Comentarios desactivados en El Salvador: Bukele intensifica sus políticas contra la “ideología de género”
El recientemente reelegido presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acaba de prohibir que la mal llamada “ideología de género” entre en las escuelas del país, calificándola de “antinatural, antidios y antifamilia”.
SAN SALVADOR – El gobierno del presidente Nayib Bukele, ha intensificado sus críticas y políticas contra la ideología de género. Colectivos LGBTI y feministas denuncian retrocesos en el acceso a derechos en instituciones del Estado.
Luego de su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un evento desarrollado en Estados Unidos por grupos conservadores y de ultraderecha, Bukele declaró al movimiento Padres en Acción que su gobierno no permite el desarrollo de contenidos académicos con ideología de género ni en escuelas ni colegios.
“(Nuestros hijos) se los confiamos al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles en sus vidas, biología, matemática, cosas importantes para su aprendizaje. Luego vienen y quieren meterles ideologías. Quieren meterles cosas contrarias a la naturaleza”, dijo en declaraciones con la directora de Moms for Liberty, una organización que busca expulsar la llamada ideología de género de las escuelas.
En la CPAC intervinieron, además, el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) y el mandatario argentino, Javier Milei, quien esta semana también anunció que prohibirá el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública del país sudamericano.
Un poder inconstitucional
Bukele, de 42 años de edad, se ha autodefinido como “el dictador más cool del mundo”. Ganó a inicios de febrero la reelección con una aplastante victoria pese a la prohibición de la Constitución que impide los mandatos consecutivos.
De origen palestino, Nayib es uno de los diez hijos de Armando Bukele Kattán, un fallecido empresario y fundador de cuatro mezquitas en El Salvador.
“Nos hacen pagar (impuestos) para que tengan una educación contraria a la naturaleza, contraria a Dios, contraria a la familia, contraria a lo que los padres queremos, ese es el verdadero peligro y hay que erradicar eso de las escuelas”, agregó.
“Es un plan premeditado para destruir a las futuras generaciones”, sostuvo Bukele.
🏳️🌈 Sigan apoyando y aplaudiendo a alguien que esta en contra de sus derechos, alguien que habla de mejorar la educación y en 5 años ni una sola reforma al sistema y si en este nuevo periodo las hay, esta claro que serán encontrar de nuestra libertad . 💅👠#Ladydragpic.twitter.com/7GGRrSVmb6
El mandatario descartó que el país se contemplaran cambios en materia de aborto, matrimonio del mismo sexo y la eutanasia en un pliego de reformas a la Carta Magna que fueron promovidas por un equipo de abogados dirigidos por su propio vicepresidente, Félix Ulloa.
“He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia”, escribió Bukele en septiembre de 2021.
Un año más tarde, el gobierno prohibió emitir un contenido de identidad sexual en la televisora estatal canal 10 y anuló un contrato con un instituto de formación docente que transmitía un programa educativo, después de recibir presiones ciudadanas que argumentaban supuesta ideologización a estudiantes.
La directora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH), Mónica Linares, denunció que en noviembre pasado la Corte Suprema de Justicia decidió terminar un acuerdo con la organización para realizar jornadas de sensibilización de jueces y personal de la corte por las solicitudes cambio de nombres e identidad.
Regimen de Excepción
Pero las principales críticas a su gobierno derivan de la aplicación de casi dos años de un Régimen de Excepción para combatir a las pandillas llamadas “maras”. La polémica medida que suspende algunos derechos constitucionales ha permitido detener a más de 75.000 presuntos miembros de estas estructuras.
Según datos oficiales, en 2023, el número de homicidios en El Salvador se redujo un 68.8% debido a la continuidad del estado de emergencia. El año pasado se cometieron 154 asesinatos, frente a los 495 del año previo, mientras que se reportó una tasa de 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas del continente.
Durante 24 meses, las organizaciones de derechos humanos contabilizan unas 236 muertes bajo custodia del Estado y más 5,775 de personas a quienes les han violado los derechos humanos. Entre ellas reportan 53 vulneraciones a poblaciones LGBTI+, de las cuales 39 son detenciones arbitrarias, afectando principalmente a mujeres trans y hombres gay.
Escuelas sin ideología de género
Luego de las declaraciones de Bukele a Padres en Acción, el periodista y analista venezolano Eduardo Menoni, publicó en su cuenta de X: “ÚLTIMA HORA: DURÍSIMO GOLPE AL LOBBY LGBTIQ+. El ministerio de educación de El Salvador CONFIRMA que ha expulsado de guías, libros y materiales educativos, todo rastro de la ideología de género de las escuelas. • ¿Apoyas esta CONTUNDENTE MEDIDA ordenada por Nayib Bukele?”, escribió.
El ministro de Educación, José Mauricio Pineda, citó el post de Menoni y confirmó que “todo uso o todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”, sin dar detalles.
“Todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”, ha confirmado el ministro de Educación de El Salvador, José Mauricio Pineda, siguiendo las instrucciones de Bukele, que cree importante “que se retome a Dios en las escuelas, que se retome la moral, el civismo, que se aprendan las cosas tradicionales, como matemática e historia, […] nadie está en contra de modernizarse, de lo que estamos en contra es que metan ideologías antinaturales, antidios, antifamilia, eso no cabe en nuestras escuelas”, dijo.
Diputados oficialistas publicaron mensajes de respaldo a la medida de prohibir la enseñanza de ideología de género, mientras que simpatizantes de Bukele alabaron sus declaraciones. Un caricaturista identificado como @KikeCastaneda2 dibujó una mano que dice El Salvador depositando en un recipiente de la basura banderas de la población LGBTI, con la frase que “no quede rastro”.
Agencia Presentes solicitó un pronunciamiento oficial del Ministerio de Educación, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta, sin embargo, en una breve publicación en X, la cartera de Estado que los contenidos con ideología de género fueron expulsados de guías, libros y materiales educativos.
El ministerio de Salud ordenó esta semana retirar todo material que tenga que ver con diversidad sexual y documentos que permitían identificar el género de los usuarios en los centros asistenciales, denunciaron activistas LGBTI.
Para la tribuna y contra la Constitución
“Tal parece que están buscando quedar bien con estos grupos que se oponen a los derechos de las mujeres y las personas LGBTI. Está claro que hay un sentido político de buscar, provocar y promover la discriminación, a pesar que la Constitución de la república, prohíbe la discriminación hacia las personas por cualquier razón”, dijo a Presentes Mariana Moisa, de la Colectiva Feminista.
Por su parte, el activista, Erick Ortiz, dijo que el oficialismo estaba recurriendo al miedo construido sobre la base de la desinformación que existe sobre la población LGBTI.
“Ese caballito imaginario que llaman ‘ideología de género’, en este caso, no es más que un paraguas para explotar políticamente las vidas de personas que siempre hemos estado excluidas, y radicalizar religiosamente a su base de aplaudidores”, escribió Ortiz en X.
“Las personas LGBT+ seremos solo unas más en la larga lista de perseguidas que se utilizarán para atornillar su narrativa de víctima (y paladín de las causas absurdas). Mientras engaña ahora a las derechas huérfanas de proyecto político, como antes lo hizo con la izquierda salvadoreña, el Señor de Los Sueños (Bukele) construye un Estado cuya única finalidad es la de imponer una dinastía familiar cleptocrática. Y para ello, el camaleón mutará las veces que sean necesarias” agregó.
Comentarios desactivados en “Nayib Bukele, rehén del fundamentalismo evangélico”, por Juan José Tamayo
Leído en su blog:
De nuevo presidente de El Salvador tras unas elecciones fraudulentas
El artículo 154 de la Constitución salvadoreña establece que “el período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”
En dicho encuentro, Bukele expuso su testimonio sobre el apoyo que recibió de Dios en su acceso a la presidencia del país. Contó cómo el Espíritu Santo anunció a unos pastores evangélicos antes de las elecciones que él sería presidente de El Salvador
Bukele tomó la Asamblea rodeado de militares y policías, violando el dispositivo de seguridad legislativa. Se sentó en la silla del presidente del Poder Legislativo, hizo sonar el gong para abrir la sesión, se quedó en silencio, se cubrió el rostro con las manos, se puso a orar y, haciendo apelación a una legitimidad divina, dijo que Dios le había hablado y le había dicho que “tuviera paciencia”
Nayib Bukele acaba de conseguir la presidencia de la República de El Salvador por segunda vez. Y lo ha hecho en unas elecciones fraudulentas ya que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección. El artículo 154 establece que “el período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funcionesni un día más”. El artículo 248 es contundente al afirmar que “no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”. Por si hubiera alguna duda sobre la no continuidad del Presidente, según el artículo 75, “pierden los derechos de ciudadano los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”. Según este artículo, promoviendo su reelección y presentándose a ella, es el propio Bukele el que pierde sus derechos de ciudadanía.
En esta artículo voy a centrarme en la alianza del Bukele con los sectores evangélicos fundamentalistas, de los que es rehén. Son ellos quienes legitiman religiosamente su política represiva, autoritaria y, a la postre, antidemocrática, desde que asumió la presidencia por primera vez en 2019. En diciembre de 2018, en vísperas del cierre de la campaña electoral a la presidencia de la República salvadoreña, el candidato Bukele se comprometió ante un grupo de pastores evangélicos a crear una Secretaría de Valores en sintonía con la educación moral que ellos impartían en sus iglesias. En su toma de posesión como presidente de la República, el 1 de junio de 2019, invitó a dirigir una oración al pastor evangélico argentino Dante Gebel, ministro de las Asambleas de Dios, pastor de River Church de Anaheim (California) y cantante en estadios abiertos donde ha conseguido reunir a 100.000 personas
Años antes de ser presidente, Bukele recibió la visita de Franklin Cerrato, pastor evangélico para la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, con quien desde entonces mantiene una estrecha relación. El 23 de julio de 2019, Cerrato organizó un encuentro de líderes evangélicos de la diáspora, del Movimiento Pastores por El Salvador y de la Latino Coalition for Israel con Bukele, ya como presidente de la República, en el hotel Crowne Plaza de San Salvador, donde presentó una propuesta de Iglesia para la nación y un plan de trabajo conjunto para “recuperar los valores y principios para la familia”. En dicho encuentro, Bukele expuso su testimonio sobre el apoyo que recibió de Dios en su acceso a la presidencia del país. Contó cómo el Espíritu Santo anunció a unos pastores evangélicos antes de las elecciones que él sería presidente de El Salvador.
El ‘anuncio’ de Dios
En 2012 había ganado las elecciones a la alcaldía de San Salvador. Su intención era volver a sus empresas una vez terminada su gestión en la alcaldía. Pero sus planes cambiaron cuando un grupo de pastores de distintos países se presentó en su despacho para informarle de lo que Dios les había comunicado: que sería presidente de la República y después tendría otro cargo que no le revelarían.
En citado encuentro del 23 de julio estuvo presente Mario Bramnick, pastor asesor de Donald Trump, cuya misión era defender a Israel y convencer a los líderes latinoamericanos para que trasladaran sus embajadas en Israel a Jerusalén. El pastor anunció allí el final del cautiverio de El Salvador y de toda América Latina y declaró a Bukele libertador de su país: “Estamos en una etapa de cumplimiento de la profecía de los 70 -dijo-. El tiempo del cautiverio se acabó, el Señor está levantando Ciros no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica. Bolsonaro es un Ciro, su presidente Bukele es un Ciro para este tiempo. Dios está sobre él” [1].
Bramnick reconoció estar en un tiempo “muy sobrenatural” y presumió de que, gracias a la intervención divina y al lobby de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ya había trasladado a Jerusalén su embajada en Israel. La vinculación de Bukele con pastores ultraconservadores no se limita a encuentros puntuales, son relaciones sostenidas por redes cercanas a Bramnick, con fuertes lazos políticos con gobiernos de derecha y una expresa oposición al matrimonio homosexual y al aborto, propuestas fundamentales de la agenda moral de los pastores evangélicos, que coinciden con las de la Iglesia católica.
Otros personajes políticos de la derecha salvadoreña han reforzado la tendencia presidencial hacia el fundamentalismo. La diputada del Partido Conciliación Nacional, Eileen Romero, presentó en noviembre de 2019 en la Asamblea Legislativa una moción para decretar la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas. También en noviembre de 2019, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa otorgó un espacio en la agenda oficial para que un grupo de diez pastores evangélicos entrara a orar por los diputados y las diputadas para que “Dios los ilumine” a la hora de legislar sobre los grandes temas del país.
Oraciones para legitimar el autogolpe
Desde su elección como presidente de la República de El Salvador, en junio de 2019, Nayib Bukele viene dando numerosas muestras de autoritarismo y autocracia, que llegaron a su zenit con el autogolpe de Estado en febrero de 2020. El 9 de febrero de ese año convocó por vía de urgencia a la Asamblea Legislativa para aprobar un crédito de 109 millones de dólares para su plan de seguridad pública, denominado Control Territorial, que había sido impugnado anteriormente por fallos de tipo constitucional. Esta situación llevó a la parte opositora de la Legislatura a rechazar la convocatoria. Ante la negativa, Bukele hizo un llamamiento a la insurrección popular pidiendo a la gente que acudiera al exterior de la Asamblea para presionarla por la aprobación del crédito extraordinario. El Ejército le prestó públicamente lealtad y le mostró su disposición a cumplir sus órdenes. Las Fuerzas Armadas ocuparon las calles adyacentes a la Asamblea y finalmente todo el recinto legislativo. Se trataba de una violación del Estado laico y de un retroceso democrático.
Ese mismo día, con la sola asistencia de 28 de los 84 diputados, Bukele tomó la Asamblea rodeado de militares y policías, violando el dispositivo de seguridad legislativa. Se sentó en la silla del presidente del Poder Legislativo, hizo sonar el gong para abrir la sesión, se quedó en silencio, se cubrió el rostro con las manos, se puso a orar y, haciendo apelación a una legitimidad divina, dijo que Dios le había hablado y le había dicho que “tuviera paciencia”.
Lo que hizo Bukele en realidad fue un intento de golpe contra la Asamblea Legislativa al entrar en ella rodeado de militares y policías y, a la postre, contra la democracia, así como una usurpación de la función del presidente del Legislativo. La toma militar de la Asamblea fue un atentado contra la regla democrática de separación de poderes, que pretendió legitimar religiosamente a través de la oración que hizo sentado en la sede del presidente del Poder Legislativo. Los únicos apoyos con los que contó fueron su partido aliado, el ejército y la policía. Con la toma militar del Parlamento demostró su negativa al diálogo y su incapacidad para llegar a acuerdos con las diferentes fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa.
Numerosos colectivos sociales condenaron la militarización, la toma violenta y la profanación del espacio legislativo nacional. La oposición reclamó la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) para frenar lo que calificó de “autogolpe de Estado”. La OEA no se pronunció al principio de manera concluyente, pero días después respaldó a Bukele.
Gestión autoritaria de covid-19 en El Salvador
Volvió a demostrar su perfil autoritario, antidemocrático y religiosamente fundamentalista durante la pandemia de la covid-19. Declaró “Estado de Excepción” sin que se hubiera producido un solo caso de contagio. Cuando los casos de contagio aumentaron, anunció en la cadena nacional de radio y televisión que la presidencia, en vista de la difícil situación, decretaría el domingo 24 de mayo de 2020 como Día Nacional de la Oración “para que Dios sane nuestra tierra y nos permita vencer la pandemia que está golpeando al mundo entero”.
Nuevamente, el 9 de agosto del mismo año, cuando la pandemia estaba en su mayor escalada en El Salvador, decretó otro Día Nacional de la Oración “para pedir a Dios que nos proteja de esta enfermedad y nos libre de sufrimiento”. Cuando los casos comenzaron a bajar, atribuyó el descenso, entre otras causas, a los días nacionales de la oración decretados por él.
Recuperar la figura profética de monseñor Romero
En el clima de integrismo político-religioso reinante hoy en El Salvador, creo necesario recuperar la figura profética y de gran talla moral de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador, asesinado por orden del Mayor Roberto D’Aubuisson y canonizado por el papa Francisco el 14 de octubre de 2018. Cuarenta y cuatro años después de su asesinato sigue siendo faro que ilumina la oscuridad del presente. Él es hoy un símbolo del cristianismo liberador que asumió la opción ética y evangélica por las personas y los colectivos empobrecidos de su país. Ejerció una ciudadanía crítica y activa y defendió que fueran los propios salvadores “los forjadores de nuestra historia” y no permitieran que poderes exteriores les impusieran el destino a seguir.
Romero fue un excelente pedagogo popular que, a través del método jocista del ver-juzgar-actuar y de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, contribuyó a que el pueblo pasara de la conciencia ingenua e intransitiva a la conciencia transitiva y crítica, de la conciencia mítica a la conciencia histórica y de esta a la praxis transformadora. Constituye un referente en la lucha por la justicia para creyentes de las diferentes religiones y para no creyentes de distintas ideología, así como para los políticos por su manera de entender y practicar la relación crítica y dialéctica entre poder y ciudadanía, y para los dirigentes religiosos por su correcta articulación entre fe y política, sin caer en el fundamentalismo.
Monseñor Romero es piedra angular en la construcción de la cultura de paz en El Salvador, en América Latina y en todo el mundo; cultura de paz que no es la ausencia de conflictos ni se limita a la ausencia de guerra, sino que ha de ir acompañada del trabajo por la igualdad en todos los ámbitos, siempre que no desemboquen en uniformidad, y del respeto a las diferencias de todo tipo, siempre que no desemboquen en desigualdad.
Romero no se instaló cómodamente en el (des)orden establecido, ni consintió con el pecado estructural, ni hizo las paces con el gobierno, como le pedía Juan Pablo II. Encarnó la utopía en su vida, su mensaje y su práctica liberadora, no como ideal irrealizable y fantasmagórico, sino conforme a los dos momentos que la caracterizan: la denuncia de los poderes que oprimían a las mayorías populares y la propuesta de alternativas.
La mejor expresión del compromiso de monseñor Romero con la utopía fue la respuesta que dio a la pregunta de un periodista sobre si tenía miedo a que lo mataran: “Si me matan, resucitaré en el pueblo”
La mejor expresión del compromiso de monseñor Romero con la utopía fue la respuesta que dio a la pregunta de un periodista sobre si tenía miedo a que lo mataran: “Si me matan, resucitaré en el pueblo”. No estaba hablando de la resurrección de los muertos, ni de la vida eterna. Se refería a la nueva vida del pueblo salvadoreño, liberado de la violencia estructural, la guerra, la injusticia y la pobreza.
Otra lección que nos enseña monseñor Romero y que nos invita a practicar en tiempos de supremacismo como los que estamos viviendo es su actitud anti-imperialista. Él se enfrentó al Imperio estadounidense en una carta dirigida a su presidente, Jimmy Carter, en la que se oponía a la ayuda económica y militar de Estados Unidos al Gobierno de El Salvador, porque, a su juicio, constituía una injerencia inaceptable en los destinos de su país y reforzaba la injusticia y la represión contra el pueblo.
La espiritualidad es una dimensión constitutiva del ser humano, como lo es la sociabilidad. Monseñor Romero es hoy un ejemplo de espiritualidad liberadora. Él fue una persona espiritual, sin caer en el espiritualismo; un místico sin caer en el misticismo evasivo de la realidad; una persona profundamente religiosa, pero no con una piedad ajena a los conflictos sociales, sino inmersa en ellos.
[1] Ciro fue el rey persa que liberó a Israel de la dominación de Babilonia.
Comentarios desactivados en Nayib Bukele, presidente de El Salvador, dice no al matrimonio igualitario y compara a las personas LGTBI con los extraterrestres
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele,
“Como concepto no”
El presidente de El Salvador Nayib Bukele Ortez dijo que rechaza la discriminación contra la comunidad LGBTI y los crímenes de odio pero que además está en contra del matrimonio igualitario.
Bukele lo expresó en una conversación vía redes sociales con el cantante René Pérez Joglar, más conocido como Residente, del extinto grupo Calle 13, de Puerto Rico. El cantante preguntó a Bukele sobre su opinión en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo y éste contestó: “Siento que el matrimonio por definición… es como que tú digas qué es el matrimonio, vaya es el casamiento de un hombre con una mujer. Eso no inhibe que podas tener la pareja que queras y los derechos que queras. Que no tenemos seguro social o derecho de visita. ¿Por qué no?”, cuestionó.
Señaló, además, que en la actualidad no hay leyes que permitan a las parejas homosexuales o de otras variantes acceder a derechos sociales desde su especificidad. “No hay legislación que permita eso”, admitió. “Como concepto no”, reiteró finalmente después que el cantante volvió a preguntar qué opinaba sobre el asunto.
Bukele recalcó en que el ser humano es uno solo, y que al final la igualdad debe prevalecer. “Yo siempre he dicho que si algún día vinieran los extraterrestres, nos uniríamos todos porque nos veríamos tan iguales que no veríamos las diferencias que existen entre nosotros”, añadió.
A principios de enero de este año el magistrado Aldo Cáder Camilot anunció que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sentenciará en los primeros meses del año que transcurre a favor o en contra de la demanda de inconstitucionalidad que bloque el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El recurso fue presentado en el año 2016 cuando eran jueces de esa instancia los ahora exfuncionarios José Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Óscar Armando Pineda Navas.
Se trata, según él dijo en aquellos días, de una demanda “vieja” contra algunas disposiciones del Código de Familia, específicamente el artículo 90, porque “no permite el matrimonio entre dos hombres, por ejemplo, o dos mujeres”.
En enero de 2018, la Sala de lo Constitucional frenó la ratificación de una reforma a la Constitución, aprobada por la Asamblea Legislativa en el 2015 con la que se pretendía prohibir el matrimonio gay. En esa ocasión votaron a favor de la prohibición los partidos ARENA, PCN, PDC, GANA y la entonces bancada Unidos por El Salvador.
Ese día fue aprobado un decreto de reforma a los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución otorgando rango constitucional al matrimonio entre un hombre y una mujer así nacidos, definir el ámbito de aplicación del matrimonio y la adopción.
Los diputados también pretendían que los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros países no tuvieran validez jurídicas en El Salvador.
En agosto de 2019 la Iglesia Católica salvadoreña criticó la admisión de las demandas que hizo la Sala de lo Constitucional. En ese entonces el arzobispo José Luis Escobar Alas reiteró que el matrimonio no es entre dos personas del mismo sexo como ya lo habían hecho diputados conservadores.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
Comentarios desactivados en Organizaciones LGBTI advierten “autoritarismo” en presidente Bukele
Por Paula Rosales
La población LGBTI de El Salvador está preocupada por las señales de “autoritarismo” que mostró el presidente Nayib Bukele al irrumpir, junto con soldados y policías armados, en el salón de sesiones de la Asamblea Legislativa el domingo 9 de febrero. Fue con la intención de presionar a los diputados para que aprobaran negociar un préstamo de 109 millones de dólares para financiar sus planes de seguridad.
Organizaciones feministas y LGBTI se congregaron en la Plaza del Monumento al Salvador del Mundo a protestar ante el avance de la militarización del Estado y por la amenaza de destruir el sistema democrático del país centroamericano.
Bukele, que asumió su mandato el 1 de junio de 2019, ha sido cuestionado por sus censuras a la prensa, violaciones al derecho de información de ciudadanos, despidos numerosos en diferentes instituciones del Estado y nepotismo.
El mandatario de 38 años también se ha pronunciado en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y solo está de acuerdo con practicar el aborto cuando la vida de la madre esté en peligro.
Al principio de su mandato, Bukele suprimió la Secretaria de Inclusión Social, institución encargada para velar por los derechos y por hacer cumplir el decreto presidencial que establecía la erradicación de la discriminación en todo el Estado de la población LGBTI.
El informe “Basta de genocidio trans”, elaborado por la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans) y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS), muestra cómo en El Salvador las mujeres trans son violentadas por instituciones del Estado, específicamente por los cuerpos de seguridad, del total de denuncias recibidas el 36% fue atacada por la Policía y el 6% por la Fuerza Armada.
