Desde diferentes organizaciones elaboraron un pronunciamiento para pedir que erradiquen estas prácticas. El peruano Alberto Belaunde explica el impacto nocivo de las ECOSIG.

Alianzas, colegios y gremios de profesionales de la salud mental de distintos países de América Latina y el Caribe realizaron un pronunciamiento en conjunto donde señalaron que las prácticas de conversión deben ser erradicadas. Entre las razones resaltaron que no tienen sustento científico y que están “plenamente documentados” los daños que pueden traer.

Se trata del primer pronunciamiento de este tipo en Latinoamérica y lleva la firma de ocho entidades de Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, la Alianza Caribeña de Asociaciones Nacionales de Psicología y la Federación Psicoanalítica de América Latina.

Las «terapias de reorientación sexual», también llamadas «terapias de conversión» hacen referencia a cualquier método que pretenda modificar la orientación sexual, identidad y/o expresión de género de una persona. También se las nombra como «Ecosig» (Esfuerzos de Cambio de la Orientación Sexual e Identidad de Género). Si bien son mal llamadas “terapias”, en realidad carecen de fundamento científico y médico y se trata de violaciones a los derechos humanos.

“Entendemos que es importante que haya un mayor compromiso de los profesionales de la salud mental en este tema. Primero, en ser muy claros en señalar que no existe sustento científico para que se realicen este tipo de prácticas que lamentablemente todavía están presentes en nuestra región. Segundo, que puedan tener una voz clara en lo dañino que resulta ese tipo de prácticas a quienes son sometidos a ellas. Y tercero, que impulsen que haya un cambio a nivel gremial. Que los gremios se tomen más en serio aspectos de regulación”, compartió, en diálogo con Presentes el abogado y activista peruano Alberto Belaunde.

No existe sustento científico

En este sentido, el documento publicado en diciembre de 2023 resalta que “no existe sustento científico para avalar cualquier práctica que busque cambiar o suprimir la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de una persona”.

“La existencia de las prácticas de conversión -continúa- se sustentan en la homofobia y transfobia presentes en nuestras sociedades. Son manifestaciones muy agresivas de discriminación que deben ser enfrentadas y combatidas”.

En un informe de 2022, la Organización de Naciones Unidas (ONU) consideró a las Ecosig como «prácticas comparables a actos de tortura». Además, el experto independiente sobre temática LGBTIQ+ de este organismo, Víctor Madrigal, recomendó a los Estados adoptar medidas que incluyan un sistema de sanciones. Y otro de acompañamiento y denuncia para les sobrevivientes de estas prácticas.

Además, la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como enfermedad en 1990. Y en 2019 quitó a la transexualidad y el travestismo de la lista de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).

“Sentimos que el pronunciamiento puede ayudar a una tendencia que estamos viendo en América latina que es la de legislar en contra de estas prácticas. En México está avanzando la ley, al igual que en Colombia. Se ha presentado en Perú, Chile, Costa Rica. Hemos conversado con el diputado Esteban Paulón para ayudar a que presente un proyecto de ley en Argentina. Creemos que en ese tipo de debates es importante que los profesionales de la salud mental tengan un rol protagónico”, sostuvo Belaunde.

El panorama en el mundo

En el mundo solo 14 países prohibieron las Ecosig, según la base de datos en línea de la organización Ilga World: Alemania, Brasil, Canadá, Chipre, Ecuador, España, Francia, Grecia, Islandia, Israel, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Vietnam. El último país en prohibirlas fue Noruega. La Ley N° 16 sancionada en diciembre de 2023, volvió punibles las “terapias de conversión” con multa o prisión de hasta tres años o seis si el delito se considera agravado.

En Argentina, las terapias de reorientación sexual están prohibidas de forma indirecta por la ley 26.657. “En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de elección o identidad sexual», dice la normativa.

El año pasado en México, los estados de Querétaro, Sinaloa y Quintana Roo reformaron sus códigos penales para prohibir estas prácticas. Así, ya son 16 los estados con este tipo de reforma.

“Creemos que es muy importante no centrarnos solo en el castigo porque es el Estado actuando cuando ya se produjo el daño. Es muy importante que se pueda asumir un enfoque preventivo. Tenemos que seguir apostando por una campaña de sensibilización, de educación y una estrategia multisectorial que vaya directamente a atacar la homofobia y transfobia”, apuntó Belaunde.

Existen diversas maneras en las que se presentan las terapias de conversión. “Desde terapias psicológicas sin ningún tipo de sustento, que han sido rechazadas por el gremio de psicólogos y psicólogas, pero que se siguen dando. También hay quienes son llevados a consultas psiquiátricas y son sometidos a tratamientos con pastillas, como si hubiera que nivelar algo. Hay también los llamados couchers de vida, los líderes religiosos, ceremonias”, explicó el activista.

