“Eso es lo que se merecen”, dijo a los periodistas en la empobrecida nación de África Oriental.

El presidente de Burundi alient la violencia homófoba. Évariste Ndayishimiye, en una intervención televisada, hizo a finales de año un llamamiento a la lapidación de las personas LGTBI, en una nueva escalada de la retórica de odio homófobo. Las relaciones entre personas del mismo sexo están penadas desde 2009 en el país africano, y la situación de la comunidad LGTBI no ha hecho más que empeorar desde entonces. Un reciente informe de Amnistía Internacional denuncia el «entorno hostil» en el que tienen que desarrollar sus vidas.

El presidente de Burundi se unió el viernes al coro de sentimientos anti-LGBTQ+ entre los líderes del África subsahariana al pedir la persecución de los homosexuales en sus países. “Si queréis atraer una maldición al país, aceptad la homosexualidad”, dijo a los periodistas el presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, según Reuters.

En un evento en la pequeña nación sin salida al mar al sur de Uganda en la provincia oriental de Cankuzo del país, donde respondió preguntas de periodistas y del público, Ndayishimiye comentó que los homosexuales en su país deberían ser detenidos y llevados a un estadio donde serían apedreados.  La diatriba homófoba se retransmitió por radio y televisión. Ante una pregunta sobre las parejas del mismo sexo, Ndayishimiye tachó la existencia de estas como una «práctica abominable». «Os digo la verdad», prosiguió, «si queréis traer la maldición a un país, hay que dejar casarse a las personas del mismo sexo», apelando a continuación a la leyenda bíblica de Sodoma y Gomorra. «Personalmente, pienso que si se ven ese tipo de individuos en Burundi, habría que ponerlos en un estadio y lapidarlos con piedras. ¡Y eso no sería un pecado para los que lo hicieran!», sentenció Ndayishimiye durante el evento: “Eso es lo que se merecen”, añadió.

Si bien los comentarios del presidente no tienen fuerza de ley, son una indicación de las crecientes actitudes anti-LGBTQ+ entre funcionarios gubernamentales y ciudadanos públicos que se han ido extendiendo en general por toda la región.

La presidencia de Ndayishimiye, que lleva en el poder desde 2020, se ha caracterizado en materia de derechos por la virulencia contra las personas LGTBI. En su discurso de inauguración calificó el matrimonio entre personas del mismo sexo como una «desviación social» y poco después sugirió que los países más afectados por la pandemia de la covid-19 eran los que apoyaban a la comunidad LGTBI. A comienzos del año pasado, hizo un llamamiento a «echar una maldición a las personas que se entregan a la homosexualidad» porque «Dios no puede soportarlo» y «Dios nunca tuvo la intención de [permitir los] matrimonios del mismo sexo».

Burundi, pequeño país africano densamente poblado de mayoría católica (el propio Ndayishimiye es descrito como un «católico ferviente»), sufre desde hace años una preocupante deriva hacia la violencia y la estigmatización de las personas LGTBI. Las relaciones entre personas del mismo sexo, tanto hombres como mujeres, están penadas desde 2009 con multas y hasta dos años de cárcel. Desde entonces se han documentado numerosos casos de arrestos y hostigamiento, que con frecuencia incluyen extorsiones por parte de la policía para conseguir sobornos de sus víctimas. En 2017, por ejemplo, nos hacíamos eco de la detención de dos menores de edad por subir a Facebook un vídeo en el que aparecían bailando juntos.

Amnistía Internacional ha publicado recientemente un informe, con el contundente título de Nos enfrentamos a la extinción, en el que analiza la situación de la comunidad LGTBI en doce países africanos. Entre ellos Burundi, sobre el que alerta del clima de hostigamiento creciente y los arrestos arbitrarios. «El marco legal ha creado un entorno hostil para las personas LGTBI en el país, dejándolas vulnerables a la discriminación, el acoso y la persecución», reza el informe, que añade que «los comentarios incendiarios del presidente Ndayishimiye solo han servido para marginalizar y estigmatizar más aún a las personas LGTBI en Burundi».

Al igual que los líderes de las vecinas Uganda y Kenia, Ndayishimiye acusó a las naciones occidentales de imponer los derechos de los homosexuales en África a cambio de ayuda. “Que se lo queden”, dijo.

Los comentarios de Ndayishimiye se producen  tras la aprobación en Uganda de la segunda “Matar a los gays” en marzo, firmada con entusiasmo por el presidente de ese país, Yoweri Museveni, en mayo del año pasado. La ley, oficialmente titulada Ley contra la Homosexualidad, establece la pena de muerte para la “homosexualidad agravada”, definida como actos entre personas del mismo sexo realizados por cualquier persona infectada con VIH o cualquier acto entre personas del mismo sexo que involucre a niños, discapacitados o una víctima coaccionada.

Quienes “promuevan” la homosexualidad en Uganda por cualquier medio, como proporcionar servicios o alquilar espacios a personas u organizaciones homosexuales conocidas, están sujetos a multas y penas de prisión.

Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley. Actualmente la ley está siendo impugnada ante el Tribunal Constitucional del país.

 Tras la firma de Museveni, Estados Unidos anunció restricciones de visas y la expulsión de Uganda de un pacto comercial liderado por Estados Unidos por las “graves violaciones” de los derechos humanos y otros requisitos de elegibilidad del país.

El año pasado, los legisladores de Kenia, introdujeron una copia de la ley “Matar a los gays” que se abrió camino en el parlamento. La ley propuesta incluye la “expulsión de refugiados y solicitantes de asilo que violen la ley” y exigiría “psicoterapia y rehabilitación de delincuentes”, planteando la perspectiva de campos de reeducación y terapias de conversión forzada para personas queer.

La presentación del Proyecto de Ley de Protección Familiar de Kenia se produjo tras una cumbre de legisladores activistas anti-LGBTQ+ en Uganda en marzo organizada por Family Watch International, una organización con sede en Arizona comprometida con la difusión de la ideología anti-LGBTQ+ y antiaborto en todo el mundo. El grupo jugó un papel decisivo en la elaboración del proyecto de ley Kill the Gays original de Uganda en 2009.

A raíz de Uganda y Kenia, la legislación y los procesamientos anti-LGBTQ+ se han extendido a otras naciones africanas, incluidas Ghana, Zambia y Tanzania, donde las autoridades han prometido procesar a cualquiera que sea sorprendido compartiendo contenido LGBTQ+ en línea

Fuente LGBTQNation/Tetû

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Margaret Court con la primera dama de Burundi Denise Bucumi en la apertura del consulado. (Centro de la vida de la victoria / Facebook

La homófoba y campeona de tenis Margaret Court es ahora la cónsul honoraria de la república africana de Burundi, donde las personas LGBT+ han sido torturadas y los niños homosexuales son expulsados.

Coqueta ha calificado anteriormente la homosexualidad como una “práctica sexual abominable”, ha comparado a los gays con Hitler, ha afirmado que las tenistas lesbianas “reclutan” a atletas más jóvenes y ha sugerido que los niños transexuales son “del diablo“. Fue nombrada Homófoba del Año en 2018 por GLORIAs por su dedicación a la homofobia.

Ahora se ha revelado que ella y su iglesia pentecostal han abierto un consulado en Australia para Burundi, que ha sido acusado de crímenes contra la humanidad, e incluso la oficina ha sido aprobada por el gobierno federal australiano. Fue inaugurado formalmente en julio de 2019 por Denise Bucumi, la primera dama de Burundi. El presidente del país, Pierre Nkurunziza, no pudo asistir porque si sale de Burundi, corre el riesgo de ser detenido por la Corte Penal Internacional.

Court, por supuesto, dirigió una oración en el evento en el que pidió “la unión de dos naciones“. Su marido Barry, que es el segundo cónsul honorario, insistió: “El lugar ha cambiado mucho”.

Según Yahoo, un portavoz de Supervivientes y Víctimas de la Dictadura de Burundi dijo: “Es muy preocupante que una famosa dama australiana acoja y apoye un régimen que mata a personas, discrimina a las personas LGBTI y utiliza la violación como arma”. Margaret Court es ahora cónsul honorario de un país acusado de “crímenes contra la humanidad“. El gobierno de Burundi hizo ilegal el sexo gay consensual en 2009, cuando firmó en secreto una prohibición. La homosexualidad sigue siendo punible en el país con hasta dos años de prisión.

Las víctimas están en prisión y se les pide que paguen grandes sobornos por su libertad, que muchos de ellos no pueden permitirse. El país africano fue uno de los 13 -incluyendo los Estados Unidos- que votaron en contra de una moción de la ONU en 2017 que proponía condenar la pena de muerte por homosexualidad. A partir de junio de 2011, los estudiantes pueden ser expulsados de la escuela si se sospecha que son LGBT+ y un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 2012 encontró que un adolescente fue “atado a un poste” durante horas como castigo por ser gay.

Según Human Rights Watch, el presidente Nkurunziza y su régimen se han dirigido a todos los que perciben que se les oponen con “numerosos asesinatos, desapariciones, secuestros, actos de tortura, violaciones y detenciones arbitrarias“. En septiembre de 2017, una Comisión de Investigación de las Naciones Unidas dijo que tenía “motivos razonables para creer que en Burundi se han cometido crímenes de lesa humanidad desde abril de 2015“.

Fuente Pink News

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Burundi ha comenzado a detener a activistas y a personas LGTB en el marco de una persecución organizada de Estado. Dos de las víctimas son menores de edad y su “delito” fue subir a Facebook un vídeo en el que aparecen bailando juntos. La policía de este país africano de mayoría católica identificó el lugar, en la comuna de Kamenge (provincia de Bujumbura Mairie), y arrestó a los jóvenes, entre otras personas acusadas de “homosexualidad” y de atacar la cultura y las tradiciones burundianas. Jean-Daniel Ndikumana, un abogado abiertamente gay de Burundi que ahora trabaja como jefe de un proyecto de asilo LGTB en Bélgica, ha condenado estas detenciones y señala que el objetivo de algunas de ellas es extorsionar a los arrestados para obtener un beneficio económico, mientras la policía los somete a todo tipo de abusos y vejaciones. La decisión del presidente Pierre Nkurunziza de intensificar la represión contra la comunidad LGTB coincide con la salida de Burundi de la Corte Penal Internacional, que será efectiva dentro de unos días.

Inspirado por las violaciones que otros Estados están llevando a cabo recientemente contra los derechos del colectivo LGTB en diversos países como Egipto, Acerbaiyán o Indonesia, el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, se ha propuesto hacer cumplir el Código Penal del país, que desde 2009 criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y, por extensión, cualquier visibilización de la diversidad sexual o de orientación de género. En estos años se han cerrado asociaciones LGTB y organizaciones favorables a la igualdad de derechos y ahora se anuncia el comienzo de una etapa todavía más oscura para los derechos humanos de este pequeño país africano, durante el tercer mandato de Nkurunziza.

El periodista burundiano Bakari Ubena se hacía eco de las primeras detenciones de personas LGTB por su orientación sexual o identidad de género el pasado 6 de octubre, a través de su cuenta de Twitter. Ubena recogía las declaraciones de la policía en este sentido a varios medios locales.

Polisi ya #Burundi yatangaza kuwasaka na kupambana na watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja.Tayari watu kadhaa wamekamatwa.#LGBT pic.twitter.com/VFNSv9KFw0

— BAKARI Ubena (@BakariUbena) 6 de octubre de 2017

Entre las nuevas víctimas de la LGTBfobia de Estado hay dos menores de edad, detenidos tras subir a Facebook un vídeo en el que aparecen bailando juntos. “Los conozco muy bien porque fui su director de proyecto de 2010 a 2013”, ha lamentado Jean-Daniel Ndikumana, un abogado abiertamente gay de Burundi que ahora trabaja como jefe de un proyecto de asilo LGTB en Bélgica. “Afortunadamente, pude dejar mi país debido a mi orientación sexual, ya que estaba en peligro debido a mi activismo”, ha declarado este letrado y activista. Los arrestados, según denuncian distintas fuentes, son sometidos toda clase de vejaciones con la finalidad de que paguen sobornos a la policía a cambio de su liberación.

Burundi: camino a una autocracia contraria a los derechos humanos

Human Rights Watch considera que la tercera legislatura de Pierre Nkurunziza “ha sumido al país en una espiral de violencia política y abusos generalizados de los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad y los miembros del ala juvenil del partido gobernante, los Imbonerakure, atacan a los opositores”. También denuncian que “matan, violan, torturan, desaparecen forzosamente o maltratan” a civiles por motivos ideológicos o económicos.

Esta organización internacional define el sistema de justicia como “profundamente manipulado por el partido gobernante”, por lo que “la impunidad es generalizada”. En este clima, Burundi está a punto de dar portazo definitivo a la Corte Penal Internacional de la Haya, de la que solicitó en octubre del año pasado dejar de ser parte y que el próximo día 27 será efectiva. Esta retirada se produce por las graves acusaciones contra el Gobierno de Pierre Nkurunziza en materia de derechos humanos.

