El sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah  en su alocución al inicio del Ramadán. Foto AFP

El país no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1957.

Este fin de semana, Hassanal Bolkiah, sultán de Brunéi, emitió una moratoria para la la pena de muerte incluida en una nueva reforma al Código Penal del sultanato, la cual podrá ser aplicada para la “sodomía”, violación y homosexualidad. La postergación de su aplicación es un “gesto de buena voluntad” por el inicio del Ramadán, una de las celebraciones más importantes del islam. Hassanal Bolkiah, que sucedió a su padre en el cargo cuando este abdicó del trono en 1967, comenzó a instaurar castigos basados en la sharia en 2014, en un plan por etapas que dio un paso más el pasado 4 de abril. Entonces entró en vigor una reforma del Código Penal que incluye la lapidación por adulterio y sexo entre hombres; la mutilación de la mano o el pie por robo; la pena capital por apostatar, blasfemar o difamar el nombre del profeta Mahoma, y la flagelación por abortar, entre otros castigos.

Brunéi extenderá la moratoria que aplica de facto a la pena de muerte a la sharia o ley islámica, un mes después de aprobar castigos como la lapidación para homosexuales o adúlteros por lo que afrontó una oleada de críticas y llamadas al boicot.

La decisión fue anunciada por el sultán Hassanal Bolkiah, en un discurso televisado este domingo por la noche con motivo del inicio del mes del Ramadán, en el que buscó clarificar “malas interpretaciones” sobre la implementación de la legislación islámica. En la alocución, inusualmente traducida al inglés y divulgada después por su gabinete, el sultán recordó que la moratoria sobre la pena de muerte por otros delitos -como asesinato con premeditación o tráfico de drogas- lleva aplicándose más de dos décadas, y subrayó que también se impondrá sobre los nuevos casos sujetos al castigo capital. El sultanato, situado en la isla de Borneo y próspero gracias a sus ricas reservas de petróleo y gas, no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1957. Alrededor de dos tercios de su población de 420.000 habitantes son musulmanes.

“Soy consciente de que hay muchas preguntas y percepciones erróneas respecto de la implementación de la Orden. Sin embargo, creemos que una vez que se hayan aclarado, el mérito de la ley será evidente”, indicó Bolkiah.

“No debería haber ninguna preocupación sobre la sharia ya que esta incluye la misericordia y bendiciones de Dios […], que jamás nos impondría leyes pensadas para infligir crueldad“, dijo el sultán en su alocución recogida hoy por la prensa estatal.

“Como es evidente, durante más de dos décadas, hemos practicado una moratoria de facto en la ejecución de la pena de muerte para los casos bajo la ley común. Esto también se aplicará a los casos bajo la SPCO que ofrece un alcance más amplio para la remisión”, destacó el sultán en su mensaje por el Ramadán.

“Como es evidente, en las últimas dos décadas hemos practicado una moratoria de facto a la ejecución de la pena de muerte en casos de ley común. Esto se aplicará también en los casos bajo la SPCO; la sharia que ofrece un amplio margen de exoneración“, añadió el sultán en su mensaje por el Ramadán.

El sultán, que sostuvo que la ley islámica persigue “preservar la moralidad y decencia pública”, aseguró además que Brunéi ratificará la convención de la ONU contra la tortura para “mantener nuestros compromisos y obligaciones internacionales”.

El nuevo ordenamiento incluye la lapidación por “delitos homosexuales” y adulterio; la mutilación de la mano o el pie por robo; la pena capital por blasfemia, difamar el nombre del profeta Mahoma y la apostasía; la flagelación por aborto; asimismo, criminaliza la doctrina de otras creencias a niños y prácticas de cualquier religión que no sea el Islam, entre otros.

Su entrada en vigor el pasado 3 de abril motivó la condena de organizaciones de defensa de los derechos humanos y la ONU, y llamadas al boicot a la cadena de hoteles de lujo propiedad del sultán por parte de celebridades como el actor George Clooney o el cantante Elton John.

Aunque el actual Código Penal contempla la pena de muerte, Brunéi no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1957 y la última sentencia data de 2017 por un delito de narcotráfico.

Brunéi, sultanato situado en la isla de Borneo, próspero gracias a sus ingentes reservas de petróleo y gas, comenzó a introducir los castigos basados en la ley islámica en 2014.

Una campaña internacional de boicot a los negocios del sultanato llevó a la suspensión temporal de las penas más estrictas y castigos corporales prevista a finales de 2016.

El Ramadán, según la tradición islámica, conmemora cuando el profeta Mahoma empezó a recibir la revelación del Corán hace más de mil 400 años.

La doble moral del sultán

Bajo el yugo del sultán absolutista Muda Hassanal Bolkiah, Brunéi no ha firmado ni ratificado prácticamente ninguno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Eso sí, repasando la trayectoria personal y el estilo de vida desaforado del jefe del estado, no parece que se aplique a sí mismo el rigor moral que exige a sus súbditos.

El sultán de Brunéi se ha casado tres veces y, aunque la religión islámica permite la poligamia para los hombres, está divorciado de dos de sus mujeres. Según la revista Forbes, en 2007, Bolkiah era la persona con la mayor fortuna de todo el mundo (estimada en 22 billones de dólares). El sultán lleva en el poder desde 1967 y consiguió la independencia de Reino Unido en 1984. Su patrimonio familiar ha ido creciendo progresivamente gracias a los beneficios que el país genera a raíz de las ricas explotaciones de petróleo y gas natural y a la falta de control del origen de sus ingresos.

Un litigio económico con su hermano menor Jefri, que acabó en el Privy Council de Londres (que sigue ejerciendo como una especie de tribunal de última instancia pese a la independencia) permitió conocer que el sultán derrocha el dinero a espuertas. Solo en 2007, gastó 1,26 millones de libras en un instructor de bádminton o 1,25 millones en acupunturistas y masajistas, por poner algunos ejemplos. Su palacio (más grande que el Vaticano) cuenta con bóvedas de oro y se calcula que posee cientos de automóviles de lujo, entre ellos varios Fórmula 1.

En definitiva, así es y así vive el hombre que se arroga el derecho, convertido en ley, de acabar con la vida de aquellos que comparten su amor y su sexualidad con personas de su mismo sexo en el “Estado de Brunéi, Morada de la Paz”.

El sultán, educado en el extranjero y dueño de una vida poco pía, ha defendido con ahínco su decisión de implantar preceptos de la sharia en la nación, un caso único en el sureste asiático. A sus 73 años, se ha casado en tres ocasiones y divorciado en dos, y hasta ahora era más conocido por sus extravagancias y derroches -como pagar a Michael Jackson para que cantara en su 50 cumpleaños o su colección de Ferraris- que por sus convicciones religiosas.

Con información de 20 minutos/Cristianos Gays.

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Clooney hace tiempo que ha demostrado que, además de ser uno de los actores más deseados de la historia del cine, es un tipo comprometido. También con la comunidad LGTB.

En Brunei se está dando un catastrófico retroceso en materia de derechos humanos: El sultán está tratando de instaurar la muerte por lapidación para las personas LGTB, así como para los acusados de adulterio.

Cosas como éstas pasan desgraciadamente todos los días en multitud de países. Mutilaciones de los derechos humanos como las acontecidas en Chechenia con la proliferación de los campos de concentración para homosexuales o en Rusia con la legalización del maltrato en la pareja.

Como podemos comprobar, la comunidad internacional no mueve un dedo por estas causas. Y no hay duda de que la influencia económica de estas potencias tiene mucho que ver en este silencio. Brunei, por ejemplo, es la quinta nación más rica del mundo según Forbes, gracias a sus inacabables yacimientos de petroleo.

A veces son solo figuras públicas como George las que ponen el foco en estas horribles desgracias. El actor ha propuesto en sus redes boicotear la cadena de hoteles de Hassanal Bolkiah, el sultán en cuestión para tomar cartas en el asunto. “Seamos claros, cada vez que nos quedamos o cenamos en cualquiera de sus hoteles, estamos poniendo dinero directamente en los bolsillos de los hombres que eligen apedrear a muerte a sus ciudadanos solo por ser gays o por estar acusados de adulterio (…) Brunei no es un país importante. Su población es de menos de 500.000 habitantes. Pero Brunei tiene petroleo. Por supuesto que no han tenido elecciones desde 1962 y han adoptado la versión más extrema de la ley Sharia. A la cabeza de todo esto está el sultán de Brunei, uno de los hombres más ricos del mundo. Dueño de la Agencia de Inversiones de Brunei y de todos sus hoteles (…) He aprendido tras años de tratar con regímenes asesinos que no puedes avergonzarlos. Pero puedes avergonzar a los bancos, a los financieros y a las instituciones que hacen negocios con ellos y deciden mirar hacia otro lado”.

Tras su texto, Clooney ha enumerado los hoteles que pertenecen al sultán: The Dorchester, 45 Park Lane, Coworth Park (Reino Unido), Beverly Hills Hotel y Bel-Air (EEUU). Le Meurice y el Hotel Plaza Athenee (Francia: Paris) y el Eden y el Principe de Savoia (Italia).

Ojalá todas las figuras con influencia pública actuaran como este gran actor, para hacer reaccionar a los que verdaderamente pueden conseguir un cambio,quienes financian a estos regímenes asesinos; bancos y gobiernos.

Fuente Oveja Rosa

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Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU en Derechos Humanos, exige a Brunéi que el nuevo y terrorífico Código Penal no entre en vigor.

Hace unos días sabíamos que el sultanato de Brunéi comenzará a partir de este jueves 4 de abril de 2019 a sentenciar a muerte a personas acusadas de homosexualidad o de adulterio. El nuevo Código Penal del país está basado en la interpretación más estricta de la ley islámica, la sharía, y aunque hace años que el sultán tiene la intención de aplicar la pena de muerte por lapidación para estos casos. La presión internacional hizo que Brunéi dejara en suspenso la aplicación de esa ley, pero hace unos días salió a la luz un documento de la Fiscalía que había pasado desapercibido hasta el momento en el que se anunciaba la fecha en que comenzará a aplicarse la ley.

Michelle Bachelet, actual Alta Comisionada de la ONU en materia de Derechos Humanos, ha emitido un comunicado condenando la nueva ley del sultanato que “castiga con pena de muerte delitos como la violación, el adulterio, la sodomía, el sexo extramarital entre musulmanes, el robo, el insulto o la difamación del Profeta Mahoma” y que también “castiga con flagelación el aborto, el robo con amputaciones y criminaliza la exposición de niños musulmanes a las creencias y prácticas de otras religiones que no sean el Islam.“

Es por eso que Bachelet apela al gobierno de Brunéi para que “detenga la entrada en vigor de este nuevo código penal draconiano, que marcaría un serio retroceso para los derechos humanos de los ciudadanos de Brunéi si se implementa“. Bachelet también recuerda que “la evidencia muestra que la pena de muerte se aplica de forma desproporcionada contra personas que ya son vulnerables, y hay un alto riesgo de errores judiciales.“

La Alta Comisionada exige que el gobierno mantenga la moratoria “de facto” que existe sobre la aplicación de la pena de muerte y recuerda que “ninguna legislación basada en la religión puede vulnerar los derechos humanos, incluyendo los derechos que los forman parte de la mayoría religiosa como de las minorías religiosas o los no creyentes. Los derechos humanos y la fe no son fuerzas opuestas; es, de hecho, la interpretación humana la que crea tensiones“.

El comunicado de Bachelet llega poco después de que la oficina del primer ministro de Brunéi emitiera un comunicado en el que defendían este nuevo código penal asegurando que “La Ley Sharía, aparte de criminalizar y disuadir frente a actos que son contrarios a las enseñanzas del Islam, también busca educar, respetar y proteger los derechos legítimos de todos los individuos, sociedades o nacionales de todas las fés y razas.”

George Clooney fue uno de los primeros famosos en expresar su oposición a las intenciones de Brunéi, proponiendo además un boicot a varios hoteles por todo el mundo que son propiedad del Sultán de Brunéi. A Clooney se ha sumado también el cantante Elton John, que en un tweet ha mostrado apoyo a los trabajadores de esos hoteles (“muchos de los cuales sabemos que son gais“) y recuerda que “debemos mandar un mensaje, como podamos, de que ese tratamiento es inaceptable. Por eso David y yo hace mucho que nos negamos a quedarnos en esos hoteles y por lo que seguiremos haciéndolo. Esperamos que os unáis a nosotros en solidaridad.“

We must send a message, however we can, that such treatment is unacceptable. That’s why David and I have long refused to stay at these hotels and will continue to do so.