La influencia de la religión

La organización no gubernamental Outright International documentó el uso de prácticas de conversión a nivel mundial. Actualmente se encuentra trabajando con socios en todo el mundo para erradicarlas, según informó la entidad.

En el informe Tratamiento dañino. El alcance global de la llamada terapia de conversión de Outright International se muestran hallazgos descriptivos y preliminares en torno a las Ecosig. En este sentido, se observó, a partir de bibliografía extensa, la primera encuesta mundial sobre el tema y entrevistas en profundidad con expertos y sobrevivientes de varios países, que la religión es la razón citada con más frecuencia.

En África y América Latina y el Caribe la religión y las presiones familiares y culturales son las principales causas que impulsan la práctica de las terapias de conversión. Los perpetradores son en gran medida personal religioso o proveedores privados de atención de salud mental.

En cambio, en Asia, “los datos sugieren que el ‘honor’ familiar y la cultura, más que la religión, impulsan a las familias y a las mismas personas LGBTIQ a buscar ‘terapias de conversión’, principalmente a través de clínicas médicas y de salud mental públicas y privadas, donde parece que se utilizan predominantemente métodos físicamente abusivos como la terapia de aversión”, detalla el informe.

Las consecuencias de una práctica tortuosa

Entre las consecuencias que pueden traer estas prácticas están los “cuadros de depresión, de ansiedad, ataques de pánico, problemas serios de autoestima y se puede generar ideación suicida”, dijo Belaunde. También indicó que “puede tener consecuencias en la salud física” ya que “hay casos de terapias con electroshock” y “hay documentados en distintos países como Ecuador, las llamadas violaciones correctivas sobre todo contra lesbianas y bisexuales”.

“Es crucial que convirtamos mentalidades, no nuestras identidades. Y que trabajemos hacia un mundo donde todas las personas puedan vivir de manera auténtica y libre de discriminación. Los profesionales de la salud mental pueden jugar un papel importante tanto en reducir la demanda de prácticas de conversión como, por supuesto, en asegurarse de no participar en ellas”, dijo Maria Sjödin, directora ejecutiva de Outright International.

En relación a las Ecosig existe un concurso de intereses que permiten que sigan existiendo. “Por un lado, está la profunda homofobia y transfobia que todavía está enraizada en algunos reductos de nuestras sociedades. Pero también entran dinámicas de poder, de control social, de intentar anular la libertad de las personas. Además, en muchos casos hay intereses económicos porque este tipo de prácticas suelen tener un costo y es un negocio muy lucrativo para los centros o las personas que las promueven”, explicó Belaunde.

“Invitamos a los profesionales de la salud mental, a sus gremios, organizaciones y asociaciones a que asuman un liderazgo proactivo para enfrentar y denunciar las prácticas de conversión en los distintos espacios de desarrollo del ejercicio profesional, así como en los medios de comunicación y espacios de debate”, concluyó el documento.

Agustina Ramos

Fuente Agencia Presentes

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

De hecho, en julio de 2021, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo  Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y  Juan Antonio Reig  avalarían estas prácticas.

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Óscar Ugarteche y Fidel Aroche

Importantísima sentencia judicial la que se ha producido en Perú, donde el 7º Juzgado Constitucional de Lima ha ordenado al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) el reconocimiento e inscripción del matrimonio celebrado en México por Óscar Ugarteche y Fidel Aroche.

“Estoy muy contento: estamos casados en México, pero el Perú parece un país musulmán y no reconoce los matrimonios fuera de su jurisprudencia, no se reconoce porque al registro no les parece la unión entre dos hombres (…). Nadie tiene por qué opinar sobre si les parece o no, solo deben inscribir y nada más, callarse la boca y dar fe de que yo, ciudadano peruano, me casé”, declara Óscar Ugarteche.

Ugarteche y Aroche contrajeron matrimonio en 2010 en Ciudad de México, de acuerdo a las leyes mexicanas. En enero de 2012 solicitó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) la inscripción de su matrimonio en Perú, siguiendo exactamente el mismo procedimiento que si su matrimonio hubiese sido entre personas de distinto sexo. Sin embargo, en su caso, el RENIEC la consideró improcedente por tratarse de un matrimonio de dos personas del mismo sexo. Óscar Ugarteche recurrió judicialmente, al considerar que la negativa violaba sus derechos constitucionales a la  igualdad y la no discriminación. Y es que Ugarteche sabe bien lo que tiene entre manos: se trata de un destacado economista, que ejerce la docencia universitaria tanto en Perú como en otros países, y que fue uno de los fundadores del histórico Movimiento Homosexual de Lima (MHOL).