“Estos sistemas de represión solo incrementan los niveles de vulnerabilidad. Insistimos muchas veces que estos contextos militarizados nada han favorecido para reducir la violencia, la violencia únicamente se ve reflejada o pretenden clasificarla en la violencia pandilleril y no en otros tipos de violencia como la violencia de género, sabemos que las mujeres y la población LGBTI estamos inmersas en esas condiciones de vulnerabilidad”, dijo a Presentes Yanilet Mejía, activista lesbiana feminista e integrante de la organización las Hijas de Safo.
De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, asesinada presuntamente por policías y Anahy Miranda, están siendo judicializados. El señalado por asesinar a Anahy le fue impuesta una fianza de 10 mil dólares para continuar el proceso en libertad.
Después de irrumpir el recinto, Bukele se sentó en la silla del diputado presidente e hizo una oración para pedir “consejo divido” para la decisión de eliminar la Asamblea Legislativa con sus 84 diputados.
El mandatario salió del palacio legislativo y azuzó a la población que había llegado a apoyarlo afuera del edificio y los motivó a aplicar el artículo 87 de la Constitución Nacional que se refiere al derecho a la insurrección.
“Cuando funcionarios rompan el orden constitucional el pueblo salvadoreño tiene derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios y restablecer el orden constitucional. Yo le pregunté a Dios y Él me dijo: “paciencia”. En unos meses vamos a tener esta asamblea, porque la vamos a tomar por la fuerza”, arengó Bukele.
Para diversos sectores del país y organismos internacionales, el joven mandatario salvadoreño provocó uno de los episodios más “oscuros” desde la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a doce años de conflicto armado (1980-1992).
“Creo que esto nos está poniendo en un contexto de peligrosidad a todas las mujeres, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres trans y población LGBTI, todas estamos quedando en un estado de vulnerabilidad con la militarización porque estamos siendo gobernados por uniformados, creo que El Salvador debe de cambiar la táctica y nuestros gobernantes deben de ser creadores de paz”, dijo a Presentes Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano- ASPIDH Arcoíris Trans.
Defensoras y activistas consideran la medida como una clara usurpación de poderes, un retroceso en los derechos y convertiría al país centroamericano en un país sin garantías constitucionales.
“Vemos con profunda preocupación los hechos ocurridos este domingo 9 de febrero de 2020, ya que constituyen un retroceso en materia de derechos humanos e injerencia en la independencia de los órganos del Estado”, expresaron las organizaciones LGBTI en un comunicado.
El Salvador permitió desde el año 2009 que las Fuerzas Armadas se involucren en la seguridad pública del país, decisión que ha sido cuestionada por los organismos defensores de derechos humanos por los altos niveles represivos y el aumento de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, violaciones y golpizas.
Comentarios desactivados en Defensores latinoamericanos LGBTQ+ participan en importante reunión católica de pastoral juvenil
Defensores católicos LGBTQ+ en América Latina participaron en una reunión oficial de la iglesia sobre el ministerio juvenil este verano, en la que hicieron un llamado a la iglesia institucional para que cuide y defienda mejor a los jóvenes LGBTQ+.
La región latinoamericana de la Red Global de Católicos Arcoíris (GNRC) participó en julio en el XXI Encuentro Latinoamericano de Representantes Nacionales de Pastoral Juvenil (ELANPJ). El evento, celebrado en Paraguay y organizado por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), reunió a clérigos, religiosos y laicos para “discutir y promover el ministerio juvenil” en la Iglesia Católica de la región, según el sitio web de la GNRC.
GNRC conecta a varios grupos católicos LGBTQ+ a nivel internacional que trabajan por la atención pastoral y la justicia en la iglesia y más allá. Fundada en Roma en octubre de 2015, la red opera en cinco regiones, organiza asambleas y hace campaña sobre una variedad de temas LGBTQ+.
Arturo Retana supervisó la participación activa de la delegación de la GNRC en la reunión de ministerios latinoamericanos. Esa delegación pretendía dar “visibilidad a las realidades y desafíos que enfrentan los jóvenes católicos LGTBIQ+ en América Latina”. Entre los esfuerzos de la delegación estuvo la presentación de ideas de sus sesiones de escucha anteriores con católicos LGBTQ+ en la región, motivadas por el deseo de hacer escuchar estas voces en el “espacio eclesial crítico” de la reunión.
Entre las conclusiones y recomendaciones de la delegación se encuentran que la homofobia y la transfobia eran las formas más comunes de violencia en las escuelas, que solo dos países latinoamericanos prohíben la terapia de conversión y que, de 2019 a 2022, casi 1.500 personas LGBTQ+ fueron asesinadas en la región.
La delegación también recomendó que la iglesia podría apoyar a los jóvenes LGBTQ+ tomando acciones como denunciar la violencia antes mencionada y promover la educación sobre género y sexualidad. Los jóvenes, señalan los materiales, a menudo se encuentran en procesos de descubrimiento y autoaceptación, haciendo del acompañamiento pastoral de ellos y sus familias una prioridad.
La GNRC elogió la presencia de su delegación en la reunión dada la “importancia del diálogo y la necesidad de un enfoque inclusivo para el ministerio juvenil”. La organización también reconoció que aún existen “tensiones y desafíos” con la iglesia. La exhibición de la bandera de la diversidad por parte de la delegación fue un “gesto simbólico” y un “punto culminante” de la reunión.
Hablando en el evento, Retana expresó esperanza para el futuro:
“’Los católicos LGBTIQ+ deseamos un día en el que los grupos de atención pastoral específicos ya no sean necesarios porque las comunidades cristianas se han convertido en un espacio seguro para compartir nuestras vidas, talentos y amores sin temor a la exclusión… Anhelamos un enfoque de la diversidad que vaya desde ‘ objeto’ a ‘sujeto protagonista’, donde nuestras voces pueden ser escuchadas’”.
La GNRC agrega que su apoyo a la delegación latinoamericana fue un reflejo del “compromiso continuo de la red global para fomentar entornos inclusivos y apoyar a nuestros miembros en compromisos eclesiales significativos”. La organización elogió además las declaraciones de Retana como un “recordatorio de la importancia de crear espacios donde todos los católicos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puedan participar plena y auténticamente en la vida de la Iglesia”.
La presencia de la delegación en la conferencia enfatiza la urgencia de la inclusión LGBTQ+ dentro de la iglesia, particularmente en América Latina, donde no solo las comunidades LGBTQ+, sino la iglesia institucional están siendo perseguidas. Nicaragua, El Salvador y Venezuela están experimentando un retroceso democrático y sus gobiernos están restringiendo el funcionamiento de la iglesia. El testimonio católico en nombre de los pueblos indígenas y los residentes rurales de Brasil continúa provocando reacciones letales. Es hora de que el papel profético que tienen los católicos latinoamericanos en la defensa de los derechos humanos se amplíe para incluir la defensa de los jóvenes LGBTQ+.
Comentarios desactivados en El Salvador: las acusaron de integrar pandillas, pero las detuvieron por lesbianas
En mayo de 2023, detuvieron sin pruebas a una pareja de lesbianas. Sólo una fue liberada. Reportan al menos 62 vulneraciones a la población LGBT durante el régimen de Bukele.
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Fuente Agencia Presentes
9 de abril de 2024
Nelson Rentería
Edición: Maby Sosa
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ISLA ESPÍRITU SANTO, El Salvador. Tras una denuncia anónima Sandra Hernández y su pareja Eidi Claros fueron detenidas por, supuestamente, pertenecer a una pandilla. Hernández afirma que sus compañeros de trabajo las denunciaron ante las autoridades. Dice que les parecía ofensivo ver a una pareja de lesbianas progresar en una comunidad costera del país centroamericano.
La pareja fue detenida una noche de abril de 2023 por una denuncia anónima. Luego fueron enviadas a la cárcel en el marco del Régimen de Excepción en El Salvador, vigente desde el 27 de marzo de 2022. Ninguna de las dos pertenece a las “mara” salvadoreñas.
Hernández fue liberada un mes más tarde con medidas sustitutivas a la detención porque iba ser intervenida quirúrgicamente para quitarle la matriz. En cambio, su pareja hasta ahora sigue detenida. Sandra no tiene ninguna información de su estado.
Detenidas por ser lesbianas
Hernández y Claros se conocieron en prisión en 2017. Una purgaba una pena por agrupaciones ilícitas y la otra por el ingreso de drogas en penales. Al cumplir su condena y salir de la cárcel, las mujeres se establecieron en 2018 la isla Espíritu Santo, 107 kilómetros sudeste de la capital, San Salvador, lugar de origen de Hernández.
Iniciaron desde cero su proyecto para construir su casa, elaborada en su mayoría de varas de coco. Sandra también compró una motocicleta y la modificó para convertirla en carretón para transportar cargas y personas. Además, pidió autorización a los directivos de la cooperativa que administran la isla para que Eidi tuviera su puesto de café y pan dulce en el embarcadero del lugar.
“Hay bastante discriminación de parte de los hombres, aquí el machismo prevalece. El hombre sí puede tener dos o tres mujeres y se siente más hombre. Pero ver que una mujer está con otra mujer y que las dos se llevan bien y van escalando por su trabajo, eso no les parece”, dijo Sandra a Presentes.
Denunció que sus compañeros, que también se dedican al rubro del transporte de carretón, acosaban a Eidi en su puesto, y le hacían ofrecimientos sexuales.
Aseguró que estaban «envidiosos» de su relación y del éxito que había cosechado con la clientela para el transporte. Algunos de sus compañeros pidieron a la junta directiva que le retirara el permiso a Eidi, simplemente porque no era de la comunidad. “Aquí no puede haber una mujer con otra mujer”, se lamentó Hernández de 43 años de edad.
Cómo fue la detención
La noche del 28 de abril de 2023, un grupo de soldados llegó a la vivienda de la pareja para llevarse a Sandra, por su antecedente en prisión. Aunque ella ya había cumplido su pena. Como Eidi los interrogaba, los militares la detuvieron a ella también, mientras la insultaban por ser lesbiana, señaló la Red de Defensoras de Derechos Humanos.
El Salvador permanece desde hace dos años bajo un régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, para combatir a las violentas pandillas. Implementado desde el 27 de marzo de 2022, los cuerpos de seguridad del Estado han detenido a más de 78.000 supuestos pandilleros.
Sin embargo, estas estructuras criminales no permiten entre sus integrantes miembros de la población LGBTI.
Organizaciones de derechos humanos informaron que cientos de personas fueron detenidas luego de ser denunciadas a través de llamadas o señalamientos anónimos promovidas por razones personales.
A dos años del régimen de excepción, Amnistía Internacional señaló que “la suspensión de derechos que de acuerdo con los estándares internacionales deben garantizarse bajo cualquier circunstancia, tales como el derecho a un juicio justo, el principio de legalidad en materia penal, y la prohibición de la tortura y de la discriminación, son acciones que no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia, ni contexto”.
Temor a las autoridades
Desde que Sandra Hernández fue liberada de prisión ha redoblado sus esfuerzos para obtener dinero. Debe costear sus propios gastos y pagar la manutención de su pareja Eidi Claros, en prisión.
Hernández debe conseguir 150 dólares mensuales para pagar un paquete de víveres que le entregan a su pareja en prisión. Además, destinar 50 dólares adicionales de transporte para llegar hasta la prisión, al otro extremo del país. También debe juntar otra cantidad para viajar desde su lugar de residencia a otro departamento para firmar en un juzgado cada 15 días.
Sandra trabaja en su carretón para cubrir los gastos tras la detención de su pareja.
Los habitantes de la isla no reportan incidencias de pandillas en el pasado. Sin embargo, han sido detenidos arbitrariamente 25 personas en similares condiciones. Sólo ocho personas han sido liberadas.
Los residentes denuncian que todos los detenidos fueron capturados porque los policías y soldados debían cumplir con cuotas diarias de detención y por denuncias anónimas que las autoridades no investigaron previamente.
#RégimenDeExcepción 240 fallecidos
Contexto:
La implementación del Régimen de Excepción (RE) en #ElSalvador (la primera vez el 27 de marzo del año 2022, que se ha prorrogado 24 ocasiones), por la supuesta “ruptura de un pacto del gobierno con las pandillas” (las pandillas… pic.twitter.com/AHlAJsf4eI
— Socorro Jurídico Humanitario (@SJHumanitario) March 28, 2024
Un lugar sin pandillas
En la empobrecida isla residen unas 350 familias, más de 1.300 personas que se dedican, la mayoría, a la producción de cocos, a la pesca y la extracción de curiles (moluscos) en los manglares.
“Es un lugar muy hermoso, todo es tranquilo, no hay peligro de nada. Todo es tranquilidad en este lugar. El turista cuando viene le gusta porque es una zona bien tranquila”, dijo a Presentes, Salvador Panameño, un habitante de 59 años.
Por esa razón, la comunidad está sorprendida por los operativos y las capturas. Denuncian que temen ante la presencia de soldados y policías que patrullan el lugar, ya que podrían detenerlos por cualquier razón.
El 11 de marzo,detuvieron a Verónica Delgado, una activista salvadoreña que busca a su hija desaparecida en el país. Fue detenida por la policía supuestamente por agrupaciones ilícitas, luego que un agente policial la consideró “sospechosa”.
El Socorro Jurídico Humanitario, que asiste legalmente a víctimas del régimen de excepción, estima que, durante dos años, unas 26.000 personas están siendo procesadas sin pruebas. Además, guardan prisión en las hacinadas cárceles, hasta un 148%.
Además, señalan que 240 personas han muerto bajo custodia del Estado, 238 adultos y 2 menores de edad. A más de 5,775 de personas se les han violado los derechos humanos.
Detenciones y discriminación
La organización Amate reporta 62 vulneraciones a poblaciones LGBTI+ en el marco del estado de emergencia, entre ellas 39 son detenciones arbitrarias, afectando principalmente a mujeres trans y hombres gay.
Al ser cuestionado por todas las detenciones arbitrarias, Nayib Bukele, dijo que en ningún lugar no había “policía perfecta”.
“¿Nuestra policía ha cometido errores? Por supuesto. Es por eso que nuestro sistema judicial ha liberado personas inocentes y seguirán liberando a todas las personas arrestadas erróneamente”, expresó Bukele en conferencia de prensa el día que ganó su reelección el 4 de febrero.
#Comunicado | Organizaciones de la sociedad civil presentaron informe sobre los dos años del #RégimenDeExcepción, a partir de 6,305 denuncias de violaciones de derechos humanos, que se traducen en 16,289 hechos o afectaciones a derechos. pic.twitter.com/tXtEN5PXnB
— AMATE El Salvador (@amateelsalvador) April 4, 2024
“Lamentablemente, la tendencia del Estado Salvadoreño a minimizar, ocultar, deslegitimar y negar los señalamientos provenientes de diversos actores, tanto nacionales como internacionales, con respecto a las graves violaciones que se han documentado en El Salvador, sugiere que durante el segundo mandato del presidente Bukele podría haber una profundización de la crisis que se ha observado durante los últimos años”, señaló Amnistía Internacional en un comunicado.
La guerra contra las pandillas ha permitido que el número de homicidios se reduzca en un 68.8% durante el año 2023, según estadísticas oficiales. Las autoridades reportan que el año pasado se cometieron 154 asesinatos, frente a los 495 del año previo.
Aunque que Eidi permanece detenida, Sandra instala todos los días el puesto de café que ella atendía en el embarcadero, con el anhelo que su compañera regrese a la isla.
“Llego a la casa, miro las fotos de ella, miro las cosas de ella. En aquella soledad, no tengo con quien hablar, y quisiera pensar que esto es un sueño y que ya va a pasar, pero a ver cuándo se acaba, porque solo le pedimos a Dios fuerzas para pasar esto, porque no es fácil”, expresó.
Comentarios desactivados en Una actualización eco-feminista de la predicación del Dios de la vida de Monseñor Romero
“Para Monseñor Romero, el fundamento de su esperanza era el Dios de la vida”
“Para Mons. Romero, la presencia de Dios entre los pobres tenía fuertes implicaciones, a saber, su liberación de la opresión, de la violencia y de la muerte”
“Han pasado más de 40 años desde del asesinato de Mons. Romero, pero los ídolos de la riqueza y la seguridad siguen cobrándose nuevas víctimas”
“Pero, ¿cómo tener esperanza ante el poder devastador de los ídolos de la muerte? Para Monseñor Romero, el fundamento de su esperanza era el Dios de lavida”
“Como la historia ha demostrado, Mons. Romero se decidió definitivamente por la vida y dio la suya a cambio. Tal vez la dio, a pesar de todos sus temores y dudas, en la confianza de que los ídolos no son eternos, mientras que el Dios vivo sí lo es”
| Theresa Denger*
Introducción
Pocos días antes de su muerte, Monseñor Romero exclamó una frase que puede ser considerada como su testamento personal y teológico: “nada me importa tanto como la vida humana”(homilía del 16.03.1980). En esta pequeña frase está condensada su predicación, praxis y martirio, y entre líneas se deja vislumbrar su fe en el Dios de la vida. A continuación, vamos a desplegar diferentes aspectos y aristas de su predicación del Dios de la vida con el afán de hacer memoria subversiva, utópica y actualizante. Para ello nos dejamos iluminar por el eco-feminismo que pone en evidencia la vinculación entre la violencia contra la naturaleza y la violencia contra las mujeres e invita a reconectarnos con los hilos de la red sagrada de la vida.
La predicación de Monseñor Romero: los ídolos de muerte y el Dios de la vida
Si no hay nada más importante que la vida, entonces hay que desenmascarar y denunciar todo aquello que se hace pasar por más importante, los ídolos de la muerte: “yo denuncio, sobre todo, la absolutización de la riqueza. Éste es el gran mal de El Salvador; la riqueza, la propiedad privada como un absoluto intocable y ¡ay del que toque ese alambre de alta tensión, se quema…!” (Homilía del 12 de agosto de 1979). Con esta metáfora Monseñor mostró de forma gráfica las características de los ídolos: son algo creado y adorado o absolutizado por los seres humanos –así como el becerro de oro en el relato del éxodo–, son intocables e incuestionables, prometen salvación pero traen muerte, necesitan víctimas para subsistir (cfr. Sobrino, 2017, p. 345).
Mons. Romero terminó teniendo razón con su metáfora del alambre de alta tensión. No sólo la inmensa mayoría de los campesinos fueron privados de los medios para satisfacer sus necesidades vitales por el statu quo imperante; también fueron perseguidos hasta la muerte todos aquellos que lo tocaron y cuestionaron, reivindicando sus derechos básicos y luchando por cambios estructurales: campesinos y campesinas, sindicalistas, estudiantes, periodistas, sacerdotes y religiosos y religiosas, etc. Cayeron víctimas de dos ídolos a la vez: el de la riqueza y el de la doctrina de la seguridad nacional, que procede del primero y está a su servicio.
Según Mons. Romero, las fuerzas de seguridad están legitimadas para mantener la estructura económica y política con todos los medios y protegerla de los críticos y enemigos de la nación, incluso mediante detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y asesinatos (cfr. Romero, 2007, p. 136). El propio Romero fue testigo de estas atrocidades y describió su misión como “recoger cadáveres” (citado en: Sobrino, 2019, p. 159). Se convirtió en el primer referente para las madres de los desaparecidos y después en su santo patrón.
En medio de este sufrimiento -desafiando a los ídolos de la muerte- Mons. Romero confesó su fe en el Dios de la vida ycelebró su presencia entre los pobres:
“Creemos con el apóstol Juan que Jesús es «la Palabra de la Vida» (1 Jn 1:1), y que donde hay vida ahí se manifiesta Dios. Donde el pobre comienza a vivir, donde el pobre comienza a liberarse, donde los hombres son capaces de sentarse alrededor de una mesa común para compartir, allí está el Dios de vida.” (Romero, 2007, p. 190)
Para Mons. Romero, la presencia de Dios entre los pobres tenía fuertes implicaciones, a saber, su liberación de la opresión, de la violencia y de la muerte. Y la confesión del Dios de la vida sólo podía ser honrada y liberadora si iba precedida del lamento y la denuncia de los ídolos de la muerte.
Llama la atención que Mons. Romero no espiritualizara la liberación ni la dejara como un concepto abstracto en el vacío. Tanto en sus homilías como en sus cartas pastorales, la vinculó a la organización, que es a la vez un derecho inalienable y un deber ético y cristiano. “Nadie puede (…) privar a los hombres del derecho de organización y menos a los pobres, porque proteger a los débiles es la razón principal de las leyes y de la organización.” (Romero, 2007, S. 78). Defender los derechos de los pobres y vulnerables es un servicio a Dios, ya que corresponde al Dios de la Biblia, que defiende a los pobres, a los débiles y a las víctimas y cuya gloria es el pobre que vive (cfr. Romero, 2007, p. 192).
Aquí Mons. Romero hace suyo el sueño de la Conferencia de Medellín “de que los pobres tengan la suficiente fuerza para no ser víctimas de los intereses de unos pocos, como lo demuestra la historia”(p. 78). Las víctimas se convierten en sujetos de su propia liberación y en principales impulsores de una nueva sociedad. En el contexto de la persecución estatal bajo la doctrina de la seguridad nacional, Mons. Romero defendió a las personas organizadas de la sospecha general de terrorismo y subversión ilícita, enfrentándose – en términos actuales – a la criminalización de los defensores de derechos humanos.
La actualidad de los ídolos de la muerte
Así como los conflictos sociales y la dictadura militar de El Salvador no eran un caso aislado en la época de Romero, sino que reflejaban la realidad de gran parte del continente latinoamericano, las actuales crisis sociales, políticas y ecológicas del país también reflejan la situación de muchos otros países, especialmente del Sur global.
Han pasado más de 40 años desde del asesinato de Mons. Romero, pero los ídolos de la riqueza y la seguridad siguen cobrándose nuevas víctimas. En El Salvador, las comunidades rurales están amenazadas por proyectos de minería metálica, los llamados “proyectos de la muerte“, que contaminan irreversiblemente el suelo y las aguas subterráneas. Aunque, gracias a los esfuerzos de las organizaciones ambientales, la minería metálica fue prohibida en 2017, las empresas nunca se han retirado del todo de El Salvador y olfatean altos beneficios en el mercado internacional. Se están talando grandes extensiones de bosque para construir edificios de lujo y centros comerciales, secando literalmente el agua de las comunidades pobres vecinas. El monocultivo de la caña de azúcar, cuyas exportaciones benefician a una pequeña minoría, destruye el suelo, consume enormes cantidades de agua y contamina el aire al quemar la caña después de la cosecha. El grito de los pobres se une al grito de la tierra (cfr. Papa Francisco, 2015, LS 49).
En el contexto del estado de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele el 27 de marzo de 2022 para supuestamente combatir la delincuencia de pandillas y mantener la seguridad pública, en el lapso de un año y medio aproximadamente 72.000 personas fueron detenidas sin proceso judicial, entre ellas activistas de derechos humanos y medioambientales que habían luchado contra la minería metálica en su región. En la vecina Honduras, importantes activistas medioambientales han sido criminalizados y encarcelados en los últimos años y algunos incluso han sido asesinados, como Berta Cáceres (†2016), que participaba en la defensa de los ríos ante las hidroeléctricas.
Tanto las crisis ecológicas como las detenciones masivas bajo el régimen de excepción han provocado una enorme crisis de cuidado y de abastecimiento en El Salvador, que recae principalmente sobre las mujeres. Ellas no sólo son responsables del trabajo de cuidados en el seno de la familia, sino que muchas también mantienen solas a sus hijos y otros familiares. Y cada vez son más las mujeres que hacen cola de día y de noche ante las abarrotadas cárceles, esperando una señal de vida de sus hijos detenidos.