We hope you will join us in solidarity.

— Elton John (@eltonofficial) 30 de marzo de 2019

Fuente Towleroad, vía HazteQueer

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Ya sabemos la fecha exacta de la noticia que publicábamos hace unos días:

El sultanato implantará a partir del 3 abril la versión más estricta de la sharía y endurece hasta límites inhumanos su código penal

Amnistía Internacional denuncia que el próximo 3 de abril entrarán en vigor en Brunéi las leyes que castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte por lapidación. El desarrollo final del nuevo Código Penal, aprobado en 2014, que pretende implantar la sharía o ley islámica, concluirá en esa fecha con la inclusión de castigos físicos y mutilaciones incluso en niños. Ya se están planteando boicots a hoteles y negocios propiedad del sultán Muda Hassanal Bolkiah, como medida de protesta ante la barbarie.

En abril de 2014 fue aprobada la última actualización del Código Penal de Brunéi, un pequeño estado de mayoría musulmana situado en el sudeste asiático, con la pretensión de adaptarlo a la sharía o ley islámica. El 1 de mayo del mismo año entraba en vigor, aunque se anunciaba su implementación en tres fases. En la primera fase se fijaron multas y penas de prisión para diversos delitos, tal como se establece en las páginas del Corán.

En otras dos fases, que en un principio se desarrollarían en los veinticuatro meses siguientes, se introducían castigos corporales e incluso la pena de muerte para determinados delitos u ofensas. Sin embargo, su entrada en vigor fue posponiéndose indefinidamente, hasta que el pasado mes de marzo de 2018, el Ministerio de Asuntos Religiosos anunciaba su próxima implementación.

Finalmente, según denuncia Amnistía Internacional, la entrada en vigor de la nueva legislación tendrá lugar el 3 de abril de 2019. Entre las áreas delictivas que cubre se encuentran el robo, las relaciones sexuales ilícitas, hacer acusaciones no probadas de sexo ilícito, causar daño físico, el consumo de bebidas alcohólicas, la apostasía y los actos contrarios a las creencias islámicas.

Aparte de la pena de flagelación para la mayoría de estos delitos y ofensas, se establece la mutilación de manos y pies para los delitos relacionados con el robo, incluso para niños. Para las relaciones sexuales ilícitas y la apostasía de la religión islámica se implementa la pena de muerte por lapidación.

Esas relaciones ilícitas incluyen las que tiene lugar entre personas del mismo sexo (que hasta ahora estaban penadas con hasta 10 años de cárcel), el adulterio, las relaciones extramatrimoniales y la violación. En un principio, la nueva legislación solo se aplicará a la población musulmana de Brunéi (alrededor de dos tercios de los 500 000 habitantes del pequeño estado).

Rachel Chhoa-Howard, representante de Amnistía Internacional en Brunéi, consideraba que «legalizar tales penas crueles e inhumanas es espantoso en sí mismo. Algunas de las posibles “ofensas” ni siquiera deberían considerarse crímenes, incluyendo las relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo».

Por su parte, ILGA no incluía a Brunéi entre los países en que se establece la pena de muerte para las relaciones homosexuales en su día último informe sobre homofobia de Estado, al no haber entrado en vigor a la fecha de su publicación, aunque informaba de la posibilidad de la implementación del nuevo Código Penal. Sin embargo, incomprensiblemente, le restaba importancia por creer que no se aplicará, dado que el requisito para la pena de ejecución por lapidación requiere que haya al menos cuatro testigos masculinos de la ofensa.

La noticia de la implementación de una legislación tan bárbara ha ocasionado que algunas voces, como la del actor George Clooney, hayan pedido que se boicoteen los negocios que el sultán Muda Hassanal Bolkiah tiene alrededor del mundo, incluyendo sus instalaciones hoteleras.

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Brunei está planeando introducir leyes anti-LGBT el próximo mes que podrían ver a personas azotadas o apedreadas hasta la muerte por tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo.

La homosexualidad es ilegal en el país de Asia oriental y se castiga con una pena de hasta diez años de prisión.

En virtud de los próximos cambios en el código penal de Brunei, los castigos podrían incluir la flagelación y la lapidación hasta la muerte de las personas declaradas culpables de adulterio, sodomía y violación, según los grupos de derechos humanos.

El país introdujo el derecho penal islámico en 2014 cuando anunció la primera de las tres etapas de los cambios legales que incluían la falta de oración el viernes o el embarazo fuera del matrimonio. Una reacción posterior provocó un retraso en las dos últimas etapas, pero, según se informa, el país tiene previsto introducir los cambios el 3 de abril.

El Proyecto Brunei, un grupo de derechos humanos, publicado en los medios de comunicación social: “El Proyecto Brunei se enteró recientemente de que, tras años de retrasos continuos en la aplicación de las fases 2 y 3 del Código Penal de la Syariah, el Gobierno de Brunei está atravesando las dos últimas fases simultáneamente, y está previsto que las leyes entren en vigor el 3 de abril de 2019. Si bien esto significa que el Gobierno está rompiendo su promesa de aplicar las leyes en tres fases distintas, con un período de gracia entre cada fase, lo que es aún más alarmante es el secreto con el que lo está haciendo. Según una fuente, existe una prohibición de que los medios de comunicación locales informen sobre la aplicación del SPC, aunque esto no puede verificarse en la actualidad. En el momento de redactar este artículo, la mayoría de la población de Brunei desconocía que la aplicación completa del CPS está prevista para dentro de menos de dos semanas”.

El post de Facebook continuó: “Entre los castigos estarán la amputación de miembros por robo, la pena de muerte por apostasía, y una serie de castigos para los culpables de participar en actividades sexuales con miembros del mismo sexo y adulterio.”

La organización también destacó que Brunei firmó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, aunque todavía no ha sido ratificada.

“Al aplicar estas leyes, Brunei viola claramente sus obligaciones en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, añadió la organización. “El Proyecto Brunei hace un llamamiento al Gobierno de Brunei para que deje de ser tan reservado en la aplicación de estas leyes y sea abierto y transparente con el pueblo de Brunei”.

El Caucus de ASEAN SOGIE, un grupo de derechos humanos con sede en Manila, confirmó que la implementación de los cambios restantes tendría lugar el 3 de abril, citando documentos del gobierno, informó Reuters.

Fuente Cromosomax

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La filial europea de la Australian Football League (AFL, liga de fútbol australiano) cancelará el acuerdo de patrocinio alcanzado con Royal Brunei Airlines, la línea aérea de bandera del sultanato de Brunéi, debido a la nueva legislación homófoba en este país, que llega a castigar las relaciones homosexuales con la lapidación. El anuncio supone todo un ejemplo para otras entidades deportivas -sin ir más lejos, clubes de fútbol españoles como el Real Madrid o el F.C. Barcelona- que no dudan en alcanzar jugosos acuerdos de patrocinio con estados que criminalizan las relaciones homosexuales.

El fútbol australiano, al que podríamos considerar deporte nacional de Australia, está en realidad más próximo al rugby que al fútbol europeo. Australia es de hecho el único país que cuenta con una verdadera liga profesional, lo que no significa que no se juegue en otros países. En Europa, el fútbol australiano se articula en torno a la filial europea de la AFL (AFL Europe), que agrupa a equipos de varios países, entre ellos España.

En agosto, la AFL Europe llegaba a un acuerdo de patrocinio con Royal Brunei Airlines, que entre otros aspectos contemplaba el transporte de jugadores desde Australia a Europa. Ahora la organización deportiva ha anunciado su intención de suspender dicho acuerdo tras la campaña llevada a cabo por la plataforma All Out, secundada por más de 40.000 peticiones online y que consiguió además que más de 1.300 tuits le fueran enviados a la cuenta oficial de Twitter de la AFL. Un portavoz de la AFL ha explicado que en su filial europea desconocía lo sucedido en Brunéi y ha anunciado que en el plazo más breve posible quedará cancelado un acuerdo que atenta contra los principios de inclusión y respeto a la diversidad que la organización australiana defiende.

No parece tratarse de mera palabrería: la AFL fue de hecho una de las cinco organizaciones que en representación de los deportes mayoritarios de Australia se conjuraban hace unos meses para luchar contra la homofobia en sus respectivos deportes, una iniciativa sin parangón en otros países surgida al abrigo de la Bingham Cup (la copa del mundo de rugby gay, que este mes de agosto celebró su última edición en Sydney). Y ya en 2010, cuando las campañas contra la homofobia en el deporte estaban menos extendidas que ahora, la AFL destacaba por una campaña en este sentido en la que participaron cerca de treinta jugadores y entrenadores.

Triste contraste con las posturas de Real Madrid o F.C. Barcelona

La cancelación del acuerdo con la aerolínea de Brunei por parte de la AFL contrasta con la postura de absoluta insensibilidad que por ejemplo muestran los clubes de fútbol españoles a la hora de alcanzar acuerdos de patrocinio con estados que criminalizan las relaciones homosexuales.

Baste con mencionar a los dos clubes más acaudalados de la liga española, Real Madrid y F.C. Barcelona, que mantienen sendos acuerdos de patrocinio con Fly Emirates, la aerolínea estatal de Dubái (Emiratos Árabes) y con Qatar Airways, su equivalente de Catar (en este caso ya en 2010 los colectivos LGTB catalanes expresaron su repulsa y pidieron al Barça que reconsiderara el acuerdo firmado entonces con la Qatar Foundation, también vinculada al gobierno de Qatar, sin éxito). Acuerdos vergonzantes que cada vez quedan más en evidencia gracias a ejemplos como los del fútbol australiano.

Fuente Dosmanzanas

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Diversos centros universitarios británicos han rehusado despojar al sultán de Brunéi de los doctorados honoris causa que le han otorgado, a pesar de que recientemente haya aprobado una ley que condena a los homosexuales y a las mujeres adúlteras a la pena de muerte por lapidación. Tanto Oxford como el King’s College de Londres o la Universidad de Aberdeen, que agasajaron a Muda Hassanal Bolkiah con titulaciones en Derecho o Letras, se amparan en que tales galardones fueron otorgados antes de la aprobación de la sharia (o ley islámica) en el pequeño estado asiático.

El pasado 1 de mayo comenzó la adaptación progresiva del Código Penal de Brunéi a la sharia o ley islámica. El proceso constará de tres fases cuyo calendario ya ha sido programado. La última de estas fases implicará la pena de muerte por lapidación para quienes mantengan relaciones con personas de su mismo sexo, las mujeres que cometan adulterio, las relaciones prematrimoniales o los culpables del delito de apostasía.

La brutalidad de la nueva ley ya ha ocasionado que algunos de los negocios propiedad del sultán Muda Hassanal Bolkiah, como su cadena de hoteles de lujo, hayan sido boicoteados. También desde algunas instancias se ha propuesto que los galardones otorgados al mandatario de Brunéi en el pasado sean revocados. Así lo propuso el colaborador de la conocida web británica de información LGTB Pink News Benjamin Cohen, que en una cena de graduación en el King’s College de Londres, del que es antiguo alumno, hizo llegar a su rector la siguiente nota:

Como alguien que está orgulloso de su titulación por el King’s College de Londres, tengo que comentarle algo polémico acerca de sus titulaciones, y es que algunas personas tienen títulos de esta universidad sin haber tenido que hacer nada, como el sultán de Brunéi. El sultán recientemente aprobó una ley en su país para ejecutar a los homosexuales por lapidación hasta la muerte. También aprobó una ley para ejecutar a las mujeres a quienes se acuse de tener amantes.

Supongo que su doctorado honoris causa se ​​encuentra en vigor. Es en Derecho y acaba de aprobar una de las leyes más draconianas y horribles desde la perspectiva de los derechos humanos que se han aprobado en los últimos años. Espero que los titulados de esta universidad presionen a quienes la dirigen para decirles que no se pueden dar premios a gente como esa.

La respuesta del portavoz de la centro universitario londinense fue la siguiente: “En abril de 2011 le fue otorgado un doctorado honoris causa al sultán de Brunéi por su largo compromiso con la educación superior. Es previo a la introducción de la ley islámica en Brunéi. Estaremos pendientes de los consejos del Ministerio de Exteriores”.