De hecho, el presidente de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Burundi, Fatsah Ouguergouz, lo acusa de “crímenes de lesa humanidad”. Se habla de más de 500 personas fallecidas como consecuencia de la violencia promovida por plataformas y personas afines al Gobierno y de, al menos, 300.000 refugiadas en otros países. Desgraciadamente, el colectivo LGTB es el siguiente en la lista negra del presidente Nkurunziza y sus secuaces. Burundi fue uno de los 13 países que votaron recientemente en contra de la prohibición de las Naciones Unidas de aplicar la pena de muerte a personas LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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¿Quiénes están detrás de la agenda antiderechos de EEUU? Fundaciones y lobbystas de la ultraderecha avanzan con sus agendas en la región a la espera de una victoria de Donald Trump.

Fuente Agencia Presentes

8 de agosto de 2024
Diana Cariboni

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El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución histórica que pide el fin a la discriminación, la violencia y prácticas que violan los derechos humanos de las personas intersex.

La resolución, informó ILGA Mundo, fue presentada por Finlandia, Sudáfrica, Chile y Australia, y busca que los Estados garanticen el derecho a la salud física y mental de las personas intersex. Para ello pide a la Oficina del Alto Comisionado que elabore un informe mundial en el que se revisen las leyes y políticas discriminatorias, actos de violencia y prácticas que violan sus derechos humanos; incluidas las intervenciones médicas innecesarias, que pueden ser irreversibles y se realizan sin el consentimiento pleno, libre e informado de las personas intersex, sobre todo las infancias.

También la resolución busca que se analicen las buenas prácticas y mecanismos de protección jurídica y recursos legales que tienen los Estados para garantizar el derecho a la salud física y mental de las personas intersex.

Qué es la intersexualidad

La intersexualidad es una forma de diversidad corporal. No es una patología, no es una orientación sexual, no es una identidad de género y no es un “tercer género”.

De acuerdo al informe Violencia contra personas LGBTI en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), “la violencia contra las personas intersex se deriva de la falta de reconocimiento y aceptación hacia las personas cuyos cuerpos difieren del estándar corporal masculino y femenino”.

Según el primer Informe de Mapeo Legal Intersex de ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) sólo seis países prohíben intervenciones médicas innecesarias a personas intersex.

Un hito para la defensa de los derechos humanos intersex

La votación fue aprobada por el Consejo con 24 votos a favor, 23 abstenciones y cero en contra. Votaron a favor Albania, Alemania, Argentina. Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, Costa Rica, Cuba, Republica Dominicana, Finlandia, Francia, Ghana, Honduras, India, Japón, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos, Rumania, Sudáfrica, Estados Unidos y Vietnam.

En tanto, se abstuvieron, Argelia, Bangladesh, Benín, Burundi, Camerún, China, Costa de Marfil, Eritrea, Gambia, Georgia, Indonesia, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Malawi, Malasia, Maldivas, Marruecos, Paraguay, Qatar, Somalia, Sudán, Emiratos Árabes.

Foto de la votación. ILGA Mundo (pincha para ampliar la imagen)

La resolución de la ONU

“Esta resolución marca otro hito en la forma en que los organismos internacionales contemplan los derechos de las personas intersex», afirmaron 35 organizaciones intersex sobre la resolución. “A lo largo de los años, el trabajo tanto de la sociedad civil como de los Estados ha cobrado un enorme impulso, pero esta vez las cosas podrían dar un giro aún más decisivo. Gracias a esta votación, el primer informe oficial de las Naciones Unidas que aborda la situación de los derechos humanos de las personas con variaciones innatas en las características sexuales aumentará la concienciación sobre esta cuestión de un modo que los Estados ya no podrán ignorar y sobre el que tendrán que actuar2, dijeron.

El texto de la ONU parte reconociendo que “las personas con variaciones innatas en las características sexuales; es decir, las personas que nacen con características sexuales que no se ajustan a las definiciones típicas de los cuerpos masculinos o femeninos, como la anatomía sexual, los órganos reproductivos y los patrones hormonales o cromosómicos (también conocidas como personas intersexuales); existen en todas las sociedades”

Añade que “a lo largo de su vida, las personas con variaciones innatas en las características sexuales pueden ser objeto de formas múltiples e interseccionales de discriminación en todos los ámbitos de la vida, como el acceso a la educación, la salud, el empleo, el deporte y la seguridad social, así como de restricciones en el ejercicio de la capacidad jurídica y en el acceso a recursos legales y a la justicia”

En tal sentido, expresó “gran preocupación por la violencia y las prácticas nocivas a las que se enfrentan las personas con variaciones innatas en las características sexuales, incluidos los niños, en todas las regiones del mundo, entre ellas intervenciones innecesarias o aplazables desde el punto de vista médico, que pueden ser irreversibles, con respecto a las características sexuales, realizadas sin el consentimiento pleno, libre e informado de la persona en cuestión y, en el caso de los niños, sin cumplir las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño”

Por tanto, el Consejo de la ONU solicitó a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que prepare un informe  “en el que se examinen detalladamente las leyes y políticas discriminatorias, los actos de violencia y las prácticas nocivas contra las personas con variaciones innatas en las características sexuales, en todas las regiones del mundo, así como sus causas fundamentales; y en el que se examinen también las mejores prácticas —como los mecanismos de protección jurídica y los recursos legales— , especialmente en relación con la efectividad del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

Dicho informe deberá ser presentado en el 60º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

Además pidió al Ato Comisionado que organice la celebración de “una mesa redonda” para abordar “las leyes y políticas discriminatorias, los actos de violencia y las prácticas nocivas contra las personas con variaciones innatas en las características sexuales, en todas las regiones del mundo, así como sus causas fundamentales, entre ellas las ideas erróneas y la información inexacta, y en la que se examinen también las mejores prácticas, especialmente en relación con la efectividad de su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”

Finalmente alentó a los Estados “a que, en colaboración con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, intensifiquen la lucha contra la discriminación, la violencia y las prácticas nocivas hacia las personas con variaciones innatas en las características sexuales y aborden sus causas fundamentales, como los estereotipos, la difusión de ideas erróneas e información inexacta, la estigmatización y los tabúes, y trabajen para que esas personas puedan hacer efectivo el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”

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Informe ILGA: En 2023 aumentaron en el mundo detenciones y persecución a personas LGBT

En 2023 aumentaron las detenciones y procesamientos a personas LGBT. Así lo demuestra “Identidades bajo arresto”, el informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA). Las cifras reales son aún mayores.

Un nuevo informe de ILGA ha descubierto un aumento alarmante en el número de arrestos y procesamientos de personas LBTQ+ por participar en relaciones consensuales entre personas del mismo sexo y expresar diversidad de género.

En comparación con años anteriores, ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) ha descubierto que en 2023 se ha registrado un aumento en los arrestos de personas LGBTQ+ por vivir como ellos mismos.

No solo eso, sino que el estudio determinó que el abuso y el maltrato policial a los detenidos ocurrieron en casi todos los arrestos LGBTQ+ documentados.

De acuerdo con la Our Identities Under Arrest (Nuestras identidades bajo arresto) Según el informe, a noviembre de 2023, 63 estados miembros de la ONU penalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. También señala que Uganda, en particular, ha sido dura con los ciudadanos LGBTQ+ con la introducción de su Ley contra la Homosexualidad.

Aunque el número de estados que penalizan los actos entre personas del mismo sexo ha disminuido constantemente durante la última década (Singapur, las Islas Cook y Mauricio despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo este año), el número de arrestos LGBTQ+ relacionados con la expresión de género o actos sexuales consensuales ha experimentado un “grave ” espiga.

ILGA sí señaló, sin embargo, que el número real de casos podría ser mucho mayor, ya que los registros formales a menudo son “inaccesibles o inexistentes” y, en muchos casos, estos arrestos o procesamientos nunca se registran o “se informan de manera poco clara y sesgada”. modales.”

En su investigación, ILGA revisó más de 1.000 casos de arrestos y enjuiciamientos LGBTQ+ a lo largo de dos décadas.

“Los países considerados ampliamente como ‘seguros’ o ‘tranquilos’ han experimentado cambios repentinos y con relativa poca antelación”, dijo la consultora de investigación Kellyn Botha.

“El creciente discurso de odio contra la diversidad sexual y de género –ya sea por parte de figuras políticas, líderes religiosos y comunitarios, también con la complicidad de los medios de comunicación– se convierte regularmente en represión o campañas organizadas, cuya duración, alcance y violencia no se pueden prever”.

Mientras tanto, países como Burkina Faso, Burundi, Comoras, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Jordania, Libia, Maldivas y Papua Nueva Guinea han visto muy pocos arrestos LGBTQ+ en los últimos años, pero ha habido un repentino aumento desde 2021.

Mientras que países como Kenia, Tanzania, Nigeria y Senegal han intentado “agravar la legislación existente”, otros como Irak, Níger y Malí han hecho nuevos esfuerzos para criminalizar oficialmente a las comunidades LGBTQ+ donde antes no existía ninguna ley anti-LGBTQ+.

El director de investigación de ILGA, Lucas Ramón Mendos, también señaló que, aunque la mayoría de las leyes anti-LGBTQ+ se centran en penalizar los actos consensuales entre personas del mismo sexo, en muchas jurisdicciones, “la forma en que una persona se viste, actúa o habla” a menudo la convierte en un blanco aún más fácil para la policía.

Mendos explicó que la policía suele considerar estos rasgos como “prueba” de “homosexualidad” y pueden ser suficientes para “justificar un arresto”, sin importar la identidad sexual o de género real del individuo.

“Es mucho más probable que alguien sea atacado por su apariencia o gestos disconformes que por cualquier acto sexual ‘ilícito’ verificable”, añadió.

Estos hallazgos demuestran que, en muchas partes del mundo, las comunidades LGBTQ+ viven “bajo una amenaza constante”, afirma el director de programas Guchaten Sandhu.

También demuestra aún más la gran importancia de ofrecer asilo a personas LGBTQ+, a pesar de lo que los exsecretarios del Interior puedan hacernos creer.

Sandhu comenta que la grave amenaza para las personas LGBTQ+ no sólo es real para “las poblaciones de base afectadas por oleadas repentinas de hostilidad, sino también para los solicitantes de asilo que, basándose en evaluaciones fallidas de seguridad, corren el riesgo de ser enviados de regreso a países donde serán perseguidos”.

⚠️ Nuevo informe de ILGA MUndo destaca fuertes aumentos en detenciones y procesamientos de personas LGBT y de género diverso. Los casos documentados muestran la naturaleza impredecible de estas detenciones y procesamientos judiciales. Lee más ➤ https://t.co/xrxwI1oUdk pic.twitter.com/K1FzPTtc57

— ILGA World (@ILGAWORLD) November 30, 2023

Para entender mejor cómo impactan estas leyes y estos datos a nivel político global y para nuestra región, planteamos algunas preguntas a Mendos.

–¿Qué análisis hacés sobre la situación política de los países que analizaron y las violencias que se desplegaron?

Lucas Mendos: Un patrón que se repite es la combinación de referentes políticos, líderes religiosos y medios de comunicación alineados en discursos anti-diversidad que muchas veces generan escalofríos. Desde los liderazgos políticos, religiosos y comunitarios, hay una instrumentalización sistemática de la diversidad como chivo expiatorio casi constante. Se utiliza para movilizar y escandalizar la opinión pública y muchas veces como estrategia de distracción de otros temas de la agenda política. En muchos de estos países, la diversidad sexual y de género termina siendo víctima de una manipulación que genera un caldo de cultivo para la proliferación de niveles altísimos de hostilidad, magnificados en el debate público, en las redes sociales, en las iglesias —que poseen un enorme poder de influencia— y en las calles. Si bien no forma parte del objeto principal del informe, el fenómeno de la desinformación y su potencial impacto en la percepción pública y las dinámicas políticas se deja ver en varios países.

-¿Cómo puede influir la recopilación de estos datos?

Es necesaria para demostrar que las leyes que criminalizan están muy lejos de ser leyes inactivas que “duermen” en los códigos penales, lo que muchos Estados aún sostienen cuando en la ONU se les pide que rindan cuentas al respecto. Y, por otro lado, en los países de recepción de personas refugiadas, los tribunales suelen tener estándares muy altos para reconocer que una persona LGBT está en peligro de sufrir persecución. El solo hecho de que haya una ley que criminalice no es considerado como una razón suficiente para dar asilo. Suelen demandar información sobre cómo se aplican en la práctica. Y es tan difícil conseguir esa información que muchas veces las solicitudes terminan siendo rechazadas. Porque las personas refugiadas no pueden demostrar que corren peligro de ser detenidas, procesadas y condenadas por su identidad. Con este informe ILGA pretende contribuir para que estos faltantes de información sean cada vez menos.