La necesidad de una actualización eco-feminista de la predicación de Mons. Romero
Tal como muestra esta ubicación de los ídolos de la muerte en El Salvador de hoy, la proclamación del Dios de la vida de Mons. Romero exige una actualización eco-feminista. Al igual que la teología de la liberación, el eco-feminismo es también una reflexión basada en la concientización colectiva de experiencias sistemáticas de opresión y violencia y en una praxis que responde a ellas. Los sujetos no son indistintamente los pobres o aquellos que no toman la vida por supuesto (cfr. Sobrino, 2017, p. 151), sino aquellas personas que sufren ante todo la destrucción ecológica y la violencia: las mujeres. Las autoras eco-feministas ven una fuerte vinculación entre la violencia contra la tierra y la violencia contra las mujeres (y otros grupos desfavorecidos por la intersección de opresiones), desenmascarando esa violencia como patriarcal. Al mismo tiempo -y basándose en experiencias concretas- reconocen a las mujeres afectadas por la violencia patriarcal como sujetos primarios de una práctica ecológica y feminista de cuidado y liberación, que nos invita a todos a “reubicarnos dentro del tejido de la comunidad de vida de la tierra como una forma de detener la destrucción del planeta” (Ress, 2010, p. 112).
Para actualizar la predicación de Mons. Romero vamos a dar tres pasos: En primer lugar, con referencia a las autoras Amaranta Herrero e Ivone Gebara, desenmascararemos al ídolo de la riqueza como capitalismo patriarcal, que ha carcomido todas las dimensiones de la existencia humana, especialmente la forma en que percibimos la realidad. A continuación, asociaremos el ídolo de la seguridad nacional con la deificación de la imagen del hombre fuerte y dominante, apoyándonos en reflexiones de Marilú Rojas. Finalmente, vamos a encontrarnos con la presencia del Dios de la vida en el testimonio de mujeres y sus comunidades que resisten, sanan y esperan contra toda esperanza. Los textos de Geraldina Céspedes resultan de gran ayuda para poner en palabras las expresiones plurales y a menudo anónimas de la espiritualidad eco-feminista operante.
Desenmascarar el capitalismo patriarcal como primer ídolo de la muerte
En su momento, Mons. Romero ya había vinculado el ídolo de la riqueza con el capitalismo como sistema de violencia estructural para mantener los privilegios de una minoría, identificándose con la tradición del magisterio de la Iglesia. En su cuarta carta pastoral, enfatizó: “Este es el capitalismo que condena la Iglesia en Puebla siguiendo el magisterio de los últimos Papas y de Medellín” (Romero, 2007, p. 135).
La socióloga ambiental española Amaranta Herrero define el capitalismo como “patriarcal” y demuestra que “este sistema se sustenta en el trabajo gratuito de las mujeres, así como en el dominio y expolio de la naturaleza” (Herrero, 2018, p. 22). Aunque el trabajo de cuidados, realizado mayoritariamente por mujeres, es una piedra angular de este sistema, no está reconocido ni registrado en él. Su invisibilidad se revela por el hecho de que toda existencia y toda vida se reduce al valor del dinero (cfr. Herrero, 2018, p. 22). Sólo aquello que produce beneficios y contribuye al crecimiento cada vez más rápido de las estructuras creadas por el capital es real y valioso.
De este modo, la tierra y todos sus bienes son despojados de su dignidad y santidad, al igual que comunidades humanas enteras, cuyos medios de subsistencia son destruidos por la extracción de materias primas, los megaproyectos de construcción, etc., especialmente en el Sur Global. Las más afectadas son las mujeres que viven en los países empobrecidos, en tanto se les asigna el ya mencionado trabajo de cuidados, que está relacionado “con el aprovisionamiento de alimentos, leña o agua” (Herrero, 2018, p. 26), entre otras cosas. En el desempeño del rol de género que la sociedad les asigna, pueden “ver de primera mano las agresiones ecológicas contra campos, bosques o ríos“ (Herrero, 2018, p. 26).
Se hace difícil creer que las dinámicas destructivas del capitalismo patriarcal no se detengan ante los medios de subsistencia de la humanidad en su conjunto y de la Tierra en su totalidad, y que el sistema – especialmente una minoría que se lucra – estén cavando así su propia tumba. Como afirma Amaranta Herrero (2018), el capitalismo patriarcal ha conseguido “llevar al planeta a una nueva era geológica, hostil e impredecible” que daña “irreversiblemente al conjunto de seres vivos que forman la trama de la vida e incluso amenazar la propia supervivencia humana”(p. 22).
Ante esta dimensión catastrófica, cabe preguntarse por qué se mantiene este sistema con tanta obstinación y por todos los medios, si su dinámica es a todas luces suicida. En este panorama se suscita la cuestión de la antropodicea, e implícitamente se plantea también la pregunta de la teodicea como cuestionamiento de Dios como fundamento que posibilita todos los sistemas humanos, y ambas sólo pueden responderse en la práctica. Y son precisamente estas preguntas existenciales las que suscitan un análisis teológico de la realidad, que a su vez revela el carácter idólatra del capitalismo patriarcal.
Comentarios desactivados en “Aquel Domingo de Ramos ensangrentado en la Iglesia salvadoreña”, por Ricardo Martí
De su blog Pensar un Cristianismo incomodo:
La pascua de Romero y el compromiso actual
La espiritualidad cuaresmal predicada por Romero, encarna una doble vertiente: “identificación” con lo que “está sucediendo” en la sociedad en la que vive, y “aceptación” del camino que van tomando en su vida los acontecimientos, en una dirección cuyo destino parece irreversible
Si como bien ha dicho Ignacio Ellacuría, “con monseñor Romero, Dios ha pasado por El Salvador”, puede decirse que en estas palabras “Dios ha hablado en El Salvador”
Si al decir de Romero, “si me matan resucitaré en el pueblo salvadoreño”, debe agregarse sin concesiones, que la resurrección exige fidelidad al mensaje del crucificado
El 24 de marzo se celebra el Domingo de Ramos, con el que se inicia la semana santa. La tradicional fiesta litúrgica cristiana, que en estas regiones de América Latina, ha demostrado ser la de mayor raigambre en la religiosidad popular, coincide con el día en que el calendario litúrgico recuerda la memoria (fiesta) de San Óscar Romero, el obispo mártir de San Salvador, asesinado el 24 de marzo de 1980.
Pero la fecha tiene “este año” para la Iglesia salvadoreña connotaciones especiales. Las coincidencias pueden no tener más importancia que lo que el sentido común suele expresar con las simples palabras ¡qué coincidencia! con o sin signos de admiración. Sin embargo, para quienes leen la fe desde la historia y con ella intentan interpretarla desde los “contextos actuales”, un simple cruce de fechas en un arco de cuarenta y cuatro años, puede convertirse en una “memoria” llena de significado, activa y militante.
El pueblo salvadoreño “lo sabe” porque lo lleva en las “venas abiertas”, sin necesidad de que alguien tenga que recordárselo desde afuera o ¿tal vez sí?, considerando los rumbos que ha tomado el país con el actual gobierno y su “Régimen de Excepción”, que en marzo estará cumpliendo “dos años” de su puesta en práctica. Las autoridades salvadoreñas han cometido graves violaciones a los derechos humanos y de forma sistemática, con numerosas reformas legislativas para supuestamente enfrentar a las pandillas.
Desde hace cuatro años la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, desde el Departamento de Teología y el Centro Monseñor Romero, ofrece cada semana una columna editorial de reflexión sobre el tema. También Radio YSUCA, invita a diversos especialistas en la materia, para hablar, por ejemplo, de “las condiciones en las cárceles de El Salvador”. La situación es gravísima, particularmente de cara a las elecciones; de allí la necesidad de “activar la memoria”, evocando algunos hechos inscriptos en la conciencia común de este país.
Con todo derecho El Salvador “y en el” la Iglesia salvadoreña pueden ser calificados de “pueblo crucificado”. Desde el “testimonio” de fidelidad al “Dios crucificado”, han iluminado y alentado durante décadas a tantas iglesias hermanas latinoamericanas, que de forma larvada o abiertamente, han tenido que sufrir como actualmente la vecina Nicaragua, una dictadura descarada, llevada adelante por el presidente Daniel Ortega, convertida en intolerante persecución a la Iglesia, al menos a aquellos de sus miembros que no permiten que se “domestique” el mensaje del Evangelio.
Matanza en la plaza de la catedral
Una cuaresma “sin evasiones piadosas” y vivida con realismo
El primer domingo de cuaresma de 1980, cayó un 24 de febrero. Hacía menos de un mes que Romero había pronunciado su discurso en la Universidad de Lovaina, al serle conferido el doctorado “honoris causa” (Óscar Romero, Diario 1978-1980, Barcelona, CPL, 2015, pp. 485-487). En aquella ocasión, luego de señalar que la miseria, es un hecho colectivo, y una injusticia que clama al cielo, agrega:
“Constatar estas realidades y dejarnos impactar por ellas, lejos de apartarnos de nuestra fe, nos ha remitido al mundo de los pobres, como a nuestro verdadero lugar, nos ha movido como primer paso fundamental a encarnarnos en el mundo de los pobres. Nos hemos encontrado con campesinos sin tierra y sin trabajo estable, sin agua ni luz, sin asistencia médica cuando las madres dan a luz y sin escuelas cuando los niños empiezan a crecer. Allí nos hemos encontrado con madres y esposas de desaparecidos y presos políticos […]. En ese mundo sin rostro humano, sacramento actual del Siervo Sufriente de Yahvé, ha procurado encarnarse la Iglesia de mi arquidiócesis” (Saint Óscar Romero, Voice of the voiceless. The four pastoral Letters and other statements, Maryknoll, New York, Orbis Books, 2020, p. 196).
En la homilía del primer domingo de cuaresma en que la liturgia lee el evangelio de las tentaciones, aquel año según la versión de Lucas, Romero habla de la victoria de Cristo sobre el enemigo del proyecto salvador de Dios. Muestra que Cristo es el hombre que aprende en la experiencia personal de todo hombre, el valor de la tentación y el valor de la tentación para afianzar las convicciones del ser humano. El proyecto de Dios choca con el proyecto de la maldad. El diablo en una visión hace pasar todos los reinos y las glorias del mundo, grandes desfiles de militares…todo esto es gloria del mundo. Pero Jesús que sigue “hambreando en el desierto, no se vende a la idolatría del poder”.
La cuaresma tiene que ver con el realismo de la “liberación” de un pueblo que debe aprender, que existe una lucha entre los poderes fáciles de la tierra, desde los cuales se atropella la dignidad de la persona humana, y se van estableciendo sistemas políticos, que van como adormeciendo la conciencia de los poderosos (Óscar Romero, Homilías de resurrección y vida. Ciclo C [1979-1980], Madrid, BAC, 2018, pp. 333, 336).
Al hilo de los textos bíblicos propuestos por la liturgia, que Romero escucha “desde” la realidad que impacta en el país, no deja de recordar las “eternas prácticas cristianas” de la penitencia, el ayuno y la oración, pero insiste en su “adaptación a las situaciones de los pueblos”. Pero también de la empatía de “ver” y “oír” el clamor del pueblo, que en su queja, a veces resignada y tantas veces demandante y hasta “violenta”, da cuenta que la injusticia es contraria a su dignidad y a su opción de fe.
Durante los años de su ministerio como arzobispo de San Salvador, Romero trabajó con equipos pastorales de “relevamientos sociales”, paralelos al Estado que “mentía sistemáticamente” sobre la realidad de pobreza, persecución, desaparecidos y asesinatos; por eso habla con la “autoridad”, no solo del que vive lo que predica, sino también con datos, lugares y nombres, que “visibilizan” una realidad que se pretendía ocultar.
Masacre del río Sumpul
Los ejemplos de la espiritualidad clásica para el tiempo cuaresmal, Romero los “relee” con argumentos contundentes: “no es lo mismo una cuaresma donde hay que ayunar en aquellos países en que se come bien, que una cuaresma entre nuestros pueblos del tercer mundo, hambrientos, de hombres y mujeres revolviendo basura en busca de comida, desnutridos, en perpetua cuaresma, en ayuno constante. En estas situaciones, a los que comen bien, la cuaresma es un llamamiento a la austeridad, a desprenderse para compartir con los que tienen necesidad” (Homilía en el 2° domingo de cuaresma [2 de marzo, 1980], Óscar Romero, Ibidem, p. 368).
El llamado a la austeridad, Romero lo venía planteando desde el domingo anterior al inicio de la cuaresma de 1980. El 17 de febrero, el mismo día en que envía su carta al presidente norteamericano Jimmy Carter, denunciando el apoyo económico y militar de EE.UU, a la Junta de Gobierno, a las FF.AA y grupos paramilitares salvadoreños, para continuar su plan de represión, dice sin ambages: “Una Iglesia que no se une a los pobres para denunciar, desde los pobres, las injusticias que con ellos se cometen, no es verdadera Iglesia de Jesucristo” (Óscar Romero, Ibid. p. 298). Sabemos por su “Diario” que aquella homilía, que no pudo ser transmitida por radio YSAX, dado el atentado de bomba que había sufrido días antes, duró nada menos que una hora y cuarenta y cinco minutos (Óscar Romero, Diario 1978-1980, pp. 506, 508).
Romero es una “rara excepción”, de un obispo que “rompe” con el molde convencional de una homilía y es “escuchado con atención por su pueblo”; la razón es sencilla, tiene “algo que decir” y “algo que el pueblo espera escuchar”. La homilía de Romero, en la que se atreve a leer la carta enviada al presidente Carter, causó un revuelo en Roma, Secretaría de Estado, Nunciatura Apostólica en El Salvador y en la mayoría de los obispos salvadoreños que estaban “desconcertados”; esto, según varios testimonios, en particular, el de Ignacio Ellacuría, que se había reunido con Romero la noche del martes 19 de febrero (Cf. Óscar Romero, Diario 1978-1980, pp. 508-509).
La espiritualidad cuaresmal predicada por Romero, encarna una doble vertiente: “identificación” con lo que “está sucediendo” en la sociedad en la que vive, y “aceptación” del camino que van tomando en su vida los acontecimientos, en una dirección cuyo destino parece irreversible.
Memoria passionis en la última cuaresma
El teólogo alemán Martin Maier, ha recordado la última homilía del beato mártir Rutilio Grande sj., donde decía, “si Jesús de Nazaret volviera, como en aquel tiempo, bajando de Galilea a Judea, es decir desde Chalatenango a San Salvador, yo me atrevo a decir que no llegaría… lo pondrían preso, lo llevarían a muchas Juntas Supremas por subversivo…lo acusarían de revoltoso… contrario a la democracia… sin duda lo volverían a crucificar”.
Romero
Maier asegura que “esa homilía” fue la que selló la sentencia de muerte de Rutilio el 12 de marzo de 1977 (Cf. Martin Maier, Óscar Romero. Mística y lucha por la justicia, Barcelona, Herder, 2005, p. 46). Romero predicó su penúltima homilía (la última en la catedral de San Salvador), el 23 de marzo, 5° y último Domingo de Cuaresma. Se sabe que no grabó en el magnetófono lo que luego solía volcar en su Diario, los últimos cuatros días de su vida. Sin embargo, en aquella homilía, que según testimonios duró más de una hora, puede verse cumplir lo que Maier dijo de Rutilio.
En efecto, luego de recordar que “la cuaresma es un llamamiento a celebrar nuestra redención en ese difícil complejo de cruz y de victoria”, “que nadie debe tomar a mal que, a la luz de las palabras divinas, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas, porque de no hacerlo así, no sería un cristianismo para nosotros”, agrega, “hay muchos que se escandalizan de esta palabra y quieren acusarla de que ha dejado la predicación del Evangelio para meterse en política; pero yo no acepto esta acusación”.
La misma enseñanza del magisterio del Vaticano II, Medellín y Puebla, dice Romero, no puede quedar en un estudio teórico, sino que su finalidad es “para que lo vivamos y lo traduzcamos en esta conflictiva realidad de predicar el Evangelio como se debe” (Óscar Romero, Ibid. pp. 469-470). Hacia el final, dirigiéndose de manera especial a los hombres del Ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía y de los cuarteles, la palabra de Romero se vuelve “profética” en toda la magnitud y alcance de la semántica bíblica: “En nombre de Dios, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡cese la represión!” (Óscar Romero, Ibid. pp. 502-503).
Si como bien ha dicho Ignacio Ellacuría, “con monseñor Romero, Dios ha pasado por El Salvador”, puede decirse que en estas palabras “Dios ha hablado en El Salvador”. Las consecuencias de las palabras de Romero pueden compararse con el vínculo que se establece en la predicación de Jesús con la Parábola de los viñadores homicidas (Mc 12, 1-12 y par.) y el “acelere” de su pasión; “existe una proximidad que la parábola establece entre cristología y el destino de los profetas” (Cf. Joachim Gnilka, El Evangelio según San Marcos. Mc 8, 27-16, 20, vol. II, Salamanca, Sígueme, 1986, p. 175).
El lunes 24 de marzo, Romero celebra una misa (“la última”) en la capilla del Hospital Divina Providencia, a las 6 de la tarde; era el primer aniversario de la muerte de Sara Meardi de Pinto, la madre de su amigo Jorge Pinto, cuyo periódico semanal “El Independiente”, había sufrido la explosión de una bomba hacía menos de dos semanas.
Las lecturas que escogió fueron: 1 Cor 15, 20-28, “Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que murieron”, luego orientó a los pocos asistentes con el salmo 23, “El Señor es mi pastor…aunque camine por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo”; y tomó el evangelio de Juan 12, 23-26: “Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre…si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere da mucho fruto”. Luego de resaltar las virtudes de aquella mujer, pide a todos la necesidad de “mirar nuestro momento histórico con esta esperanza, con este espíritu de entrega, de sacrificio y hagamos lo que podamos […] Unámonos, íntimamente, en fe y esperanza a este momento de oración por doña Sarita y por nosotros” [en este momento sonó el disparo]; (Óscar Romero, Ibid. pp. 506-507).
Asesinato de Romero
La homilía duró apenas ¡diez minutos!; más allá de la circunstancias, los textos bíblicos y el hecho trágico se conjugaron, para darle a su muerte el marco litúrgico de un martirio jesuánico. Romero tuvo una muerte “anunciada”; su hablar y actuar lo fueron involucrando en vida como destino, con el de su pueblo sufriente. Su palabra que nunca se sintió “encadenada” (2 Tm 2, 9), a ningún poder (ni del estado, ni de “autoridades” eclesiásticas), lo llevaron a testimoniar su fe con una muerte violenta que le propiciaron aquellos que no se oponían al “contenido dogmático” de su fe cristiana, sino a sus “opciones radicales” hechas en Jesucristo, el “autor y consumador de nuestra fe” (Hb 12, 2), y que proclama abiertamente “bienaventurados los perseguidos por la causa de la justicia” (Mt 5, 10-11).
Romero es un claro ejemplo, de que cuando un cristiano/a, con su palabra y con su vida, provocan al poder “político” aliado con las corporaciones de la riqueza en contra de los pobres, e incluso al statu quo “religioso”, indiferente o acomodaticio al gobierno de turno, la consecuencia inexorable será incomprensión, abandono, persecución y muerte.
Ramos y dolor en la despedida del pastor asesinado
La tradición más antigua de la Iglesia, enseña que el domingo de Ramos, la liturgia lee -como no lo hace en ningún otro Domingo- el evangelio de la Pasión, según cada año uno de los evangelios sinópticos. La celebración tiene un “alto contraste”, pues de una procesión con júbilo que recuerda la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén entre aclamaciones ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene, de nuestro padre David! (Mc 11, 9-10), la asamblea pasa a sumergirse inmeditamente en la escucha atenta del relato de la pasión.
El día posterior a la muerte de Romero, el martes 25 de marzo, la Conferencia Episcopal Salvadoreña emitió una “declaración”, cuyo estilo sugería que era obra del obispo Arturo Rivera Damas, que sería sucesor de Romero, desempeñaría un importante papel en los acuerdos de paz, además de fiel intérprete para el largo y enrevesado proceso de beatificación. En la declaración, se decía que muchos cientos de muertes, incluidas las de seis sacerdotes, habían precedido a la del arzobispo “en un contexto de violencia que llega a los límites de la locura”(Cf. James R. Brockman, Monseñor Romero. La biografía del mártir de América, Maliaño, Sal Terrae, 2016, p. 397).
El clima estaba enrarecido, los obispos planearon concelebrar una misa con el nuncio apostólico Emanuele Gerada (enviado luego a Pakistán) en la catedral el jueves 27, pero fue cancelada a última hora. Los transeúntes y los presentes, recibieron con hostilidad al obispo Arnoldo Aparicio (Obispo de San Vicente), cuando fue a visitar el cuerpo de Romero. Durante la semana, mientras se preparaba la misa exequial, un grupo de sacerdotes, religiosas y miembros de las comunidades eclesiales de base iniciaron un ayuno en la catedral y colgaron una gran pancarta a la entrada en la que se decía que los obispos Aparicio, Revelo, Álvarez, Freddy Delgado, la Junta y el embajador de los EE.UU no debían hacerse presentes.
Romero
Monseñor Urioste, que fue vicario general de Romero (luego promotor de la causa de beatificación), actuando como administrador de la arquidiócesis, envió a un seminarista de confianza para pedirles que retiraran la pancarta. Pero los que ayunaban se negaron, y durante aquellos días convulsos, agitados y tensos, los intentos posteriores para quitarla no tuvieron éxito. Se mantuvo como un “signo” de las divisiones de la Iglesia salvadoreña; de los obispos salvadoreños, “solo” Arturo Rivera Damas asistió a la misa exequial.
Juan Pablo II envió al cardenal Ernesto Corripio, de México, como su representante a la misa exequial, que se celebró el domingo de Ramos. Participaron también obispos de Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Francia, Brasil, Irlanda, España, México e Inglaterra. Junto a ellos concelebraron, el ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua, el padre Miguel D’Escoto y Gustavo Gutiérrez, el teólogo de la liberación peruano. Asistieron también miembros protestantes del Consejo Nacional de las Iglesias de los Estados Unidos y del Consejo Mundial de Iglesias. Casi trescientos sacerdotes de El Salvador y muchos de otras naciones concelebraron en la eucaristía.
El altar se había colocado delante de la puerta de la catedral, como se había hecho el año anterior para las exequias de los mártires de “El Despertar”, el padre Octavio Ortiz y cuatro jóvenes que murieron acribillados por la Guardia Nacional el 20 de enero de 1979 (Cf. Óscar Romero, Homilías para un pueblo que sufre. Ciclo B/I [1978-1979], Madrid, BAC, 2020, pp. 167-180). En esta ocasión, una muchedumbre de miles de personas de todas partes del país, se congregó ante las escaleras (Cf. Según el “National Catholic News Service, en una comunicación del 31 de marzo de 1980, dijo que los organizadores estimaron una participación de 200.000 personas, mientras que el Gobierno calculaba unas 30.000. La comunicación decía que parciparon 30 obispos, 300 sacerdotes y 500 religiosas).
En el momento del inicio, la policía y los cuerpos de seguridad no estaban a la vista, y los scouts y los representantes de las organizaciones populares mantenían el orden. Todo transcurría tranquilamente al principio. La misa seguía su curso cuando una amplia delegación de la Coordinadora avanzó hacia la plaza atestada de gente y envió a algunos de sus miembros a depositar una corona junto al ataúd ante el altar. El grupo aguardó en silencio en el límite de la muchedumbre mientras la misa proseguía. El cardenal Corripio estaba predicando cuando, repentinamente, una bomba explotó cerca de la delegación de la Coordinadora en la esquina más alejada del Palacio Nacional, que da a la plaza en ángulo recto frente a la fachada de la catedral. Inmediatamente comenzó un tiroteo desde la misma zona y la muchedumbre comenzó a huir.
La mayoría de la gente lo hizo hacia las calles del otro lado de la plaza, pero muchos forzaron las puertas de la catedral para entrar. Una valla de hierro separaba a la muchedumbre de las escaleras frontales, donde estaba el ataúd y el altar.
Apresuradamente, el ataúd fue trasladado al interior, en parte, porque en la confusión del momento algunos pensaban que la extrema derecha venía a robar el cuerpo. Esta podría ser la razón de la posterior declaración del Gobierno, para quien los grupos de izquierda eran los que querían robarlo. La puerta de la valla estaba cerrada para impedir que la muchedumbre la pasara durante la misa, y antes de que pudiera abrirse muchos la saltaron y otros fueron pisoteados. La mayoría de los más de cuarenta muertos aquel día fueron víctimas de los pisotones de otros. En la catedral eran miles los que estaban tan apretujados que casi no podían respirar.