Finalmente, el asunto recayó en el 7º Juzgado Constitucional de Lima, cuya titular es la jueza Mabina Saldaña, que ahora ha emitido su sentencia (fechada el 21 de diciembre, aunque ha sido esta semana cuando se ha hecho pública). Y esta no puede ser más clara: el RENIEC debe reconocer el matrimonio. La sentencia (a la que puedes acceder aquí) detalla 35 considerandos según los cuales declara fundada la demanda y ordena su inscripción. Recomendamos leerlos en su integridad, pero no nos resistimos a destacar algunos argumentos. En primer lugar, el tribunal reconoce que el Código Civil peruano define el matrimonio como una unión concertada “por un varón y una mujer”, pero recuerda que ninguna norma puede atentar contra los derechos constitucionales, que incluyen los principios de igualdad ante la ley y no discriminación. Además, el tribunal se remite a los tratados y acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por Perú, y en este sentido hace mención expresa a los Principios de Yogyakarta, “los cuales extienden explícitamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos a las personas homosexuales, bisexuales, transexuales y transgénero, cuyos derechos ya estaban incluidos implícitamente en el artículo segundo de la mencionada Declaración”.

El 7º Juzgado Constitucional de Lima recuerda además que en reiterada jurisprudencia “nuestro Tribunal Constitucional ha indicado que desde una perspectiva constitucional, debe indicarse que la familia, al ser un instituto natural, se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales. Así, cambios sociales y jurídicos tales como la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de incidencia, las grandes migraciones hacia las ciudades, entre otros aspectos, han significado un cambio en la estructura de la familia tradicional nuclear, conformada alrededor de la figura del pater familias. Consecuencia de ello es que se hayan generado familias con estructuras distintas a la tradicional, como son las surgidas de las uniones de hecho, las monopaternales o las que en doctrina se han denominado familias reconstituidas (Lo resaltado es agregado); debiendo resaltar que si bien es cierto el derecho a contraer matrimonio es diferente al de formar una familia, no debe existir impedimento para que pueda formarse una familia partiendo de un matrimonio homosexual, razón por la cual esta Judicatura considera que un homosexual está en todo su derecho de poder formar una familia, esto en virtud de las nuevas exigencias que se han ido presentando en los últimos tiempos, referidas a los derechos de las parejas homosexuales”.

El tribunal hace después un repaso de la legislación internacional sobre el matrimonio igualitario y recuerda que el demandante contrajo matrimonio en Ciudad de México, uno de los lugares en los que es posible hacerlo. En este sentido, el tribunal no entra a considerar “si se debe o no regular el matrimonio de personas del mismo sexo en nuestro país”, sino que deja claro que su sentencia se limita “a la labor jurisdiccional de verificar si es que se han vulnerado o no los derechos constitucionales del señor Ugarteche Galarza, al no permitírsele que se le reconozca su matrimonio celebrado en la ciudad de México”. Y en este aspecto lo tiene claro: “esta Judicatura considera que la razón en la cual se ha fundamentado la denegación del reconocimiento del matrimonio celebrado con el demandante en el extranjero, es por la única razón de que fue celebrado entre personas homosexuales, no constituyendo dicho argumento ser razonable y objetivo, por lo que resulta altamente discriminatorio y contrario tanto a nuestra Constitución, como a todos los dispositivos internacionales citados en la presente resolución”.

La sentencia, además, “considera necesario recordar que a la fecha no existe institución alguna, ya sea matrimonio homosexual, unión civil, u otra institución afín; que proteja o garantice el derecho de las parejas homosexuales a poder efectuar una unión que pueda ser reconocida por el ordenamiento jurídico, reconociéndole así la facultad de poder formar una familia, poder tener derechos sucesorios, y otra serie de derechos de los cuales sí gozan las parejas heterosexuales; razón por la cual son un sector de la población el cual a la fecha se encuentra desprotegido y en constante discriminación, al no habérseles reconocido derecho alguno; partiendo de la realidad de que existen dichas parejas en convivencia, y de que es su deseo protegerse el uno al otro”. Motivo por el cual “resulta factible que a falta de existencia de dicha institución, dichas personas puedan reclamar protección de sus derechos fundamentales por la vía judicial en virtud del contenido de nuestra Carta Política, puesto que no pueden estar a la espera de que se legisle a favor de ellos”.