Cómo pueden contribuir los medios

-¿Qué recomendaciones hacen desde ILGA hacia los Estados, las sociedades y los medios de comunicación frente a las persecuciones a LGBTIQ+?

-Es imperativo que los Estados dejen de aplicar estas normas de manera inmediata. La urgencia radica en proteger los derechos fundamentales de la comunidad LGBTIQ+ y poner fin a prácticas persecutorias. Como consecuencia necesaria, los ciento (si acaso no miles) de personas que hoy en día están privadas de libertad por estos “delitos” deben ser liberadas. Estas recomendaciones se han hecho a nivel del Examen Periódico Universal de la ONU, pero los países que criminalizan, hasta la fecha, las vienen rechazando sin excepción.

Como medida intermedia, hay quienes sostienen que los países podrían considerar la implementación de moratorias hasta que se logre la derogación efectiva de estas normativas. Esto proporcionaría un espacio temporal para la revisión y eliminación de leyes discriminatorias.

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la aplicación de estas normativas en muchos países. Es esencial redefinir su rol para evitar contribuir a prácticas represivas, dejando de identificar posibles víctimas de persecución y desistiendo de la divulgación de información que pueda estigmatizar o desenmascarar a individuos por su orientación sexual. Al mismo tiempo, los medios pueden contribuir con narrativas inclusivas y respetuosas hacia la diversidad sexual y de género.

Violencia institucional en América Latina

–Si bien no está presente en el informe, ¿tienen conocimiento de cómo es la situación en otros países de América Latina?

-Lo que concurre en América Latina es que existen altos niveles documentados de violencia institucional que se siguen dando en países con leyes que ya no criminalizan, al menos de forma explícita. El informe se concentra en los países donde sí existen estas leyes opresivas que criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo y las expresiones de género diversas, y esa es la primordial razón por la cual no hay países de América Latina en el informe. Si contáramos con más recursos nos gustaría en un futuro ampliar el ámbito del informe para cubrir todos los países.

La situación de Argentina

-¿Qué pensás sobre el avance de la ultraderecha en distintos países como en la Argentina y cómo puede impactar esto en la población LGBTIQ+?

-Viéndolo desde una perspectiva a nivel global, una de las preocupaciones más inmediatas es la legitimación del discurso de odio. Esto lo hemos observado en muchos países del mundo donde estos espacios políticos han ganado poder. Podría ser muy nocivo que personas que promueven mensajes discriminatorios ocupen posiciones de liderazgo porque esto tiene el potencial de normalizar y legitimar este tipo de discursos. En lo concreto, un punto crítico está en cómo esto puede permear a las fuerzas de seguridad donde ya cunde fuertemente el prejuicio contra la diversidad, y esto puede fácil y rápidamente traducirse en niveles aún mayores de violencia y discriminación institucional contra nuestras comunidades.

El poder ejecutivo define la política exterior del país. Esto puede tener un impacto palpable en la posición de Argentina como actor clave en temas de derechos humanos y diversidad a nivel internacional, tanto a nivel de la ONU como a nivel de la OEA, dos foros clave donde los temas de diversidad necesitan más que nunca de apoyo constante dada la enorme oposición cada vez más fuerte a estos temas. Argentina hoy en día no solo acompaña sino que muchas veces lidera estas iniciativas a nivel internacional y que deje de hacerlo sería sumamente preocupante.

Fuente PinkNews/Agencia Presentes

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 Un nuevo artículo de un medio de comunicación católico ha destacado la difícil situación de los refugiados LGBTQ+, para quienes cada día es “difícil y lleno de desafíos”. En un campo de refugiados, la mayoría de estos refugiados LGBTQ+ son católicos.

Doreen Ajiambo, corresponsal en África/Oriente Medio de Global Sisters Report, una publicación de National Catholic Reporter, detalló la experiencia de estos refugiados que viven en el campamento de refugiados de Kakuma, un campamento en el noroeste de Kenia que alberga a más de 200.000 refugiados de Etiopía, Sudán del Sur, Sudán, Somalia, Burundi, la República Democrática del Congo y Uganda.

Cientos de residentes LGBTQ+ en el campamento enfrentan discriminación y violencia persistentes. Para Nardi Niyongabo, un refugiado gay de Burundi, existe un “miedo constante” en torno a su identidad sexual. Niyongabo huyó a Uganda en 2013 después de que familiares y amigos lo atacaran físicamente por tener intimidad con su pareja. En 2017, se mudó al campo de refugiados de Kakuma en Kenia después de que el gobierno de Uganda intensificó su campaña contra los derechos LGBTQ+.

Según Niyongabo, muchos de los refugiados LGBTQ+ se identifican como católicos, pero la mayoría de los residentes cristianos del campamento no toleran a las personas LGBTQ+. A principios de año, un grupo de refugiados atacó físicamente a Niyongabo durante las oraciones vespertinas, dejándolo inconsciente y con una pierna rota. El ataque ocurrió después de que el catequista predicara sobre la naturaleza “demoníaca” de la homosexualidad. Niyongabo describió la experiencia:

“‘Pensé que este sería mi lugar más seguro, pero esas esperanzas se han desvanecido después de que los cristianos me atacaron recientemente en una iglesia’. Los refugiados LGBTQ viven con el temor constante de ser atacados o incluso asesinados. Muchas personas nos insultan; se burlan de nosotros y dicen que nos posee un demonio y un espíritu maligno de homosexualidad.’

“‘Tenemos miedo de ir a la iglesia o reunirnos con algunos líderes religiosos aquí, ya que la mayoría anima a la gente a atacarnos. Dicen que no estamos viviendo de la forma normal en que Dios nos hizo; lo que somos es pecado’”.

La historia de Niyongabo es solo una de muchas de las personas LGBTQ+ en el campamento. Una refugiada lesbiana que permaneció en el anonimato declaró:

“‘Nos enfrentamos a más problemas que otros refugiados. Somos discriminados e incluso a veces se nos niega la comida. Somos atacados constantemente, y si informamos a la policía oa los funcionarios del ACNUR [Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados], somos ignorados. Algunas lesbianas han sido violadas, pero cuando lo denunciaron, la policía les dijo que fueran a buscar a los perpetradores ellos mismos’”.

Actualmente, 32 de las 54 naciones de África criminalizan la homosexualidad. Ayer, Bondings 2.0 informó sobre las duras acciones tomadas por los obispos en Malawi y Costa de Marfil. En África Oriental se encuentran leyes particularmente duras y discriminatorias. Por ejemplo, aquellos que “practiquen o promuevan la homosexualidad” en Kenia pueden ser encarcelados hasta 14 años. En Uganda, una nueva ley permite que los condenados por “homosexualidad agravada” se enfrenten a la pena de muerte.

Si bien muchos en África apoyan estas leyes discriminatorias, el Papa Francisco ha apoyado abiertamente a la comunidad LGBTQ+, incluso afirmando que “ser homosexual no es un delito” a principios de este año. El P. José Padinjareparampil, director de Don Bosco Kakuma, una agencia de servicios sociales salesianos, ha estado trabajando para difundir la misión del Papa Francisco en todo el campamento, diciendo:

“‘Damos la bienvenida a todos a la iglesia sin importar cómo se identifiquen. Estoy hablando con otros líderes para asegurarme de que no discriminen a las personas LGBTQ. Siempre alentamos a todos a abrazarse y vivir en unidad porque la iglesia es la unidad en el cuerpo de Cristo’”.

El trabajo del Padre Padinjareparampil debe ser un modelo para todos los líderes católicos en esa área. Ningún individuo debería vivir una vida de “miedo constante”, ya que todos los católicos tienen el deber de oponerse a los abusos de los derechos humanos dondequiera que estén, especialmente en una situación como la de un campo de refugiados.

—Sarah Cassidy (ella/ella), New Ways Ministry, 17 de agosto de 2023

Fuente New Ways Ministry

Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia. Bosco Kakuma, Burundi, Doreen Ajiambo, Etiopía, José Padinjareparampil, Kakuma, Kenia, Nardi Niyongabo, Personas refugiadas, Personas refugiadas LGTBIQ+, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Sudán del sur, Uganda

El criminal presidente de Uganda, Yoweri Museveni,con una Biblia en la mano…

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, promulgó la Ley contra la homosexualidad, que duplica la persecución de las personas LGBTQ+ en el país.

La ley anti-LGBTQ+ de Uganda es un “ataque a los derechos humanos”

El proyecto de ley contra la homosexualidad de Uganda se convirtió en ley, y los activistas calificaron la “ley mortal” como un “ataque a los derechos humanos”.

Yoweri Museveni, dio su aprobación a la Ley Anti-Homosexualidad, que se convierte inmediatamente en una de las leyes anti-LGBTQ+ más estrictas del mundo, informó el lunes (29 de mayo) la cuenta oficial de Twitter del gobierno de Uganda.

Museveni, firme partidario de la familia, había prometido previamente firmar la medida tras las enmiendas sugeridas por él, y se ha manifestado enérgicamente contra lo que considera incursiones ideológicas occidentales en su nación mayoritariamente cristiana.

La presidenta del parlamento de Uganda, Anita Among, también confirmó la noticia en una publicación en Twitter, diciendo que Museveni había “respondido a los gritos de nuestro pueblo” y “legislado para proteger la santidad de la familia”.

“Ahora animo a los garantes de deberes bajo la ley a ejecutar el mandato que se les otorga en la Ley Anti-Homosexualidad”, escribió Among. “El pueblo de Uganda ha hablado, y ahora es su deber hacer cumplir la ley de manera justa, firme y constante”.

– ,
General @KagutaMuseveni , has executed his Constitutional mandate and assented to the Anti-Homosexuality Act, 2023. pic.twitter.com/PH8IUegBp3

— Government of Uganda (@GovUganda) May 29, 2023

La Ley contra la Homosexualidad de Uganda introduce la pena de muerte

La nueva legislación duplica las ya duras sanciones impuestas a las personas LGBTQ+ en Uganda, donde la intimidad sexual consentida entre personas del mismo sexo es ilegal.

La Ley contra la Homosexualidad introduce el nuevo delito de “homosexualidad agravada”, que se define como tener relaciones sexuales con una persona menor de 18 años y tener relaciones sexuales siendo VIH positivo, entre otras categorías. Lleva una sentencia de muerte.

Según la ley, cualquiera que alquile a sabiendas a homosexuales podría ser encarcelado hasta siete años, señaló la BBC. Además, los ugandeses estarán obligados por ley a denunciar cualquier acto homosexual en el que participen menores de edad; no hacerlo podría acarrear cinco años entre rejas o fuertes multas equivalentes a más de 2.500 dólares.

El parlamento aprobó una versión anterior del proyecto de ley en marzo que tenía disposiciones que buscaban castigar a las personas por simplemente identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+, pero los legisladores eliminaron esta cláusula en mayo después de que Museveni devolviera el proyecto de ley al parlamento para su reconsideración.

Arthur Kayima, un activista queer de derechos humanos de Uganda, condenó la “legislación vil y mortal” y dijo que “no hará nada para mejorar Uganda o la vida de los ugandeses”. En lugar de centrarse en los problemas reales a los que se enfrenta Uganda (pobreza, mala infraestructura, economía, violencia doméstica), Museveni preferiría causar distracción atacando nuestro derecho fundamental a existir”, dijo Kayima.

La activista continuó: “Tengo miedo por mi comunidad. ¿Cuántos de nosotros seremos encarcelados, golpeados o perseguidos en las sombras de la sociedad como resultado de esta legislación? ¿Cuántos morirán? “Todos aquellos que creen en nuestros derechos deben luchar contra esta legislación y las fuerzas detrás de ella por todos los medios necesarios”.

Activistas LGBTQ+ y de derechos humanos pidieron al presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que no promulgara la Ley contra la homosexualidad. Museveni ignoró sus súplicas. (Getty)

Mike Podmore, director de la red de VIH, salud y derechos STOPAIDS, con sede en el Reino Unido, dijo que el proyecto de ley no solo es un “ataque directo a los derechos humanos”, sino que también es una “amenaza para la salud pública que diezmará la respuesta al VIH”.

Podmore describió cómo la Ley Anti-Homosexualidad penalizará la “prestación de servicios clave y afianzará aún más el estigma mortal que lamentablemente todavía rodea al VIH”.

“Debemos hacer todo lo posible para persuadir a Uganda contra este paso regresivo que podría desencadenar un efecto dominó entre otros países de la región para retroceder aún más en los derechos LGBTQI+, incluidos Kenia, Ghana y Burundi”, dijo Podmore.

“Los gobiernos de todo el mundo deben actuar de inmediato para hacer valer los derechos de las personas homosexuales y garantizar la seguridad de los ugandeses LGBTQI+ al garantizar que se respalden los servicios de primera línea y se brinde asilo seguro donde sea necesario”.

Podmore agregó que el Reino Unido tiene una “responsabilidad particular” en esta lucha, ya que las leyes que penalizan a las personas LGBTQ+ se introdujeron por primera vez cuando el Imperio Británico colonizó Uganda.