Algunos testigos contaron que habían visto el cuerpo de una niña de ocho años con un agujero de bala en la frente. El reportero Christopher Dickey, del Washington Post, decía que, entre los más de treinta muertos, “menos de diez murieron por heridas de bala” (1 de abril de 1980); mientras que NC News Service, informó que hubo “más de 40 muertos y 250 heridos, según las mismas fuentes de los hospitales y de la Cruz Roja” (1 de abril de 1980). Dentro de la catedral, mientras se escuchaban disparos y explosiones en el exterior, el cardenal Corripio y unos cuantos más se “apresuraron” a dar sepultura al cuerpo en la tumba preparada en el transepto oriental.
Al igual que la última misa de Romero en la capilla del hospital, la de sus exequias tampoco llegó a terminar. Aquella tarde, el Gobierno emitió una declaración farragosa en la que culpaba a la Coordinadora de la violencia, diciendo que su delegación había hecho estallar las bombas y había disparado a la gente, que había intentado robar el cuerpo del arzobispo y había retenido a los “distinguidos visitantes” en la catedral “con el pretexto de protegerles del peligro de salir, debido a la intervención de las patrullas de las fuerzas públicas”. Esta patraña pensada con la misma intención que se pergenió el asesinato de Romero, provocó que por la noche, veinticuatro de los visitantes extranjeros consiguieran reunirse en el Seminario San José de la Montaña, para analizar los acontecimientos del día.
Emitieron una declaración, firmada por ocho obispos y otras dieciséis personas, negando la versión del Gobierno. Los testigos, decían que habían visto que se disparaba desde el segundo piso del Palacio Nacional, y algunos habían dicho que la bomba procedía del mismo lugar. La delegación de la Coordinadora había traído una corona para acompañar el ataúd y después habían esperado con total silencio hasta que estalló la bomba.
La pascua de Romero y el compromiso actual
La memoria litúrgica de San Óscar Romero, coincide este año como decíamos, con el “Domingo de Pasión”, esto nos retrotrae a todos aquellos pasajes del evangelio donde Jesús vive una “pasión continua”, “sufriendo amenazas” de parte de los que detentan el poder religioso y político (Mc 11, 18; 14, 1; Mt 21, 46; Lc 11, 53-54; 13, 32; 19, 47; 20, 19; Jn 19, 10). La actividad de Jesús, según la exposición de los evangelios, está determinada por el conflicto, casi desde el principio. El conflicto se va agravando y termina con la ejecución de Jesús en la cruz. El conflicto tiene diversos escenarios: Galilea y Jerusalén. Jesús entra en conflicto con diversos grupos y finalmente con el poder romano, lo cual lo conduce a la muerte (Cf. Joachim Gnilka, Jesús de Nazaret. Mensaje e historia, Barcelona, Herder, 1993, p. 327).
En el corto ministerio de Romero como arzobispo de San Salvador (al igual que el ministerio público de Jesús que duró solo 3 años), el conflicto fue in crescendo hasta acabar con su vida. El papa Francisco ha hablado de que Romero sufrió el martirio antes y después de su asesinato, (Cf. Francisco, Romero mártir incluso tras la muerte, difamado y calumniado; [en línea]: www.lastampa.it). Al igual que Jesús, que comenzó a manifestar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día (Mt 16, 21, y par.), Romero también tuvo confidencias de amenazas y de su destino final.
José Calderón Salazar que por aquellos días era corresponsal guatemalteco del periódico mexicano “Excelsior”, informó de una entrevista telefónica que le había hecho el arzobispo dos semanas antes de su muerte y en la que le dijo:
“He sido amenazado de muerte con frecuencia. Le debo decir, como cristiano, que yo no creo en la muerte sin resurrección. Si me asesinan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Lo digo sin jactancia alguna, con la máxima humildad. Como pastor, estoy obligado por mandato divino a dar mi vida por aquellos a quienes amo -por todos los salvadoreños, incluso por aquellos que pueden llegar a asesinarme-. Si las amenzas se cumplen, desde este instante ofrezco mi sangre a Dios por la redención y por la resurección de El Salvador. El martirio es una gracia de Dios que no creo merecer. Pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y signo de que la esperanza se hará pronto realidad. Que mi muerte, si es aceptada por Dios, sea para la liberación de mi pueblo y testimonio de esperanza en el futuro. Puede decir, si consiguen matarme, que perdono y bendigo a quienes lo hagan. Ojalá, en efecto, que pudieran convencerse de que desperdiciarán su tiempo. Un obispo morirá, pero la Iglesia de Dios, que es el pueblo, nunca perecerá” (Cf. James R. Brockman, Ibid. p. 402).
No es el lugar aquí para hablar del accionar que tuvieron los escuadrones de la muerte y sus conexiones con las fuerzas armadas y los líderes de la oligarquía salvadoreña; tampoco del rol principal que desempeñó Roberto D’Aubuisson, dirigente de la violencia de extrema derecha en El Salvador, y autor intelectual del asesinato de Romero. Lo cierto es que este personaje fue uno de los fundadores del partido ARENA en septiembre de 1980 que mantendrá un puesto relevante en la política salvadoreña durante toda esa década, llegando incluso a ser presidente de la Asamblea Nacional en 1982.
Con el asesinato de Romero, y sus exequias “bañadas en sangre”, comenzó en El Salvador una guerra civil con decenas de miles de salvadoreños/as que sufrieron persecución y muerte; algunos casos conocidos por su atrocidad, como las Misioneras de Maryknoll (Maura Clarke, Ita Ford, Dorothy Kazel y Jean Donovan), violadas y asesinadas el 2 de diciembre de 1980; las masacres del río Sumpul o la del río Lempa, o de la entera población de El Mozote entre el 9 y 12 de diciembre de 1981, cuando a manos del batallón Atlacatl, 978 personas fueron asesinadas, de las cuales 553 eran menores de edad.
Esta inmensa constelación de testigos de la fe y la justicia, que se calculan en 75.000 asesinados y 9000 desaparecidos (en este país que es como el “pulgarcito Latinoamericano”), tuvieron en apariencia un sello final con el asesinato de los mártires de la UCA y dos servidoras de la comunidad, el 16 de noviembre de 1989. Pero la inmensa mayoría de estos homicidios y genocidios permanecen sin juicio de los culpables.
Si al decir de Romero, “si me matan resucitaré en el pueblo salvadoreño”, debe agregarse sin concesiones, que la resurrección exige fidelidad al mensaje del crucificado. En este sentido, la Iglesia salvadoreña se ve hoy más interpelada que ayer. La razón es simple, los testigos de tantos martirios deben relevarse y mantener vivo el mensaje liberador de “denuncia” y “esperanza”, sin lo cual los pueblos, nunca exentos de “olvidar” los lazos de la opresión, pueden verse tentados a recaer en los mismos atropellos que sus mártires denunciaron.
Comentarios desactivados en El Salvador: Bianka Rodríguez, la primera mujer trans en votar con su identidad
Bianka Rodríguez votó por primera vez con una identidad validada en las elecciones de El Salvador. Aldo Peña, un hombre trans, votó a pesar de no figurar en el padrón electoral, ya que el Estado no ha querido reconocer su cambio de nombre por razones de identidad de género. Falta legislación que proteja el derecho a la identidad de la población trans en El Salvador en procesos institucionales como las votaciones.
El domingo a la tarde, se dirigió al centro de votación en la Escuela de Educación Parvularia «Alberto Masferrer», en Cuscatancingo. Allí, se encontró con representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que monitorearon a distancia para asegurar un proceso sin complicaciones. En el padrón electoral, su nombre coincidía con el DUI.
«Esta es la primera vez que emito el sufragio con una identidad que me representa», resaltó Bianka. Señala que este logro supuso un desafío, reconociendo el privilegio de haber cambiado su nombre en contraste con otres compañeres trans que aún luchan por el reconocimiento de su identidad.
«Para mí, como Bianka, es un momento trascendental en mi vida porque se comienza a eliminar esa violencia institucional permeada dentro de las instituciones públicas y que tanto nos afecta a nosotros en el goce y las libertades fundamentales de nuestros derechos humanos». Bianka espera que la Asamblea Legislativa cumpla con la sentencia de la Sala de lo Constitucional para reformar la ley del nombre.
Bianka Rodríguez votó en la Escuela de Educación Parvularia «Alberto Masferrer», en Cuscatancingo, acompañada de personal de la PDDH.
Aunque los derechos de la población LGBTIQA+, incluyendo el reconocimiento de la identidad, no son completamente reconocidos, Bianka subraya la relevancia de participar en los procesos partidarios y la importancia de no renunciar al derecho al voto. Destacó que no estamos lejos de ver mujeres trans ser electas en el país y enfatizó la importancia de postularse a estos cargos para asegurar la representación de este sector de la población.
«No podemos seguir votando por personas que nos tienen en el olvido o nos tienen en la oscuridad de la democracia. Las personas LGBTIQA+ formamos parte de esta democracia, de la ciudadanía de este país y debemos ejercer el derecho al voto y que este sea libre de violencia y discriminación».
La lucha por un nombre
Aldo Peña, un hombre trans de 40 años, se presentó a votar el cuatro de febrero a pesar de no figurar en el padrón electoral. Su ausencia se debe a que el Estado no reconoce su cambio de nombre por motivos de identidad de género. El nombre que aparece en su Documento Único de Identidad (DUI) no refleja su identidad ni su expresión de género. Y no coincide con el nombre con el que se presenta y es reconocido por los demás. Desde que cumplió 18 años, abandonó ese nombre y, si hubiera sido posible, habría comenzado a usar su verdadero nombre, Aldo, desde los 8 años.
A las 9:05 de la mañana, Aldo se presentó en el Centro Escolar Juana López, Ciudad Delgado, para ejercer su voto. Le acompañaba discretamente una representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), asegurándose de que su derecho no fuera vulnerado.
Aldo Peña sigue luchando para que se reconozca su derecho al nombre.
Estas elecciones no son las primeras para Aldo. Llevar a cabo procesos oficiales y ser objeto de miradas extrañadas no es algo nuevo. No obstante, con cierto tono divertido, comenta que en las mesas receptoras de votos siempre hay sorpresa cuando se presenta, ya que su nombre no coincide con su apariencia.
En esta ocasión, la persona encargada de recibir su documento no prestó atención y pronunció en voz alta su nombre anterior. Con amabilidad, Aldo le pidió que se refiriera a él por sus apellidos.
«Venir a votar es como ir a pasar una consulta al Seguro Social. Me genera cierto nerviosismo porque me preocupa qué tipo de persona me encontraré y si enfrentaré discriminación», compartió Aldo, tras señalar que, por lo general, las personas en las mesas receptoras de votos reciben capacitación para respetar la identidad de los votantes. «Pero en esta ocasión, ella parecía muy nerviosa. Pude notar que se puso más inquieta que yo, a pesar de que venía con el temor de ser discriminado».
«Yo ya soy legalmente Aldo Alexander Peña, yo soy legalmente Aldo. Lastimosamente no cumplieron la orden de la jueza. Ella ordenó modificar mi partida de nacimiento, pero la orden no tuvo validez para el personal de la alcaldía que se negó a darme mis documentos», relata Aldo. Asegura que continuará luchando para que se cumpla ese cambio y para que a él, al igual que al resto de la población, se le garantice el derecho a su identidad.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) establece en su instructivo para los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que las personas de la población LGBTIQA+ deben ejercer su derecho al voto en un entorno libre de discriminación. Subraya que a las personas trans no se les negará el derecho al voto si la fotografía del DUI no coincide con su apariencia física (expresión de género), explicando que es suficiente con verificar sus rasgos físicos y que su nombre, número y firma coincidan con los registros en el padrón electoral.
Según el personal del TSE, quienes integran las JRV están preparadas para no obstaculizar el voto de ninguna persona por su apariencia y han llevado a cabo campañas para fomentar la participación de toda la población, incluyendo la LGBTIQA+. Durante una capacitación para periodistas organizada por el TSE, Alharaca indagó sobre la implementación de estas capacitaciones. Se informó que, desde la disolución de la Secretaría de Inclusión Social durante la primera reunión de consejo de ministros de Nayib Bukele, en junio de 2019, han enfrentado dificultades para establecer contacto con diversas organizaciones a fin de crear, validar e implementar protocolos y capacitaciones. No obstante, los esfuerzos persisten para garantizar que todas las personas puedan ejercer su voto sin discriminación.
Esta nota se publica como parte de una alianza de contenidos entre Alharaca -donde fue publicada originalmente- y Presentes.
Comentarios desactivados en El Triángulo Norte centroamericano expulsa a la diversidad sexual
En Honduras, Guatemala y El Salvador, las disidencias sexuales, para salvar sus vidas, deciden huir. El peso que la religión tiene en Latinoamérica.
De entre los tres libros a la vista en un mueble de la sala, resalta uno que lleva por título El Exiliado. Es un libro de poemas de un autor argentino que le regalaron en un evento al que fue con uno de los tres amantes que ha conocido por Grindr, la aplicación más usada para encuentros entre hombres.
A la par de ese libro, hay otro que Arturo levanta. Lo abre y muestra la contratapa, donde aparece la foto del amante escritor que ha presumido esta tarde de primavera.
Arturo vive en un edificio con vista a la avenida Cabildo, una vía emblemática y concurrida de la Ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina. Llegó hace cuatro meses a la ciudad y no tiene país. A sus 43 años ha vivido entre Honduras y Costa Rica, y hoy está en Argentina.
Entre los seis y los 12 años, sus papás le pegaron porque su hermano mayor les contó que lo veía jugando y acariciándose con otros niños vecinos de su edad. Su hermano también le pegaba cuando se emborrachaba, y sus tías católicas le decían que se iría al infierno por ser un niño amanerado.
A los 17 años, Arturo escapó de su pueblo. Terminó el bachillerato y se mudó a San Pedro Sula. Esta ciudad industrial y Tegucigalpa, la capital hondureña, son las más importantes del país. También han figurado algunas veces como unas de las más peligrosas del mundo.
Una discriminación estructural
La violencia hacia las personas de la diversidad sexual comienza en la casa, continúa en las escuelas y se extiende en todos los espacios sociales. Incluidos aquellos en los que se toman decisiones políticas.
“El mayor problema de América Latina es que es una región religiosa, principalmente católica”, opina Adriana Espinosa, directora de Viajes de Emergencia y Asistencias Financieras de Rainbow Railroad, una organización canadiense, con presencia mundial. Ayuda a las personas LGBTIQ+ a salir de sus países por la violencia que atraviesan por no vivir dentro de la norma heterosexual.
La organización acompaña actualmente 400 casos de personas LGBTIQ+ que huyen porque son perseguidas por su orientación sexual, identidad y expresión de género. Entre los casos están el de un hondureño y el de dos mujeres nicaragüenses reubicadxs en Argentina.
A nivel cultural, Latinoamérica no está de acuerdo con la diversidad sexual, agrega Espinosa, y las personas son católicas de nacimiento, aunque no sean practicantes.
El Congreso de Guatemala, por ejemplo, aprobó en 2022 la conmemoración del Día por la Vida y la Familia, fijando la fecha cada 9 de marzo. El decreto aprobado por lxs diputadxs, explícitamente, obliga a los tres poderes del Estado a realizar actividades para “proteger” la concepción tradicional y heterosexual de la familia, y prohíbe hablar sobre educación sexual el país.
…
Después de informarse sobre la diversidad sexual y entender que la atracción que sentía por otros hombres también la sentían otros hombres, Arturo se convirtió en activista LGBTIQ+.
En San Pedro Sula, tuvo su primer novio, sus primeros amigos gais y fue diagnosticado con VIH. En 2007, con lo que había aprendido hasta entonces, comenzó a trabajar, dentro de una organización, en la prevención y tratamiento de las personas de la diversidad sexual viviendo con VIH.
Pero Honduras estaba por estallar. El 28 de junio de 2009, a un año de terminar su gobierno, el presidente Juan Manuel Zelaya, un militar de izquierda, fue derrocado en un golpe de Estado y luego se instaló un gobierno de facto.
El día del golpe y los que le siguieron hubo toques de queda. Los cuerpos de seguridad estatal, policías y militares, fueron denunciados a nivel internacional por organizaciones sociales debido al uso excesivo de la fuerza y los crímenes que cometieron contra civiles.
Una de las víctimas del golpe fue un amigo y compañero de trabajo de Arturo. A él, dice, lo mataron los militares cuando transitaba por la calle. Era un hombre organizado, y esto, más ser amanerado, le valió para ser asesinado.
Esta condena describe las violaciones a los derechos humanos en Honduras. En total, durante el golpe, hubo 300 asesinatos y así el país centroamericano, según la Corte IDH, pasó a ser uno de los más inseguros. Y, San Pedro Sula, una de las ciudades más peligrosas del mundo.
De todos los grupos de la población LGBTIQ+, la que ha sido mayormente vulnerada es la población trans, sobre todo las mujeres trans, por su identidad y expresión de género visibles y contrarias a la norma heterosexual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estima que la esperanza de vida de una mujer trans en América Latina oscila entre los 30 y 35 años.
Sin una Ley de Identidad de Género que les reconozca, las personas trans siguen sin acceder a derechos humanos básicos como la salud y la educación. Y, al no insertarse en un mundo laboral formal, algunas mujeres trans no tienen otra opción para buscar ingresos distinta al trabajo sexual.
“Ser LGBTIQ+ es una sentencia de muerte en Honduras, no hay ninguna ley de protección”, apunta Osmán Lara, presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, que está conformado por 15 organizaciones con presencia en 16 municipios hondureños.
El estigma y la violencia que pesan contra la diversidad sexual en Honduras son tal que, cuando una persona es visiblemente LGBTIQ+ y quiere acceder a un servicio de salud, primero tiene que pasar por un testeo de VIH. A la discriminación social se suma que las pandillas obligan a algunas mujeres trans y a algunos gais a vender droga, señala Lara.
Las organizaciones hondureñas, con los pocos recursos que tienen, trabajan en el acompañamiento legal a las personas de la población LGBTIQ+ y registran las violencias que enfrentan.
En 2023, según el Comité LGBTIQ+, 48 personas de las disidencias sexuales fueron asesinadas en Honduras. Guatemala alcanzó índices de violencia similares, con 34 casos registrados. Estos homicidios se fundamentan en el odio hacia la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas, por ello son llamados crímenes de odio y, en la mayoría de los casos, quedan impunes.
“En víctimas LGBTIQ+, Honduras tiene un triste récord”, reconoce Tony García, Vice Canciller Consular y Migratorio en el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quien asumió en enero de 2022.
A pesar de reconocer la violencia hacia la diversidad sexual, García minimiza su impacto al afirmar que no es una de las principales razones de la migración en Honduras. Según él, lxs hondureñxs emigran principalmente para reunificarse con familiares en Estados Unidos, donde reside un millón y medio de hondureñxs. La segunda causa para migrar es el desempleo y, en último lugar, por la amenaza de las pandillas.
Lo mismo ocurre con el gobierno guatemalteco, el cual no reconoce en sus registros la migración como resultado de la violencia, mucho menos la violencia estructural que enfrenta la población LGBTIQ+.
Alharaca solicitó una entrevista con representantes del Instituto Guatemalteco de Migración. Alejandra Mena, de la oficina de prensa, atendió la entrevista por escrito. Allí, dice que lxs guatemaltecxs migran por «mejoras» y oportunidades laborales, reunificación social y “familiar”.
De parte de El Salvador, no hubo una respuesta de las autoridades sobre la migración forzada.
Arturo no tuvo otra opción que huir de San Pedro Sula durante el toque de queda. Junto a uno de sus colegas, pidió medidas de protección a la CIDH por la persecución estatal de la que eran víctimas lxs activistas en ese tiempo. Las medidas no les aseguraban que sus vidas estuvieran a salvo, porque quienes les cuidaban, por órdenes de la CIDH, eran policías que frente a ellos presumían la violencia que ejercían contra la población LGBTIQ+.
En el Triángulo Norte centroamericano, los Estados no han legislado a favor los derechos de las disidencias sexuales, lo que les hace más vulnerables a la violencia. Los crímenes contra estas personas quedan impunes, no hay leyes de identidad de género que reconozcan a las personas trans y el matrimonio igualitario no está permitido. En esta región, no solo hay presencia de pandillas, sino que, paralelo a estos grupos, las policías y los ejércitos han sido agresores de identidades sexuales diversas, hasta asesinarlas o expulsarlas de sus países.
“Estas violencias, la mayoría de veces, las viven en silencio y no son denunciadas, porque los represores son también policías o funcionarios públicos judiciales”, enfatiza Patricia Vargas, investigadora guatemalteca especializada en población LGBTIQ+ y violencia contra las mujeres.
Vargas lleva años documentando los procesos migratorios y la exclusión que viven las disidencias sexuales en Guatemala. Una de sus investigaciones apunta a que, en la zona 1 de Ciudad de Guatemala, la capital, de cada 100 personas en situación de calle, una es parte de la población LGBTIQ+.
Son personas que muchas veces, dice la especialista, viajan del interior del país creyendo que en la capital la situación de discriminación y racismo que viven en sus comunidades va a cambiar. Pero en la capital se enfrentan con un racismo “diluido” y también con más clasismo que en sus comunidades de origen.
Arturo, agotado por la itinerancia constante y tras enfrentar una nueva pérdida en su organización, tomó la decisión de huir a Costa Rica. La decisión surgió cuando un compañero, después de que las pandillas asesinaran a su pareja y a toda su familia (10 personas en total) en 2012, se vio obligado a huir a Estados Unidos. En Costa Rica, Arturo vivió durante una década.
En Centroamérica, Costa Rica se vuelve un posible destino para quienes huyen de la violencia, pero la migración masiva no permite que el país dé respuesta rápida a todos los procesos migratorios.
Dennis Castillo es un hombre gay refugiado en Costa Rica. Huyó en 2012 de Honduras y al año de haber llegado se agrupó con otres activistas para formar el Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA-Casa Abierta), que acompaña legal y psicológicamente. Además, ayuda a la integración social a las personas de la diversidad sexual que buscan refugio. “Las personas LGBTI no migramos con familias biológicas, viajamos solos, elegimos familia”, menciona Castillo.
IRCA acompaña 902 casos de solicitudes de refugio. De ellos, la mitad espera una resolución final a su solicitud. Pero, de acuerdo con Castillo, desde 2018 —cuando estalló la crisis política en Nicaragua— a la fecha, Costa Rica tramita 250 mil solicitudes.
El refugio es una protección internacional que brindan los Estados a personas que huyen por situaciones de violencia de sus países de origen. Hay dos convenciones que regulan este tema, una de 1961 y otra de 1967. Ambas consideran que una persona puede ser refugiada al ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, por sus opiniones políticas o por pertenecer a un determinado grupo social.
Las solicitudes de refugio de las personas LGBTQI+, según normativa desarrollada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), el ente encargado de las personas refugiadas, son tramitadas bajo las últimas dos causas.
El mismo informe revela que, a julio de 2022, en el mundo había un millón de personas procedentes de Centroamérica y México refugiadas o solicitantes de refugio. La cifra superó por un 590 % a la cantidad de casos que había en 2015.
Alejandro Córdova presentó El show de la Taylor el 4 de noviembre en La Casa Rosada, San Salvador. Foto: Kellys Portillo.
En la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Córdova conoció el ballroom y, al encuentro con esta subcultura representativa de la comunidad latina y afroestadounidense de inicios del siglo XX, le agradece haber redescubierto su identidad sexual.
La Taylor, como se hace llamar en el mundo artístico, en referencia a la cantante de pop estadounidense Taylor Swift, es una persona no binaria de El Salvador que viajó en junio de 2019 a estudiar becade una maestría en dramaturgia a Argentina.
Después de la pandemia del COVID-19, optó por establecerse en Buenos Aires para avanzar en su carrera profesional. Sin embargo, durante un viaje de cinco semanas a El Salvador entre octubre y noviembre de 2023, llegó a la conclusión de regresar. Económicamente, Argentina ya no le resulta viable: en su primer día de gobierno, Milei devaluó la moneda e implementó medidas que liberalizan la economía en un contexto de inflación descontrolada. Además, su enfoque en recortar el gasto público ha llevado al presidente ultraderechista a amenazar con el cierre de espacios artísticos, incluyendo el Fondo Nacional de las Artes.