Algunos antiguos alumnos del King’s College han mostrado su disconformidad con esta respuesta, como el antiguo presidente del Partido Conservador y miembro de la Cámara de los Lores, Lord Deben, que considera que “ser beneficiario de un doctorado honorario en Derecho sugiere que se apoya un sistema jurídico racional. La lapidación de las mujeres acusadas de adulterio o de los homosexuales simplemente por ser homosexuales demuestra que el sultán de Brunéi claramente no lo hace. El King’s College de Londres debería revocar ese honor al sultán. Si no es así, el College deshonra a su alumnado femenino y LGTB. El King’s College de Londres debe defender la decencia jurídica”.

El portavoz de la Universidad de Aberdeen, que otorgó al sultán un doctorado honoris causa en Letras en 1991, también ha comunicado que rescindir dicho honor “requiere un prolongado proceso formal” y que el centro universitario “no tiene planeado iniciarlo”.

Idéntica respuesta ha ofrecido la Universidad de Oxford, aunque en este caso ha ocasionado que el Consejo de Estudiantes presente una moción de emergencia para que se despoje al sultán del doctorado honoris causa en Derecho con que se le premió en su día. La moción fue propuesta por el Sindicato de Alumnos LGBTQ de la universidad, y aprobada posteriormente por unanimidad por el pleno del Consejo Estudiantes.

Daniel Templeton, portavoz del Sindicato de Alumnos LGBTQ de Oxford, estimaba que “la actual falta de acción por parte de la universidad es muy decepcionante y demuestra una grave falta de respeto para los estudiantes LGBTQ de Oxford. El hecho de que el Consejo de Estudiantes haya aprobado una moción unánime para condenar la titulación honoraria del sultán de Brunéi y pedir su revocación demuestra el enfado que sienten los estudiantes de Oxford. Esperamos que la Universidad de Oxford reconsidere su postura en relación con la titulación del sultán y deseamos poder trabajar con los sindicatos de estudiantes del King’s College de Londres y de Aberdeen para conseguir lo mismo; tan solo entonces estas instituciones podrían proclamar que apoyan los derechos LGTB”.

Fuente Dosmanzanas

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Richard Branson, fundador y CEO de Virgin, anunció que sus empleados boicotearán los hoteles gestionados por el Sultán de Brunéi, debido a la entrada en vigor de las leyes anti-homosexuales en el país: ‘Ningún empleado de Virgin, ni nuestra familia, se alojarán en los hoteles Dorchester hasta que el sultán se atenga a los derechos humanos fundamentales”, escribió en su cuenta de Twitter. El anuncio de Branson es parte de un creciente número de celebridades, incluyendo a Ellen DeGeneres y Stephen Fry, que están dando la espalda al Dorchester Hotel Group, propiedad del sultán. El pasado uno de mayo, Brunéi comenzó a aplicar las leyes islámicas de la Sharia que contemplan la lapidación de las personas homosexuales.

La ley iba a entrar en vigor el pasado 22 de abril, pero entonces se retrasó sin que se dieran más explicaciones y después de que organismos internacionales como la ONU pidieran al sultán dar marcha atrás. La ‘sharía’, sin embargo, comenzaba la primera fase de su aplicación este pasado jueves, 1 de mayo. Sin embargo, los castigos corporales, que incluyen la amputación de miembros, no comenzarán hasta dentro de un año mientras que la pena de muerte por lapidación se empezará a aplicar dentro de dos. Hasta ahora, los tribunales islámicos solo intervenían en el país para temas familiares.

Según el nuevo código penal del país, la violación, el adulterio, la sodomía, las relaciones sexuales fuera del matrimonio para los musulmanes, blasfemar sobre cualquier versículos del Corán y del Hadith, declararse a sí mismo profeta, apostatar de ser musulmán y el asesinato son los delitos por los que la pena de muerte puede ser aplicada en el marco del código revisado.

El plan consiste en implementar este código legal en tres años. Habrá multas y penas de prisión por diversos delitos durante la primera fase. Amputaciones por robar durante la segunda fase. Por último, la muerte por lapidación por delitos sexuales como el adulterio, la violación y el sexo gay en el tercer año. ‘Esta ley, sin duda, es ahora parte de la gran historia de nuestra nación “, dijo el sultán, según ha informado el Brunéi Times.

A principios de marzo, el multimillonario Branson escribió una columna para la revista Entrepreneur, argumentando que la igualdad LGBTI es beneficiosa para los negocios: “La investigación muestra que las empresas que cuentan con una fuerza laboral diversa tienen una clara ventaja”, señaló Branson.

Por su parte,  Hollywood está respondiendo a las duras nuevas leyes en la pequeña nación del sudeste asiático de Brunéi boicoteando el Beverly Hills Hotel.

La Asociación cinematográfica y de la televisión se unió a una creciente lista de organizaciones e individuos este lunes, que pasan a negarse a hacer negocios con hoteles de propiedad del sultán o de Gobierno de Brunei. Están protestando por la legislación penal del país islámico que llama a castigar el adulterio, los abortos y las relaciones entre personas del mismo sexo con la flagelación y la lapidación.

Dicha asociación cinematográfica asegura que no celebrará su Pre-Fiesta de los Oscar en el hotel como lo ha hecho durante muchos años. ‘No podemos tolerar ni se tolerará estas leyes severas y represivas’, dijeron los directores de la asociación en un comunicado.

Por su parte, el sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah, que posee el Beverly Hills Hotel y el Hotel Bel -Air, ha elogiado a las nuevas leyes de su país como un ‘gran logro’. ‘La decisión de implementar la Shariah (código penal) no es por diversión, sino que es para obedecer la orden de Alá como está escrito en el Corán’, dijo el sultán la semana pasada.

Brunei, un país conservador donde está prohibido el alcohol y las cortes musulmanas gobiernan los asuntos de la familia, comenzó la eliminación gradual en su versión de la sharia que permite penas como la amputación por robo y la lapidación por adulterio. La mayoría de los castigos se pueden aplicar a los no musulmanes, que representan alrededor de un tercio de las 440.000 personas en el país, rico en petróleo. Los más severos castigos – flagelación , amputación y lapidación – se van a introducir en los próximos dos años.

Otros boicot al Dorchester Collection del sultán, incluyen a Richard Branson del Virgin Group; el Hollywood Reporter, que tradicionalmente tiene un desayuno con los medios estrella en el Beverly Hills Hotel; y la Fundación Mayoría Feminista, que trasladó sus premios anuales de derechos de las mujeres el lunes desde el Beverly Hills Hotel al Museo Hammer. Branson tuiteó durante el fin de que ningún miembro de su personal se quedaría en cualquier hotel Dorchester Collection ‘hasta que el sultán se rige por los derechos humanos básicos. ‘

Mavis Leno, copresidenta con su esposo Jay Leno, de los Premios por los Derechos de la Mujer, dijo que las nuevas sanciones por adulterio, el aborto y la homosexualidad en Brunei que ‘violan el derecho internacional y no tienen lugar en una sociedad civilizada.’ Miembros de la Fundación Mayoría Feminista se unieron a representantes de otros grupos de derechos civiles el lunes por la tarde para establecer piquetes en el hotel. Jay Leno se encontraba entre los manifestantes.

Fuente InOutPost y Ragap

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Este 1 de mayo comienza la aplicación de la reforma del Código Penal de Brunéi, que irá adaptándose a la sharia (o ley islámica) en un proceso ya programado que constará de tres fases. La última implicará la pena de muerte por lapidación para las relaciones entre personas del mismo sexo, el adulterio, la apostasía o las relaciones extramatrimoniales.

Aunque en su momento se anunció que la nueva ley entraría en vigor el pasado 22 de abril, su implementación hubo de posponerse debido a “causas inevitables”, según un funcionario del gobierno de Brunéi. Pero el pasado 30 de abril, el propio sultán, Muda Hassanal Bolkiah, anunciaba en los siguientes términos la aplicación de la primera fase del proceso de reforma para este 1 de mayo: “Hoy pongo mi fe y mi agradecimiento en Alá el Todopoderoso, para anunciar que mañana, jueves 1 de mayo de 2014, veremos la aplicación de la primera fase de la sharia, a la que seguirán las otras fases”.

La reforma tiene como objetivo incluir en el Código Penal las penas establecidas en el Corán para determinados delitos, que cubren seis áreas: robo, relaciones sexuales ilícitas, hacer acusaciones no probadas de sexo ilícito, causar daño físico, consumo de bebidas alcohólicas, la apostasía y los actos contrarios a las creencias islámicas. Entre las relaciones sexuales ilícitas se incluyen las que tiene lugar entre personas del mismo sexo.

El sultán y el Consejo Religioso Islámico de Brunéi han programado el calendario de aplicación de las distintas fases en la reforma del Código del Procedimiento Penal de los Tribunales Islámicos. Dicho código articula los procedimientos de investigación y enjuiciamiento necesarios para la aplicación de la ley.

En la fase que ha entrado en vigor este 1 de mayo, se fijan multas y penas de prisión para diversos delitos. En la segunda fase, que se aplicará dentro de doce meses, se introducen los castigos corporales, que incluirán la flagelación para determinadas ofensas y la mutilación de miembros para los delitos relacionados con el robo.

En la tercera fase, que se implementará dentro de veinticuatro meses, se establece la pena de muerte por lapidación para delitos sexuales como el adulterio, las relaciones extramatrimoniales, la violación y las relaciones entre personas del mismo sexo. La misma pena se aplicará al delito de apostasía de la religión islámica.

La ley se aplicará tanto a los musulmanes como a los no musulmanes, excepto cuando se indique expresamente lo contrario. Según el sultán Muda Hassanal Bolkiah “esta ley, sin duda alguna, forma parte desde ahora de la gran historia de nuestra nación”.

Protesta de instituciones internacionales

Las diversas organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos han expresado su protesta por la aplicación de esta ley, que contraviene todos los tratados internacionales.

Ya en enero, el nuevo Código Penal mereció la condena de la Comisión Internacional de Juristas, que ahora se ha hecho extensiva a Naciones Unidas. Según explicó Rupert Colville, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “la aplicación de la pena de muerte para una amplia gama de delitos contraviene el derecho internacional”. Asimismo, Colville ha recordado que “la lapidación a muerte constituye tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y por lo tanto está claramente prohibida” en el ámbito internacional.

El representante de la ONU realizó estas declaraciones institucionales durante una conferencia de prensa celebrada en Ginebra (Suiza). Colville también manifestó que desde Naciones Unidas “instamos al Gobierno a retrasar la entrada en vigor del Código Penal revisado y a llevar a cabo una revisión integral, garantizando el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos”.

El director adjunto de Amnistía Internacional para Asia-Pacífico, Rupert Abbott, declaraba que “el nuevo Código Penal de Brunéi legaliza castigos crueles e inhumanos. Es una burla a los compromisos internacionales de derechos humanos del país y debe ser revocado inmediatamente. El nuevo código establece incluso la muerte por lapidación por actos que, en primer lugar, no deben ser considerados ‘crímenes’, como las relaciones sexuales fuera del matrimonio y las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo”.

Boicot a los negocios del sultán

Se han llevado a cabo actos de protesta frente a instalaciones hoteleras propiedad del sultán de Brunéi, como el Beverly Hills Hotel de Los Ángeles, que además es un importante centro de convenciones. El pasado 24 de abril un pequeño grupo de activistas se manifestó ante el hotel, entre ellos la actriz Beth Grant, que declaraba que “Hollywood gasta un montón de dinero en el Beverly Hills Hotel y yo no quiero que termine en manos de esa persona”, refiriéndose al sultán.

Otras personalidades conocidas, como la actriz y presentadora Ellen DeGeneres o el actor Stephen Fry han animado desde las redes sociales a boicotear las instalaciones que formen parte del Grupo Dorchester, propiedad de Muda Hassanal Bolkiah, que incluyen al Beverly Hills Hotel o al Bel-Air Hotel.

También se han cancelado diversas convenciones y conferencias que iban a tener lugar en el Beverly Hills Hotel, entre ellas las de un grupo de colaboradores de causas LGTB, que habían programado reuniones para los primeros días de mayo. Kirk Fordman, director de Gill Action, organizadores del evento, declaraba que “a la luz de la horrible política homófoba aprobada por el Gobierno de Brunéi, Gill Action ha tomado la decisión de trasladar su conferencia desde el hotel Beverly Hills a otro lugar”.