Además, dijo que Estados Unidos tiene un interés en este movimiento ya que “los grupos fundamentalistas evangélicos han financiado esta odiosa agenda”.

Después de que la Ley Anti-Homosexualidad fuera aprobada por el parlamento de Uganda en marzo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, advirtió que Estados Unidos podría implementar sanciones económicas si la nación africana promulgaba el proyecto de ley.

Jean-Pierre describió la medida como “una de las leyes anti-LGBTQ+ más extremas del mundo”.

Dijo que la legislación anti-LGBTQ+ “afectaría los derechos humanos universales, pondría en peligro el progreso en la lucha contra el VIH/SIDA, disuadiría el turismo y la [inversión] en Uganda y dañaría la reputación internacional de Uganda”.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente Pink News/Cristianos Gays

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El gobierno de Sri Lanka ha expresado su apoyo a un proyecto de ley que despenalizaría las relaciones entre personas del mismo sexo.

El jueves (9 de febrero), el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Sri Lanka, Ali Sabry, declaró a The Daily Morning: “Hay un proyecto de ley presentado por el diputado del Gobierno de Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) y abogado Premnath C. Dolawatte. El Gobierno apoyará su postura de despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, no legalizaremos los matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero lo despenalizaríamos. Creo que hay mucho consenso al respecto, así que dejemos que llegue al Parlamento”.

Según el código penal del país, que se remonta a la dominación colonial británica de Ceilán, el artículo 365 tipifica actualmente como delito “el coito carnal contra natura con cualquier hombre, mujer o animal”, con una pena de hasta diez años de cárcel.

La ley británica, de más de 135 años de antigüedad, fue declarada inaplicable por el Tribunal Supremo de Sri Lanka, pero sigue vigente.

“Somos muy optimistas, pero con cautela“, declaró el viernes Rosanna Flamer-Caldera -directora ejecutiva de la organización LGBTQ+ de Sri Lanka Equal Ground– al Washington Blade. “Hace más de 19 años que nuestra organización aboga por la despenalización y es bueno ver que el trabajo da sus frutos, por fin. Pero aún queda un largo camino por recorrer”.

El apoyo a este proyecto de ley se produce en un momento en que otras ex colonias británicas han despenalizado en los últimos meses leyes arcaicas contra la comunidad LGBTQ+.

Los legisladores de Singapur derogaron en noviembre la ley de sodomía de la época colonial, mientras que los jueces en 2022 también anularon las leyes de criminalización en Barbados , de San Cristóbal y Nieves y Antigua y Barbuda.

En todo el mundo, 67 países siguen penalizando las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. La mayoría de estas jurisdicciones penalizan explícitamente el sexo entre hombres mediante leyes de “sodomía”, “sodomía” y “delitos contra natura“. Casi la mitad son jurisdicciones de la Commonwealth.

67 países y territorios criminalizan la homosexualidad

En 64 países miembros de la ONU están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo:

Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bangladés, Brunéi, Burundi, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Esuatini (antigua Suazilandia), Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Indonesia, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones homosexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional en aplicación de la sharía o ley islámica; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 67 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 42 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 6 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 6 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Sudán, Tanzania, Uganda y Zambia.

La pena de muerte está establecida para las relaciones homosexuales en 11 países miembros de Naciones Unidas. En 6 de ellos, se tiene la certeza jurídica de que este es el castigo para los actos consensuados entre adultos del mismo sexo:

Arabia Saudí, Brunéi, Irán, Mauritania, Nigeria (en los doce estados del norte donde se aplica la sharía) y Yemen.

En otros 5 países no existe una certeza jurídica absoluta, aunque se constata la posibilidad de su aplicación:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Paquistán y Somalia.

Fuente Pink News/ Cristianos Gays

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General, Historia LGTBI Alianza del Caribe Oriental para la Diversidad y la Igualdad (ECADE), Antigua y Barbuda, Barbados, Despenalización de la homosexualidad, Discriminación, Equals, Homofobia, LGTBIfobia, San Cristóbal y Nieves

La ley de la época colonial de San Cristóbal y Nieves que prohibía las relaciones entre personas del mismo sexo ha sido anulada en un “momento histórico” para el país caribeño.

La Corte Superior de San Cristóbal y Nieves ha dictaminado que las leyes que castigan las relaciones homosexuales con hasta diez años de prisión son contrarias a su Constitución. Otra legislación más heredera de los tiempos de la colonización británica que es anulada por violar los derechos fundamentales de los ciudadanos LGTBI. Con este dictamen, aún quedan 69 países y territorios en el mundo que castigan las relaciones entre personas del mismo sexo, algunos incluso con la cadena perpetua o la pena de muerte.

El lunes (29 de agosto), el Tribunal Supremo del Caribe Oriental anuló los artículos 56 y 57 de la Ley de Delitos contra la Persona, que prohibían el “abominable delito” de la “sodomía“. La ley conllevaba una pena máxima de 10 años con trabajos forzados.

Aunque no hay pruebas que demuestren que las antiguas disposiciones se hayan aplicado en los últimos años, parece que justifica la discriminación y la violencia a la que se enfrentan los gitanos y nevisianos LGBTQ+ debido al estigma y la vergüenza de la sociedad.

El juez Trevor Ward anuló las partes de la ley que penalizaban los “delitos contra natura” y las comparó con la “zoofilia“, que dijo era inconstitucional.

Escribió en su sentencia: “La naturaleza absoluta de la prohibición creada por los artículos 56 y 57 no está razonablemente justificada en una sociedad democrática en circunstancias en que proscriben los actos sexuales entre adultos que consienten en privado, que no implican ningún elemento de conducta pública o de daño o actos sexuales con menores.”

“En la medida en que criminaliza la vida privada de los homosexuales en este año, la ley es excesiva y arbitraria”, continuó, añadiendo que las secciones “no cumplen con la calificación constitucional de ser … en el interés de la moralidad pública”.

Ward añadió: “La sección 56 de la ley se leerá como si se añadieran al final de la sección las palabras ‘Esta sección no se aplicará a los actos sexuales consentidos entre adultos en privado'”.

El veredicto del tribunal entró inmediatamente en vigor.

“Este es un viaje transformador y un paso hacia el pleno reconocimiento de las personas LGBTQ en toda la Organización de Estados del Caribe Oriental”, dijo Kenita Placide, directora ejecutiva de la Alianza del Caribe Oriental para la Diversidad y la Igualdad (ECADE).

“Una decisión afirmativa significa un sí a la privacidad y un sí a la libertad de expresión”.

Jamal Jeffers, un hombre gay, presentó el recurso de inconstitucionalidad en enero de 2021 argumentando que los artículos 56 y 57 violaban los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la intimidad, y que debían ser anulados.

Acompañados por el grupo de defensa de la igualdad St Kitts y Nevis Alliance for Equality, los demandantes pedían que se ordenara que los actos sexuales entre personas del mismo sexo no fueran un delito si se cometían en privado entre “personas de 16 años o más”, decía su moción.

San Cristóbal y Nieves fue una de las primeras islas del Caribe en ser colonizadas por los británicos, trayendo consigo leyes centenarias que prohibían la homosexualidad.

El artículo 56 rezaba así: “Toda persona condenada por el abominable delito de sodomía, cometido con personas o con cualquier animal, podrá ser condenada a una pena de prisión no superior a diez años, con o sin trabajos forzados”.

En 2012, la pena original de cuatro años prevista en el artículo 57 se amplió a una década en una versión revisada de la Ley de Delitos contra la Persona. El país incluso se resistió a los llamamientos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2021 para derogar las leyes.

Las antiguas colonias británicas Barbados, Dominica, Guyana, Granada, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas tienen leyes similares sobre sodomía.

Pero las mareas están cambiando. La primera ministra de Barbados prometió que los derechos del colectivo LGBTQ+ estarían en el centro del futuro de Barbados como república cuando destituyera a la reina como jefa de Estado en noviembre de 2021, mientras que el Tribunal Supremo del Caribe Oriental eliminó las leyes de sodomía de Antigua y Barbuda en julio, y los activistas esperan que haya más.

“Estamos asistiendo a un momento histórico en el Caribe en el que se están cuestionando y anulando leyes anticuadas de la época colonial“, afirmó Maria Sjödin, directora ejecutiva del grupo mundial de derechos LGBTQ+ OutRight Action International.

“Estamos asombrados por la persistencia estratégica de los activistas de la región que lideran la carga para garantizar el avance de los derechos humanos y la anulación de leyes discriminatorias y anticuadas como ésta. Esperemos que los demás países de la región y de fuera de ella les sigan”.

69 países y territorios criminalizan la homosexualidad

1.- En 66 países miembros de la ONU están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo:

Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bangladés, Barbados, Brunéi, Burundi, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Esuatini (antigua Suazilandia), Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

2.-  A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 69 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 42 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

3.- Cadena perpetua en 6 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 6 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Sudán, Tanzania, Uganda y Zambia.

La pena de muerte está establecida para las relaciones homosexuales en 11 países miembros de Naciones Unidas. En 6 de ellos, se tiene la certeza jurídica de que este es el castigo para los actos consensuados entre adultos del mismo sexo:

Arabia Saudí, Brunéi, Irán, Mauritania, Nigeria (en los doce estados del norte donde se aplica la sharía) y Yemen.

En otros 5 países no existe una certeza jurídica absoluta, aunque se constata la posibilidad de su aplicación:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Paquistán y Somalia.

Fuente Pink News/Dosmanzanas

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La ministra del Interior de Gran Bretaña, Priti Patel, ha tenido durante mucho tiempo un enfoque de línea dura hacia la inmigración. (PAUL ELLIS / POOL / AFP)

El arzobispo de Canterbury critica que Londres quiera deportar a los inmigrantes a Ruanda “Esto es lo opuesto a la naturaleza de Dios”

11 de junio de 2022

Apreciada Ministra del Interior,

Re: Acuerdo de Asociación para el Asilo entre el Reino Unido y Ruanda y Expulsiones a Ruanda

Le escribimos para expresar nuestra grave preocupación por el plan del gobierno británico de expulsar a Ruanda a las personas que solicitan asilo en el Reino Unido a través de vías irregulares, de acuerdo con el Acuerdo de Asociación para el Asilo, y para instar enérgicamente al gobierno a rescindir el plan y no proceder a las primeras expulsiones previstas para el 14 de junio de 2022.

Los solicitantes de asilo enviados a Ruanda serán procesados bajo el sistema de asilo de Ruanda y, si son reconocidos como refugiados, se les concederá el estatus de refugiado en ese país, mientras que Ruanda se encargará de las solicitudes rechazadas. Por principio, estas expulsiones y la denegación del acceso al asilo en su propio territorio constituyen una clara abrogación de las responsabilidades y obligaciones internacionales del Reino Unido para con los solicitantes de asilo y las personas refugiadas. El Reino Unido está tratando de trasladar por completo sus responsabilidades en materia de asilo a otro país, actuando en contra del objeto y el propósito de la Convención sobre los Refugiados de 1951 (una convención que el Reino Unido ayudó a redactar) y de sus compromisos de reparto de responsabilidades a nivel mundial, y amenazando el régimen internacional de protección de los refugiados.

No se puede considerar a Ruanda como un tercer país seguro al que enviar a los solicitantes de asilo, ya que Human Rights Watch y otros actores, incluido el Gobierno de Estados Unidos, han informado habitualmente sobre las graves violaciones de los derechos humanos en Ruanda. El gobierno del Reino Unido es consciente de ello, ya que el año pasado denunció el historial de derechos humanos de Ruanda durante su Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos, instando a “Ruanda a modelar los valores de la Commonwealth de democracia, estado de derecho y respeto a los derechos humanos”. Ruanda se enfrentó a fuertes críticas de países de todas las regiones.

La secretaria británica, Priti Patel (c), visitó Kigali, donde se detuvieron una docena de personas LGBT + personas el año pasado por las autoridades. (Agencia Cyril Ndegeya / Anadolu a través de Getty Images)

Desde 1994 y el genocidio ruandés, Human Rights Watch ha estado supervisando, documentando y evaluando las condiciones de los derechos humanos en el país. A día de hoy, en Ruanda siguen produciéndose graves violaciones de los derechos humanos, como la represión de la libertad de expresión, las detenciones arbitrarias, los malos tratos y la tortura por parte de las autoridades ruandesas. Esto pone en duda y socava gravemente la valoración que hace el gobierno de Ruanda como país seguro para enviar a los solicitantes de asilo y a las personas refugiadas, tal y como se recoge en sus notas informativas y de política de país recientemente publicadas y en la evaluación de impacto sobre la igualdad.