«Estoy tomando una decisión basada en oportunidades», comenta Córdova en una entrevista telefónica con Alharaca, a pocos días de regresar a El Salvador.
El paso de La Taylor por Argentina estuvo marcado por los escenarios: uno de sus proyectos, Yender, una obra que habla sobre las vivencias dentro de la cultura ballroom, ganó el Fondo Nacional de las Artes; y, en Buenos Aires, inspirade en la cantante estadounidense, comenzó a presentar sus shows, en los que mezcla la poesía y la música para hablar sobre sus romances con hombres. En 2022, también se casó con una persona no binaria y pudo acceder gratuitamente a su tratamiento de antirretrovirales cuando conoció su diagnóstico positivo de VIH.
En El Salvador, Córdova no experimentó violencia familiar debido a su orientación sexual cuando aún se autopercibía como un hombre gay. Reconoce que, a nivel social, no todas las personas LGBTIQ+ tienen la misma experiencia. “El Salvador es un lugar bien hostil para crecer como disidencia sexual”, afirma.
Desde la aprobación de la Convención sobre el Estatuto de los de Refugiados de 1961 y su adhesión al mismo, Argentina ha reconocido como refugiadas a 773 personas que han huido debido a la persecución que sufrían en sus países de origen por sus opiniones políticas o por pertenecer a un grupo social determinado, como la población LGBTIQ+, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional para los Refugiados.
En 2011, el gobierno de este país sudamericano consideró la posibilidad de otorgar visas humanitarias a personas del Triángulo Norte de Centroamérica, inspirándose en el Programa Siria, el cual entrega visas humanitarias a personas sirias que escapan de una guerra que se ha prolongado por 12 años. La discusión de las visas para centroamericanxs, según Esteban Tome Fuentes, exfuncionario a cargo del programa, no prosperó.
En Guatemala, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) accedió a testimonios de cuatro personas LGBTIQ+ que vivieron estas terapias con las que se les pretendía «corregir» su orientación sexual e identidad de género diferente a la heterosexual.
La investigación, llamada “¿Cura o tortura? ECOSIEGCS—Esfuerzos de cambio de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales—. Las mal llamadas ‘terapias de conversión’ en Guatemala”, explica que en Guatemala no solo se intenta “corregir” a las personas de población LGBTIQ+ por medio de la religión, que ve como enfermedades a las orientaciones sexuales y a las identidades sexuales diversas, sino que también a través de las psicoterapias.
En las escuelas, explayan lxs investigadores de Flacso, hay represiones directas o indirectas para las personas LGBTIQ+, como la expulsión de los centros de estudio y el encubrimiento del bullying homolesboodiante por parte de la comunidad educativa. Luego, esta exclusión evoluciona a la expulsión de las personas de sus países de origen.
«La mía es una migración diferente a la migración de irse por mejorar económicamente o porque no te gusta el país. En nuestro país hay persecución para las personas LGBTI», advierte Arturo, el activista gay de Honduras.
Argentina, en cambio, tiene aprobados derechos que les falta a los países del Triángulo Norte de Centroamérica para garantizar el desarrollo y una vida digna de las personas LGBTIQ+. Pero estas garantías están amenazadas con el gobierno del ultraderechista Javier Milei, que el 10 de diciembre asumió su cargo y ya inició un recorte al gasto público, dejando más vulnerables a las disidencias sexuales y a las mujeres.
En Argentina, las personas trans tienen derecho a cambiarse de nombre, a la posibilidad de acceder a tratamientos hormonales en el sistema público, porque, además, hasta el momento, la salud es gratis para argentinxs y extranjerxs; lo mismo que el sistema de educación en todos sus niveles. Y transversalmente, las escuelas imparten la materia de Educación Sexual Integral. También, el país ha legalizado el matrimonio igualitario y las uniones civiles de personas LGBTIQ+.
“Las personas LGBTIQ+ migran porque no están en igualdad de oportunidades”, dice Karla Guevara, activista trans, directora del Colectivo Alejandría y secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTI+.
El colectivo que preside Guevara ha trabajado en los últimos 11 años en el acompañamiento de personas trans salvadoreñas para que puedan acceder a derechos como la salud y la información en prevención y tratamiento al VIH. Recientemente, también abrió Casa Francela, un centro comunitario creado para convertirse en un punto de encuentro de las disidencias sexuales.
Ante el escenario de violencia compartido por los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, la migración forzada ha sido una constante. Pero entre 2018 y 2019 se volvió más visible y masiva. Durante esos años, de Honduras, El Salvador y Guatemala partieron caravanas de migrantes hacia Estados Unidos que hicieron que la administración de Donald Trump obligara a los gobiernos a frenar la migración.
En estas caravanas, Lara, el activista hondureño, dice que las organizaciones de Honduras identificaron 62 casos de migrantes LGBTIQ+.
Por el imaginario colectivo del «sueño americano», Amaral Arévalo, un investigador salvadoreño especializado en violencia y homicidios contra personas LGBTIQ+ de El Salvador, dentro del Instituto Fernándes Figueira, en Brasil, indica que el principal país de destino que buscan lxs migrantes centroamericanos es Estados Unidos.
En Rainbow Railroad pretenden “desmantelar” la migración hacia Norteamérica y ofrecen otros países latinoamericanos de reinstalo a lxs solicitantes de refugio, cuenta Adriana Espinosa.
Este año, la organización lanzó un programa para reubicar a latinoamericanxs LGBTIQ+ en Argentina, donde el refugio es tramitado en menos de un año, pero no todxs lxs solicitantes aceptan este destino.
“Los latinoamericanos no queremos ir a Latinoamérica. Tenemos esa mala percepción de nosotros mismos y nuestros compañeres en Latinoamérica, del país o de las situaciones económicas”, menciona la especialista.
Guevara, la activista salvadoreña, opina que las personas de la diversidad sexual no eligen migrar a un país distinto a Estados Unidos, porque no cualquiera puede pagar un boleto de avión, como para viajar a Argentina. A las disidencias sexuales no les queda otra opción que arriesgar su vida, atravesando por tierra la ruta migratoria.
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Durante la década de los 90, en Europa, detalla Arévalo, hubo hombres gais que huyeron hacia Estados Unidos porque eran perseguidos por gustar de otros hombres. Desde finales de los años 60, el país norteamericano ya abanderaba la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ en el mundo.
De 2016 a la fecha, la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+) colabora asesorando a personas de diferentes países del mundo que, por ser parte de la disidencia sexual, además de sufrir conflictos internos en sus lugares de origen, se ven obligadas a migrar o refugiarse en Argentina.
A este tipo de migración se le llama sexilio, que es una palabra derivada de la combinación de sexo con exilio: personas obligadas a salir de sus países o que salen por razones propias, porque no siguen las normas sociales y heterosexuales.
Los sexilios que hoy ocurren en el Triángulo Norte centroamericano se caracterizan porque en esta región los principales represores son los Estados, que no garantizan ningún derecho para las personas LGBTIQ+, sostiene Arévalo. «Garantizan, básicamente, una muerte», recalca.
La representación de ACNUR en Argentina, consultada por Alharaca, aclaró que no podía hablar detalladamente sobre los casos de asilo en ese país, por la confidencialidad de la información, pero remitió informes que dan cuenta sobre el desplazamiento y migración forzada ocurrida en los últimos años en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Sigfredo Funes sí planificó su huida. Lleva más de un año viviendo en Buenos Aires y no quiere volver a su país. Con la excusa de migrar, aplicó a una beca para cursar una maestría en Argentina y así salir de El Salvador.
Antes, en 2021, y en el marco de la conmemoración del Día del Orgullo LGBTIQ+, fue expulsado de casa después de que sus padres se enteraran de que es gay. Cuando logró independizarse, comenzó el régimen de excepción en El Salvador y él, que es un militante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido salvadoreño de izquierda, y crítico en redes sociales del gobierno del presidente Nayib Bukele, fue perseguido hasta recibir una amenaza de muerte.
Funes tomó una llamada anónima en Telegram. Era la voz de una mujer que, luego de decirle que se iba a morir, colgó de golpe el teléfono. Días más tarde, un motociclista, al que no conocía, llegó a buscarlo a la casa de sus padres.
Él asume que esto ocurrió a partir de sus críticas al gobierno. En Facebook, donde suele postear publicaciones contra Bukele, tiene más de dos mil seguidores.
Funes ya había terminado la carrera de Relaciones Internacionales. Este título le sirvió para aplicar a la maestría. En agosto de 2021, lo aceptaron en una universidad argentina para estudiar una maestría en Derechos Humanos y viajó a Buenos Aires.
En octubre de 2023, tenía que volver a El Salvador, porque ya había terminado sus estudios, pero su madre le advirtió que no regresara, porque afuera de la casa suele parquearse una camioneta con vidrios polarizados, y sospecha que lo están buscando.
Una de las condiciones del refugio es que la persona no pueda regresar a su país de origen, ya que, al hacerlo, el Estado que le ha otorgado el refugio asume que ya no existen las condiciones de peligrosidad que motivaron su huida. Funes tiene la intención de establecerse nuevamente en El Salvador, en el futuro, por lo que no solicita refugio. Planea vivir en Sudamérica, hasta que pueda retornar.
«La intersección entre el acceso a recursos, el color de la piel, desgraciadamente, y el nivel educativo de las personas que migran influye mucho en cómo es su proceso, en cómo será su proceso y en qué acceso tienen a ciertas cosas o a cierta información”, sostiene Vargas, la investigadora guatemalteca.
María Fernanda Parada, una veinteañera salvadoreña, que se autopercibe como pansexual y reconoce sus privilegios, reside en Buenos Aires desde enero. En su familia nunca ha sido discriminada por su orientación sexual. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Liceo Francés Salvadoreño, un colegio privado, en el que frecuentemente lxs profesores, recuerda, le decían a lxs alumnxs que debían marcharse del país.
El año pasado, comenzó su carrera en una universidad de Francia, pero desistió de cursarla, porque no le gustaba el enfoque. Sin embargo, allá pudo explorar la libertad de la metrópolis, su sexualidad y salió por primera vez con mujeres. En El Salvador su grupo “queer”, dice, era reducido y todxs se conocían entre sí.
“Hay un montón de gente que estamos dejando desamparada y ellos solos no se pueden salvar así nomás”, apunta. Este año, Parada cursa el ciclo inicial para ingresar a la carrera de Antropología en la Universidad de Buenos Aires y, en los pocos meses viviendo en Argentina, ha logrado hacer amistades diversas. Al terminar la carrera, su plan es volver a El Salvador para trabajar como periodista e investigar sobre población LGBTIQ+.
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De las 200 consultas que la FALGBT+ ha recibido en los últimos años de personas que quieren refugiarse en Argentina, la mayoría son de personas de Ucrania y Rusia, países que están en guerra desde febrero de 2022. Un caso, aclara Maribe Sgariglia, secretaria de Relaciones Internacionales de la FALGBT+, a veces se traduce en más casos, porque algunas personas huyen con parejas e hijxs.
Sgariglia explica que estxs migrantes preparan su huida con ahorros, consiguen trabajos remotos y también se asesoran anticipadamente sobre los procesos migratorios que deben realizar. Una vez en Argentina, hacen comunidad entre sus mismas nacionalidades, al punto de crear un grupo de Telegram para comunicarse.
No ocurre lo mismo con aquellxs que, además de la barrera del idioma en otro país, se encuentran solxs. Hay jamaiquinxs que no han podido acostumbrarse a Argentina y han tenido que regresar a su país, aunque saben que allá, donde está criminalizada la homosexualidad, su vida corre peligro, agrega la activista.
La mayoría de latinxs LGBTIQ+ que buscan refugio en el país Sudamericano, dice Sgariglia, han pasado por situación de calle: “Llegan acá quizá sin ningún recurso ni económico ni social, sin redes. La mayoría de esas personas vienen solas, su familia queda atrás con un vínculo súper duro”.
Como el caso de Arturo, la migración forzada de la diversidad sexual ocurre en dos pasos, enfatiza Amaral Arévalo: si las personas son del interior del país, primero se desplazan al área metropolitana y después migran. Sin embargo, estos trayectos están condicionados por las redes de apoyo con las que cuentan en su país de origen o en el país de destino.
En Costa Rica, Arturo no trabajó como activista. Fue cajero en un banco, mesero en restaurantes de comida rápida, administrador de un hotel y carnicero.
Le pareció que, en Costa Rica, la población LGBTIQ+ ya había ganado derechos que en Honduras no se han reconocido. Por ello, no encontró forma de trabajar en su área. Aunque pudo migrar a Estados Unidos, porque allá está una de sus hermanas y para allá migró el colega al que asesinaron la pareja, no era un país que le llamara la atención para vivir. Y en Costa Rica no quiso refugiarse, ya que lo considera un país xenófobo.
En 2021, con la idea de que, casi una década después de haber huido de Honduras su familia y el país habían cambiado, volvió. Pero la situación de violencia seguía igual.
Pensó mudarse a la casa de sus padres, dos personas mayores y solas, en Ocotepeque. Quería cuidarles, pero su mamá le condicionó en cómo debía vestir, actuar y con quién debía de relacionarse en el pueblo. Tampoco podía hablar de temas que le incomodaran a la familia, como su homosexualidad y su condición de persona viviendo con VIH.
En una discusión, su papá lo agredió por hablar de su homosexualidad. Desde entonces, Arturo decidió nunca volver a su casa de infancia. Se fue, de nuevo, para San Pedro Sula, donde no logró conseguir trabajo. Se quedó unos días en la casa de otra de sus hermanas, pero empezó a ser perseguido por un carro del que, en tres ocasiones, un grupo de desconocidos se bajó y lo apaleó. La última vez, aparte de golpearlo, le robaron el celular.
Intentó denunciar el primer ataque, pero cuando lo vieron golpeado de la cara, los policías de una delegación se burlaron de él. Arturo dijo que no valía la pena seguir viviendo en Honduras.
La tarde del jueves cae en Buenos Aires. Afuera está el ruido habitual de la ciudad porteña, dentro de este departamento, un gay hondureño busca refugio porque su país lo expulsó.
Hay días en los que Arturo no sale de casa. Se siente novato y solo en esta ciudad de cuatro millones de habitantes, que apenas está aprendiendo a recorrer por su cuenta. En una canasta al centro de la mesa del comedor hay dos guineos, una fruta abundante en el trópico centroamericano. De vez en cuando, Arturo prepara comida hondureña, sobre todo sopas de frijoles y ensaladas frescas, para sentirse en su país.
“Allá sí estaba solo, pero me iba, tal vez, adonde mis amigos. Dejé todo, pero a la vez no tengo nada”, lamenta.
Con la asunción de Milei y el ajuste económico en Argentina, Arturo se replantea la idea de seguir su proceso de asilo y pretende volver a Honduras, donde su vida no está asegurada.
Nota: Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa Exprésate. El nombre del personaje principal del texto se ha omitido por razones de seguridad. Fue publicada por nuestro medio aliado Alharaca.
Comentarios desactivados en Ley Ómnibus: cómo afecta la reforma en políticas de género y diversidad
Como dice el refrán popular, “Cuando las barbas de tu vecino veas pelar…”. Esto que está aconteciendo en Argentina puede contagiarse por todo el Continente y ocurrir en España y Europa si ganan las elecciones los amigos y amigas de este psicópata como Trump, VOX, el Partido Popular, la AfD, el partido de Marine Le Pen… ya está ocurriendo en Italia con la vuelta del Fascismo, en Hungría, en Reino Unido con el vergonzante Partido Conservador, en El Salvador con Bukele… ¿Cómo tantas personas LGTBI y tantas mujeres han podido votar a Feijoo, Ayuso o Abascal? Es terrible que las víctimas voten a sus verdugos… y luego están las malas personas como Sor Lucía Caram que se dice cristiana pero que ha votado a Milei. Es necesaria la formación y la resistencia. No pueden pasar y No pasarán.
Al paro nacional decretado por la Confederación nacional del Trabajo de Argentina (CGT) adhirieron gremios, organizaciones sociales, activistas y personas sueltas que se manifestaron contra el gobierno de Javier Milei.
El paquete de medidas enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, entre sus múltiples propuestas, propone modificar y restringir políticas de género y diversidad.
BUENOS AIRES, Argentina. En el paquete de medidas que busca reformar la Ley Ómnibus, el lenguaje en que están expresados esos cambios es en sí mismo una praxis política. El texto que el presidente Javier Milei envió al congreso el 27 de diciembre con el título “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” busca reformar temas y áreas de todo tipo: la economía, la salud, la educación, entre otras. De aprobarse, sus alcances afectarán profundamente la vida de las personas, y en especial de las mujeres y diversidades, mucho más allá de estos destacados. Aluden a las escasas veces que temas de género aparecen mencionados de modo explícito en el documento de 350 páginas que en esas pocas alusiones plantean retrocesos en términos de políticas y derechos ganados.
Lenguaje en clave antiderechos
La expresión violencia de género se reemplaza en el texto de la Ley Micaela por ejemplo por “violencia familiar y contra la mujer”. Este cambio de abordaje representa un grave retroceso. Por un lado, invisibiliza la diversidad al acotarla a la categoría “mujer”. Por otro, deja de lado que la violencia de género adopta diferentes dimensiones y se perpetra en espacios que van mucho más allá del familiar, operando como base de desigualdad estructural.
El proyecto de Ley Ómnibus propone modificar, entre tantas cosas, la Ley de los Mil Días (Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia). Elimina la nominación «personas gestantes» -en el original- y la reemplaza por «madres embarazadas». Y hace mención en reiteradas oportunidades a «niños desde la concepción«, un concepto que es la base de los movimientos que se oponen al aborto.
También elimina las menciones al «respeto irrestricto del interés superior del niño y de la niña y del principio de “autonomía progresiva” y a la “autonomía de las mujeres y otras personas gestantes”.
INADI en peligro
A través del artículo número 348 del apartado de Justicia de la denominada «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», el Poder Ejecutivo expone la derogación de la Ley 24.515 que tenía por objeto la creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo como entidad descentralizada del Ejecutivo
El INADI es una institución clave para impulsar políticas contra la discriminación y un espacio de denuncia federal, con una red en todo el país. Es el primer lugar al que acuden muchas personas de la diversidad sexual y cultural cuando sufren actos discriminatorios.
La Federación Argentina LGBT+ expresó ayer en un comunicado su repudio: “El cierre del INADI va en contra del respeto a la diversidad y a la libertad en nuestro país. No se puede ser libre si la respuesta a la libertad es la violencia y la discriminación. Y es el Estado quien debe velar por esa libertad”.
Sin Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidades
Aunque no es parte de la Ley Ómnibus, el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidades se convirtió a través de un decreto en Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género. Ahora depende del mega Ministerio de Capital Humano.
El Ministerio de las Mujeres era la autoridad de aplicación por ejemplo de la Ley Micaela, también incluida en el paquete de reformas.
Restricciones a la Ley Micaela
La Ley Micaela (Ley 27.499) promulgada en 2009 estableció la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
En el proyecto de reforma que integra la Ley Ómnibus, se convertirán en capacitaciones «en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia«. De modo que su órbita será mucho más restringida.
Según el proyecto de ley, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Capital Humano.
Micaela García era una joven entrerriana, militante del Movimiento Evita y feminista, asesinada a los 21 años. Su victimario estaba en libertad condicional tras una condena por violar a dos mujeres. Su femicidio puso en agenda de manera urgente la necesidad de capacitar con perspectiva de género a todxs lxs que trabajan en la órbita del Estado.
Sin paridad de género
En su proyecto de reforma electoral, la Ley Ómnibus propone, entre otras cosas, cambiar la composición de la Cámara de Diputados y dividir al país en 254 circunscripciones que enviarían a un representante cada una. Así se tornaría imposible la paridad de género garantizada por la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política (Ley 27.412), sancionada en 2017.
Comentarios desactivados en El Salvador: las personas LGBTI+ se sienten a salvo de las pandillas pero temen a policías y militares
El regimen de excepción del presidente Bukele disminuyó las amenazas de pandillas pero aumentaron las violaciones de ddhh por parte de la Policía y Fuerzas Armadas.
SAN MIGUEL, El Salvador. Hace siete años, un grupo de pandilleros golpeó a la mujer trans O. C. porque le tenían prohibido transitar por un popular vecindario al oriente de El Salvador. Mientras la agredían, unos vecinos salieron de sus viviendas para defenderla. Los pandilleros huyeron. Antes de marcharse, recogieron unas rocas volcánicas que había tiradas en la calle y se las lanzaron al cuerpo.
La maquillista de 36 años de edad asegura que ellos le negaban el paso simplemente porque era parte de la población LGBTI. También por residir en una zona controlada por otra pandilla rival, sin que ella tuviera algún vínculo con esa estructura. No podía caminar ni para abordar el autobús o visitar un familiar.
“Esa vez me iban a quitar la vida, pero por los vecinos no me lo hicieron. Ellos me golpearon toda en contra una pared”, dijo a Presentes la mujer identificada como O. C. por razones de seguridad.
Con el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele, ahora O.C puede transitar sin miedo a las pandillas, pero el nuevo peligro son las propias fuerzas de seguridad del Estado.
Entre el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio pasado, las organizaciones señalan detenciones arbitrarias, la falta del debido proceso, el allanamiento de morada, tratos crueles inhumanos y degradantes.
La llegada de las pandillas
Durante los años noventa, cientos de salvadoreños que formaron parte de las pandillas en la ciudad estadounidense de Los Ángeles fueron deportados a su país de origen. En los años posteriores, el fenómeno se extendió en todo el país centroamericano. Vecindarios completos quedaron bajo el dominio de las llamadas “Maras”. Ellas controlaban, bajo amenazas de muerte, las actividades de los habitantes y los comercios.
Según los especialistas, en sus territorios cometían una diversidad de delitos. Asesinaban y desaparecían personas, cometían abusos sexuales, cobraban extorsiones y mantenían acoso y discriminación contra la población LGBTI. Además, forzaban a los residentes a colaborar en sus actividades y les imponían silencio.
El informe retoma estadísticas de la policía entre el 1 de enero 2020 y el 31 de marzo de 2022. Señala que, de los 60 casos, 19 corresponden a lesiones, 41 a amenazas, de los cuales 15 se cometieron en los departamentos de San Salvador, 11 en San Miguel, nueve en Sonsonate y siete en La Libertad, entre otros.
Además, la misma investigación reporta 60 casos de desapariciones en el mismo período.
Información oficial
Oficialmente la institución policial registró 15 asesinatos en contra de la población en los años 2020 y 2021. Pero la organización Amate reportó en 2019 nueve crímenes, cinco en 2020, cuatro en 2021 y al menos uno en 2022, aunque podría haber un caso de subregistro.
La policía detuvo el 8 de octubre a Jairo Castellanos sospechoso de asesinar tres días antes a Víctor Rivas un estudiante universitario de 24 años de edad, con quien según las autoridades mantenía “una relación sentimental”.
“Este sujeto (Castellanos) pagará con décadas en prisión por el delito cometido. Se terminaron los tiempos de impunidad para todos los criminales que atentan contra la vida de los salvadoreños. Este homicida será sometido ante la justicia”, escribió en la red social X, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Pagos semanales y palizas
La ciudad de San Miguel, 138 kilómetros al este de la capital, San Salvador, lugar donde habitan más de 345 mil habitantes, era disputada por las pandillas Mara Salvatrucha, una de las facciones del Barrio 18 y Mirada Locos 13.
“No me sentía seguro en mi propio país. En algún momento pensé en emigrar hacia otro país porque sí me sentía inseguro. Decía: ‘¿Cómo voy a hacer si paso por esta zona, esta colonia?, me matan o me desaparecen”, expresó O. C. a Presentes.
Los pandilleros también exigían el pago semanal de 10 dólares a las trabajadoras sexuales LGBTI en las calles de la ciudad.
Cuatro trabajadoras relataron a Presentes que estaban obligadas a pagar el monto o de lo contrario eran golpeadas con bates, palos de escoba o garrotes con clavos. También las amenazaban con atentar contra miembros de su familia. Otras fueron asesinadas o desaparecidas.