Lo mismo ha sucedido con la ceremonia de entrega de los Premios Globales a los Derechos de la Mujer, que iba a tener lugar el próximo 5 de mayo. La Feminist Majority Foundation, organizadora de los premios, comunicaba que no solo se cambiará el lugar de la ceremonia, sino que además se unirán a grupos LGTB para protestar ante las instalaciones hoteleras propiedad del Sultán de Brunéi en la misma fecha. Según Marvis Leno, miembro de la junta directiva, “las leyes que asesinan a los homosexuales o que permiten la flagelación de mujeres por abortar, violan el derecho internacional y no deben tener espacio en una sociedad civilizada”.

Fuente Dosmanzanas

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El pequeño estado musulmán del sudeste asiático no hace honor a su nombre oficial de “Brunéi Darussalam”, que en castellano significa “Morada de la Paz”. La aprobación de un nuevo Código Penal introduce la pena capital para delitos como la violación pero también castigará con la vida las relaciones homosexuales, el adulterio o la blasfemia de carácter religioso, entre otros. Si nada lo impide, la nueva norma entrará en vigor el próximo martes 22 de abril.

Con menos de 500.000 habitantes, este minúsculo país ubicado en el norte de la isla de Borneo se suma a la penosa lista de naciones que ampara legalmente el asesinato de personas inocentes por su orientación homosexual. La nueva legislación, que actualiza el Código Penal de Brunéi de acuerdo a la sharía o ley islámica, fue aprobada el pasado mes de octubre, aunque será la próxima semana cuando entre en vigor.

Ya habíamos hablado de la instauración de las draconianas leyes en Brunéi. Este país ha sido el primero en aplicar la ley islámica de la Sharia a nivel nacional en el sudeste asiático, en vigor desde el pasado 1 de abril. Ahora la ONU ha hecho un llamamiento para la paralización de la aplicación, el próximo 22 de abril, de los castigos del Código Penal que contemplan la muerte por lapidación de los homosexuales, al igual que ocurre en otros países como Irán o Arabia Saudí.

La violación, el adulterio, la sodomía, las relaciones sexuales fuera del matrimonio para los musulmanes, blasfemar sobre cualquier versículos del Corán y del Hadith, declararse a sí mismo profeta, apostatar de ser musulmán y el asesinato son los delitos por los que la pena de muerte puede ser aplicada en el marco del código revisado.

Ya en enero el nuevo Código Penal mereció la condena de la Comisión Internacional de Juristas, que ahora se ha hecho extensiva a Naciones Unidas. Según ha explicado Rupert Colville, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) , “la aplicación de la pena de muerte para una amplia gama de delitos contraviene el derecho internacional”. Asimismo, Colville ha recordado que “la lapidación a muerte constituye tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y por lo tanto está claramente prohibida” en el ámbito internacional, declaró el comisionado de la ONU. En opinión de este experto en Derechos Humanos, ‘la criminalización y aplicación de la pena de muerte para las relaciones sexuales consentidas entre adultos también viola toda una serie de derechos, incluyendo los de privacidad, igualdad, libertad de arrestos y detenciones arbitrarias’. Colville advierte: “Las disposiciones del Código Penal revisado pueden fomentar más violencia y la discriminación contra las mujeres y también contra las personas por motivos de orientación sexual.”.

El representante de la ONU ha realizado estas declaraciones institucionales durante una conferencia de prensa celebrada en Ginebra (Suiza). Colville también ha manifestado que desde Naciones Unidas “instamos al Gobierno a retrasar la entrada en vigor del Código Penal revisado y a llevar a cabo una revisión integral, garantizando el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos”.

Brunéi se independizó del Reino Unido en 1984 y, desde el 67, el sultán Hassanal Bolkiah ejerce su autoridad con mano de hierro, el mismo ha sido quien ratificaba las modificaciones al Código Civil. La “sodomía” es una actividad ilegal en Brunéi en las que están incluidas las relaciones sexuales anales, castigadas actualmente con penas de prisión de hasta diez años. Desde abril, la nueva ley supone la pena capital para estas relaciones sexuales, al igual que para las extramatrimoniales heterosexuales, mediante la lapidación. Brunéi ha mantenido una moratoria efectiva sobre la aplicación de la pena de muerte desde 1957. Por este motivo, el ACNUDH instó al gobierno a establecer una moratoria oficial y para trabajar hacia la abolición de la práctica por completo. 

La doble moral del sultán

Bajo el yugo del sultán absolutista Muda Hassanal Bolkiah, Brunéi no ha firmado ni ratificado prácticamente ninguno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Eso sí, repasando la trayectoria personal y el estilo de vida desaforado del jefe del estado, no parece que se aplique a sí mismo el rigor moral que exige a sus súbditos.

El sultán de Brunéi se ha casado tres veces y, aunque la religión islámica permite la poligamia para los hombres, está divorciado de dos de sus mujeres. Según la revista Forbes, en 2007, Bolkiah era la persona con la mayor fortuna de todo el mundo (estimada en 22 billones de dólares). El sultán lleva en el poder desde 1967 y consiguió la independencia de Reino Unido en 1984. Su patrimonio familiar ha ido creciendo progresivamente gracias a los beneficios que el país genera a raíz de las ricas explotaciones de petróleo y gas natural y a la falta de control del origen de sus ingresos.

Un litigio económico con su hermano menor Jefri, que acabó en el Privy Council de Londres (que sigue ejerciendo como una especie de tribunal de última instancia pese a la independencia) permitió conocer que el sultán derrocha el dinero a espuertas. Solo en 2007, gastó 1,26 millones de libras en un instructor de bádminton o 1,25 millones en acupunturistas y masajistas, por poner algunos ejemplos. Su palacio (más grande que el Vaticano) cuenta con bóvedas de oro y se calcula que posee cientos de automóviles de lujo, entre ellos varios Fórmula 1.

En definitiva, así es y así vive el hombre que se arroga el derecho, convertido en ley, de acabar con la vida de aquellos que comparten su amor y su sexualidad con personas de su mismo sexo en el “Estado de Brunéi, Morada de la Paz”.

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¿Y ante esto no va a decir nada su amigo el Rey Juan Carlos?

Nos cuenta Ragap que Brunéi instaura la flagelación y la pena de muerte para homosexuales a partir del 1 de abril próximo. El país es el primero en el Sudeste Asiático que instaura la ley islámica de la Sharia a nivel nacional, que entrará en vigor ese mismo día, con la ratificación del sultán Hassanal Bolkiah. La población LGBT será automáticamente condenada a muerte, al igual que ocurre en otros países como Irán o Arabia Saudí.

La “sodomía”, una actividad ilegal en Brunéi en las que están incluidas las relaciones sexuales anales, está castigada actualmente con penas de prisión de hasta diez años. Desde abril, la nueva ley supone la pena capital para estas relaciones sexuales, al igual que para las extramatrimoniales heterosexuales, mediante la lapidación.

La aplicación de la Sharía en este país también pena la “homosexualidad” con la flagelación, sin que necesariamente se hayan tenido que producir actos sexuales. También se castigarían con esta forma de tortura el consumo del alcohol y el aborto.

Esta decisión ha causado indignación en amplios sectores en el país, que se ha generado sobre todo en Internet. Al sultán Bolkiah no le ha sentado nada bien esta respuesta, hasta el punto de lanzar un comunicado en el que “advierte” de los peligros de las nuevas tecnologías.

“Debemos ser prudentes y cautelosos en cosechar sus beneficios. De lo contrario, si nos descuidamos y abusamos (de esta tecnología), los efectos adversos no recaerán sólo sobre el individuo si no sobre la nación en su conjunto. Utilizan los nuevos medios como blogs, WhatsApp, etcétera, que no sólo son accesibles por la población local, sino también por aquellos en el extranjero”, explica.

La única reacción destacada hasta el momento la ha tenido la Comisión Internacional de Juristas con sede en Tailandia. En una carta abierta remitida al sultán de Brunéi, pide “aclaraciones” sobre lo que supondrá la implementación de la Sharia.

“La declaración del sultán Hassanal Bolkiah demuestra que los derechos humanos, en particular el respeto a la libertad de opinión y de expresión, son ampliamente ignorados por las autoridades de Brunéi”, señalan los juristas. “Si se aplica, el código daría lugar a graves violaciones de los derechos humanos al restablecer la pena de muerte e imponer otros castigos crueles e inhumanos como la lapidación, incluso por conductas que ni siquiera deberían ser consideradas criminales”, añaden.

Brunéi es un país de mayoría musulmana. Es una monarquía donde el Sultán es también el Primer Ministro y ejerce el poder absoluto en el gobierno y en la sociedad de Brunéi. El sultán es también una de las personas más ricas del mundo. La Sharia se aplica actualmente en el país, pero se limita a asuntos personales y familiares. Y la pena de muerte es una medida que no se aplica desde 1957.

Homofobia/ Transfobia. Asia, Brunei, Flagelación, Lapidación, Pena de Muerte, Sharia, Sultán Hassanal Bolkiah

Como ya anunciábamos en Abril al aprobarse el  proyecto de Ley… Tailandia se ha conviertido en el tercer país de Asia y el primero del Sudeste Asiático en legalizar el matrimonio igualitario, que podría entrar en vigor a final de año tras superar una serie de trámites formales

Tailandia se ha convertido este martes en el tercer país de Asia y el primero del Sudeste Asiático en legalizar el matrimonio igualitario, que podría entrar en vigor a final de año tras superar una serie de trámites formales.

La tercera y última lectura del proyecto de ley fue aprobada este martes por el Senado con una abrumadora mayoría (130 votos a favor, 4 en contra y 18 abstenciones), lo que se suma al gran respaldo que ya obtuvo en marzo en la Cámara de Representantes.

General, Historia LGTBI Fortify Rights, Matrimonio igualitario, Mookdapa Yangyuenpradorn, Srettha Thavisin, Tailandia

Cartel emblema del Movimiento Hutí, traducido del árabe:

Dios es el más grande
Muerte a Estados Unidos
Muerte a Israel
Maldición para los judíos

Victoria para el islam

Nueve hombres fueron condenados a muerte por un tribunal hutí de Yemen en un juicio masivo basado en cargos “dudosos” de sodomía, afirmó una organización de derechos humanos.

El movimiento hutí, oficialmente conocido como Ansar Allah, es una organización política y militar islamista chiita que surgió en Yemen en los años 1990. Los militantes hutíes controlan gran parte del país y son conocidos por perseguir a las personas LGBTQ+ mediante arrestos arbitrarios, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, amenazas y acoso.

En el juicio, que supuestamente tuvo lugar el 23 de enero, se condenó a 32 hombres. Nueve de ellos fueron condenados a muerte, que incluyen crucifixión y lapidación, mientras que 23 fueron enviados a prisión por períodos de hasta 10 años. Tres de estos hombres también fueron condenados a azotes públicos.

Al comentar sobre la situación, Niku Jafarnia, investigador de Human Rights Watch en Yemen y Bahréin, calificó el juicio masivo como un “aborrecible desprecio por el Estado de derecho”.

“Los hutíes están dictando sentencias de muerte y sometiendo a hombres a malos tratos públicos sin una apariencia de debido proceso. Los hutíes están utilizando estas medidas crueles para distraer la atención de su incapacidad para gobernar y satisfacer las necesidades básicas de la población de sus territorios”.

“Para encubrir su brutalidad, los hutíes están acusando a la gente de actos inmorales, especialmente a quienes se oponen a ellos”, continuó Jafarnia.

“Los hutíes deben poner fin inmediatamente al uso de la pena de muerte y otras formas de castigos crueles y degradantes y garantizar el debido proceso a los acusados”.

Human Rights Watch revisó los documentos oficiales de acusación contra los hombres emitidos por el tribunal hutí, así como vídeos de los procedimientos judiciales publicados en las redes sociales y entrevistó a un abogado con conocimiento del caso.

La organización concluyó que hubo violaciones del debido proceso en Yemen, incluidas la falta de órdenes de arresto por parte de agentes de policía y registros y confiscaciones ilegales de los teléfonos de los hombres.

