ejecutivo firmado por el presidente Luis Guillermo Solís por el que cualquier funcionario público que discrimine de algún u otro modo a las personas pertenecientes a la comunidad LGTB terminará siendo despedido de manera procedente.

Hay ocasiones en las que la sociedad se adelanta al estado y sus demandas tienen que ser asistidas por leyes posteriores. Sin embargo, en otro tipo de situaciones es la propia ley la que anima a sus ciudadanos a cambiar su comportamiento.

Esto es lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Costa Rica. Hace unos días, informábamos de que el país caribeño había introducido numerosos cambios para mejorar la inclusión laboral LGTB, mientras que en esta ocasión ha dado a luz un nuevo Decreto Ejecutivo para evitar cualquier tipo de discriminación en el trabajo.

Así, esta nueva ley estipula que las personas encargadas de ocupar puestos de jerarquía, como directores, coordinadores y supervisores deberán ”tomar las medidas necesarias para prevenir, desalentar y evitar conductas de acoso u hostigamiento sexual, así como una discriminación por la orientación sexual e identidad de género’‘.

De este modo, el nuevo Decreto Ejecutivo firmado por el presidente Luis Guillermo Solís se muestra tajante. Si se incurre en una actitud de discriminación será considerado como una falta grave y por eso los funcionarios que lo hagan podrían exponerse a perder el empleo.

La norma modifica el Reglamento del Servicio Civil, resaltando que:

En materia de Diversidad Sexual y Laboral la Presidencia de la República ha brindado directrices de obligatorio acatamiento resultando imperativo adaptarlas a nuestro rol cotidiano, adecuando este reglamento con una terminología apropiada y demás aspectos para promover una política de respeto, integración, aceptación y no discriminación a la población sexualmente diversa”.

General, Historia LGTBI Costa Rica, Discriminación, Funcionarios, Luis Guillermo Solís