En el año 2005, Elizabeth (nombre ficticio por razones de seguridad), una mujer trans fue atacada por dos hombres mientras ejercía trabajo sexual. Recibió golpes en su cabeza y cuerpo, finalmente le dieron una puñalada con la intención de asesinarla. Cayó inconsciente y despertó apenas vestida con su ropa interior. Estuvo hospitalizada durante cuatro días.
“Las pandillas nos limitaban la circulación. Estar acá no podíamos (en la calle), a no ser que pagáramos la cuota que pedían, la mal llamada renta o colaboración. Debían de pagar 10 dólares semanales para tener autorización de trabajar en los territorios bajo su control”, dijo Elizabeth de 37 años de edad.
Luego de la muerte de 87 salvadoreños en marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele pidió al Congreso que aprobara un Régimen de Excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, para combatir a las pandillas.
Menos crímenes, menos derechos
El régimen de excepción se prorrogó durante 19 meses y desde entonces se detuvieron a más de 73.000 supuestos pandilleros. Liberaron a unas 7,000 personas y se mantienen con medidas sustitutivas a la detención.
Según las autoridades de seguridad, la implementación del Régimen de Excepción ha permitido reducir 56.7% el número de homicidios en 2022, frente al año previo. También reportan una baja de los delitos como las extorsiones.
“Ahora es diferente. El sistema de seguridad que ahora tenemos como que ha frenado un poquito la intención de las personas al ejercer ese odio hacia nosotras, ya una se siente uno más segura hoy”, expresó Elizabeth a Presentes.
Denuncias contra soldados y policías
“Exigimos Libertad para el santaneco Brayan Eliú Estrada Moreno, joven de la comunidad LGBTI que por falsa denuncia en FB está preso injustamente. Las pandillas no aceptan entre sus filas personas LGBTI pero un ser inescrupuloso lo denunció usando una red social irresponsablemente”, publicó el Socorro Jurídico Humanitario en la red social X el 13 de septiembre.
Pero no es la única denuncia. Siete organizaciones no gubernamentales recibieron 5,490 casos de víctimas de violaciones a derechos humanos durante los primeros 15 meses de vigencia del Régimen de Excepción. Entre los denunciantes se incluyen las identidades de las víctimas que corresponden a 36 mujeres trans y 37 a hombres trans.
Del total, 42 vulneraciones han sido cometidos contra bisexuales, 32 contra gais, 19 contra lesbianas y un pansexual, indica el reporte.
Estos suelen ir acompañados de acoso, coacción, hostigamiento, desplazamiento forzado interno, malos tratos, tortura y hasta la muerte de privados de libertad, de los cuales ya se registran 180 muertes de personas bajo custodia del Estado, sin que haya investigaciones de parte de la Fiscalía General.
Desamparo legal de personas LGBTI+
“La población LGBTI ha estado expuesta a diferentes niveles de violencia y discriminación. El régimen de excepción también ha agravado su situación de vulnerabilidad. Quedan en completo desamparo ante la ausencia de marcos normativos y mecanismos que les protejan”, expresan las organizaciones en un comunicado.
Dos trabajadoras sexuales trans relataron a Presentes que estuvieron tres meses en prisión. Un cliente las acusó de robo.
Aunque su caso no tenía relación con el estado de emergencia para combatir a las pandillas, la supuesta víctima de robo no presentó cargos en contra las mujeres trans en los tribunales. Ellas fueron liberadas, pero permanecieron tres meses en prisión, donde les cortaron el cabello y recibieron maltrato.
Trans acusadas de pandilleras
Las mujeres trans aseguran que de la misma manera algunas de sus compañeras han sido detenidas en el marco del Régimen de Excepción, aunque no son pandilleras, han sido acusadas falsamente. Para junio, la Federación Salvadoreña LGBTI aseguraba que unas 80 personas de la población permanecían detenidas.
“El régimen está bien pero no la forma en cómo lo están aplicando. Para llevarse a todos estos (pandilleros) han tenido que sacrificar a muchas personas inocentes”, expresó Elizabeth.
Según los críticos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), una entidad estatal creada para fungir como una institución independiente y velar por los derechos de los ciudadanos, ha guardado silencio ante los cientos de casos de vulneraciones.
“Se informa que la PDDH se encuentra recopilando y sistematizando toda la información relacionada con el Régimen de Excepción, la cual se hará de conocimiento público posteriormente. Por lo que, no se pude brindar la información requerida”, respondió la institución a Presentes luego de una solicitud de información sobre denuncias contra la población LGBTI.
“En cuanto al tema de pandillas, lo que nos han comentado es que sí se siente una percepción diferente de seguridad, no se sufre el mismo nivel de acoso y violencia que se tenía antes. Pero que ese miedo que se tenía antes se ha trasladado ciertamente hasta cierto grupo, policías y militares”, dijo a Presentes, Gonzalo Montano, especialista en formación del Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica de Amate.
Comentarios desactivados en Torturas, desinformación y campañas de terror: así funciona el poder militar en Honduras
Personas LGBT fueron víctimas de torturas y otras violaciones cometidas por militares en la cárcel masculina de Támara. Periodistas y defensores de derechos recibieron ataques en las redes sociales a través de bots.
La imagen de Fernando Muñoz, comandante de la Policía Militar del Orden Público, hincado y orando en la portada del periódico gubernamental Poder Popular, causó controversias. “Padre, para el bien de esta Honduras que tanto tú amas y que tú creaste y nos diste como país, hoy hacemos un pacto contigo. Ayúdanos a no corrompernos nunca más. Ayúdanos a no tocar dinero maldito de organizaciones criminales, que con la sangre de nuestro pueblo compran autoridades”, dijo Muñoz.
El decreto de militarización emitido por la presidenta Xiomara Castro el 22 de junio de 2023 expuso a las personas privadas de libertad a la humillación pública.
El decreto convirtió a la población penitenciaria en víctima de torturas. Los abusos físicos en su contra replican los implementados por el mandatario Nayib Bukele en El Salvador. Así lo denuncian familiares y defensores documentadas por Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo.
Golpes a personas trans, bisexuales y gays en Támara
De las golpizas del 26 de junio se salvaron muy pocos. La PMOP, creada por decreto del expresidente Juan Orlando Hernández en 2013, maltrató a partir de ese día tanto a tres mujeres trans como a gays, bisexuales y heterosexuales.
Las fotografías mostraron el resultado de los abusos físicos y psicológicos en el penal. Las personas privadas de libertad tenían la piel cruzada de moretones, así como heridas profundas y graves en brazos y espalda.
CODEH: Así quedaron los cuerpos de privados de libertad, como se llama a esto, que la Sria de DDHH tipifique esta accion o la fiscalia de DDHH, o la oficina del alto comisionado para los DDHH o la CIDH.. Tampoco se puede callar y volverse cómplices estas acciones irregulares.. pic.twitter.com/Cxb4b2pIPA
“Ya salieron unas fotos donde supuestamente nuestros efectivos abusaron de ciertos delincuentes. Habría que ver si no son ellos mismos que se están haciendo estas violaciones”, dijo José Jorge Fortín, jefe del Estado Mayor Conjunto, al programa Frente a Frente.
#FrenteaFrente Jefe de las FFAA José Fortín: “Puertas están abiertas para los derechos humanos”.
Jueces Ejecutores continúan realizando inspecciones en centros penales del país a fin de implementar Hábeas Corpus Correctivo impulsado por Sala Constitucional. En el Centro Penal de Siria se aplicaron encuestas a privados de libertad a fin de verificar condiciones de atención. pic.twitter.com/LlqEhtlgqy
Ante las denuncias de defensores por torturas y violaciones de derechos humanos, jueces ejecutores del Poder Judicial anunciaron que realizaron inspecciones en centros penales del país. Buscan implementar el hábeas corpus correctivo impulsado por Sala Constitucional. En el centro penal de Siria se aplicaron encuestas a privados de libertad a fin de verificar condiciones de atención.
(Pincha en las fotos para ampliarlas)
Las personas defensoras de derechos humanos no permanecieron en silencio debido a las torturas y actos inhumanos en Támara, en especial contra la población LGBTIQ+.
“No es delito ser trans, gay, bisexual. Si los militares no nos aceptan, que se vayan a los carteles”, exigió una defensora de derechos de las personas privadas de la libertad.
Sin embargo, las campañas de terror en Honduras perjudican no sólo a las y los privados de libertad, sino también a quienes los defienden.
Mientras los maltratos denunciados por Hugo Maldonado se multiplican tras los muros de las cárceles, personas defensoras de derechos humanos son el blanco de campañas de calumnia y desinformación.
Defensoras en la mira de los ataques
La destrucción de reputaciones y el desprestigio se han ensañado en los últimos días contra quienes exigen respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. La violencia abarca a reconocidas periodistas que alzaron la bandera de defensa de los derechos humanos.
Uno de los intentos de manchar la imagen de los defensores de derechos humanos circuló en días pasados en las redes.
La publicación atribuida al sitio web Infobae afirmó el 3 de julio que un supuesto reporte del centro de investigación internacional InSight Crime vincula a defensores y periodistas con la pandilla MS 13.
Bajo el encabezado “Mara MS13 y vínculos con organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras”, la publicación menciona un “informe de inteligencia de la reconocida revista InSight Crime”.
El supuesto documento revela, según el post, “cómo la temible mara MS13 de Honduras tiene entre sus filas a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras”.
Además, la publicación señala que los defensores “presionan al gobierno” para que les den “privilegios a los privados de libertad”.
“Esto es falso”, aseguró InSight Crime. “InSight Crime no ha publicado tal información ni tiene evidencia al respecto. Condenamos estos falsos ataques”, agregó el centro de investigación criminalística.
En Honduras circula una imagen sobre un supuesto reporte de InSight Crime vinculando a defensores de DDHH y periodistas con la MS13. Esto es FALSO. InSight Crime no ha publicado tal información ni tiene evidencia al respecto. Condenamos estos falsos ataques. pic.twitter.com/KVuSp3c7Up
— InSight Crime Español (@InSightCrime_es) July 4, 2023
Unas de las defensoras calumniadas por la publicación atribuida a Infobae es la directora ejecutiva de ACI Participa, Hedme Castro. Su fotografía, junto a la de Wendy Funes de Reporteros de Investigación, Rihanna Ferrera de Cozumel Trans, Hugo Maldonado y Blanca Izaguirre de Conadeh, así como Delma Ordóñez de Asocide PP aparecieron bajo el encabezado de la publicación.
La organización defensora de derechos humanos no tardó en pronunciarse el 4 de julio en un comunicado. Llamó al post “infundios” y lo rechazó “rotunda y categóricamente”.
A continuación, ACI Participa acusó a los autores de la publicación de actuar “desde la sombra, como lo hacen los cobardes, con el afán de difamar y desprestigiar”.
Según la organización defensora, la intención del post es “promover ataques contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos o justificar acciones represivas desde los órganos del Estado”.
Agregó: “Nadie en Honduras y fuera de ella desconoce cuáles son las vinculaciones del crimen organizado en Honduras. Si alguien tiene dudas, que pregunte en la Corte del Distrito Sur de Nueva York”.
“A mi que me investiguen”, dijo Rihanna Ferrera la defensora de derechos humanos ante las declaraciones de las cúpulas militares que varias organizaciones tienen supuestos vínculos con el crimen organizado y pandillas.
El Estado de Honduras es alta parte contratante de la mayoría de instrumentos internacionales del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y deviene en la obligación de reconocer, respetar, proteger, promover y sobre todo, garantizar el pleno ejercicio..
Ante los ataques a comunicadoras y defensoras, el medio digital Pasos de Animal Grande reprodujo hoy un comunicado de la Mesa de Derechos Humanos.
En el documento, la Mesa consideró que el post atribuido a Infobae es una “noticia falsa”. Y que con eso “se pretende colocar los rostros de las personas afectadas al frente de posibles atentados contra sus vidas”.
Además, el comunicado denunció el silencio presidencial respecto a la publicación, considerada calumniosa por varias organizaciones.
“Nos preocupa sobremanera el silencio de la presidenta Xiomara Castro en un tema tan delicado como es la vida de las personas contra quienes se ha entronizado esta campaña de desprestigio”, indicó el comunicado de la Mesa.
También la mesa pidió investigar las declaraciones del comandante Ramiro Muñoz, quien esta al frente de la PMOP. Hace unos días manifestó que “a los defensores les pagan y que deben sacar un resultado”. Son frases estigmatizantes contra la labor de los derechos humanos. Sospechosamente estas declaraciones fueron públicas antes de que se lanzara esta campaña por redes sociales.
MESA DE DERECHOS HUMANOS: “Nos preocupa sobremanera el silencio de la presidenta Xiomara Castro en un tema tan delicado como es la
vida de las personas contra quienes se ha entronizado esta campaña de desprestigio”. pic.twitter.com/Z8pWxnFMgS
— pasosdeanimalgrande (@pasosdeanimal17) July 5, 2023
“Hay voces que al silenciarlas harán cambios para siempre”
A los discursos de la indignación se unió la voz de Wendy Funes. La premiada periodista señaló en varias publicaciones cómo las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público “se apoderan de la seguridad y garantizan la impunidad”.
“Criminales de las FF. AA. y la PMOP con una segunda etapa de complot para apoderarse de la seguridad y garantizarse la impunidad que han tenido y que utilizan maras y pandillas para callarnos”, publicó Funes. “Deberían repensar que hay voces que al silenciarlas harán cambios por siempre”.
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Criminales de @FFAAHN y de la @PMOPHN con una segunda etapa de complot para apoderarse de la seguridad y garantizarse la impunidad que han tenido y que utilizan maras y pandillas para callarnos, deberían repensar que hay voces que al silenciarlas harán cambios por siempre
La directora del medio digital independiente Reporteros de Investigación lamentó que “sicarios de élite” sigan silenciando a quienes defienden los derechos humanos en el país.
“Los criminales como ustedes que quisieron silenciar a Manuel Buendía, a Guillermo Cano, a Berta… sólo lograron potenciar su voz… sus balas son rápidas… las voces más lentas… ¡asesinos!… Berta se multiplicó y le contó al mundo que ustedes son sicarios de élite”, escribió Funes.
Los reclamos de Funes se presentan en un ambiente de violencia que no sólo atenta contra los derechos de privados de libertad y comunicadores. Con el estado de excepción y los toques de queda decretados por el gobierno, ni la ciudadanía ha escapado de que violenten sus derechos elementales.
Nos han informado que los militares Muñoz, Fortín y Melgar estarían preparando otra mayor campaña de descrédito contra mi persona, la defensora Hedme Castro de @aciparticipa, incluso con vídeos, en vista de las denuncias de militarización y narcopolítica que insistimos en revelar
Además de Funes, otros periodistas de los medios digitales independientes Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo han sufrido una serie de amenazas directas con ataques de bots por medio de las redes sociales.
Los colaboradores de ambos medios también han recibido llamadas telefónicas de números desconocidos. Asimismo han sufrido persecución e intento de hackeo de sus redes sociales y sus páginas web.
Es necesario señalar que Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo han realizado una serie de denuncias por la situación de las cárceles y las redes de poder que están detrás de ellas.
Gobierno tomó “medidas desproporcionadas”
A pesar de las denuncias constantes de torturas en las cárceles y de persecución de defensores y periodistas, el Estado no ha actuado como se esperaba para contrarrestarlas. Al contrario, no ha hecho más que ampliar las acciones contra el derecho a la libertad ciudadana.
Respecto a la situación en las cárceles, Isabel Albaladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU (Oacnudh), pidió reformar el sistema penitenciario. Para Albaladejo, es necesario pasar del modelo punitivo al de rehabilitación y garantizar la integridad de las personas privadas de libertad.
Para Oacnudh, dos de los grandes retos del sistema penitenciario de Honduras son el hacinamiento y la mora judicial. En diciembre de 2022, señaló que el sistema tiene un índice de hacinamiento de 34.2%. Entretanto, al menos 51.6% de la población penitenciaria no cuenta con sentencia firme.
Hoy Día Intl. de Apoyo a las Víctimas de Tortura, Isabel Albaladejo, Representante de #OACNUDH llamó a las autoridades a impulsar la reforma del sistema penitenciario pasando del modelo punitivo al de rehabilitación y garantizar la integridad de las personas privadas de libertad. pic.twitter.com/cfxgzR0mS5
Amnistía Internacional (AI) comparó en un comunicado las medidas estatales en Honduras contra las personas privadas de libertad y la ciudadanía en general con las “políticas violatorias de derechos humanos del gobierno (del presidente salvadoreño Nayib) Bukele”.
La militarización del país como respuesta a la violencia reciente es una actitud preocupante para la organización global. Además de otorgar más poder a la Policía Militar, la mandataria Xiomara Castro impuso el estado de excepción y luego el toque de queda.
Castro decretó estado de excepción el 3 de diciembre de 2022 para contrarrestar, supuestamente, la extorsión y otros delitos en el país. Sin embargo, la medida no ha sido eficaz, según los críticos del gobierno.
“El uso de fuerzas de seguridad militarizadas y la suspensión de derechos ha derivado en violaciones a los derechos humanos”, afirmó AI.
Entre las violaciones señaladas por AI se hallan detenciones arbitrarias, maltratos, discriminación, restricciones de la libertad de expresión, tortura y desapariciones forzadas.
🚨#Honduras: Ante la imitación por parte del gobierno de @XiomaraCastroZ de políticas violatorias de los DDHH del gobierno de @nayibbukele para abordar retos de seguridad pública, llamamos al Estado hondureño a respetar los DDHH.
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) June 29, 2023
El toque de queda decretado por Castro entró en vigor el 4 de julio de 2023 en San Pedro Sula y Choloma desde las 11:00 p.m. hasta las 4 a.m.
Supuestamente, la medida tiene como objetivo controlar el acelerado aumento de hechos criminales en las últimas semanas.
Por medio de estas iniciativas, el gobierno no sólo buscaba reducir hechos violentos como el motín en la cárcel de mujeres de Támara del 2 de junio que dejó 46 muertas.
Además, Castro impulsó el toque de queda en un supuesto intento de frenar los asesinatos múltiples registrados en varias ciudades de Honduras durante la segunda mitad de junio.
Violencia con más violencia
Los asesinatos múltiples culminaron con el que acabó con la vida de 13 personas en un billar de la ciudad de Choloma, a 16 kilómetros de San Pedro Sula, norte de Honduras.
Amnistía Internacional señaló que en su intento de detener “la grave violencia del crimen organizado”, el gobierno de Honduras he tomado “medidas desproporcionadas que suspenden las garantías constitucionales”.
Las iniciativas del gobierno de Castro para detener la violencia han culminado hasta el 31 de mayo en unas 193 denuncias relacionadas con el estado de excepción, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh).
Las acciones violentas denunciadas incluyen uso desproporcionado de la fuerza, intimidación y amenazas, incluyendo disparos para atemorizar a la población.
Por falta de autonomía, integridad y ética durante la emergencia en el sistema penitenciario, el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) ha sido duramente criticado en un comunicado de organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Entre las OSC firmantes se hallaban el Centro de Estudio para la Mujer, la Asociación de Familiares de Privados, el Centro de Desarrollo Humano, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares, la Asociación Civil de Personas Privadas de Libertad, ACI Participa, la Asociación para Una Vida Mejor y Cozumel Trans.
Días después, el 3 de julio, el Conaprev lamentó en otro comunicado que las OSC criticaran su gestión. “Lamentamos que hayan consignado que el MNP Conaprev no goza de integridad y ética en sus actuaciones”, señaló la institución.
El Conaprev pidió a las autoridades militares asegurar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
La imagen de Fernando Muñoz, comandante de la Policía Militar del Orden Público, hincado y orando en la portada del periódico gubernamental Poder Popular, causó controversias. Muchas personas critican al funcionario por su cercanía al expresidente Juan Orlando Hernández, detenido en Nueva York en espera de un juicio en enero de 2024.
“Padre, para el bien de esta Honduras que tanto tú amas y que tú creaste y nos diste como país, hoy hacemos un pacto contigo. Ayúdanos a no corrompernos nunca más. Ayúdanos a no tocar dinero maldito de organizaciones criminales, que con la sangre de nuestro pueblo compran autoridades”, dijo Muñoz.
Comentarios desactivados en Activistas de El Salvador denuncian que la nueva procuradora de ddhh es cómplice de violencias
Activistas y defensoras de los derechos humanos criticaron el nombramiento de Raquel Caballero. Consideran que provocará el estancamiento de los derechos de las personas LGBTI, mujeres y personas vulneradas.
SAN SALVADOR, El Salvador. El partido gobernante de El Salvador, Nuevas Ideas, eligió de titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a Raquel Caballero. Es una abogada conservadora y cristiana que en el pasado ha sido cuestionada por violentar los derechos de la población LGBTI.
Reconocidas activistas y defensoras de los derechos humanos criticaron el nombramiento de Caballero. Consideran que provocará el estancamiento de los derechos de las personas LGBTI, mujeres y grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.
No es la primera vez que la abogada – también se presenta como «coach personal» en su cuenta de Twitter- es elegida en la institución estatal. Su primer nombramiento fue entre 2016 y 2019, y fue promovido por el partido ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Su gestión estuvo llena de denuncias de nepotismo. En 2019 fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental por contrataciones y ascensos irregulares de familiares dentro de la institución.
Marginó a las personas LGBT
Los grupos de derechos humanos de la población LGBTI la recuerdan como una funcionaria que marginó y desechó los avances logrados por las asociaciones en administraciones previas.
En 2012 se constituyó la mesa permanente de la Procuraduría sobre los derechos humanos de la población LGBTI. De acuerdo a dos organizaciones consultadas, Caballero se negó a recibirles y continuar con el espacio que sirvió para el diálogo y debate.
Pese a esos señalamientos, el oficialismo del partido del presidente Nayib Bukele la eligió la semana pasada para el periodo de 2022-2025.
“Ella ya estuvo en el cargo y definitivamente no nos dejó un buen sabor de boca porque no se pudo trabajar de la mano con ella cuando estuvo en la PDDH”, expresó a Presentes, Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.
Procuradora violentó derecho a protesta
En septiembre de 2017, Caballero presentó la memoria de labores de su primer año de gestión. Pero en su discurso se atribuyó los resultados de su antecesor. Además mintió sobre los resultados de la defensa de la población de diversidad sexual.
En ese momento, la activista Karla Avelar -junto a otras compañerxs- se puso de pie para protestar, formando una cadena humana.
“Ese día además de sentir rabia, sentí miedo porque ella inmediatamente mandó a llamar a seguridad, ella misma dio la orden que llamaran a seguridad. Sentí miedo, frustración e indignación porque una procuradora de derechos humanos nos estaba negando el derecho a expresar nuestro sentir”, expresó Avelar a Presentes.
Cómplice del régimen de excepción
Raquel Caballero fue designada por 67 votos de los 84 posibles en el Congreso. Los opositores al oficialismo consideran que su designación servirá para avalar y encubrir las violaciones a derecho humanos durante el régimen de excepción con la que buscan terminar con las pandillas.
“No buscan poner en estos espacios personas idóneas al cargo que lleguen ahi para velar por los derechos de la población, ni a cumplir con sus facultades dadas por ley. Ponen funcionarios que lleguen a esos espacios a avalar los abusos de poder al gobierno de turno”, dijo a la prensa la diputada del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso.
La polémica por su nombramiento traspasó las denuncias en redes sociales y forzó al presidente Nayib Bukele a justificar su elección en una transmisión en vivo. Bukele lo hizo acuerpado por militares y policías de alto rango. Guevara expresó su apoyo a las políticas de seguridad implementadas por Bukele.
Presentes no pudo obtener una respuesta de parte de la nueva procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
“Creo que tomar la decisión de su elección ha sido una arbitrariedad y una falta de respeto para los derechos de las personas LGBTI específicamente. Nosotras vamos a buscar un diálogo y al final de cuentas el tiempo dirá, pero personalmente no creo que haya avances con ella”, señaló Linares.