El abogado también cuestionó si los hombres acusados de los crímenes tenían acceso a asistencia letrada.

Las conclusiones de Human Rights Watch siguen a informes anteriores de febrero de que 13 hombres fueron condenados a muerte por delitos relacionados con la homosexualidad.

Las sentencias de muerte se dictaron en Ibb, una zona controlada por los rebeldes hutíes, y Jafarnia dijo en ese momento que mientras “el mundo está ocupado observando sus ataques en el Mar Rojo”, los hutíes “están intensificando sus abusos en casa”.

“Si realmente les importaran los derechos humanos que dicen defender en Palestina, no estarían azotando y apedreando a los yemeníes hasta la muerte”.

En el centro, un desfile de combatientes hutíes. Arriba a la izquierda, el ayatollah Ali Khamenei, líder supremo iraní. A la derecha, Mohammed Bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita

Según Amnistía Internacional, los rebeldes siguen atacando a las personas LGBTQ+ con arrestos arbitrarios y torturas, incluidas violaciones y otras formas de violencia sexual.

Según el Grupo de Expertos sobre Yemen establecido en virtud de la resolución 2140 del Consejo de Seguridad, los hutíes han cometido una amplia gama de violaciones de los derechos humanos, incluidas violaciones del derecho internacional humanitario y abusos contra mujeres y niños. Niños de tan solo 13 años han sido arrestados por “actos indecentes” por supuesta orientación homosexual o “casos políticos” cuando sus familias no cumplen con la ideología o las regulaciones hutíes. Los menores comparten celdas como presos adultos y, según informes fidedignos, los niños recluidos en la comisaría de policía de Al-Shahid Al-Ahmar, en Saná, son violados sistemáticamente.

En 2022, el Consejo de Transición del Sur, una organización secesionista en Yemen del Sur, y los hutíes arrestaron al menos a cinco personas por su negativa a ajustarse a una presentación “masculina” y “femenina” o por su activismo LGBTQ+.

En una ocasión, sacaron de la calle a un hombre queer y lo acusaron de ser un “desviado sexual”. Fue detenido en un vehículo militar y sólo fue puesto en libertad con la condición de que aceptara ayudar a los hutíes a capturar a personas que no se ajustaban a las normas de género. Sin embargo, después de ser liberado se negó y las fuerzas de seguridad le dijeron que lo buscaban para arrestarlo nuevamente.

Miembros de la minoría zaidí, una rama del chiismo, los hutíes han impuesto normas sociales y religiosas muy estrictas, dirigidas especialmente a las mujeres. La aplicación de la sharía, que se extiende a todo el país, conlleva también la penalización de las relaciones homosexuales, en este caso con la mayor severidad y crueldad, hasta castigarla con la pena de muerte.

Bajo las zonas controladas por los hutíes, a las mujeres se les ha impedido viajar sin un mahram (tutor masculino), o prueba escrita de su consentimiento, incluso para recibir atención médica esencial. Mientras tanto, el aumento de las restricciones a los viajes ha afectado la capacidad de las mujeres para trabajar, lo que ha provocado que muchas no puedan acceder a la atención sanitaria y que las trabajadoras humanitarias yemeníes no puedan llegar hasta ellas. Esto también afectó a las operaciones humanitarias de las Naciones Unidas en Yemen, obligando al personal femenino a trabajar en puestos de oficina. Los hutíes utilizan las acusaciones de prostitución como herramienta para difamar públicamente a las mujeres yemeníes, incluidas las de la diáspora que participan en la política, la sociedad civil o el activismo por los derechos humanos, junto con amenazas a personas y familias. Las mujeres detenidas son agredidas sexualmente y han sido sometidas a pruebas de virginidad y, a menudo, se les impide el acceso a bienes esenciales. La tortura de las mujeres detenidas también es llevada a cabo por el Zaynabiyat, el ala policial femenina de los hutíes

Insistimos en recordar que:

Yemen es uno de los seis países donde se aplica de hecho la pena capital para los actos sexuales consensuados entre adultos del mismo sexo, junto a Arabia Saudí, Brunéi, Irán, Mauritania y Nigeria (en los doce estados del norte donde se aplica la sharía). En otros 5 países no existe una certeza jurídica absoluta, aunque se constata la posibilidad de su aplicación: Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Paquistán y Somalia.

Fuente PinkNews/Cristiaois Gays

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Cartel emblema del Movimiento Hutí, traducido del árabe:

Dios es el más grande
Muerte a Estados Unidos
Muerte a Israel
Maldición para los judíos

Victoria para el islam

Según la agencia de noticias France-Presse (AFP), una fuente judicial anónima les ha comunicado que 13 personas han sido condenadas a muerte por homosexualidad en Yemen. El tribunal que ha dictado la sentencia está radicado en Ibb, una población controlada por los rebeldes hutíes, de filiación chiita, que aplican la sharía o ley islámica como en el resto del país. En el juicio, del total de 16 acusados, tres de ellos fueron condenados a penas de prisión, y el resto a la pena capital. Según la misma fuente, al menos 35 personas han sido detenidas recientemente en Ibb con cargos semejantes.

El movimiento hutí, conocido oficialmente como Ansar Allah, es una organización política y militar islamista chiita que surgió en Yemen durante la década de 1990. Los militantes hutíes controlan amplias zonas del país, y los recientes ataques del grupo al transporte marítimo del Mar Rojo han provocado represalias tanto de Estados Unidos como del Reino Unido.

Las condenas a muerte se dictaron en Ibb, zona controlada por los rebeldes hutíes. La fuente judicial se puso en contacto con la AFP a principios de este mes de febrero, excusando su anonimato en no tener autorización para hablar con la prensa. Como apoyo a sus declaraciones adjuntó un vídeo, que la AFP aclara que no ha podido verificar independientemente, en el que se observa cómo un juez detalla los cargos contra los acusados antes de la condena pública a muerte: homosexualidad, atentado al pudor, incitación al libertinaje y difusión de imágenes contrarias a la decencia pública.

Según informa la AFP, citando una fuente anónima, otras tres personas fueron encarceladas por cargos similares y otras 35 personas fueron detenidas en la provincia, también por presuntos delitos relacionados con la homosexualidad. .

Las conclusiones del tribunal están abiertas a apelación y no está claro cuándo se llevarán a cabo las ejecuciones públicas, en todo caso, aunque la sentencia sea firme, esta última no siempre se aplica, pero, según un informe del Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos de 2022, los hutíes han condenado a muerte a 350 personas. – 11 de los cuales han sido ejecutados – desde que tomaron la capital de Yemen, Saná, en 2014.

“Los hutíes están intensificando sus abusos en casa mientras el mundo está ocupado observando sus ataques en el Mar Rojo“, dijo a la AFP Niku Jafarnia, investigador de Human Rights Watch.

“Si realmente les importaran los derechos humanos que dicen defender en Palestina, no estarían azotando y apedreando a los yemeníes hasta la muerte”.

Según Amnistía Internacional, los rebeldes siguen atacando a las personas LGBTQ+ con arrestos arbitrarios y torturas, incluidas violaciones y otras formas de violencia sexual.

Según el Grupo de Expertos sobre Yemen establecido en virtud de la resolución 2140 del Consejo de Seguridad, los hutíes han cometido una amplia gama de violaciones de los derechos humanos, incluidas violaciones del derecho internacional humanitario y abusos contra mujeres y niños. Niños de tan solo 13 años han sido arrestados por “actos indecentes” por supuesta orientación homosexual o “casos políticos” cuando sus familias no cumplen con la ideología o las regulaciones hutíes. Los menores comparten celdas como presos adultos y, según informes fidedignos, los niños recluidos en la comisaría de policía de Al-Shahid Al-Ahmar, en Saná, son violados sistemáticamente.

En 2022, el Consejo de Transición del Sur, una organización secesionista en Yemen del Sur, y los hutíes arrestaron al menos a cinco personas por su negativa a ajustarse a una presentación “masculina” y “femenina” o por su activismo LGBTQ+.

En una ocasión, sacaron de la calle a un hombre queer y lo acusaron de ser un “desviado sexual”. Fue detenido en un vehículo militar y sólo fue puesto en libertad con la condición de que aceptara ayudar a los hutíes a capturar a personas que no se ajustaban a las normas de género. Sin embargo, después de ser liberado se negó y las fuerzas de seguridad le dijeron que lo buscaban para arrestarlo nuevamente.

Miembros de la minoría zaidí, una rama del chiismo, los hutíes han impuesto normas sociales y religiosas muy estrictas, dirigidas especialmente a las mujeres. La aplicación de la sharía, que se extiende a todo el país, conlleva también la penalización de las relaciones homosexuales, en este caso con la mayor severidad y crueldad, hasta castigarla con la pena de muerte.

Bajo las zonas controladas por los hutíes, a las mujeres se les ha impedido viajar sin un mahram (tutor masculino), o prueba escrita de su consentimiento, incluso para recibir atención médica esencial. Mientras tanto, el aumento de las restricciones a los viajes ha afectado la capacidad de las mujeres para trabajar, lo que ha provocado que muchas no puedan acceder a la atención sanitaria y que las trabajadoras humanitarias yemeníes no puedan llegar hasta ellas. Esto también afectó a las operaciones humanitarias de las Naciones Unidas en Yemen, obligando al personal femenino a trabajar en puestos de oficina. Los hutíes utilizan las acusaciones de prostitución como herramienta para difamar públicamente a las mujeres yemeníes, incluidas las de la diáspora que participan en la política, la sociedad civil o el activismo por los derechos humanos, junto con amenazas a personas y familias. Las mujeres detenidas son agredidas sexualmente y han sido sometidas a pruebas de virginidad y, a menudo, se les impide el acceso a bienes esenciales. La tortura de las mujeres detenidas también es llevada a cabo por el Zaynabiyat, el ala policial femenina de los hutíes

Insistimos en recordar que:

Yemen es uno de los seis países donde se aplica de hecho la pena capital para los actos sexuales consensuados entre adultos del mismo sexo, junto a Arabia Saudí, Brunéi, Irán, Mauritania y Nigeria (en los doce estados del norte donde se aplica la sharía). En otros 5 países no existe una certeza jurídica absoluta, aunque se constata la posibilidad de su aplicación: Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Paquistán y Somalia.

Fuente PinkNews /Wikipedia

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Acuerdo mahram, Ansar Allah, Consejo de Transición del Sur, Ejecuciones, France-Presse, Homofobia, Homofobia/Transfobia, Hutíes, Ibb, Niku Jafarnia, Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos, Palestina, Pena de Muerte, Personas LGTBIQ, Saná, Sharia, Yemen, Yemen del Sur

El 70% de la población japonesa apoya el matrimonio homosexual

El Tribunal de Distrito de Fukuoka, en Japón, dictaminó el jueves que no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo era “inconstitucional”, en una complicada sentencia que no cumplió las expectativas de los activistas por la igualdad matrimonial.

La sentencia se produjo una semana después de que otro tribunal de distrito declarara inconstitucional no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, reforzando las esperanzas de la comunidad LGBTQ en Japón, única nación del Grupo de los Siete sin protección legal para las uniones entre personas del mismo sexo.

En Japón se han dictado ya cinco sentencias sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, dos de ellas declarando inconstitucionales las prohibiciones y una declarando que no lo son. Una sentencia dictada en Tokio confirmó la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero declaró que la falta de protección jurídica de las familias homosexuales viola sus derechos humanos.

Un abogado de los demandantes dijo que aún se estaban verificando los detalles de la sentencia, pero que creía probable que fuera similar a la del tribunal de Tokio. Cuando se dictó, los activistas vieron esa sentencia como un paso adelante.

Los sondeos de opinión muestran que cerca del 70% de la población apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero el partido conservador del Primer Ministro Fumio Kishida se opone.

En febrero, Kishida despidió a un ayudante después de que desatara la indignación al afirmar que la gente huiría de Japón si se permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo y que él no quería vivir junto a parejas de lesbianas, gays, bisexuales o transexuales.

Kishida no se ha pronunciado sobre la cuestión a pesar de la fuerte presión ejercida por otros países del G7, especialmente Estados Unidos, en vísperas de la cumbre de líderes del G7 celebrada en Japón el mes pasado.

Los principales grupos de presión empresariales han pedido un cambio, argumentando que sin diversidad, incluidos los derechos LGBTQ, la tercera economía del mundo no seguirá siendo competitiva a escala mundial.