Detención arbitraria de personas pobres y vulnerables

La detención arbitraria, los malos tratos y la tortura en los centros de detención oficiales y no oficiales son habituales en Ruanda. Desde 2010, Human Rights Watch ha documentado ampliamente el uso de la detención ilegal y la tortura en casas de seguridad y otras instalaciones, como el campamento militar de Kami, Kwa Gacinya y el Centro de Tránsito de Gikondo, y ha solicitado su cierre. El acorralamiento, la detención arbitraria y los malos tratos en Gikondo por parte de las autoridades ruandesas a los niños de la calle, los vendedores ambulantes, los trabajadores del sexo, las personas sin hogar y los mendigos han sido bien documentados por Human Rights Watch desde 2006, y condenados por la Comisión de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en febrero de 2020. El gobierno del Reino Unido reconoce en su evaluación de Ruanda que hay informes de personas calificadas como “delincuentes” que son detenidas arbitrariamente, pero señala que éstos se remontan a nuestro informe de 2020 sobre la detención abusiva de niños de la calle en Ruanda. Basándonos en nuestra experiencia y conocimiento de esta cuestión, tras haberla rastreado durante más de 15 años, y en las convincentes pruebas acumuladas sobre el comportamiento de las autoridades, no nos cabe duda de que existe un riesgo real, incluso una probabilidad, de que los pobres y otras personas acusadas de comportamientos “desviados”, incluidos los solicitantes de asilo, sean objeto de pautas de abuso similares.

Violaciones de la libertad de expresión, detención arbitraria y tortura

El gobierno británico afirma que, a pesar de algunas restricciones a la libertad de expresión o a la libertad de asociación, es poco probable que los solicitantes de asilo enviados a Ruanda se enfrenten a un riesgo real de ser sometidos a un trato contrario al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El gobierno afirma que, tras consultar fuentes y revisar material de libre acceso, está convencido de que los solicitantes de asilo o las personas refugiadas no son un objetivo específico. Al descartar sumariamente las pruebas de que las personas refugiadas han sido efectivamente maltratadas, el gobierno afirma que “no parece ser una situación común o que se repita regularmente”. Tal apreciación caracteriza de forma totalmente errónea la realidad de Ruanda, donde las personas refugiadas se han enfrentado a abusos por protestar pacíficamente por sus condiciones. En 2018, al menos doce refugiados de la República Democrática del Congo murieron después de que la policía disparara con munición real contra los refugiados desarmados que protestaban por un recorte en las raciones de alimentos. La policía ruandesa detuvo a más de 60 refugiados y los juzgó por participar en manifestaciones ilegales, rebelión y difusión de información falsa para crear una “opinión internacional hostil” de Ruanda, un delito tipificado en el Código Penal ruandés. Como lo resumió una de las personas refugiadas de Burundi que vive en Ruanda: “La vida en Ruanda está bien mientras mantengas la boca cerrada”.

Nos preocupa profundamente que los solicitantes de asilo corran el riesgo de sufrir abusos si hablan de su trato o de sus condiciones en Ruanda, o que se vean obligados a autocensurarse, incluso ante la Comisión de Seguimiento propuesta, prevista en el Acuerdo de Asociación para el Asilo. El espacio para la oposición política, la sociedad civil y los medios de comunicación está cerrado, y el gobierno ruandés sigue reprimiendo las voces disidentes y críticas y persiguiendo a quienes son percibidos como una amenaza para el gobierno y a sus miembros. En marzo de 2022, informamos sobre la persecución en curso de periodistas y comentaristas de los medios sociales, incluyendo la desaparición, las detenciones o las amenazas contra varios críticos de alto nivel, miembros de la oposición y comentaristas que utilizan los medios sociales o YouTube para expresarse.

El 30 de mayo, un conocido comentarista, encarcelado por sus críticas al partido gobernante de Ruanda, declaró ante los tribunales que estaba siendo torturado en prisión, mediante palizas y privación de sueño. El juez ignoró las alegaciones y no ordenó ninguna investigación al respecto, como suele ocurrir en Ruanda. Anteriormente, en marzo de 2021, Human Rights Watch documentó el patrón continuo de amenazas, persecuciones y una sospechosa desaparición de personas que hablan sobre temas de actualidad y critican las políticas públicas.

La falta de independencia del poder judicial y la incapacidad de investigar los abusos

El poder judicial ruandés adolece de falta de independencia, debido a la manipulación del sistema judicial por parte del gobierno, y las normas sobre juicios justos se incumplen de forma rutinaria, especialmente en casos políticamente sensibles. Human Rights Watch ha supervisado varios juicios en los que los acusados afirmaron haber sido torturados para que firmaran confesiones tras su detención, o que sus comunicaciones privilegiadas con su abogado fueron interceptadas. Los jueces no ordenaron la investigación de las acusaciones en todas las ocasiones.

El gobierno ruandés no lleva a cabo sistemáticamente investigaciones efectivas sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, ni enjuicia a los presuntos autores. Esto no es sorprendente, y es poco probable que cambie, dadas las pruebas creíbles de la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en estos abusos. Esto ha creado un clima de miedo entre la población, y de impunidad entre los abusadores. En particular, las autoridades no han llevado a cabo una investigación creíble ni han garantizado la rendición de cuentas por la muerte bajo custodia policial del conocido activista y cantante Kizito Mihigo. En muchos casos, las autoridades ruandesas han obstruido activamente la justicia al dirigirse a las víctimas y a los testigos para evitar que busquen justicia.

A pesar de estos continuos abusos, el gobierno británico afirma que en Ruanda existe el derecho a un recurso práctico y efectivo. Dado el contexto políticamente delicado del acuerdo entre los gobiernos del Reino Unido y Ruanda, y el historial de Ruanda, es poco probable que las autoridades ruandesas investiguen eficazmente cualquier posible acusación de maltrato a los solicitantes de asilo, o que el sistema judicial sea lo suficientemente independiente para proporcionar la necesaria supervisión y responsabilidad de las acciones del gobierno.

Ruandeses sentados en el Centro de Tránsito de Gikondo en 2015.(STEPHANIE AGLIETTI/AFP a través de Getty Images) 

También tenemos serias dudas sobre la capacidad de la Comisión de Seguimiento propuesta para supervisar eficazmente los abusos de los derechos humanos. En 2018, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura se vio obligado a cancelar su visita a Ruanda -la primera vez que lo hace- alegando la obstrucción de las autoridades y el temor a las represalias contra los entrevistados. Desde entonces no han vuelto.

Abusos y riesgos para las personas LGTBI

En 2021, documentamos cómo las autoridades detuvieron arbitrariamente, acosaron, insultaron y golpearon a nueve personas trans o gays en el Centro de Tránsito de Gikondo, en Kigali. Los entrevistados dijeron que habían sido objeto de ataques debido a su orientación sexual o identidad de género y que se les había tratado peor que a otros detenidos, ya que los agentes de policía o los guardias los acusaban de ser vagabundos, ladrones o delincuentes y los mantenían en una sala reservada para hombres “delincuentes”. En la práctica, las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans se enfrentan al estigma en Ruanda. Por ello, los solicitantes de asilo y las personas refugiadas de este perfil corren un riesgo especial. Sin embargo, el gobierno del Reino Unido afirmó que el trato que reciben las personas por su orientación sexual y su identidad o expresión de género no es lo suficientemente grave en Ruanda como para suponer un riesgo real de malos tratos contrario al artículo 3, aunque señaló que la situación puede ser diferente para las personas trans.

Evaluación de Ruanda como país seguro

Hemos estudiado detenidamente los detalles del Acuerdo de Asociación para el Asilo y sigue sin estar claro cómo el gobierno del Reino Unido realizó su evaluación y llegó a la conclusión de que Ruanda cumple los criterios de un tercer país seguro al que expulsar a los solicitantes de asilo. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta la represión de la disidencia y de las voces críticas y el hecho de que la sociedad civil independiente y los medios de comunicación se enfrentan al acoso, los ataques y las amenazas, lo que lleva en algunos casos a la autocensura, mientras que el espacio represivo y cerrado hace que las organizaciones de derechos humanos, incluida Human Rights Watch, experimenten inmensos obstáculos para llevar a cabo investigaciones sobre el terreno en Ruanda. Esto pone en duda la credibilidad de la evaluación del gobierno.

Human Rights Watch opina que Ruanda no es un tercer país seguro, basándose en su investigación en el país y en las pruebas expuestas anteriormente, y que, dado el contexto, no hay forma de aplicar una supervisión eficaz para garantizar que los solicitantes de asilo expulsados allí no sean víctimas de violaciones de los derechos humanos.

Le agradecemos su consideración.

Atentamente,

Yasmine Ahmed

Directora del Reino Unido, Human Rights Watch

Lewis Mudge

Director de África Central, Human Rights Watch

Fuente Human Rights Watch

General, Homofobia/ Transfobia. Acuerdo de Asociación para el Asilo, Centro de Tránsito de Gikondo, Human Rights Watch, Kigali, Kizito Mihigo, Personas refugiadas, Personas refugiadas LGTBI, Reino Unido, Ruanda

“Para muchas víctimas de abusos sexuales del clero, el pasado no ha pasado” 

“Este artículo ofrece una revisión de la relación entre la humanidad y la Iglesia de Dios, dañada por los abusos sexuales del clero contra menores, pero también de la autoridad de la Iglesia, hoy minada por la pérdida de credibilidad”

“La crisis mundial de los abusos sexuales por parte del clero ha infligido heridas que tomará muchos años sanar. Es necesario reconocer que la negación de los abusos es todavía un problema”

“La reconciliación de la memoria debe asumir que las «negaciones del abuso» constituyen todavía un problema, y debe dar prioridad a la verdad sobre lo sucedido, al por qué sucedió y a quién realizó el mal”

“La reconciliación de la memoria debe asumir que las «negaciones del abuso» constituyen todavía un problema, y debe dar prioridad a la verdad sobre lo sucedido, al por qué sucedió y a quién realizó el mal”

“Deberían fortalecerse las medidas para hacer responsables a los obispos locales de lo que está sucediendo. Al mismo tiempo, los recuerdos dolorosos de las víctimas deben escucharse y respetarse”

23.10.2021 | Marcel Uwineza sj

General, Iglesia Católica Abusos sexuales, Clero, Iglesia Católica, Memoria

La atleta sudafricana Caster Semenya, abiertamente lesbiana, ha dado un nuevo paso en los tribunales para poder proseguir su carrera deportiva en la alta competición. En 2018 la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) aprobó un reglamento sospechosamente selectivo que tiene como fin impedir que Semenya pueda competir, a no ser que se medique para rebajar sus niveles de andrógenos, que de forma natural sintetiza en mayor cantidad que la mayoría de las mujeres. Por ello, tras dos apelaciones infructuosas (en 2019 en el Tribunal de Arbitraje Deportivo y este mismo año en el Tribunal Supremo Federal de Suiza) la atleta ha decidido elevar su lucha al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Caster Semenya ha dejado claro que continuará su lucha judicial para competir sin discriminación y para «ayudar a crear un mundo más igualitario». Además de Semenya, el reglamento restrictivo del atletismo mundial también impediría que la medallista de plata Francine Niyonsaba de Burundi y la medallista de bronce Margaret Wambui de Kenia compitan en los 800 metros en los Juegos de Tokio del próximo año, condicionando así la clasificación.

La sudafricana, que fue ganadora en 800 metros lisos en los mundiales de 2009 y 2017, así como el oro en la misma categoría en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, siempre ha sido discutida por algunos debido a una supuesta intersexualidad (realidad con la que ella no se siente identificada). Y la aprobación del nuevo reglamento de la IAAF la dejaba prácticamente fuera de juego de la alta competición, como recogía en su momento dosmanzanas, que ha seguido de cerca sus dos carreras: la deportiva y la de la igualdad.

En la primavera de 2019 se hizo pública la vergonzosa decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (también conocido como TAS, sus siglas en francés), que daba la razón a la IAAF en su disputa con Semenya. Y el pasado mes de septiembre, la atleta tampoco corrió mejor suerte en el Tribunal Supremo Federal de Suiza (al que apeló por encontrarse en el país alpino la sede del TAS).

Lejos de rendirse, recientemente la deportista olímpica ha llevado su reivindicación hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y no abandonará la batalla en los tribunales hasta que la IAAF admita «el error» que ha cometido y despeje el reglamento de una discriminación tan aberrante que la obligue a abandonar su carrera deportiva, a medicarse o a competir «como hombre» (todas ellas soluciones inaceptables).

Las instituciones sudafricanas se vuelcan con Semenya

El Gobierno de Sudáfrica ha dejado claro el apoyo a su compatriota y declara que «es más que la lucha individual» de una atleta. La Comisión para la Igualdad de Género (CGE) y la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica (SAHRC) «se unen para perseguir la injusticia contra Caster Mokgadi Semenya». Una injusticia que «afecta a las mujeres negras en los países en desarrollo».

Asimismo, según explican las citadas instituciones gubernamentales, «se trata de restaurar su dignidad humana y sus derechos a participar y tener ingresos del deporte, así como los derechos de otros deportistas, que también han sido discriminados y perjudicados por la nueva normativa discriminatoria de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) que entró en vigor en 2019».