Fuentes consultadas por Presentes comentaron que el hacinamiento dentro de las prisiones durante el régimen especial es insostenible. En cada celda hay entre 130 y 140 personas que deben sortear los espacios para dormir, los baños también son utilizados como dormitorios.
La efectividad del Plan Control Territorial quedó entre dicho el 26 de marzo, cuando fueron asesinados 62 personas, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos. En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandilleros.
“Su elección servirá para legitimar las acciones que el gobierno está haciendo y le permitirá al gobierno actual tener el control dentro de la procuraduría de los derechos humanos”, señaló la reconocida activista, Karla Avelar.
«Ella va a hacer lo que el presidente le ordene»
El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.
Bukele anunció en la transmisión que permitirá el ingreso a las prisiones a observadores para que comprueben el “respeto a los derechos humanos de los detenidos”. El anterior procurador, Apolonio Tobar visitó una de las cárceles en un fallido afán de apaciguar los señalamientos de violaciones de derechos humanos. Al final de su mandato el informe de su visita no fue público.
“Ella va a hacer lo que el presidente le ordene. Va a llegar hasta donde el presidente se lo permita, ella no va a hacer nada por esclarecer las violaciones de derechos humanos que se están dando dentro de este régimen de excepción. Ella no va a hacer nada por las muertes que se han registrado dentro de los centros penales. Ella va a hacer lo mínimo”, recalcó Avelar.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó el martes en Ginebra su preocupación por los impactos del régimen de excepción en el respeto de los derechos humanos de la población y la «progresiva pérdida de independencia» de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y su «falta de reacción ante violaciones de derechos».
Comentarios desactivados en El gobierno de El Salvador prohibió emitir contenido de identidad sexual en la televisión estatal
A través de su cuenta de Twitter el presidente de El Salvador anunció la suspensión del contrato entre el Instituto de Formación Docente y la televisora.
SAN SALVADOR, El Salvador. El gobierno de El Salvador anuló un contrato con un instituto de formación docente que transmitía un programa educativo en la televisora estatal. Fue luego de recibir presiones ciudadanas de que estaban ideologizando a los estudiantes con contenido de identidad sexual.
El lunes 26 se viralizó un video, elaborado con animaciones digitales. En él se explicaba que, a partir de la pubertad, los adolescentes podrían tener atracción hacia otras personas, inclusive del mismo género. Luego, el material hacia una definición de las palabras heterosexual, homosexual y bisexual, pero algunos usuarios cuestionaron el contenido.
“Alguien podría decirme quién está manejando canal 10? ¿Qué necesita meter ideología de genero a nuestros niños? Video impartido a 8vo Grado. Las cosas malas no se callan señores (sic)”, escribió en Twitter un Youtuber llamado Saúl Montes.
Minutos más tarde, el presidente Nayib Bukele publicó en su cuenta de Twitter la decisión de su gobierno de suspender el contrato con el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), que está adscrito al Ministerio de Educación y la televisora.
Alguien podria decirme quien esta manejando canal 10? Que necesita meter Idiologia de genero a nuestros niños?
Video impartido a 8vo Grado.
Las cosas malas no se callan señores. pic.twitter.com/sXjtw0s21J
La dirección del canal advirtió que las razones de la finalización del acuerdo se deben por “incumplir los estándares educativos” por parte del Instituto a cargo de la elaboración curricular del programa que se transmite desde mayo de 2020.
Contenido para educar en pandemia
Las emisiones televisivas iniciaron en el marco de la pandemia de Covid-19 que provocó el cierre de centros educativos del país centroamericano.
El programa es coordinado entre el despacho de la esposa del presidente, Gabriela de Bukele y el Ministerio de Educación.
El diseño de los contenidos los realiza el centro especializado creado por ley del Congreso aprobada en 2019. Entre sus facultades está el desarrollo de una oferta curricular integral o de especialidades que se necesiten en el sistema educativo de El Salvador.
El episodio transmitido forma parte de la guía de aprendizaje vigente desde el año 2013 sobre la construcción de la sexualidad. Está dirigida a estudiantes de octavo curso cuyas edades oscilan entre 14 y 15 años, donde se reconoce las identidades y orientaciones diversas.
Corto sobre identidad sexual emitido por Canal 10 de El Salvador. El contenido se creó para estudiantes de 13 y 14 años. El contenido fue elaborado por INFOD que pertenece al Ministerio de Educación.
Discursos sin discriminación
“A mí me gustó el video porque explica lo que es, sin discriminar. Está mal que el gobierno haga eso porque minimiza a un gran grupo de personas como que fueran inexistentes porque en las escuelas públicas y privadas, universidades siempre hay personas del colectivo LGBTI”, expresó a PresentesScarleth Camila, adolescente trans estudiante de séptimo año.
Previo a su ascenso como gobernante, Bukele se mostró a favor de los derechos de la población LGBTI. Pero el primer día de su mandato cerró la oficina de inclusión y en los años posteriores adoptó una actitud conservadora para mantener el respaldo a su gestión.
El Salvador es profundamente conservador. La iglesia católica y evangélica de diferentes denominaciones tienen una gran influencia sobre las decisiones ejecutivas y legislativas del país centroamericano.
Recientemente el gobierno de Nayib Bukele envió al Congreso el anteproyecto de Ley “Crecer juntos”. Allí se sumaban las recomendaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), sobre incluir en la prohibición de tratamientos médicos psicológicos o psiquiátricos la orientación e identidad de género. Sin embargo, grupos antiderechos presionaron y fue eliminado de la redacción final.
“El gobierno nos quiere tener a todos con su ideología heteronormativa, patriarcal y machista”
El Diagnóstico Descriptivo sobre la situación de personas LGBTI en el Centro Escolar Jorge Lardé de la capital, realizado por la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida – Las Dignas, señala que la población estudiantil con identidad y orientación disidente sufre violencia verbal, marginación, exposición de orientación sexual sin su consentimiento, acoso e invalidación.
“La inclusión de temas de educación sexual por parte del Ministerio de Educación en los programas de educación básica y media, es una necesidad y un derecho. Brinda a nuestrxs estudiantes los conocimientos necesarios que les acompañen en sus procesos de formación de identidad, en la exploración de su sexualidad, en romper estigmas que les rodeen y proteger de los prejuicios de nuestra sociedad”, expresó la red universitaria de diversidad y género “Fresno UCA” en un comunicado.
Las personas consultadas para la elaboración del diagnóstico revelaron que el acoso en el centro educativo les provocó problemas de concentración, inasistencia a clases, insomnio, miedo de salir a la calle, auto culpabilización y finalmente deserción escolar.
“El gobierno nos quiere tener a todos con su ideología heteronormativa, patriarcal y machista. A mi edad muchos adolescentes están empezando a descubrir sus cuerpos, este es un país que tiene este tema como un tabú”, dijo Scarleth Camila.
Al cierre de la nota no hubo respuesta del INFOD, su página web fue desactivada y su director destituido por orden ministerial.
Anunciamos que hemos removido de su cargo al director del INFOD e iniciaremos una reestructuración profunda de la institución, promoviendo cambios que permitan impulsar la reforma educativa y un aprendizaje guiado por los valores que caracterizan a la sociedad salvadoreña. pic.twitter.com/kQjFIHxS7S
Comentarios desactivados en Cómo es la vida de una adolescente trans en El Salvador
Scarleth tiene 16 años y hace dos comenzó su transición. Las vivencias familiares y educativas en un país que niega la identidad de género.
SAN SALVADOR, El Salvador. El confinamiento obligatorio por la COVID-19 en El Salvador fue para la adolescente Henríquez una oportunidad para reflexionar sobre su identidad hasta entonces reprimida. Todo el tiempo que tuvo para pensar permitió que la decidiera a mostrar al mundo con su expresión femenina. De ahora en adelante se llamaría Scarleth Camila.
Con las clases escolares suspendidas y otras actividades limitadas, Scarleth Camila Henríquez dedicó la mayor parte de 2020 a buscar información en su teléfono móvil sobre cómo definir la identidad que sentía desde pequeña. En la popular red social TikTok encontró variados contenidos de adolescentes trans que respondieron la mayoría de las inquietudes que tenía en ese momento.
Una mujer alta y delgada
“Pienso que si la pandemia no hubiera pasado yo todavía estuviera reprimida. La pandemia me ayudó un montón porque yo estaba en mi casa, nadie salía. Yo publicaba lo que quería y no tenía comentarios negativos. Los que tenía por redes sociales los borraba y ya”, expresó a Presentes la joven de 16 años de edad.
Pese a la resistencia y negativa de su familia, siempre se imaginó como una mujer alta y delgada: “es lo que soy ahora”, dijo orgullosa.
Dice que la música de la neoyorquina Lady Gaga le recuerda momentos felices de su infancia, por sus letras con mensajes de exaltación y aceptación de la diversidad. Asegura que sus canciones son como himnos que la acompañan en la transición hacia su identidad femenina.
También utilizó las redes sociales para expresar públicamente su deseo de iniciar la adopción de la identidad, que tuvo que postergar desde la niñez. Las reacciones de su familia trataban de hacerla desistir. Pero la decisión de Scarleth era inamovible.
“Mi familia reaccionó mal. Me dijeron que estaba confundida, que era una etapa de la edad, que cuando estuviera más grande iba a cambiar, que probara a una mujer para que no sintiera confusión, y que por ley me tenían que gustar las mujeres”, recordó.
Transicionar en un país conservador
El Salvador es profundamente conservador. La iglesia católica y cristiana de diferentes denominaciones tienen una gran influencia sobre las decisiones ejecutivas y legislativas del país centroamericano.
Recientemente el gobierno de Nayib Bukele envió al Congreso el anteproyecto de Ley “Crecer juntos”. Allí se sumaban las recomendaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), sobre incluir en la prohibición de tratamientos médicos psicológicos o psiquiátricos la orientación e identidad de género. Sin embargo, grupos antiderechos presionaron y fue eliminado de la redacción final.
En 2018, fue presentado al Congreso el anteproyecto de Ley de Identidad de Género. En 2021 fue archivado por las diputadas del partido oficialista Nuevas Ideas. Lo justificaron diciendo que era una propuesta obsoleta y que no respondía a la realidad del país. Ese mismo año se entregó nuevamente una adaptación de la propuesta, pero aún no se ha discutido en la comisión correspondiente.
Para Scarleth, contar con una Ley de Identidad de Género es esencial para el desarrollo de su vida. Durante la XII marcha contra la transfobia, ella preparó un cartel y recorrió las calles de la capital exigiendo su pronta aprobación.
“La ley de identidad es importante porque somos ciudadanas, ciudadanos, valemos en El Salvador. Todas mis amigas trans, hermanos trans pagan impuestos y no valen sus derechos”, señaló Scarleth en la primera marcha que participaba en su vida.
“Creo que ahora está cambiando la mentalidad de las personas porque hay más visibilidad, pero falta mucho que recorrer. La ley de identidad sería un gran boom para nosotras porque no nos discriminaran en los trabajos o escuelas”, recalcó la adolescente.
Además de luchar por el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI, la joven está comprometida con la causa de la despenalización del aborto en un país con una de las leyes más duras en contra de mujeres que sufren emergencias obstétricas.
Pronombre, transición y familia
Para Scarleth, contar con el apoyo de su familia es vital para continuar su proceso de transición. Vive junto a su mamá y hermano mayor. Pese a tener valores religiosos muy profundos, la mamá de Scarleth la apoya con condicionantes de vestimenta. Su transición ha sido apoyada principalmente por su papá, a quién visita regularmente.
“A mi mamá se lo dije por WhatsApp a los 14 años, cuando vi todo el empoderamiento LGBT pensé que era el momento y lo hice. Mi papá me dijo que me iba a amar tal y como yo fuera siempre. Mi mamá no lo tomó muy bien por su religión, me dijo que me acepta pero que respetara la casa y no fuera a llegar en falda”, recordó Scarleth.
Para muchas personas LGBTI sus familias se convierten en los principales violentadores. Las discriminan y las expulsan de sus hogares por causa de su identidad, orientación y expresión, provocando afectaciones psicosociales irreversibles en muchos casos.
El rol de las familias
El informe “Condiciones actuales de la población LGBTI 2020 – 2021”, elaborado por Comcavis Trans, refleja que el 56 por ciento de un total de 244 personas encuestadas, sufrieron desplazamiento forzado interno por amenazas de las violentas pandillas que aún dominan las comunidades.
Con la transición Scarleth pidió que su familia la llamaran por el pronombre femenino, pero aún no lo usan con la frecuencia que a ella le gustaría. El Salvador no cuenta con políticas públicas para evitar la discriminación de las personas LGBTI, la negativa al uso de pronombres acordes a su identidad ha provocado violencias en los centros de estudio, sanatorios y oficinas del Estado que se resisten a respetarles.
“Todo mi camino trans ha sido sola, creo que si me acompañara mi familia sería más fácil. Yo creo que mi vida ha sido super fácil, en cambio otras personas trans las sacan de sus casas y tienen que buscar donde vivir, trabajar. Es feo no tener información sobre salud trans”, dijo Scarleth.
“Siempre tomo lo positivo de la vida. Yo siento que mi vida es privilegiada, a otras las sacan de sus casas, las golpean sus mismos padres por el machismo que existe”, agregó.
El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra personas LGBTI, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de género y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.
Sin embargo, tras la investidura de Nayib Bukele, el mandatario eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.
Escuela sin protocolo de atención a población LGBTI
El artículo dos de la Ley General de educación de El Salvador establece que la normativa, de estricto cumplimiento, debe promover el respeto a los derechos humanos e insta a combatir todo espíritu de intolerancia y odio en las instalaciones educativas, sin embargo, la práctica está alejada de este mandato.
Scarleth tuvo que abandonar los estudios en 2018 debido a discriminación del resto de estudiantes. Se refugió en su casa durante un año hasta que retomó las clases presenciales en 2019 y virtuales en 2020 durante la cuarentena obligatoria de la pandemia.
De acuerdo a “Estimaciones y proyecciones de población nacional 2005-2050 y los censos de educación” unos 31 mil estudiantes no fueron matriculados el mismo año que Scarleth se retiró.
Desde que inició el año escolar de 2021, las clases fueron híbridas entre presencial y virtual. Scarleth ha tenido que asistir a clases con uniforme masculino y es nombrada con el nombre asignado al nacer, también pidió a los maestros que la llamaran por su pronombre femenino, pero no tuvo recepción su solicitud.
“Me gustaría que existiera una ley de identidad de género porque en la escuela hablé que mi pronombre y mi nombre me los tenían que respetar porque no voy a hacer ni la primera ni la última trans que esté en la escuela. Hace unos años hubo dos trans en mi escuela y una de ellas fue súper buleada”, dijo Scarleth.
Una ley por la educación
El Diagnóstico Descriptivo sobre la situación de personas LGBTI en el Centro Escolar Jorge Lardé de la capital, realizado por la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida – Las Dignas, señala que la población estudiantil con identidad y orientación disidente sufre violencia verbal, marginación, exposición de orientación sexual sin su consentimiento, acoso e invalidación.
Las personas consultadas para la elaboración del diagnóstico revelaron que el acoso en el centro educativo les provocó problemas de concentración, inasistencia a clases, insomnio, miedo de salir a la calle, auto culpabilización y finalmente deserción escolar.
“En la escuela he sentido gran apoyo de mis compañeras y compañeros a pesar que hay personas que son transfóbicas, pero no me junto con ellos”, señaló Scarleth.
Presentes consultó a comunicaciones del Ministerio de Educación, pero al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.
Una semilla de Marsha P Johnson
Scarleth quiere ser abogada para defender a personas vulneradas. Desea escribir un libro con sus memorias. Espera con ansias tomar clases de guitarra, del idioma inglés, concluir sus estudios, trabajar y adoptar un bebé. Cree fervientemente que la sociedad salvadoreña cambiará y será más tolerante con las identidades y orientaciones disidentes.
“Yo en el futuro no me quiero ver en la calle y que alguien me mate solo por ser trans. Yo siento que ahorita socialmente está cambiando, cuando salgo a las calles no escucho comentarios transfóbicos, que obviamente existen, pero en mi experiencia no. Siento que quiero seguir el camino que inició Marsha P Johnson, ella me inspira”, puntualizó Scarleth.
El congreso salvadoreño aprobó en 2015 una reforma a los artículos 129 y 155 del código penal para reconocer los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género.
La mayoría de casos han sido desestimados en las cortes del país. Únicamente cinco de 600 asesinatos en contra de mujeres trans ocurridos desde 1992 a la fecha han sido judicializados: Camila Díaz, Anahy Miranda, Tita Andrade, Sayuri Orellana y Daniela Rodríguez.
El fallo a favor de Camila Díaz fue el primero con una condena en el país centroamericano. En febrero de 2021 tres pandilleros de la Mara Salvatrucha MS-13 fueron condenados hasta 66 años de prisión por el asesinato de Sayuri Orellana y Daniela Rodríguez. Ningún fallo tomó en cuenta el agravante de crimen por odio.
En 2021 COMCAVIS Trans reportó siete asesinatos en contra de la población LGBTI: un hombre trans, cuatro mujeres trans y dos hombres gays.
🌎🏳️🌈🏳️⚧️#Cobertura
🇸🇻📢🌈El Salvador marchó x el #OrgulloLGBT
💥El cierre de la dirección de diversidad, el desmantelamiento de mesas de trabajo y la negativa de tratar la Ley de identidad de género fueron algunas de las consignas.
Comentarios desactivados en Denuncian graves vulneraciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador
Crece la preocupación por la falta de información sobre los detenidos, en su mayoría en forma ilegítima. La población LGBT es la más afectada.
MEJICANOS, El Salvador. Cientos de mujeres esperan en una extensa fila afuera de un centro penal de El Salvador. Aguardan su turno para suplicar información acerca de sus familiares detenidos durante el polémico régimen de excepción.
Algunas, con sus ojos llorosos, buscan respuestas para la incertidumbre que viven desde que el Congreso aprobó una emergencia de seguridad que suspende derechos constitucionales.
Las personas duermen sobre cartones, bajo improvisados toldos de plástico colgados en espacios de la calle. Se alimentan con comida que varias iglesias preparan para regalar a las familias que esperan afuera de la prisión La Esperanza, al norte de la capital. Su denominador común es la pobreza y la estigmatización de vivir en zonas populosas con presencia de pandillas.
Esperan días enteros bajo el sol y la lluvia. Denuncian que una noche fueron despertados por chorros de agua que les lanzaban desde un camión cisterna, mientras estaban acostados en la calle. Lamentan que los soldados y policías les han amenazado para que se vayan de la zona.
“Nos dijo un policía: ‘ahora nosotros tenemos la ley que los podemos agarrar y los podemos hasta matar a cualquiera. Tenemos la autoridad que el gobierno nos ha dado’. Eso no es justo, yo tengo mucho miedo”, relató a Presentes, María Méndez, mientras esperaba su turno en la fila.
Cuenta que su hijo de 24 años fue detenido en una zona rural mientras realizaba labores agrícolas. Los policías le pidieron que los acompañara a la delegación para una investigación y lo dejaron detenido desde el cinco de mayo.
Desde que inició el régimen de excepción, el 27 de marzo, detuvieron a 32.529 personas. Todas están acusadas de colaborar o pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y su rival Barrio 18 en sus facciones.
Largas filas esperan por ingresar a las cárceles para tener datos de sus familiares detenidos en forma arbitraria. Registro: Paula Rosales. Edición: Estefanía Cajeao.
Población LGBTI
Keiry Mena, una mujer trans de 44 años. Fue detenida por cuatro policías la tarde del domingo 8 de mayo cuando salió a comprar esmaltes de uñas para su trabajo. La mujer atiende a domicilio debido a que no cuenta con local para sus clientas.
De acuerdo al testimonio de Esmeralda Molina, sobrina de Keiry, esa tarde los policías le dijeron que fue detenida porque tenía cuatro denuncias anónimas. La acusan de extorsión. Ese día le quitaron el teléfono celular como “prueba”. Keiry vive junto a su mamá y hermana en un mesón ubicado en “el callejón de los niños”, en la ciudad industrial de Soyapango, 11 kilómetros al oeste de la capital.
En la Procuraduría General notificaron que cambiaron el delito de extorsión por agrupaciones ilícitas, sin notificar previamente a la familia. Keiry ayuda económicamente a su mamá y hermana quienes ahora están con incertidumbre para pagar el alquiler de la habitación que comparten.
Ningún organismo brinda datos certeros sobre el estado de las personas detenidas. Foto: Paula Rosales.
Ninguna respuesta
Desde que inició el régimen de excepción en marzo, la Procuraduría General de la República atiende miles de familias que peregrinan afuera del edificio en busca de ayuda y respuestas que nadie les da. Han escuchado cuando los servidores públicos dicen que “no iban a apelar por las personas que se han detenido”.
“Lo que hacen es una injusticia. Se la llevaron injustamente y sin pruebas, porque no traían ningún documento ni las denuncias de las personas que hicieran constar. Tampoco pruebas de las personas que la misma policía me indicó que tenían”, dijo a PresentesEsmeralda Molina.
Las clientas habituales de Keiry apoyaron a su familia con dinero para colaborar con los gastos de movilización. Es interminable cantidad de trámites que deben hacer para tramitar la liberación de Keiry.
El centro Diké de personas transgénero y LGBTI registró la detención de cinco personas de la población durante los casi dos meses que lleva la medida. Un hombre gay, dos mujeres trans y dos hombres trans han sido detenidos, informó a PresentesGabriel Fernández, director de protección y antiviolencia.
En la última marcha, durante el día de lucha contra el LGBTIOdio pidieron por la libertad de Alessandra. Foto Paula Rosales.
Estigmatización y violencia
Entre las principales vulneraciones registradas por Diké está el irrespeto a la identidad de género. Las personas detenidas han sido expuestas desnudas y obligadas a guardar prisión en celdas que no corresponden a su expresión.
Fuentes consultadas por Presentes comentaron que el hacinamiento dentro de las prisiones durante régimen especial es insostenible. En cada celda hay entre 130 y 140 personas que deben sortear los espacios para dormir, los baños también son utilizados como dormitorios.
“Muchas veces se piensa que son pandilleros que se han ‘disfrazado’ para eludir la justicia. Han sido ridiculizados tanto para mujeres como hombres trans”, expresó a Presentes Gabriel Fernández de Diké.
Cuentas vinculadas a policías y soldados difundieron imágenes de mujeres trans con su torso desnudo a quienes acusan de ser colaboradoras de la pandilla Barrio 18.
“Hay agravio a su integridad física ya que se les asigna en el caso de las mujeres trans junto con hombres que pueden agredirlas ya sea física o verbalmente. Esto las pone en un eminente peligro”, señaló Gabriel.
Al momento de ingresar a los centros penales, los detenidos son expuestos a tratos denigrantes. Su cabello es cortado y son expuestos ante las cámaras gubernamentales en ropa interior para difundirlos por las redes sociales, y medios de propaganda oficial. Las mujeres trans son tratadas como el resto de la población masculina.
La organización CRISTOSAL ha documentado del 27 de marzo al 19 de mayo 555 casos de violaciones a derechos humanos durante detenciones en el régimen de excepción. El 77.7 por ciento de los victimarios fueron agentes de la policía.
Consideran que al menos 16 personas detenidas han muerto en este periodo. Se presume que algunos fueron golpeados al interior de los centros de detención provocándoles la muerte. Otros casos fueron por negarles el acceso a tratamientos médicos prescritos.
“Se ha documentado que mueren por golpizas algunos o porque las propias autoridades penitenciarias no les permiten acceso a sus documentos. En ambas situaciones hay una responsabilidad de violación a la vida de las autoridades por muerte”, expresó a la prensa David Morales, director de derechos humanos de CRISTOSAL.
La organización CRISTOSAL documentó 555 casos de violaciones a derechos humanos durante detenciones en el régimen de excepción. Foto: Paula Rosales.
Familias sin recursos ni información
Las familias de Alessandra y Keiry viven cada día con la preocupación de garantizar los gastos generados por sus detenciones. Desde que fueron retenidas utilizaron los pocos ahorros o pedir dinero prestado para cumplir con las exigencias de los centros penales.