Más de 300 municipios de todo Japón, que cubren aproximadamente el 65% de la población, permiten a las parejas del mismo sexo suscribir acuerdos de unión, pero sus derechos son limitados. Las parejas no pueden heredar los bienes del otro ni tener derechos parentales sobre sus hijos, y las visitas al hospital no están garantizadas.

El gobierno de Kishida prometió aprobar una ley que promoviera la “comprensión” de las personas LGBT antes de la cumbre, pero la oposición de los conservadores la retrasó tanto que es probable que una versión suavizada se someta a votación la próxima semana.

Derechos LGTBI+ en Japón

Aunque las relaciones sexuales homosexuales son legales en Japón desde 1880, el estigma social hace que muchos no salgan del armario ni siquiera ante sus familias.

Algunos miembros del mundo empresarial afirman que las normas japonesas que no permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo perjudican la ventaja competitiva del país, al dificultar que las empresas, especialmente las extranjeras, atraigan y conserven mano de obra altamente cualificada en una economía cada vez más internacional.

Varias empresas han tomado sus propias medidas para sortear la situación, tanto las internacionales como las japonesas, como Panasonic. Pero hay límites. “Para las cosas que forman parte del sistema nacional, como las pensiones, no hay nada que puedan hacer”, dijo Masa Yanagisawa, jefe de Servicios Primarios de Goldman Sachs Japón y miembro de la junta directiva de Matrimonio para Todos Japón. “Todos los demás países avanzados lo tienen, por lo que Japón saldrá perdiendo competitivamente. Además, está el hecho de que la gente no puede ser quien es. Se convierte en algo bastante crítico para el negocio”.

Aunque Japón carece de matrimonio igualitario, varias ciudades han aprobado la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de uniones de hecho. La primera administración japonesa lo hizo fue el distrito tokiota de Shibuya, seguido del de Setagaya. Posteriormente se les unieron las ciudades de Iga, en la prefectura de Mie, y Takarazuka, en Hyogo. En febrero de 2017 y en abril de 2018, respectivamente, Sapporo y Fukuoka se convertían en las primeras grandes ciudades en aprobar las uniones de hecho para las parejas del mismo sexo.

Los resultados de una encuesta realizada en el país nipón a finales de 2015 constatan que un 51% de la ciudadanía sería partidaria de la aprobación del matrimonio igualitario. Una gran evolución, teniendo en cuenta que hasta épocas recientes la homosexualidad era un tema tabú en la sociedad japonesa. Otro importante reconocimiento llegaba en julio de 2016, cuando el ministerio de Trabajo incluía la discriminación hacia empleados LGTB como una forma de acoso sexual. Estaremos pendientes sobre cualquier movimiento que suponga un avance hacia la igualdad en el acceso al matrimonio.

La ciudad de Iga (que ronda los 95.000 habitantes, en la prefactura de Mie) se convertía en diciembre de 2015 en el cuarto municipio japonés en abrir a las parejas del mismo sexo la posibilidad de unirse civilmente. Aunque en Japón, como decíamos, tampoco se ha aprobado todavía el matrimonio igualitario, varias ciudades han tomado la delantera, aprobando la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de uniones de hecho.

La primera administración japonesa que anunció la apertura de uniones civiles entre parejas de gais y lesbianas fue la de Shibuya (un distrito especial de Tokio). Por su parte, Setagaya (como Shibuya, otro de los 23 distritos que conforman la municipalidad metropolitana de Tokio) secundaba poco después la iniciativa y se convertía en el segundo territorio japonés en ponerla en marcha.

Asimismo, en la ciudad de Takarazuka, en la prefectura de Hyogo, se iniciaba el pasado mes de junio la expedición de certificados de asociación a las parejas homosexuales. A diferencia de lo que ocurre en Shibuya, los registros de parejas de hecho en Takarazuka y Setagaya no exigen a las empresas privadas que reconozcan a las parejas homosexuales.

Los resultados de una encuesta realizada en el país nipón a finales de 2015 constatan que un 51% de la ciudadanía sería partidaria de la aprobación del matrimonio igualitario. Una gran evolución, teniendo en cuenta que hasta épocas recientes la homosexualidad era un tema tabú en la sociedad japonesa. Otro importante reconocimiento llegaba en julio de 2016, cuando el Ministerio de Trabajo de Japón incluía la discriminación hacia empleados LGTB como una forma de acoso sexual.

A principios de este año, la ciudad japonesa de Chiba otorgó reconocimiento oficial a las parejas del mismo sexo. La ciudad emitió certificados a cuatro parejas del mismo sexo en enero, según el periódico japonés The Mainichi. Los documentos permitirán a las parejas acceder a muchos de los derechos de que disfrutan las personas casadas, como poder solicitar una vivienda pública como pareja y visitar a sus seres queridos en el hospital. La ceremonia en Chiba fue organizada por el alcalde Toshihito Kumagai, quien les dijo a las parejas: “Les deseo la felicidad de convertirse en mejores socios.” Chiba es la última gran ciudad del país en reconocer a los parejas queer, después de que Fukuoka instituyera el reconocimiento legal el año pasado.

Aunque ningún país asiático ha aprobado por el momento el matrimonio igualitario, la situación del colectivo es diametralmente opuesta en los distintos países del continente. Japón y Taiwán furon pioneros en experimentar avances locales en el reconocimiento de las parejas del mismo sexo (aunque Taiwán está tomando la delantera, a pesar del escoyo de los grupos religiosos). Sin embargo, en algunos como Malasia, Brunéi o la India, , entre otros, las personas LGTB son víctimas de la homofobia de estado y la intransigencia social. Por el contrario, además de Taiwán y Japón, otros países como Vietnam van posicionándose en líneas más aperturistas e igualitarias (si bien no al ritmo que cabría desear).

Fuente Agencias/Cristianos gays

General, Historia LGTBI Distrito de Fukuoka, Encuesta, Fumio Kishida, Japón, Matrimonio igualitario

Un año después de que una serie de destacadas organizaciones LGBTQ+ pidieran a 11 países que pusieran fin a la amenaza de la pena de muerte como castigo para las personas queer, nada ha cambiado.

En 2022, ILGA Asia, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y otras cinco organizaciones condenaron el uso de la violencia contra las personas LGBTQ+ en una declaración emitida con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia (IDAHOBIT).

En la declaración, las organizaciones LGBTQ+ señalaron que 70 países de todo el mundo seguían penalizando las conductas sexuales entre personas del mismo sexo, entre ellos 22 países asiáticos.

ILGA Asia señaló que 11 países -Afganistán, Brunéi, Darussalam, Irán, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Qatar, Arabia Saudí, Somalia, Emiratos Árabes Unidos y Yemen- mantienen la pena de muerte para las personas LGBTQ+. Ocho de esos países están en Asia.

Según Human Dignity Trust, la pena de muerte se aplica en Irán, el norte de Nigeria, Arabia Saudí, Somalia y Yemen, y sigue siendo una “posibilidad legal” en Afganistán, Brunéi, Mauritania, Pakistán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Un año después, cuando el 17 de mayo se celebra de nuevo IDAHOBIT, sólo 66 países del mundo penalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, pero el número de los que aplican la pena de muerte como castigo se mantiene firme en 11 países.

Imponer la pena de muerte a las personas LGBTQ+ viola el “derecho a la vida”

Las leyes anti-LGBTQ+ y la pena capital afectan de forma desproporcionada a las minorías étnicas o religiosas y a las personas procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos, señalaron las organizaciones.

“El mantenimiento y la imposición de la pena de muerte por conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo constituye una violación del derecho a la vida y del derecho a no sufrir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, afirmó Daron Tan, asesor jurídico internacional asociado de la CIJ.

Tan afirmó que tales leyes vulneran numerosos derechos humanos, y también pueden hacer que se niegue a la gente el acceso a los sistemas sanitarios.

Ajita Banerjie, responsable de investigación de ILGA Asia, pidió la despenalización de las conductas sexuales entre personas del mismo sexo en todo el mundo, y afirmó que la pena de muerte debería abolirse en cualquier circunstancia.

“Además, instamos a las autoridades de todos los países que siguen manteniendo la pena de muerte a que introduzcan una moratoria sobre su uso, como primer paso necesario hacia la abolición de la pena de muerte. Por último, pedimos a las autoridades que garanticen todas las salvaguardias necesarias para asegurar el acceso a representación legal y a juicios justos a quienes se enfrentan actualmente a la pena de muerte en relación con su participación real o supuesta en conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.”

Las Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos humanos han condenado reiteradamente el uso de la pena de muerte en numerosos países de todo el mundo.

En diciembre de 2020, la Asamblea General de la ONU pidió a los Estados que siguen aplicando la pena de muerte que garantizaran que no se aplica “sobre la base de leyes discriminatorias o como resultado de una aplicación discriminatoria o arbitraria de la ley”.

Dos homosexuales fueron ejecutados en Irán en enero de 2022

Incluso en países donde no se aplica la pena de muerte a las personas LGBTQ+, muchas siguen sufriendo detenciones y condenas por mantener relaciones sexuales consentidas.

Algunos países, como Kuwait, Líbano, Myanmar y Omán, mantienen leyes arbitrarias contra la “inmoralidad” dirigidas contra miembros de la comunidad LGBTQ+.

En enero de 2022 se produjo un gran revuelo cuando una red de derechos humanos afirmó que dos homosexuales habían sido ejecutados en Irán tras pasar seis años en el corredor de la muerte.

Los dos hombres, a los que la agencia de noticias Human Rights Activists llamó Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi, habían sido condenados a muerte por “relaciones sexuales forzadas entre dos hombres”.

En julio de 2022, otro hombre gay fue ejecutado en Irán bajo un cargo de “sodomía”, según grupos de derechos humanos.

Según los informes, otros dos hombres fueron ejecutados por cargos similares en Irán en julio de 2021.

Irán actualmente criminaliza el sexo entre hombres con la pena de muerte o 100 latigazos y el sexo entre mujeres con 100 latigazos.

Fuente PinkNews

General, Homofobia/ Transfobia. Afganistán, Ajita Banerjie, Arabia Saudí, Asia, Brunei, Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Daron Tan, Día Internacional contra la Homofobia, Emiratos Árabes Unidos, Farid Mohammadi, Homofobia/Transfobia, Human Dignity Trust, ILGA Asia, Irán, Kuwait, la Bifobia y la Transfobia (IDAHOBIT), Líbano, Mauritania, Mehrdad Karimpour, Myanmar, Nigeria, Omán, Pakistán, Pena de Muerte, Personas LGTBIQ, Qatar, Somalia, Yemen

A partir de hoy la base de datos de ILGA, de acceso libre y gratuito, pone a disposición información crucial sobre la diversidad sexual en todo el mundo.

La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA Mundo) lanzó hoy una base de datos gratuita e interactiva para acceder a información actualizada sobre diversidad sexual en todo el mundo: legislación, avances y retrocesos, oportunidades para activistas y noticias enfocadas en derechos humanos LGBT+. Esto significa que a partir de ahora, información que llevaba mucho tiempo reunir, o bien era casi imposible de hallar, será accesible y estará disponible a través de una serie de clics y filtros de manejo sencillo.

«Hicimos esta base de datos para facilitar el acceso a la información. La intención es acercarla a activistas, periodistas, académiques, a personas que están trabajando por la causa en distintos ámbitos, para reducir el tiempo total que lleva sistematizar esa información», contó a Presentes Lucas Ramón Mendos, coordinador de Investigación y responsable del proyecto de la base de datos de ILGA Mundo. Es el resultado de un largo trabajo de investigación del que participaron personas de diversos países.

«Una poderosa fuente de información para el activismo»

Entre los objetivos de la base está también agilizar la acción y que a partir de la accesibilidad de los datos, las personas puedan no sólo acceder a información sistematizada y actual, sino también emplear ese tiempo en “estrategizar, lograr trabajos más analíticos, ver las tendencias”, agregó Mendos.

La base además ser muy útil para la producción y análisis de noticias, y para la investigación, es una valiosa herramienta para los activismos. «Las organizaciones en los territorios suelen contar solo con escasos recursos para mantenerse al día de los desarrollos mundiales», comentó Julia Ehrt, Directora Ejecutiva de ILGA Mundo. «En la base pueden encontrar información que puedan utilizar en su activismo o campañas. Es una poderosa fuente de información en sus manos».