Ambas instituciones creen que el resultado del Tribunal Supremo Federal de Suiza equivale a una grave violación del derecho a la integridad corporal, la dignidad humana y la privacidad de atletas como Caster Semenya, «cuyos cuerpos, sin tener la culpa, producen lo que se considera altos niveles de testosterona».

Por lo tanto, la CGE y la SAHRC están «firmemente decididas a organizar una defensa y apoyo a nivel mundial y nacional para las mujeres atletas como Caster Semenya y cualquier otra persona que incumpla la nueva regulación de la IAAF». La CGE y la SAHRC incluirán al Presidente de la República de Sudáfrica, Cyril Matamela Ramaphosa, en su calidad de Presidente de la Unión Africana, los Ministerios de la Mujer, la Juventud y las personas con discapacidad y Deportes, Arte y Cultura; la Asamblea Nacional a través de los Comités de Cartera de Mujeres, Jóvenes y Personas con Discapacidad y Deportes, Artes y Cultura, así como el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación. Esta petición no se limitará a Sudáfrica y África, sino también a las Naciones Unidas.

El Parlamento sudafricano aprobaba a finales de 2020 una moción sin previo aviso que no solo condena las acciones de la IAAF contra Caster Semenya como una «injusticia y violación de los derechos humanos», sino que también resuelve que hará «todo lo que esté en su poder» para ayudarla en su lucha por la justicia y la igualdad.

Por su parte, el abogado Greg Nott (del bufete Norton Rose Fulbright, que defiende a Semenya), publicó un artículo el pasado 18 de noviembre en el que asegura que la «#OperationRunFree sigue ganando impulso». «Los negros continúan surgiendo de las cenizas de la opresión para dejar su huella en la historia. Tenemos a Kamala Harris convirtiéndose en la primera mujer, negra e india-americana vicepresidenta de los Estados Unidos. Y Lewis Hamilton empató recientemente el récord de carreras de Fórmula 1 de Michael Schumacher para convertirse en el piloto más exitoso en la historia de este deporte».

«Desafortunadamente, la arena internacional del atletismo todavía no está ‘abierta a todos’ por así decirlo y es por eso que nuestra campeona olímpica Caster Semenya no renuncia a su lucha contra la discriminación en el atletismo internacional», agrega Nott.

Fuente Dosmanzanas

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La ex campeona, que dio su nombre a una cancha de Grand Slam de Australia, ha multiplicado los comentarios racistas y homofóbicos en los últimos meses.

Por si fuera poco su historial, la homófoba y campeona de tenis Margaret Court es ahora la cónsul honoraria de la república africana de Burundi, donde las personas LGBT+ han sido torturadas y los niños homosexuales son expulsados.

El ex número uno del mundo, el británico Andy Murray, dijo este jueves que estaba a favor de que el “Margaret Court Arena”, una de las principales canchas del Abierto de Australia en Melbourne, sea rebautizado porque la ex campeona australiana “ofendió a muchas personas ” por sus controvertidos comentarios sobre el apartheid o la homosexualidad. «Cambiarle el nombre es algo que el tenis debería considerar. No creo que sus valores sean lo que representa el tenis. Cuando llegás al Australian Open, querés concentrarte en el tenis. Y sus opiniones le restan valor a eso», destacó Murray en diálogo con el sitio Pridelife.com.

“No veo por qué alguien tiene un problema con dos personas que se quieren casar juntas. Si son dos hombres, o dos mujeres, eso es genial. No veo por qué debería eso importar. Todos deberían tener los mismos derechos“, señaló el escocés.

“Claramente ha ofendido y molestado a mucha gente durante años”, agregó el cinco veces finalista del Abierto de Australia, quien calificó de “positivo” que varios jugadores hayan hablado sobre el tema. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un cambio de nombre para la cancha, Murray dijo a favor: “Creo que esto es algo que el deporte debería considerar”.

Margaret Court, de 77 años, tiene el récord de títulos de Grand Slam de todos los tiempos con 24 trofeos. Ahora pastora pentecostal en Perth, Australia, fue objeto de fuertes críticas por elogiar el sistema del apartheid en Sudáfrica, diciendo que “el tenis está lleno de lesbianas” y que los niños transgénero son “Obra del diablo”. Court es una de las grandes glorias del tenis femeninos, pero en los últimos años ha llamado más la atención por sus duras declaraciones homófobas.  Ahora pastora pentecostal en Perth, Australia, fue objeto de fuertes críticas por elogiar el sistema del apartheid en Sudáfrica, diciendo que “el tenis está lleno de lesbianas” y que los niños transgénero son “Obra del diablo”.“Ella ofende claramente a numerosas personas desde hace años”.

Larga lista de comentarios homófobos

Por desgracia, no es la primera vez que Court aparece en los medios por sus salidas de tono homófobas. Además de sus ataques a Navratilova, a la que siempre ha considerado “un mal ejemplo”, en 2011 ya provocó otra controversia cuando aseguró que los gais estaban “exigiendo agresivamente derechos de matrimonio que no les pertenecen“. Unas palabras que merecieron las críticas de otra leyenda del tenis (y también lesbiana) Billie Jean King.

Y en 2013, la jugadora australiana Casey Dellacqua, que tiene dos hijos con su pareja Amanda, anunció públicamente que era una madre lesbiana. Court, obsesionada con el tema, no dudó en dar su opinión y afirmó públicamente que “veo con tristeza que este bebé ha sido aparentemente privado de tener un padre” y que de seguir tachando a la “unidad familiar tradicional” de “anticuada, arcaica y ya no más necesaria o relevante” acabaremos creando “una generación sin padre“.

Ministra de una iglesia pentecostal, la ex jugadora australiana, de 77 años, elogió en su momento al régimen racista del Apartheid en Sudáfrica, dijo que los niños transgéneros son «la obra del diablo», afirmó que el tenis está «lleno de lesbianas», contó que evitaría volar en la aerolínea Qantas por su apoyo al matrimonio homosexual y respaldó a su compatriota  Israel Folau , estrella del rugby, homofóbico y ferviente evangélico.

En noviembre de 2019, Court recibió un frío homenaje por parte de la Federación Australiana de Tenis para conmemorar los 50 años de su Grand Slam (logró los cuatro grandes en 1970). Durante la silenciosa ceremonia del lunes, la que fue nombrada Homófoba del Año 2018 de Australia recibió un trofeo de otro ex jugador de tenis, Rod Laver. Sin embargo, no se le permitió dirigirse a la multitud en vivo, con un video homenaje en su lugar. El Tribunal no recibió una ovación de pie y se encontró con abucheos dispersos de la multitud, mientras que un espectador ondeó deliberadamente una bandera australiana arcoiris. Court dijo sentirse «perseguida» por sus convicciones pero aseguró que muchas personas le habían expresado su apoyo.

Navratilova y McEnroe abogaron entonces porque la Margaret Court Arena pasase a llamarse Evonne Goolagong Arena, nombre de la primera tenista aborigen en conquistar un Grand Slam.

La excampeona Martina Navratilova, abiertamente lesbiana, aseguró  que Court trata de demonizar al colectivo LGTB. “Ahora está claro lo que Court es exactamente: una jugadora de tenis increíble, y una racista y homófoba“, señaló la ex jugadora americana de origen checo, en una carta abierta. “Su vitriolo no es solo una opinión. Ella está tratando activamente de impedir que las personas LGTB obtengan los mismos derechos (nota a Court: somos seres humanos también). Está demonizando a los niños y adultos transexuales de todas partes […] Los niños sufrirán más debido a este continuo golpeo y estigmatización de nuestra comunidad LGTB“, declaró Navratilova, que ya sufrió hace años los ataques de Court. Navratilova critica que la australiana insista “con sus comentarios ridículos sobre las mujeres mayores que atraen a las jóvenes a la gira de fiestas para convertirlas en lesbianas”. “Es una buena cosa que no nombró a nadie, estoy segura de que [de lo contrario] sería demandada por difamación“, añade.

John McEnroe fue rotundo. Lo hizo a través de un vídeo satírico en el que comienza relativizando la figura de Court: “Margaret Court es una leyenda de nuestro deporte con 24 títulos de Grand Slam y 52 títulos en total. Vale, la mayoría de ellos los ganó antes de la era Open [cuando los tenistas profesionales no podían competir en los torneos del Grand Slam o en la copa Davis], pero, ¿alguien los ha contado?… 34, para ser exactos”. McEnroe recuerda también que Margaret Court perdió el primer partido de la “batalla de los sexos” contra Bobby Riggs en 1973, y que ese mismo año Billie Jean King (otra tenista lesbiana) ganó a su vez a Riggs. “Creo que sé de donde te viene todo ese odio”, se burla McEnroe…

Pero es al criticar la afirmación de Court de que el tenis está “lleno de lesbianas” cuando McEnroe se muestra más rotundo. “Margaret Court dice que el tenis está lleno de lesbianas. Bueno, tal y como yo lo veo hay tres posibilidades: número uno, que lo que dice sea cierto… ¿A quién coño le importa? Posibilidad número dos: que no sea cierto… ¿A quién coño le importa? Posibilidad número tres: que sea parcialmente cierto. ¿De verdad, a quién coño le importa?”, espeta.

Sobre la discusión abierta en torno a si el Margaret Court Arena de Melbourne (uno de los estadios que albergan el Open de Australia), John McEnroe tiene una propuesta alternativa: “Mantengan el nombre, pero cuando el matrimonio entre personas del mismo sexo sea por fin legal en Australia, yo mismo llamaré a mi buen amigo Elton John para organizar allí la ceremonia de boda entre personas del mismo sexo más grande jamás vista”. Una solución que también a nosotros nos parece de lo más apropiada: toda esta reciente polémica, recordemos, deriva de la oposición de Margaret Court, reconvertida en pastora cristiana, a la aprobación del matrimonio igualitario en Australia.

“Una última cosa”, le dice John McEnroe a Margaret Court: “No te pongas histérica con el abrazo de del Potro a Almagro, con este llorando entre sus brazos [se refiere a lo sucedido  en Roland Garros, cuando el tenista argentino Juan Martín del Potro consoló con un abrazo a su rival, el español Nicolás Almagro, después de que este se lesionase y comenzase a llorar]. No es lo que piensas: es solo un ser humano decente consolando a un amigo desesperado. Necesitamos más de esto en estos tiempos. Ser solo un ser humano decente y comportarse de forma decente. ¿Sabes lo duro que sigue siendo hoy día, en 2017, salir del armario? Piensa un poco sobre ello”, acaba.

Las palabras de la extenista agitaron también las redes sociales y muchos amantes de este deporte han solicitado ya que la pista Margaret Court Arena sea renombrada, al no considerarla merecedora de tal honor. Tennis Australia, pese a haber dejado claro que no comparte la visión de Court, no tiene intención por el momento de modificar el nombre del estadio. La australiana, por su parte, dice sentirse “perseguida” y “acosada” por sus opiniones y comentarios. “Estamos siendo perseguidos. Nos están intimidando porque también tenemos libertad de expresión. Es muy, muy de sentido único“, apunta Court. Por el momento, la aerolínea Qantas no ha hecho ninguna declaración en torno a esta polémica.

Fuente Pridelife.com/Agencias/Cristianos Gays

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El Parlamento de Gabón ha derogado la penalización de las relaciones homosexuales, que se castigaban con penas de hasta seis meses de prisión y una fuerte sanción económica. La despenalización se ha producido un año después de que las relaciones entre personas del mismo sexo se incluyeran en el nuevo Código Penal entre los «delitos contra la moral». Aunque no se ha producido ninguna detención bajo estos cargos durante su periodo de vigencia, el mero hecho de que las relaciones homosexuales se consideraran un delito impedía que se denunciasen las agresiones sufridas por personas homosexuales o bisexuales.

El martes 23 de junio, la Asamblea Nacional de Gabón votó a favor de derogar el apartado 5 del artículo 402 del Código Penal, que penalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con hasta seis meses de cárcel y una sanción económica de 5.000.000 de francos de África Central (alrededor de 7600 euros u 8500 dólares). La votación se saldó con 48 votos a favor de la derogación, 24 en contra y 25 abstenciones. Posteriormente, el lunes 29 de junio, el Senado votó también favorablemente a la despenalización de las relaciones homosexuales, por una mayoría aún más amplia: 59 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones.

La derogación, que ha contado con el apoyo de altas instancias gubernamentales, se ha producido tan solo un año después de que se incluyeran las relaciones homosexuales entre los «delitos contra la moral» en el Código Penal aprobado a principios de 2019, que entró en vigor en julio de ese mismo año. Durante este periodo, no se ha producido ninguna detención bajo estos cargos.

No obstante, los defensores de los derechos LGTB gaboneses denunciaban que el mero hecho de que las relaciones homosexuales aparecieran en el Código Penal impedía que se presentaran denuncias cuando las personas homosexuales o bisexuales eran agredidas. Es decir, la penalización funcionaba como un seguro de impunidad para la violencia LGTBfoba.