“Mi hermana sacó de un ahorro que tenía para comprar un teléfono, yo puse todo el dinero que tenía de la venta de ropa”, expresó Juan Carlos que pidió omitir su apellido por seguridad.
Los niveles del azúcar en la sangre de la mamá de Alessandra se elevaron. Con la precaria economía familiar han tenido que cubrir los gastos médicos provocados por la detención de su hija.
La falta de información clara sobre las condiciones de las personas detenidas aumenta la incertidumbre de sus familias que deben peregrinar por las instituciones en busca de datos fiables sobre sus procesos.
“La información que se encuentra respecto a cómo están estas personas es casi nula. La limitan mucho casi siempre solo a familiares. Ha habido ocasiones que hemos hecho el acompañamiento con familiares ya sea a bartolinas o procuraduría y no se les ha dado la información necesaria”, señaló Gabriel de Diké.
Presentes solicitó en tres ocasiones comentarios del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sin tener respuesta al cierre de la nota.
Comentarios desactivados en Cómo impacta a mujeres y a las diversidades la persecución a periodistas en El Salvador
Desde el régimen de excepción impuesto por el gobierno de Bukele, periodistas y activistas LGBT sufrieron amenazas y hostigamientos.
SAN SALVADOR, El Salvador. El Congreso salvadoreño aprobó en marzo una nueva y polémica reforma el código penal del país. Esta medida establece condenas de hasta 15 años para periodistas que publiquen contenidos informativos sobre las violentas pandillas Mara Salvatrucha y su rival Barrio 18.
La medida no es una sorpresa. Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele ha creado progresivamente una barrera al escrutinio para imponer un silencio a investigaciones y publicaciones periodísticas que denuncian y otorgan pruebas de posibles casos de corrupción, violaciones a derechos humanos, transacciones opacas de bitcoin y negociaciones con las pandillas que asolan al país centroamericano.
Bukele ha insistido que durante su gobierno El Salvador dejó de ser el país más violento del mundo, tras la histórica reducción de homicidios gracias a la implementación de su Plan Control Territorial del que no se conoce ni un detalle ni programa.
El amedrentamiento permanente
Gabriela Cáceres periodista especializada en temas judiciales y violencia del periódico digital El Faro, ya afronta las consecuencias de las reformas aprobadas. La periodista reveló que la Dirección de Centros Penales, manejado por el ejecutivo, liberó a Élmer Canales Rivera, alias Crook Se trata de uno de los máximos líderes de la pandilla MS-13 que tiene procesos judiciales pendientes de cumplir.
Cinco días después de la aprobación de las reformas, Gabriela fue amenazada por Kevin Sánchez, integrante del partido de Bukele, Nuevas Ideas. Le dijo que iniciarán un proceso penal en su contra por “haber replicado mensajes afines a pandillas con el fin de atemorizar a la población”.
“Son las consecuencias lastimosamente que estamos pasando las periodistas de investigación que trabajamos bajo un régimen tan difícil como este. Dije ni modo voy a enfrentar lo que sea y voy a seguir haciendo mi trabajo porque no he mentido. Es una prueba legal, una prueba que fue emitida por un juez”, expresó Gabriela a Presentes.
El juez especializado en crimen organizado, Godofredo Salazar, fue acusado por Bukele de ser “cómplice del crimen organizado”. También “recomendó” a la Corte Suprema de Justicia removerlo de su cargo. Su remoción fue aprobada el mismo día de la publicación del presidente.
“Es una medida que se ha salido de control y que ha generado demasiado temor dentro del gremio periodístico. Porque te quedas pensando ¿cómo publico esto sin que me vayan a meter preso? Porque ni siquiera puedes ampararte a una institución porque las instituciones también están ligadas al oficialismo. Es bastante preocupante la decisión que tomó la asamblea y respaldada por el presidente Bukele”, lamentó Gabriela.
Justificando las reformas
La efectividad del Plan Control Territorial quedó entre dicho el 26 de marzo, cuando fueron asesinados 62 personas, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos. En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandilleros.
El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.
Durante 24 días la policía y militares han detenido a 13.573 personas acusadas de pertenecer a las pandillas por su sola apariencia. Ninguna de estas detenciones tuvo orden de un juez.
Mordaza al hablar de pandillas
Surgidas en las calles de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, miles de pandilleros fueron deportados a su país de origen y se extendieron en todo el territorio. Desde allí extorsionan, venden droga y luchan a muerte el control de sus territorios. Se estima oficialmente que unas 86.000 pertenecen a estas estructuras.
En 2015, El Salvador registró 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de la tasa más alta del mundo, según las Naciones Unidas. Desde entonces, las cifras han venido a la baja y durante el gobierno de Bukele, los números se redujeron a niveles históricos.
En 2021, la policía registró un total de 1,140 asesinatos, un 15% menos que en el mismo periodo de 2020. Lo que equivale a 18 muertes por cada 100.000 habitantes.
Crisis Group International aseguró en septiembre de 2020 que el desplome en la tasa de homicidios podría deberse no sólo a políticas de seguridad, sino a decisión propia de las pandillas. Posiblemente por un frágil acuerdo de no agresión con las autoridades.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó en diciembre a dos altos funcionarios del gobierno, Osiris Luna, director general de Centros Penales, y a Carlos Marroquin, director de Tejido Social. Según la acusación, ellos facilitaron una negociación con las pandillas a cambio de apoyo electoral para el partido de Bukele en las elecciones de febrero de 2021.
“En 2020, el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele brindó incentivos económicos a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para que éstas le garantizaran bajos niveles de violencia de pandillas y de homicidios confirmados”, señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.
En enero de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a El Salvador la extradición de 14 lideres de la Mara Salvatrucha por delitos narcotráfico, terrorismo y conspiración, pero Bukele y sus aliados en la Fiscalia General y la Corte Suprema de Justicia, cooptada desde el 1 mayo 2021 se niegan a extraditarlos.
El fiscal general impuesto por Bukele, solicitó a la Corte Suprema de Justicia no aprobar la extradición alegando que no hay garantías que Estados Unidos respete los derechos constitucionales de los acusados.
Sin embargo, los legisladores oficialistas aprobaron la primera semana de abril unas reformas que sancionan a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales que reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población en general.
El castigo a la prensa
“Vemos con suma preocupación las reformas porque podría aumentar los casos en contra de mujeres periodistas. Sobre todo, para quienes están trabajando en investigaciones”, dijo a Presentes Mónica Rodríguez, integrante de la Colectiva de Mujeres Periodistas del país centroamericano.
Para la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), las reformas impulsadas por Bukele responden al interés de censurar a los medios de comunicación y socavar el derecho a la libertad de prensa e información en el país.
“Nuestra principal preocupación es que se le esté limitando el derecho a la información a la población salvadoreña. Se le quiere esconder a los salvadoreños, que en ese supuesto combate contra la delincuencia se están cometiendo demasiados abusos, se están limitando derechos. Se está restringiendo la libertad de prensa”, expresó César Fagoaga, presidente de la gremial de periodistas.
El centro de monitoreo de agresiones contra periodistas de la APES registró 38 denuncias de ataques entre enero y abril de 2022. Diecinueve de ellos fueron acosos digitales y 8 restricciones al ejercicio de su trabajo, 15 de los casos fueron contra mujeres. Gabriela Cáceres recibió solamente en una publicación en Twitter 1,095 ofensas de cuentas afines al gobierno.
“Esta ley se trata únicamente para silenciar a la prensa. No creo que esta reforma se trate de combatir a las pandillas y la mejor opción es no hablar de ellos. Es una medida que va encaminada hacia otro rumbo que todavía no sabemos pero que ahorita claramente es silenciar a la prensa. Estamos caminando sobre un piso demasiado frágil en este momento”, dijo Gabriela.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro atacó a periodistas e investigadores desde el hemiciclo. Y les “recomendó” que se busquen asilo humanitario fuera de El Salvador.
“No los necesitamos, váyanse. Pero si se quieren quedar este es el nuevo país en el que estamos viviendo y este es el nuevo país donde vamos a vivir”, expresó exacerbado durante su intervención durante la aprobación de una ley para construir más centros penales en el país.
De acuerdo a la APES, en 2022 se han exiliado cuatro periodistas después de ser objeto de ataques de Bukele que les acusó de ser defensores y familiares de pandilleros. Las agresiones reportadas fueron hechas en su mayoría por funcionarios públicos y usuarios de redes sociales afines al partido Nuevas Ideas.
Bukele justificó la penalización de los periodistas en el código penal de Alemania que regula el uso de la simbologia nazi. Sin embargo, la legislación del país europeo no limita la libertad de prensa e información.
“Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, asi como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.
Consideran que el gobierno mantiene una permanente campaña de desinformación y criminalización de los defensores de derechos humanos del país.
“Nos enfrentamos a un discurso de odio instalado desde el Estado y validado constantemente dentro de sus instituciones. Incluso desde las que deberían de tratar de poner fin, las cuales contribuyen a acrecentar estas situaciones motivadas por la intolerancia a la crítica y la disidencia”, expresó la FESLGBTI.
El defensor de derechos humanos y activista político, Erick Iván Ortíz fue amenazado de muerte en dos llamadas telefónicas. De acuerdo a la FESLGBTI criticar los constantes abusos del gobierno a la prensa y organizaciones sociales les convierte en blancos de ataque para el oficialismo.
Pronunciamiento frente a las amenazas de muerte que ha recibido nuestro Secretario de Comunicaciones, @EIvanOrtiz, defensor de Derechos Humanos y activista político en El Salvador: pic.twitter.com/fmWuIEZRug
— Federación Salvadoreña LGBTI (@feslgbti) April 20, 2022
Comentarios desactivados en El Salvador: Una mujer trans fue arrestada arbitrariamente en el marco del régimen de excepción
La mujer fue sacada a la fuerza de su casa por no tener documento de identidad.
EL SALVADOR, San Salvador. La madrugada del martes 26 de abril, Alessandra Sandoval, de 24 años, se despertó por los golpes de la policía en la puerta de la vivienda que comparte con su madre, en un populoso barrio de las periferias de la capital. Fue detenida por no presentar su documento de identidad personal.
“Mi hermana se encontraba en la casa de mi mamá. Llegaron a la casa a revisar, y por ser la única persona que no tenía documentos se la llevaron detenida”, dijo a Presentes, Carlos Rivera, hermano de Alessandra.
Alessandra no ha tramitado el Documento Único de Identidad (DUI), por negarse a utilizar el nombre masculino asignado al nacer. El Salvador aún no cuenta con una ley de identidad de género que acredite el nombre de acuerdo a su expresión autopercibida.
La familia de Alessandra expresó que no es la primera vez que la policía hace revisiones de rutina en las viviendas. Los ingresos deben ser autorizados por cada vecino, y son permitidos porque se enmarcan dentro del plan Casa Segura de la institución encargada de la seguridad pública. Sin embargo, desde que inició el régimen de excepción, policías y soldados pueden entrar sin previo aviso a las casas.
“La han llevado detenida injustamente porque ella no es delincuente, ni nada por el estilo y solo por no tener el documento está detenida. Los policías se enojaron por eso y se la llevaron”, expresó Carlos.
Un régimen que quita derechos
El régimen de excepción, aprobado en el congreso el 27 de marzo, fue renovado por treinta días más esta semana. Del 26 al 28 de marzo fueron asesinadas 87 personas. En un sólo día se registraron 62 crímenes, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos.
Alessandra se dedica a la venta de ropa de segunda mano igual que su hermano Carlos. Desde la detención de ella, no pudo salir a entregar los pedidos que le hacen por las redes sociales. Tampoco tiene los recursos suficientes para pagar los servicios de asesoría legal.
La falta del documento de identidad de Alessandra dificulta. Sin él, no pueden solicitar la constancia de antecedentes penales o solvencias de la policía que exigen las autoridades para su liberación.
Los abogados penalistas cobran entre quinientos y tres mil dólares por defender a las personas detenidas durante el régimen de excepción.
Más de 19.000 personas han sido detenidas durante 32 días acusadas de pandilleros. Ninguna de estas capturas tuvo orden de un juzgado.
El Congreso aprobó en marzo reformas para aumentar los años de prisión en los delitos contemplados en el código penal, procesal penal, ley antiterrorista y ley penal juvenil. El objetivo era disuadir a quienes integren y colaboren con las violentas pandillas. Los menores de edad de 12 a 16 años podrían ser condenados hasta una década de prisión.
“Exigimos que por lo menos exista el mínimo de respeto de la probabilidad de inocencia. Mientras eso se comprueba, deberían tener un mínimo de cuidado de no hacer detenciones arbitrarias por el simple hecho de cumplir con un número o meta que les han dado a los policías”, expresó Mónica.
La situación de Alessandra
La policía le informó a la familia de Alessandra que sería acusada de colaborar con las pandillas y podría ser condenada entre 20 y 30 años de prisión.
“Estoy bastante mal. Me dijo el policía que si no nos rebuscamos a mi hermana la van a poner como colaboradora (de la pandilla) y ella no es nada de eso”, expresó llorando Carlos a Presentes.
Para la organización Amnistía Internacional el régimen de excepción ha provocado “una tormenta perfecta” en la violación de derechos humanos a las personas detenidas durante este período.
“Durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción”, expresó el organismo en un comunicado difundido esta semana.
Durante el régimen de excepción han detenido a productores audiovisuales, defensoras de derechos humanos, empleados y personas adultas mayores. Organizaciones sociales denunciaron que cinco detenidos murieron después de recibir palizas de los policías y los pandilleros en la prisión.
Hasta el 27 de mayo están suspendidos en el país centroamericano las garantías de tener un proceso justo y apegado a la ley. Los detenidos en este periodo no tienen derecho a tener un defensor y pueden ser detenidas hasta seis meses mientras duran las investigaciones fiscales.
La cuenta de Twitter Halcón Azul publicó las fotografías de dos mujeres trans desnudas durante la detención, dirigiéndose a ellas por sus nombres de identidad de género como “alias”.
Comentarios desactivados en La policía de El Salvador detuvo violentamente a un activista trans durante el régimen de excepción
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele,
El hecho se registró el jueves cuando el joven se dirigía a una reunión con Amnistía Internacional. Crece la preocupación por la violencia policial contra la población LGBT.
SAN SALVADOR, El Salvador. Esteban M (nombre de la víctima modificado para resguardar su integridad) es un hombre transexual de 27 años. La tarde del jueves 21 de abril la policía lo obligó a descender del autobús para una revisión rutinaria en el marco del régimen de excepción.
El Congreso salvadoreño, controlado por el presidente Nayib Bukele, aprobó la madrugada del 27 de marzo un régimen de excepción durante treinta días en todo el territorio del país centroamericano que se extendió a partir del 25 de abril, por 30 días más.
El objetivo es contener una inusitada alza de asesinatos provocados por las violentas pandillas Mara Salvatrucha y su rival el Barrio 18. La situación puso en entredicho la efectividad del Plan Control Territorial del gobierno.
Del 26 al 28 de marzo fueron asesinadas 87 personas. En un sólo día se registraron 62 crímenes, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos.
El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.
Durante 27 días la policía y militares han detenido a más de 15.000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas por su sola apariencia. Ninguna de estas detenciones tuvo orden de un juez.
Detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso
Esteban es activista y defensor de derechos humanos, pertenece a la organización Cultura Trans. El día de su detención se dirigía a una reunión con la organización Amnistía Internacional pero no se presentó.
El colectivo Cultura Trans trabaja desde 2017 en incidencia de políticas públicas y en la formulación de protocolos de atención a población LGBTI.
El activista salió de su casa a las 13 a reunirse con Liam Fernando Linares (coordinador de Cultura Trans) para ir juntos al sitio de la organización internacional. Al ver que su amigo tardaba en acudir a la cita, Linares le llamó sin obtener respuesta. Recién a las 14.24, Esteban respondió para informar que había sido detenido. Ese fue su último mensaje.
Esteban relató que policías ordenaron a varias personas a descender del autobús, pero centraron su atención específicamente en él por los tatuajes artísticos que tiene en su cuerpo. Cuestionaron por qué su nombre era diferente al documento de identidad personal.
“Lo golpearon e hincaron, luego le dijeron que se lo iban a llevar detenido”
Desde que inició el régimen de excepción la sede de la fuerza naval se ha convertido en una especie de centro de detención provisional mientras las personas detenidas son enviadas a los centros penales del país.
“En el actual contexto en el que se han suspendido garantías judiciales fundamentales, las personas LGBTI pudieran experimentar mayores violaciones a los derechos humanos. Incluidas detenciones arbitrarias en centros penitenciarios sin que se reconozca su identidad de género”, dijo a Presentes Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Esteban relató que fue humillado por el cuerpo de seguridad. Además de los golpes lo insultaron y lo encerraron junto a otras mujeres detenidas en el centro de detención provisional.
“Lo golpearon e hincaron. Luego le dijeron que se lo iban a llevar detenido. Hicieron que se quitara el binder que es la camisa compresora que usamos para que se nos vea el pecho plano. Hicieron que se desnudara para revisar si no tenía más tatuajes”, expresó Liam a Presentes.
“Es importante enfatizar que las personas LGBTI han sufrido desproporcionadamente de altos niveles de violencia y discriminación en El Salvador. En el pasado hemos documentado cómo personas LGBTI tuvieron que huir del país por amenazas, hostigamiento y violencia, sin recibir protección del Estado”, señaló Erika.
Denuncias en redes
Las redes sociales son hoy el principal medio de denuncia de detenciones arbitrarias del gobierno. Después que la retención de Esteban se hizo pública fue liberado golpeado y atemorizado por la brutal experiencia que vivió.
El régimen de excepción suspende las garantías de tener un proceso justo y apegado a la ley. Las personas detenidas en este periodo no tienen derecho a un defensor y pueden permanecer encarceladas hasta seis meses, mientras duran las investigaciones fiscales.
Nayib Bukele de 40 años, acostumbra a tener una imagen desenfadada y moderna. Se autoproclama un “dictador de El Salvador”, “el emperador” o “el presidente más cool del mundo” y se apoya en las redes sociales para impulsar su agenda alejada de los señalamientos.
Con una retórica incendiaria, similar al estilo del expresidente estadounidense Donald Trump, se ha convertido en una especie de policía, investigador y juez. La presunción de inocencia es cosa obsoleta para el gobierno.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado de El Salvador a investigar a quienes resulten responsables de violaciones a los derechos humanos en observancia al debido proceso legal. También pidió absoluto respeto a las garantías judiciales y adoptar una política de seguridad ciudadana integral que tenga como premisa la protección a los derechos humanos.
Durante el régimen de excepción han detenido a productores audiovisuales, defensoras de derechos humanos, empleados y personas adultas mayores. Organizaciones sociales denunciaron que cuatro detenidos han muerto después de recibir palizas de los policías y los pandilleros en la prisión.
En las primeras horas del 25 de abril, el congreso de El Salvador aprobó extender 30 días más el régimen de excepción en El Salvador.
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Pero las principales críticas a su gobierno derivan de la aplicación de casi dos años de un Régimen de Excepción para combatir a las pandillas llamadas “maras”. La polémica medida que suspende algunos derechos constitucionales ha permitido detener a más de 75.000 presuntos miembros de estas estructuras.
Nelson Rentería
Desde su elección como presidente de la República de El Salvador, en junio de 2019, Nayib Bukele viene dando numerosas muestras de autoritarismo y autocracia, que llegaron a su zenit con el autogolpe de Estado en febrero de 2020. El 9 de febrero de ese año convocó por vía de urgencia a la Asamblea Legislativa para aprobar un crédito de 109 millones de dólares para su plan de seguridad pública, denominado Control Territorial, que había sido impugnado anteriormente por fallos de tipo constitucional. Esta situación llevó a la parte opositora de la Legislatura a rechazar la convocatoria. Ante la negativa, Bukele hizo un llamamiento a la insurrección popular pidiendo a la gente que acudiera al exterior de la Asamblea para presionarla por la aprobación del crédito extraordinario. El Ejército le prestó públicamente lealtad y le mostró su disposición a cumplir sus órdenes. Las Fuerzas Armadas ocuparon las calles adyacentes a la Asamblea y finalmente todo el recinto legislativo. Se trataba de una violación del Estado laico y de un retroceso democrático.
Defensores católicos LGBTQ+ en América Latina participaron en una reunión oficial de la iglesia sobre el ministerio juvenil este verano, en la que hicieron un llamado a la iglesia institucional para que cuide y defienda mejor a los jóvenes LGBTQ+.
En mayo de 2023, detuvieron sin pruebas a una pareja de lesbianas. Sólo una fue liberada. Reportan al menos 62 vulneraciones a la población LGBT durante el régimen de Bukele.
Sandra trabaja en su carretón para cubrir los gastos tras la detención de su pareja.
Bianka Rodríguez votó por primera vez con una identidad validada en las elecciones de El Salvador. Aldo Peña, un hombre trans, votó a pesar de no figurar en el padrón electoral, ya que el Estado no ha querido reconocer su cambio de nombre por razones de identidad de género. Falta legislación que proteja el derecho a la identidad de la población trans en El Salvador en procesos institucionales como las votaciones.
Bianka Rodríguez votó en la Escuela de Educación Parvularia «Alberto Masferrer», en Cuscatancingo, acompañada de personal de la PDDH.
Aldo Peña sigue luchando para que se reconozca su derecho al nombre.
Arturo no tuvo otra opción que huir de San Pedro Sula durante el toque de queda. Junto a uno de sus colegas, pidió medidas de protección a la CIDH por la persecución estatal de la que eran víctimas lxs activistas en ese tiempo. Las medidas no les aseguraban que sus vidas estuvieran a salvo, porque quienes les cuidaban, por órdenes de la CIDH, eran policías que frente a ellos presumían la violencia que ejercían contra la población LGBTIQ+.
Sigfredo Funes sí planificó su huida. Lleva más de un año viviendo en Buenos Aires y no quiere volver a su país. Con la excusa de migrar, aplicó a una beca para cursar una maestría en Argentina y así salir de El Salvador.
La expresión violencia de género se reemplaza en el texto de la Ley Micaela por ejemplo por “violencia familiar y contra la mujer”. Este cambio de abordaje representa un grave retroceso. Por un lado, invisibiliza la diversidad al acotarla a la categoría “mujer”. Por otro, deja de lado que la violencia de género adopta diferentes dimensiones y se perpetra en espacios que van mucho más allá del familiar, operando como base de desigualdad estructural.
A través del artículo número 348 del apartado de Justicia de la denominada «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», el Poder Ejecutivo expone la derogación de la Ley 24.515 que tenía por objeto la creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo como entidad descentralizada del Ejecutivo
Aunque no es parte de la Ley Ómnibus, el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidades se convirtió a través de un decreto en Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género. Ahora depende del mega Ministerio de Capital Humano.
Personas LGBT fueron víctimas de torturas y otras violaciones cometidas por militares en la cárcel masculina de Támara. Periodistas y defensores de derechos recibieron ataques en las redes sociales a través de bots.
Activistas y defensoras de los derechos humanos criticaron el nombramiento de Raquel Caballero. Consideran que provocará el estancamiento de los derechos de las personas LGBTI, mujeres y personas vulneradas.
A través de su cuenta de Twitter el presidente de El Salvador anunció la suspensión del contrato entre el Instituto de Formación Docente y la televisora.
Scarleth tiene 16 años y hace dos comenzó su transición. Las vivencias familiares y educativas en un país que niega la identidad de género.
Ningún organismo brinda datos certeros sobre el estado de las personas detenidas.
En la última marcha, durante el día de lucha contra el LGBTIOdio pidieron por la libertad de Alessandra.
La organización CRISTOSAL documentó 555 casos de violaciones a derechos humanos durante detenciones en el régimen de excepción.
El juez especializado en crimen organizado, Godofredo Salazar, fue acusado por Bukele de ser “cómplice del crimen organizado”. También “recomendó” a la Corte Suprema de Justicia removerlo de su cargo. Su remoción fue aprobada el mismo día de la publicación del presidente.
“En 2020, el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele brindó incentivos económicos a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para que éstas le garantizaran bajos niveles de violencia de pandillas y de homicidios confirmados”, señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.
La mujer fue sacada a la fuerza de su casa por no tener documento de identidad.
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