Para qué sirve y cómo usar la Base de Datos ILGA

La Base de Datos de ILGA Mundo contiene información actualizada sobre leyes que afectan a LGBTI.

• La información se puede filtrar en 18 categorías jurídicas y más de 100 temas.
• Permite visualizar en mapas interactivos mundiales y regionales.
• Cada Estado y jurisdicción del mundo tiene su propio perfil con leyes, próximas oportunidades de activismo para les defensores de los derechos humanos y una selección de las últimas noticias LGBTI.
• Permite seguir la evolución de todos los órganos de derechos humanos de la ONU, supervisar los plazos para comprometerse con ellos e integrar cualquier entrada a trabajos de investigación o política.

Qué revela la base de datos hoy

“Sin datos, los estados pueden negar la existencia de personas LGBTI+ o restar importancia al modo en que nos afecta la violencia. Decimos con frecuencia que los datos hablan por sí mismos pero primero tenemos que encontrarlos para poder decir algo. Los mitos pueden llegar muy lejos sin datos reales que los contrarresten”, señaló Daniele Paletta, Gerente en Comunicaciones de ILGA Mundo, en la presentación de la base de datos a les periodistas de todo el mundo, de la que participamos desde Agencia Presentes.

Hoy la información de la base de datos muestra avances a lo largo del mundo en las últimas décadas, pero también grandes retrocesos. Por un lado, veinte Estados permiten el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación y en 33 el matrimonio igualitario es legal. Además, en 58 existen leyes que protegen a las personas de los delitos de odio por motivos de orientación sexual. Pero sólo 37 lo hacen en función de la identidad de género, 9 de la expresión de género y 5 de las características sexuales.

Mientras en seis 6 países (Brunéi, Mauritania, Irán, Nigeria, Arabia Saudita y Yemen), la homosexualidad es castigada con la pena de muerte; en los últimos treinta años, 49 Estados han dejado de criminalizar los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Además, en 11 países se prohibieron las mal llamadas «terapias de conversión»; y en siete, las intervenciones médicas no vitales en niñes intersex.

Estos son ejemplos de lo que se puede observar en la base de datos que recopila información de 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 47 territorios no independientes. Entre los datos que se pueden consultar hay leyes, noticias y referencias a organismos de derechos humanos, además de oportunidades de activismo relacionadas con las personas LGBTI en todo el mundo.

La igualdad está lejos para las personas LGBTI

De la vereda de enfrente, otros datos muestran que “la verdadera igualdad está aún muy lejos de nuestro alcance para muchas personas LGBTI de todo el mundo”, indicó ILGA. Además de los 6 países donde se penaliza con la muerte, en otros 5 no existe seguridad jurídica sobre su aplicación. En tanto, al menos 51 Estados tienen restricciones a la libertad de expresión relacionadas con cuestiones de diversidad sexual y de género, incluso en el ámbito educativo. Mientras 64 criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.

«Estos datos hablan y proporcionan a todo el mundo las pruebas que faltaban de cómo las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex siguen estando desplazadas en muchos ámbitos de la vida», expresaron Luz Elena Aranda y Tuisina Ymania Brown, co-secretarias generales de ILGA Mundo. Y resaltaron que con ellos se puede «abogar por programas y servicios» para hacer «del mundo un lugar mejor para nuestras comunidades LGBTI».

Cómo funciona la Base de Datos de ILGA Mundo

22 de marzo de 2023

Agencia Presentes

Edición: María Eugenia Ludueña

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Daniele Paletta, Diversidad sexual, ILGA, ILGA Mundo, Julia Ehrt, Lucas Ramón Mendos, Luz Elena Aranda, Tuisina Ymania Brown

Chinami Nishimura, del Constitutional Democratic Party (CDP)-Partido Constitucional Democrático (CDP), ha presentado hoy (6 de marzo) el proyecto de ley, según informa el South China Morning Post.

Japón, que acogerá la cumbre del G7 en mayo, es el único miembro del influyente foro político intergubernamental que no reconoce el matrimonio LGBTQ+.

El primer ministro, Fumio Kishida, fue objeto de críticas la semana pasada tras afirmar que no reconocer las uniones entre personas del mismo sexo “no es una discriminación injusta por parte del Estado”.

Nishimura, jefe en funciones del CDP, respondió: “Creo que es una discriminación que se reconozca legalmente el matrimonio a las parejas heterosexuales pero no a las del mismo sexo”.

Kishida también fue criticado el mes pasado después de que uno de sus ayudantes hiciera comentarios contrarios al colectivo LGBTQ+, como que “no quiere ni mirar” a las parejas casadas del mismo sexo.

El ayudante fue despedido de inmediato, y Kishida calificó las declaraciones de “indignantes” y “totalmente incompatibles con la política de la administración”.

La Constitución del país, que data de 1947 y que fue redactada principalmente por funcionarios estadounidenses tras la ocupación de Japón, establece que “el matrimonio sólo podrá celebrarse con el consentimiento mutuo de ambos sexos”. Sin embargo, encuestas recientes han revelado que la mayoría de la población japonesa apoya la legalización del matrimonio igualitario.

En la actualidad, las parejas del mismo sexo sólo pueden contraer uniones civiles, y aun así, sólo en determinadas regiones.

Aunque las uniones civiles permiten a las parejas inscribirse en los servicios de la administración local, no pueden heredar bienes ni adoptar.

El Primer Ministro Kishida ha declarado anteriormente que “hay que estudiar detenidamente la cuestión”.

Rina Sawayama speaking on LGBT rights in Japan at Summer Sonic, Tokyo (crowd view)pic.twitter.com/ZlIK15BchV

— Rina Sawayama Updates (@RinaSawaUpdates) August 20, 2022

La cantante pop japonesa-británica Rina Sawayama pronunció el año pasado un contundente mensaje en apoyo de la legalización del matrimonio LGBTQ+.

Durante su actuación en el Summer Sonic Festival de Japón, la cantautora declaró: “Soy bisexual, pero si intento casarme con alguien del mismo sexo aquí, no puedo. En Japón no está permitido. De los países del G7, es el único que no tiene esa protección”.

Sawayama, que salió del armario como bi y pansexual en 2018, añadió: “Esto es algo realmente vergonzoso. Algo que me aceptaría a mí y a mis amigos, a mi familia elegida, una ley justa… si crees que deberíamos [tener matrimonio igualitario], por favor, sigue luchando”. Las personas LGBT son seres humanos. Las personas LGBT son japonesas. El amor es amor. La familia es la familia. Luchemos juntos”.

Taiwán es el único país asiático donde está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, tras la aprobación de una nueva ley en 2019.

 (Taro Karibe/Getty Images)

Derechos LGTBI+ en Japón

Aunque las relaciones sexuales homosexuales son legales en Japón desde 1880, el estigma social hace que muchos no salgan del armario ni siquiera ante sus familias.

Algunos miembros del mundo empresarial afirman que las normas japonesas que no permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo perjudican la ventaja competitiva del país, al dificultar que las empresas, especialmente las extranjeras, atraigan y conserven mano de obra altamente cualificada en una economía cada vez más internacional.

Varias empresas han tomado sus propias medidas para sortear la situación, tanto las internacionales como las japonesas, como Panasonic. Pero hay límites. “Para las cosas que forman parte del sistema nacional, como las pensiones, no hay nada que puedan hacer”, dijo Masa Yanagisawa, jefe de Servicios Primarios de Goldman Sachs Japón y miembro de la junta directiva de Matrimonio para Todos Japón. “Todos los demás países avanzados lo tienen, por lo que Japón saldrá perdiendo competitivamente. Además, está el hecho de que la gente no puede ser quien es. Se convierte en algo bastante crítico para el negocio”.

Aunque Japón carece de matrimonio igualitario, varias ciudades han aprobado la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de uniones de hecho. La primera administración japonesa lo hizo fue el distrito tokiota de Shibuya, seguido del de Setagaya. Posteriormente se les unieron las ciudades de Iga, en la prefectura de Mie, y Takarazuka, en Hyogo. En febrero de 2017 y en abril de 2018, respectivamente, Sapporo y Fukuoka se convertían en las primeras grandes ciudades en aprobar las uniones de hecho para las parejas del mismo sexo.

Los resultados de una encuesta realizada en el país nipón a finales de 2015 constatan que un 51% de la ciudadanía sería partidaria de la aprobación del matrimonio igualitario. Una gran evolución, teniendo en cuenta que hasta épocas recientes la homosexualidad era un tema tabú en la sociedad japonesa. Otro importante reconocimiento llegaba en julio de 2016, cuando el ministerio de Trabajo incluía la discriminación hacia empleados LGTB como una forma de acoso sexual. Estaremos pendientes sobre cualquier movimiento que suponga un avance hacia la igualdad en el acceso al matrimonio.

La ciudad de Iga (que ronda los 95.000 habitantes, en la prefactura de Mie) se convertía en diciembre de 2015 en el cuarto municipio japonés en abrir a las parejas del mismo sexo la posibilidad de unirse civilmente. Aunque en Japón, como decíamos, tampoco se ha aprobado todavía el matrimonio igualitario, varias ciudades han tomado la delantera, aprobando la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de uniones de hecho.

La primera administración japonesa que anunció la apertura de uniones civiles entre parejas de gais y lesbianas fue la de Shibuya (un distrito especial de Tokio). Por su parte, Setagaya (como Shibuya, otro de los 23 distritos que conforman la municipalidad metropolitana de Tokio) secundaba poco después la iniciativa y se convertía en el segundo territorio japonés en ponerla en marcha.

Asimismo, en la ciudad de Takarazuka, en la prefectura de Hyogo, se iniciaba el pasado mes de junio la expedición de certificados de asociación a las parejas homosexuales. A diferencia de lo que ocurre en Shibuya, los registros de parejas de hecho en Takarazuka y Setagaya no exigen a las empresas privadas que reconozcan a las parejas homosexuales.

Los resultados de una encuesta realizada en el país nipón a finales de 2015 constatan que un 51% de la ciudadanía sería partidaria de la aprobación del matrimonio igualitario. Una gran evolución, teniendo en cuenta que hasta épocas recientes la homosexualidad era un tema tabú en la sociedad japonesa. Otro importante reconocimiento llegaba en julio de 2016, cuando el Ministerio de Trabajo de Japón incluía la discriminación hacia empleados LGTB como una forma de acoso sexual.

A principios de este año, la ciudad japonesa de Chiba otorgó reconocimiento oficial a las parejas del mismo sexo. La ciudad emitió certificados a cuatro parejas del mismo sexo en enero, según el periódico japonés The Mainichi. Los documentos permitirán a las parejas acceder a muchos de los derechos de que disfrutan las personas casadas, como poder solicitar una vivienda pública como pareja y visitar a sus seres queridos en el hospital. La ceremonia en Chiba fue organizada por el alcalde Toshihito Kumagai, quien les dijo a las parejas: “Les deseo la felicidad de convertirse en mejores socios.” Chiba es la última gran ciudad del país en reconocer a los parejas queer, después de que Fukuoka instituyera el reconocimiento legal el año pasado.

Aunque ningún país asiático ha aprobado por el momento el matrimonio igualitario, la situación del colectivo es diametralmente opuesta en los distintos países del continente. Japón y Taiwán furon pioneros en experimentar avances locales en el reconocimiento de las parejas del mismo sexo (aunque Taiwán está tomando la delantera, a pesar del escoyo de los grupos religiosos). Sin embargo, en algunos como Malasia, Brunéi o la India, , entre otros, las personas LGTB son víctimas de la homofobia de estado y la intransigencia social. Por el contrario, además de Taiwán y Japón, otros países como Vietnam van posicionándose en líneas más aperturistas e igualitarias (si bien no al ritmo que cabría desear).

Fuente Reuters/Cristianos Gays/Pink News

General Constitutional Democratic Party (CDP)-Partido Constitucional Democrático (CDP), Japón, Rina Sawayama

El gobierno de Sri Lanka ha expresado su apoyo a un proyecto de ley que despenalizaría las relaciones entre personas del mismo sexo.