A falta únicamente de la promulgación presidencial, Gabón queda fuera de la lista de países que criminalizan las relaciones homosexuales. Victoria Vasey, presidenta de Human Dignity Trust, expresaba su satisfacción por que «Gabón se une ahora a estados africanos como Seychelles, Angola, Mozambique y Botsuana, que han decidido eliminar de sus libros de leyes las disposiciones arcaicas que permiten la discriminación, la violencia y el hostigamiento contra las personas LGTB».

Gran parte de los sectores LGTBfobos habían expresado su desaprobación durante el proceso de votación de la derogación. La archidiócesis católica de Libreville instó a los senadores a votar en contra por medio de un comunicado emitido el 24 de junio, cuyo contenido incluía lo siguiente: «En nombre de la sabiduría de nuestros antepasados, contenida en nuestras diversas culturas, que celebra la vida, el amor, la familia, decimos no a la despenalización de la homosexualidad».

Criminalización de las relaciones homosexuales en el mundo

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

Tras la derogación de la penalización de las relaciones homosexuales en Gabón, aún quedan 72 países y territorios del mundo donde están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 69 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 72 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 43 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. África, Código Penal, Discriminación, Gabon, Homofobia, Human Dignity Trust, LGTBIfobia, Victoria Vasey

Gabón aprobó a mediados de año un nuevo Código Penal, que establece penas de prisión de hasta seis meses y una fuerte sanción económica para quienes mantengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. No obstante, la criminalización de la homosexualidad recogida en el nuevo texto legal no se ha difundido hasta ahora, cuando activistas que supervisan los derechos LGTB en el continente africano han tenido conocimiento de que se han producido detenciones al amparo de la nueva normativa. Con Gabón, son 73 los países y territorios del mundo que castigan las relaciones homosexuales.

El Parlamento de Gabón aprobó un nuevo Código Penal a principios de este año, que entró en vigor el 5 de julio, sin que se difundieran en ese momento las medidas condenatorias para las relaciones homosexuales recogidas en el nuevo texto legal. El título 14 del Código Penal ahora vigente recoge los delitos relacionados con las agresiones sexuales y los atentados contra la moral. El artículo 402 queda redactado de la siguiente manera:

Art.402

Los siguientes son delitos contra la moral:

1.º la exposición sexual impuesta a la vista de otros en un lugar accesible al público;

2.º las relaciones sexuales, incluso con consentimiento, excepto en el caso de incesto previsto en el subsiguiente artículo 403, entre un hombre y una mujer con un grado de parentesco que impida el matrimonio de conformidad con la legislación vigente;

3.º cualquier comportamiento, actitud o discurso repetido, asiduo o sugerente directamente o indirectamente atribuible a una persona que, abusando de la autoridad o  la influencia que se le confierem sus funciones o su rango social, con el objetivo de obtener favores sexuales de un individuo de cualquier sexo;

4.º cualquier acto indecente o antinatural con un individuo del mismo sexo y menor de dieciocho años;

5.º las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

Todo aquel que sea culpable de los actos indecentes a los que se hace referencia en el apartado pungidos 1, 2, 4 y 5 serán castigados con una pena de prisión no superior a seis meses y una multa no superior a 5.000.000 de francos CFA.

Toda persona culpable de acoso sexual a que se hace referencia en el punto 3 del presente artículo será castigada con una pena de prisión no superior a seis meses y una multa no superior a 2.000.000 de francos CFA.

De esta manera, las relaciones libres y consensuadas entre personas del mismo se castigan con pena de cárcel de hasta seis meses y una sanción económica de 5.000.000 de francos de África Central (alrededor de 7600 euros u 8500 dólares).

Esta criminalización supone una novedad respecto al Código Penal existente, herencia de la colonización francesa, que no castigaba de ninguna forma la homosexualidad, aunque sí establecía una edad diferente de consentimiento para las relaciones sexuales (15 años para las heterosexuales y 21 para las homosexuales). Ni el Gobierno de Gabón ni su ministro de Justicia han querido hacer declaraciones al respecto.

Davis Mac-Iyalla, un activista que supervisa los derechos LGTB en África occidental, afirma que había tenido conocimiento de que dos hombres gaboneses habían sido detenidos por mantener relaciones homosexuales después de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, y que solo habían podido conseguir su puesta en libertad tras sobornar a miembros corruptos de las fuerzas del orden. Mac-Iyalla, que es miembro de la Red Interreligiosa de Diversidad de África Occidental, considera que la reforma «ha causado que la comunidad LGBT pase a la clandestinidad y ha creado hostigamiento. La policía corrupta ahora la utiliza, detiene a personas que se ven obligadas a recurrir al soborno para salir liberadas».

Con esta reforma de su Código Penal, Gabón se suma a la larga lista de países africanos que condenan las relaciones entre personas del mismo sexo. Un lamentable retroceso en los derechos LGTB después de la buena noticia de la despenalización por parte del Alto Tribunal de Bostuana también a mediados de año.

Criminalización de las relaciones homosexuales en el mundo

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. África, Código Penal, Davis Mac-Iyalla, Discriminación, Gabon, Homofobia, LGTBfobia

“Me negaron el visado y me anunciaron la deportación. Por puto, por ser del SOY de Página/12, por la maldita tecnología de Google puesta al servicio de la buchoneada. Por haber escrito en 2001 un libro sobre la sociabilidad gay en una recóndita región del mundo, al menos desde el horizonte iraní.” 

El periodista y escritor argentino Alejandro Modarelli fue detenido el lunes 9 de septiembre en el aeropuerto de Teherán donde tenía previsto pasar una semana de vacaciones. En el aeropuerto fue sometido a un insólito interrogatorio. Google había dejado en evidencia su trabajo en SOY y su autoría del libro Fiestas, baños y exilios. “Acá se puede ser gay mientras no lo seas públicamente en ningún lugar del planeta” es una de las primeras conclusiones. Deportado, desde el avión de regreso que lo conduce a Estambul, comienza a escribir su crónica de viaje. SOY adelanta parte de lo que ocurrió en esas 24 horas en el aeropuerto de un país donde la sodomía se castiga con la muerte.

“Querida, me deportan. Estoy encerrada en migraciones del aeropuerto de Teherán por puto del SOY de Página/12 y por el libro Fiestas, baños y exilios. Me devuelven a Estambul en 7 horas.” Con rigor y síntesis, un par completamente ajeno al estilo erotobarroco que le valió el título de “Rosa prepucio”, Modarelli enviaba este sumario de su futura crónica y también, para buena entendedora, un pedido de socorro. Con el dandismo que aflora ante el peligro en toda una generación educada bajo el Tengo miedo torero de Lemebel y la mujer araña de Puig, me anunciaba ayer a las 11 de la mañana vía whatsapp que estaba detenido en el Ayatollah Jomeini.

El nombre del aeropuerto de Teherán me distrajo un segundo antes de comunicar el problema de nuestro compañero a la dirección de este diario que enseguida contactó con el cónsul argentino en Teherán. Apareció la escena en la que el último Sha, Mohamad Reza Pahleví, camina abucheado por el pueblo junto a la bella esposa Farah Diba, la Grace Kelly persa desterrada con sus dos hijos que tanto había costado traer al mundo. Hito y eslabón de una enorme tragedia nacional que aquí se devoraba como chimento de Revista Hola, que es como se leía a Oriente hace unos 40 años. Y enseguida, la escena de la valiente periodista italiana Oriana Fallaci, que años después se volvió reaccionaria y racista, cuando le dijo “tirano” en la cara a al Ayatolah Jomeini y se sacó el chador en su presencia. ¿Se animaría Alejandro a responder sí cuando el más pesado de los oficiales le preguntara: “¿usted es gay”? En algunos artículos sobre la regulación de la sexualidad en Irán dicen que esa pregunta se le formula 4 veces al acusado y si la respuesta sigue siendo un sí, se da por comprobada la sodomía. La Fallaci tenía el respaldo de las cámaras y un mundo de testigo, y un Ayatolah que por su religión no podía permitirse estar ante una mujer sin velo y se retiró.

El periodista argentino, demorado en migraciones tenía un celular con batería y muy buena señal, que nadie le confiscó en ningún momento. Lo pusieron en un salón que él mismo describió como VIP, posiblemente en comparación con el maltrato que temió venir y que no vino. La realidad de Oriente, sujeta como antes a la deformación, ya no se lee como cuento de hadas sino como una miniserie de acción y guerra, sede de los mayores atentados contra los derechos humanos. Hay algo muy cierto: el Código Penal Islámico iraní que se volvió “más moralista” desde la revolución iraní de 1979 con Jomeini, contempla la pena de muerte por el delito de sodomía, lo mismo que para el adulterio. En algunos artículos, el código, que parece concentrarse en la práctica de penetración, en desmedro del ser y parecer, distingue la pena que le correspondería a los sodomitas “pasivos o receptores” (la muerte) y a “los activos” que tienen cierta chance de salvarse de la lapidación. Este año ahorcaron a un hombre de 31 años declarado culpable de tener relaciones sexuales con otro hombre. ¿Que le puede pasar a un extranjero proveniente de Sudamérica? ¿Por portación de cuerpo un visitante infringe la ley?

En junio de este año la cantante británica Joss Stone, pasó por el mismo calvario burocrático que Modarelli. Un poco más: estuvo detenida una noche y luego deportada por cantante y por mujer en un país donde la ley prohíbe que las mujeres ofrezcan un show de musica solista. Pero ella no planeaba cantar en Irán, ni discutir las leyes de ese país. La deportaron “por las dudas”, le confirmaron que figuraba en lo que ellos mismos llamaron “la lista negra” donde sin dudas Modarelli comparte cartel.

¿Cómo lo descubrieron? Entusiasta Marco Polo de la política sensual de Oriente, Modarelli no ignora la advertencia que figura en todas las guías gays del mundo: la lista de lugares de riesgo para el turista gay forman un mapa mundi: Irán junto con Emiratos Árabes encabezan una lista que sigue con Rusia, Líbano, Singapur, Liberia, Bután, Burundi y Turkmenistán, y mucho más. Queda descartado que haya descendido del avión con la capelina y los guantes que suele lucir en su cuenta de Facebook gracias al make up de ciertas aplicaciones. Los sabuesos de Teherán no detectaron la mariconería a flor de piel, Modareli evitó también darse un paseo por los baños del aeropuerto. Lo estaban esperaban con su prontuario, inteligencia de prevención online, como le pasó a Joss Stone: “Me preguntaron si era yo era el autor del libro Fiestas, baños y exilios, y luego si era también el que escribía esas notas en Página/12. Dije que sí”. La palabra clave que aparece en el subtítulo del libro que escribió junto con Flavio Rapisardi en el año 2001 debe haber desatado el resto: “Los gays porteños en la última dictadura”. Le hicieron una tercera pregunta: ¿usted es gay? Le comunicaron que estaba deportado y que debía esperar allí el próximo avión.

A la media hora llegaba este nuevo mensaje: “Acaban de venir a decirnos que si queremos entrar lo arreglan si damos dinero por izquierda.”

Desde aquí, algunos amigos, generación educada en Jean Genet y su teoría de la verdad carcelaria y la ética delincuente, alentaban al cronista a que pagara la coima y siguiera la aventura hasta las últimas consecuencias. Modarelli mientras tanto, se habrá sentido como en casa: el tono agazapado del coimero, los cambios de humor ante la duda de su víctima, parecen hermanarnos a todes en la distancia con un sello que consideramos argentino. Finalmente tomó una decisión algo más burguesa pero que le permitirá contar este cuento. Nuevo mensaje: “Te confieso que me tenté. Por puta casi agarro, pero le dije que no”. Le anunciaron que el próximo avión saldría en 7 horas que terminaron siendo muchas más. Con un pie en el avión que lo saca de Irán, envía esta mañana el comienzo de esta historia escrita en el VIP y desde el teléfono celular. Llega con título y con firma:

“Son las 9 pm en el Aeropuerto Khomeini en Teherán. Si no fuera porque me encerraron en un salón VIP y me sumerjo en la ingesta que ha hecho de mí un objeto de deseo en el Medio Oriente – tal punto que no quiero dejar rincón sin probar- creo que estaría a punto caramelo para sufrir un ACV.

Hace unas horas llegue a Irán embarazada con las imágenes de Persépolis, de los mercados persas, de los jardines de Babilonia. Es decir, entregada a todos los deleites que la tradición oral y rectal me proveía en mis días de asfalto porteños. Me habían afirmado que no habría problemas en hacer una visa on arrival, es decir que, con un formulario y estampillado a la llegada, se abrirían las grandes alamedas de esta parte de Oriente.