El jueves (9 de febrero), el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Sri Lanka, Ali Sabry, declaró a The Daily Morning: “Hay un proyecto de ley presentado por el diputado del Gobierno de Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) y abogado Premnath C. Dolawatte. El Gobierno apoyará su postura de despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, no legalizaremos los matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero lo despenalizaríamos. Creo que hay mucho consenso al respecto, así que dejemos que llegue al Parlamento”.

Según el código penal del país, que se remonta a la dominación colonial británica de Ceilán, el artículo 365 tipifica actualmente como delito “el coito carnal contra natura con cualquier hombre, mujer o animal”, con una pena de hasta diez años de cárcel.

La ley británica, de más de 135 años de antigüedad, fue declarada inaplicable por el Tribunal Supremo de Sri Lanka, pero sigue vigente.

“Somos muy optimistas, pero con cautela“, declaró el viernes Rosanna Flamer-Caldera -directora ejecutiva de la organización LGBTQ+ de Sri Lanka Equal Ground– al Washington Blade. “Hace más de 19 años que nuestra organización aboga por la despenalización y es bueno ver que el trabajo da sus frutos, por fin. Pero aún queda un largo camino por recorrer”.

El apoyo a este proyecto de ley se produce en un momento en que otras ex colonias británicas han despenalizado en los últimos meses leyes arcaicas contra la comunidad LGBTQ+.

Los legisladores de Singapur derogaron en noviembre la ley de sodomía de la época colonial, mientras que los jueces en 2022 también anularon las leyes de criminalización en Barbados , de San Cristóbal y Nieves y Antigua y Barbuda.

En todo el mundo, 67 países siguen penalizando las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. La mayoría de estas jurisdicciones penalizan explícitamente el sexo entre hombres mediante leyes de “sodomía”, “sodomía” y “delitos contra natura“. Casi la mitad son jurisdicciones de la Commonwealth.

67 países y territorios criminalizan la homosexualidad

En 64 países miembros de la ONU están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo:

Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bangladés, Brunéi, Burundi, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Esuatini (antigua Suazilandia), Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Indonesia, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones homosexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional en aplicación de la sharía o ley islámica; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 67 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 42 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 6 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 6 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Sudán, Tanzania, Uganda y Zambia.

La pena de muerte está establecida para las relaciones homosexuales en 11 países miembros de Naciones Unidas. En 6 de ellos, se tiene la certeza jurídica de que este es el castigo para los actos consensuados entre adultos del mismo sexo:

Arabia Saudí, Brunéi, Irán, Mauritania, Nigeria (en los doce estados del norte donde se aplica la sharía) y Yemen.

En otros 5 países no existe una certeza jurídica absoluta, aunque se constata la posibilidad de su aplicación:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Paquistán y Somalia.

Fuente Pink News/ Cristianos Gays

General, Historia LGTBI, Islam Despenalización de la homosexualidad, Equal Ground, Podujana Peramuna, Premnath C Dolawatte, Rosanna Flamer-Caldera, SLPP, Sri Lanka

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, ha despedido a un asesor que afirmó que no le gustaría vivir junto a parejas LGBTQ+ y que la gente huiría de Japón si se permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, despidió a un alto asesor por decir que ni siquiera “quería mirar” a las parejas LGBTQ+. El funcionario de economía y comercio Masayoshi Arai fue despedido el sábado (4 de enero) luego de los comentarios hechos a los periodistas de que “no querría vivir al lado” de parejas del mismo sexo o transgénero.

En declaraciones recogidas por los medios de comunicación locales, Masayoshi Arai, funcionario de Economía y Comercio que se incorporó al equipo de Kishida como secretario en octubre, afirmó que ni siquiera quería considerar a las parejas del mismo sexo.

Ni siquiera un día después, Kishida anunció que había despedido a Arai por sus comentarios, por lo que el asistente se disculpó más tarde.

“Sus comentarios son indignantes y totalmente incompatibles con la política de la administración”, declaró Kishida el sábado, en declaraciones emitidas por la cadena pública NHK.

Según los informes, Arai también dijo que las parejas del mismo sexo “cambiarían la forma en que es la sociedad” y afirmó que “bastantes personas” abandonarían Japón si se legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo en el país.

En su disculpa pública, Arai dijo que había usado expresiones que “pueden causar malentendidos” y reiteró que el primer ministro “no piensa así. Causé problemas debido a mis propias opiniones”, dijo. “No es deseable que ningún funcionario en puestos como el mío diga tal cosa”.

Arai había hecho estas declaraciones después de que Kishida dijera en el Parlamento que el matrimonio entre personas del mismo sexo debía estudiarse detenidamente por su posible impacto en la estructura familiar. El primer ministro dijo a los periodistas antes de los comentarios de Arai que el matrimonio entre personas del mismo sexo necesitaba una consideración cuidadosa debido a su impacto en los llamados “valores familiares. Debemos ser extremadamente cuidadosos al considerar el asunto, ya que podría afectar la estructura de la vida familiar en Japón”, dijo.

Su inacción con respecto a los derechos LGBTQ+ ha contribuido a su calificación de encuesta de opinión preocupantemente baja, que se redujo a la mitad a solo el 30 por ciento desde el año pasado.

También ha llevado a los funcionarios políticos a criticar a Kishida, varios de los cuales han renunciado como resultado.

El político abiertamente gay Taiga Ishikawa calificó la controversia como “más allá de la paciencia” y señaló que Arai afirmó que todos los secretarios ejecutivos de Kishida están en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Además, el líder de la oposición, Kenta Izumi, dijo que los comentarios eran “terribles” y que el despido de Arai era “una cuestión de rutina”.

El incidente es un bochorno para Kishida, que se prepara para recibir a los líderes de los demás países del G7 en mayo. A diferencia de Japón, gobernado por el conservador Partido Liberal Democrático durante la mayor parte de las últimas siete décadas, el resto del G7 permite el matrimonio o las uniones civiles a las parejas del mismo sexo.

Según recientes sondeos de opinión, el apoyo público a Kishida se ha reducido a la mitad, en torno al 30%, desde el año pasado, tras una serie de dimisiones de altos funcionarios salpicadas por escándalos. Entre los que dimitieron se encontraba Mio Sugita, viceministra de Asuntos Internos y Comunicaciones, que renunció en diciembre por unos polémicos comentarios sobre las personas LGBTQ+ y el pueblo indígena ainu de Japón.

Actualmente, las parejas del mismo sexo solo pueden participar en uniones civiles, que solo están permitidas en ciertas regiones del país, como Tokio. Esto significa que, si bien las uniones civiles permiten que las parejas se registren para los servicios del gobierno local, no pueden heredar bienes ni adoptar.

Las prohibiciones del matrimonio entre personas del mismo sexo han sido confirmadas de forma rutinaria por los tribunales superiores luego de varias acciones legales de activistas que han tratado de declarar la prohibición como “inconstitucional”. En noviembre, un tribunal de Tokio confirmó la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero afirmó que la falta de protección jurídica de las familias homosexuales violaba sus derechos humanos.

Esto es a pesar de que varias encuestas encontraron que una abrumadora mayoría de Japón apoya la legalización del matrimonio para parejasLGTBIQ +. En una encuesta publicada por la NHK en julio de 2021, dos meses antes de que Kishida se convirtiera en primer ministro, el 57% de los 1.508 encuestados se mostraron partidarios del reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo.

Derechos LGTBI+ en Japón

Aunque las relaciones sexuales homosexuales son legales en Japón desde 1880, el estigma social hace que muchos no salgan del armario ni siquiera ante sus familias.

Algunos miembros del mundo empresarial afirman que las normas japonesas que no permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo perjudican la ventaja competitiva del país, al dificultar que las empresas, especialmente las extranjeras, atraigan y conserven mano de obra altamente cualificada en una economía cada vez más internacional.

Varias empresas han tomado sus propias medidas para sortear la situación, tanto las internacionales como las japonesas, como Panasonic. Pero hay límites. “Para las cosas que forman parte del sistema nacional, como las pensiones, no hay nada que puedan hacer”, dijo Masa Yanagisawa, jefe de Servicios Primarios de Goldman Sachs Japón y miembro de la junta directiva de Matrimonio para Todos Japón. “Todos los demás países avanzados lo tienen, por lo que Japón saldrá perdiendo competitivamente. Además, está el hecho de que la gente no puede ser quien es. Se convierte en algo bastante crítico para el negocio”.

Aunque Japón carece de matrimonio igualitario, varias ciudades han aprobado la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de uniones de hecho. La primera administración japonesa lo hizo fue el distrito tokiota de Shibuya, seguido del de Setagaya. Posteriormente se les unieron las ciudades de Iga, en la prefectura de Mie, y Takarazuka, en Hyogo. En febrero de 2017 y en abril de 2018, respectivamente, Sapporo y Fukuoka se convertían en las primeras grandes ciudades en aprobar las uniones de hecho para las parejas del mismo sexo.

Los resultados de una encuesta realizada en el país nipón a finales de 2015 constatan que un 51% de la ciudadanía sería partidaria de la aprobación del matrimonio igualitario. Una gran evolución, teniendo en cuenta que hasta épocas recientes la homosexualidad era un tema tabú en la sociedad japonesa. Otro importante reconocimiento llegaba en julio de 2016, cuando el ministerio de Trabajo incluía la discriminación hacia empleados LGTB como una forma de acoso sexual. Estaremos pendientes sobre cualquier movimiento que suponga un avance hacia la igualdad en el acceso al matrimonio.

La ciudad de Iga (que ronda los 95.000 habitantes, en la prefactura de Mie) se convertía en diciembre de 2015 en el cuarto municipio japonés en abrir a las parejas del mismo sexo la posibilidad de unirse civilmente. Aunque en Japón, como decíamos, tampoco se ha aprobado todavía el matrimonio igualitario, varias ciudades han tomado la delantera, aprobando la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de uniones de hecho.

La primera administración japonesa que anunció la apertura de uniones civiles entre parejas de gais y lesbianas fue la de Shibuya (un distrito especial de Tokio). Por su parte, Setagaya (como Shibuya, otro de los 23 distritos que conforman la municipalidad metropolitana de Tokio) secundaba poco después la iniciativa y se convertía en el segundo territorio japonés en ponerla en marcha.

Asimismo, en la ciudad de Takarazuka, en la prefectura de Hyogo, se iniciaba el pasado mes de junio la expedición de certificados de asociación a las parejas homosexuales. A diferencia de lo que ocurre en Shibuya, los registros de parejas de hecho en Takarazuka y Setagaya no exigen a las empresas privadas que reconozcan a las parejas homosexuales.

Los resultados de una encuesta realizada en el país nipón a finales de 2015 constatan que un 51% de la ciudadanía sería partidaria de la aprobación del matrimonio igualitario. Una gran evolución, teniendo en cuenta que hasta épocas recientes la homosexualidad era un tema tabú en la sociedad japonesa. Otro importante reconocimiento llegaba en julio de 2016, cuando el Ministerio de Trabajo de Japón incluía la discriminación hacia empleados LGTB como una forma de acoso sexual.

A principios de este año, la ciudad japonesa de Chiba otorgó reconocimiento oficial a las parejas del mismo sexo. La ciudad emitió certificados a cuatro parejas del mismo sexo en enero, según el periódico japonés The Mainichi. Los documentos permitirán a las parejas acceder a muchos de los derechos de que disfrutan las personas casadas, como poder solicitar una vivienda pública como pareja y visitar a sus seres queridos en el hospital. La ceremonia en Chiba fue organizada por el alcalde Toshihito Kumagai, quien les dijo a las parejas: “Les deseo la felicidad de convertirse en mejores socios.” Chiba es la última gran ciudad del país en reconocer a los parejas queer, después de que Fukuoka instituyera el reconocimiento legal el año pasado.

Aunque ningún país asiático ha aprobado por el momento el matrimonio igualitario, la situación del colectivo es diametralmente opuesta en los distintos países del continente. Japón y Taiwán furon pioneros en experimentar avances locales en el reconocimiento de las parejas del mismo sexo (aunque Taiwán está tomando la delantera, a pesar del escoyo de los grupos religiosos). Sin embargo, en algunos como Malasia, Brunéi o la India, , entre otros, las personas LGTB son víctimas de la homofobia de estado y la intransigencia social. Por el contrario, además de Taiwán y Japón, otros países como Vietnam van posicionándose en líneas más aperturistas e igualitarias (si bien no al ritmo que cabría desear).

Fuente Reuters/BBC/Cristianos Gays

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