Pero no. Después de un agradable recibimiento, con mi amiga la Juan, que se puede ver en segundo plano en la foto tratando de entretenerse con un sandwich, tuvimos que asentar nuestras nalguicies en la mesa de migraciones, como si se tratara de un té en suspenso, promesa de backlavas y hamames. Al rato las caras de los funcionarios fueron transformándose en burocracias malevas, miradas de soslayo desde atrás de los mostradores , ir y venir y preguntas sobre ocupaciones y proyectos turísticos, hasta que en un momento emerge de una puerta otro de los chongos, pero en registro S/M, que se sienta y me mira con unos ojos que me laceraban las tetillas y me pregunta: “Es usted el autor de Fiestas, baños y exilios?”

Yo no sabía si venía a encarcelarme o a pedirme un autógrafo. Gesto adusto, este Darío de la posmodernidad iraní conmovió mis carnes y atizó mis miedos de viajera madura pero sin paz. “¿Es usted gay, qué quiere hacer en Teherán?”

De pronto una vanguardia de ángeles maricones sobrevolaron la coránica sala, pintaron de rosa los escritorios, dejaron al desnudo los cuerpos, y me elevaron sobre la mesa para darme el coraje de decir “Sí”. Uno de Los Ángeles se llamaba Juan Gabriel, y oí que se reía : “lo que se ve no se pregunta”.

Me negaron el visado y me anunciaron la deportación. Por puto, por ser del SOY de Página/12, por la maldita tecnología de Google puesta al servicio de la buchoneada. Por haber escrito en 2001 un libro sobre la sociabilidad gay en una recóndita región del mundo, al menos desde el horizonte iraní.

Sigo a la espera del avión que me devuelva a Estambul en 10 horas. Cada tanto cruza mi camino un bello muchacho al que quisiera cantarle “dicen que nuestro amor es imposible, pero qué se yo de los amores y las religiones ”.

Ahora me llama el cónsul argentino en Teherán gracias a los oficios del diario en el que saldrá esta crónica. Indignado por la necedad de los muchachos de migraciones. Y por el esmero que a veces ponen en las pingües avivadas: a ver si el colibrí deja caer unos verdes del pico. Me comenta que hoy es un día de luto en este país. Irán toma la forma de un pastel negro, requiem seriados chiitas, performances en los que los cuerpos son almas y esas almas representaciones del cuerpo martirizado del nieto de Mahoma, asesinado en el año 680 después de Cristo. La conmemoración se llama Ashura, y acá de yapa, tienen a una marica en pleno martirio aeroportuario.

Una vez que pase este momento de pánico que, como movimiento de sístole y diástole, me atraviesa el corazón y me encarna el alma fugitiva, seguiré con el relato como otro más de las Mil noches y una noche. Sherezada hirviendo en los corredores de Jomeini , caliente como un pescado a la marsala.” ¡CONTINUARA!

Fuente: Página 12, vía SentidoG

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Coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de su fundación, ILGA ha reanudado la publicación de su informe sobre la homofobia de Estado, tras un receso de un año. Desde el su último reporte, publicado en mayo de 2017, ILGA celebra que se hayan despenalizado las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo en tres países: India, Trinidad y Tobago y Angola. También se congratula que desde esa fecha el matrimonio igualitario sea una realidad en Malta, Alemania, Australia y Austria. Sin embargo, alerta de que de los derechos adquiridos no son inamovibles y pueden perderse, como ocurrió en Chad cuando se volvieron a penalizar las relaciones homosexuales en 2017, y que el auge de los populismos conservadores amenaza las conquistas incluso en los países más avanzados en el respeto a los derechos humanos.

Dentro del informe, como es costumbre, ILGA edita un mapa explicativo de la situación legal de las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo. Si en otros años la parte positiva se materializaba en el matrimonio igualitario, este año ILGA ha considerado como límite favorable que la no discriminación basada en la orientación sexual tenga rango constitucional. En el extremo negativo se sitúan los países que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, y el límite en aquellos que las castigan con la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Este es el mapa descriptivo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

DERECHOS Y PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRMINACIÓN

Leyes contra la discriminación con base en la orientación sexual

Tan solo en 9 países pertenecientes a la Naciones Unidas se protege constitucionalmente de manera específica contra la discriminación por razón de la orientación sexual:

Bolivia, Ecuador, Fiyi, México, Nepal, Malta, Portugal, Sudáfrica y Suecia.

Sin embargo, a pesar de esa protección constitucional, en Bolivia, Ecuador, Fiyi y Nepal se discrimina a las parejas del mismo sexo al negarles la posibilidad de contraer matrimonio, tal como se permite a las parejas de distinto sexo.

A estos 9 países se añaden otros 43 en los que existe una legislación específica que proporciona una «protección amplia» contra la discriminación con base en la orientación sexual:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mauricio, Mongolia, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Surinam y Uruguay.

Como en el caso anterior, la protección legal contra la discriminación no implica la plena igualdad de derechos. No solo en la mayoría de estos países también se discrimina a las parejas del mismo sexo, sino que en alguno, como en Mauricio, se compagina esa protección con la penalización de las relaciones homosexuales masculinas, que están castigadas con penas de hasta 5 años de cárcel.

En 73 de los países pertenecientes a Naciones Unidas existen leyes que protegen contra la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual, aunque en algunos de ellos las relaciones entre personas del mismo sexo estén castigadas penalmente (es el caso de Botsuana, Kiribati, Mauricio, Samoa, Santa Lucía y la región autónoma de las Islas Cook). En 39 se han promulgado leyes que castigan los actos de incitación al odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual. En otros 42 países se imponen penas más severas por delitos motivados por el odio hacia la orientación sexual de la víctima.

ILGA estima que en 8 países la protección contra la discriminación con base en la orientación sexual es limitada o dispar en su territorio:

Argentina, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, República Dominicana y Vanuatu.

En otros 55 países no existe ningún tipo de legislación contra la discriminación, pero tampoco se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Entre ellos están gigantes demográficos como China, India, Indonesia y Rusia.

Los derechos de las parejas del mismo sexo: matrimonio y adopción

En cuanto a los derechos de las parejas del mismo sexo, en 26 de los países pertenecientes a las Naciones Unidas existe la igualdad de acceso a la institución del matrimonio:

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte), Sudáfrica, Suecia y Uruguay,

El próximo mes de mayo vencen los plazos establecidos por sus respectivas Cortes Constitucionales para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal en Costa Rica y Taiwán.

En otros 16 estados se han establecido distintos tipos legales de unión que reconocen algún tipo de derechos a las parejas del mismo sexo:

Andorra, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Liechtenstein, República Checa, San Marino y Suiza.

En 28 países se permite la adopción en las mismas condiciones que a las parejas de distinto sexo:

Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Uruguay,

En 3 países más, solo se permite la adopción de los hijos de la pareja:

Eslovenia, Estonia y San Marino.

LA HOMOFOBIA DE ESTADO

Criminalización de las relaciones homosexuales

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Respecto al informe de 2017, han desparecido las referencias a Siria e Irak, donde se implementaba actores no formalmente estatales como el Estado Islámico.

Restricciones a la libertad de expresión y la actuación de ONG

Aparte de la criminalización de las relaciones homosexuales, en 32 Estados existen leyes que restringen la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bielorrusia, Camerún, Catar, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Marruecos, Nigeria, Omán, Paquistán, Paraguay, Rusia, Singapur, Siria, Somalia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda y Yemen.

En Europa, aparte de Rusia, Lituania y Bielorrusia, ha habido intentos de aprobación de leyes contra la «propaganda homosexual» (que prohíben informar positivamente de las relaciones entre personas del mismo sexo) en Armenia y Letonia. En Hungría se han prohibido por decretos los estudios de género en las universidades. Por su parte, en los Estados Unidos de América, siete estados (que representan el 17,4 % del total) han promulgado leyes locales que también se han definido como contrarias a la «propaganda homosexual» en el ámbito educativo.

En 41 países se ha constatado que se plantean barreras para la formación, el establecimiento o el registro de ONG relacionadas con la orientación sexual:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Catar, China, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Fiyi, Irán, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Rusia, Senegal, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Yemen y Zambia.

Según declaraban Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA, «esto no son solo cifras, sino leyes que realmente impactan la vida diaria de las personas de diversas orientaciones sexuales en todo el mundo. Las leyes positivas marcan la diferencia: pueden contribuir a cambiar las actitudes del público y, concretamente, dicen a la gente que son igualmente dignas de derechos».

Puedes descargar el informe completo de ILGA en inglés sobre Homofobia de Estado (536 páginas) en este enlace.

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Estalla la polémica en los Estados Unidos al alinearse con países como Iraq, Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos al votar en contra de una resolución de la ONU que condena la pena de muerte a personas homosexuales, entre otros casos.

Presentada por ocho países: Bélgica, Benin, Costa Rica, Francia, México, Moldavia, Mongolia y Suiza, el pasado 28 de septiembre se votaba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una resolución llamada The question of the death penalty (La cuestión de la pena de muerte, en español), en Ginebra, que era aprobada con 27 votos a favor, 7 abstenciones y 13 votos en contra. Se trata de una resolución que condena la imposición de la medida capital cuando «se aplica de manera arbitraria o discriminatoria», condenando específicamente «la imposición de la pena de muerte como una sanción para formas específicas de conducta, como apostasía, blasfemia, adulterio y relaciones consensuadas con personas del mismo sexo». China, Iraq, Qatar, Japón, India, Egipto, Burundi, Botswana, Etiopía, Bangladesh, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos a los que se ha unido igualmente los Estados Unidos, suscitando la polémica entre activistas y grupos en defensa de los derechos del colectivo LGBT.

«Los titulares, informes y comunicados de prensa sobre este tema son engañosos. Como nuestro representante ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra dijo el viernes, los Estados Unidos están decepcionados de tener un voto en contra en esta resolución. Esperábamos una resolución equilibrada e inclusiva que reflejara mejor las posiciones de los estados que continúan aplicando la pena de muerte legalmente, como lo hace Estados Unidos», explica el martes, 3 de octubre, Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se veía obligada a explicar los motivos que les habían llevado a votar «no» contra esta resolución tras las protestas de numerosas asociaciones LGBT.

«Votamos en contra de esa resolución debido a preocupaciones más amplias con respecto al enfoque de la resolución para condenar la pena de muerte en todas las circunstancias (…). Los Estados Unidos condenan inequívocamente la aplicación de la pena de muerte por conductas como la homosexualidad, la blasfemia, el adulterio y la apostasía. No consideramos que dicha conducta sea apropiada para la criminalización», explica la portavoz.

Uno de los primeros en condenar este voto era Human Rights Campain, desde donde han agradecido las explicaciones de Nauert, lo que no impide que sigan preocupados «por el compromiso de Gobierno de Trump/Pence sobre los derechos humanos de las personas LGBTQ en el extranjero (…). Es preocupante que el liderazgo en esta administración no haya discutido esta posición en su explicación original para el voto ‘no’». Por su parte, Renato Sabbadini, director ejecutivo de ILGA, afirma que «es inconcebible pensar que hay cientos de millones de personas que viven en estados donde alguien puede ser ejecutado simplemente por según a quien ama. Este es un momento monumental en el que la comunidad internacional ha destacado públicamente que estas horrendas leyes simplemente deben terminar».

Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International, una organización global de derechos humanos LGBTQ, reconoce que el voto de los Estados Unidos sobre la resolución de los Estados Unidos puede haber sido malinterpretado, dado que según afirma «los Estados Unidos siempre se oponen a esta resolución sobre la pena de muerte, porque hace referencia a una moratoria global de la pena de muerte. Tanto Obama como Trump, siempre que la pena de muerte sea legal en los Estados Unidos, han tomado esta posición (…). OutRight reclamará a la administración de Trump por sus numerosas violaciones de derechos, sus muchos abusos de poder desde violaciones a LGBTI hasta la xenofobia, pero esta instancia en particular no es un ejemplo de una contracción del apoyo a los derechos LGBTI (…). Sería un error interpretar su oposición a una resolución de pena de muerte a un cambio en la política»

Ante la polémica suscitada por el voto negativo contra esta resolución, la propia embajadora de los Estados Unidos en la ONU, Nikky Haley, defendía al día siguiente, 4 de octubre, a través de su cuenta de Twitter que «no hubo un voto por parte de los representantes de los Estados Unidos en la Naciones Unidas que apoyara la pena de muerte para los homosexuales. Siempre hemos luchado por la justicia para la comunidad LGBT». En un segundo tuit recordaba que «la votación que tuvo lugar en Ginebra es la misma votación que tuvo lugar en la administración de Obama. No fue un voto en contra del colectivo LGBT», añadiendo el hashtag Fact (Hecho, en español). Solo una semana después, este martes, 9 de octubre, Haley anuncia su intención de abandonar el cargo que ocupará solamente hasta final de año.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Arabia Saudita, Bangladesh, Bélgica, Benín, Botswana, Burundi, China, Consejo de Derechos Humanos, Costa Rica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Ginebra, Heather Nauert, Homofobia/Transfobia, Human Rights Campain, ILGA, India, Iraq, Japón, Jessica Stern, México, Moldavia, Mongolia, Nikky Haley, ONU, Pena de Muerte, Qatar, Renato Sabbadini, Suiza, The question of the death penalty