“No es factible una oposición de cáracter religioso”

Especial importancia tiene el considerando 29º, según el cual “esta Judicatura considera pertinente recordar que no es factible una oposición de carácter religiosa al reconocimiento de un matrimonio homosexual, puesto que el Perú es un estado laico, es decir que es neutral en materia de religión por lo que no ejerce apoyo ni oposición explícita o implícita a ninguna organización o confesión religiosa; sin perjuicio del respeto que merecen las mismas”.

Finalmente, tras hacer una especial mención a la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el matrimonio igualitario, a la reciente condena a Colombia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no reconocer una pensión al sobreviviente de una pareja del mismo sexo o a la más antigua condena a Chile por parte de la misma Corte por no reconocer los derechos de una madre lesbiana, el 7º Juzgado Constitucional de Perú, “en atención a los considerandos anteriores y las normas glosadas”, estima que:

la pretensión del demandante sí resulta amparable, no siendo factible que sufra de algún tipo de discriminación en virtud de su orientación sexual, habiendo la parte demandada violentado los derechos constitucionales a la igualdad, no discriminación, y al libre desarrollo y bienestar; consideraciones por las cuales, de conformidad con lo establecido con los arts. 1°, 2° y 200° inc. 2 de la Constitución, arts. 1, 2, artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de nuestra Carta Magna, artículo 2° y 16° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 23.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo VI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Impartiendo Justicia a Nombre de la Nación,

FALLO: Declarando FUNDADA la demanda interpuesta por UGARTECHE GALARZA OSCAR, contra RENIEC Y SU PROCURADURIA, en consecuencia SE ORDENA a la entidad demandada cumpla con reconocer e inscribir el matrimonio celebrado por el demandante en el extranjero en el Registro Civil correspondiente. Notificándose.-

“La sentencia se fundamenta en tratados internacionales y experiencias comparadas y lo que el juzgado ha hecho es llegar a la conclusión de que no existían argumentos para no reconocer este matrimonio, sino que el no hacerlo vulneraba, más bien, el derecho universal a la igualdad”, afirma el parlamentario oficialista Alberto Belaunde, que es abiertamente homosexual.

“Estamos frente a una sentencia histórica que no solo reconoce la realidad de la existencia de matrimonios homosexuales de los que muchos peruanos hoy son parte, sino que constituye un paso rumbo al reconocimiento jurídico pleno de las familias homosexuales como tales», añade el activista Gio Infante, antiguo presidente del Movimiento Homosexual de Lima (Mhol), a cuya fundación contribuyera en 1982 el propio Ugarteche.

Pero no todas las voces celebran esta sentencia, Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, advierte que se trata de “una audacia propia de un juez liberal (…). Va más allá de la ley, pues el matrimonio en el Perú se sujeta a la Constitución y el código civil, que establecen que es la unión entre un hombre y una mujer”. De no haber apelación por parte del procurador público y la entidad que representa la sentencia se convertiría en definitiva, pero de prosperar una apelación, la pareja podría recurrir a la Corte Superior, teniendo como última opción la de acudir a la Comisión de Derechos Humanos.

El RENIEC apelará

La batalla legal no acaba aquí. El RENIEC ya ha hecho pública su casi segura intención de apelar la sentencia. “No depende de si estamos de acuerdo o no con los matrimonios homosexuales (…) Nuestro Código Civil, del año 1984, dice a la letra que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por una mujer y un varón legalmente aptos para ella”, ha declarado Benito Portocarrero, su gerente de Imagen Institucional. Es muy posible, de hecho, que el caso acabe ante el propio Tribunal Constitucional.

Pase lo que pase, de lo que no hay duda es de que después de mucho tiempo la lucha en favor de los derechos LGTB en Perú se encuentra en estos momentos en un momento clave. Hace solo unos días recogíamos que el Gobierno de ese país incluía como agravante en su Código Penal el que un delito se cometa por razones de orientación sexual o identidad de género y prohibía de forma expresa la discriminación por esta materia. Tras el cambio político ocurrido este año, además, parece que el clima se ha tornado ligeramente más favorable (lo explicábamos en esa misma entrada) y se ha reactivado una iniciativa parlamentaria que busca aprobar una ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo. Estaremos muy atentos a lo que suceda.

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Entre 2020 y 2023 se cometieron 54 asesinatos a personas TLGBI, según el último Informe Anual del Observatorio de Derechos TLGBI de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Fuente Agencia Presentes

22 de julio de 2024
Melissa Goytizolo Castro
Alfonso Silva Santisteban.
Edición: Ana Fornaro

El Informe Anual del Observatorio de Derechos TLGBI registró 54 asesinatos hacia personas de la comunidad y 170 casos de vulneración de sus derechos entre el 2020 y 2023.

“De aquí se la llevaron”, dice a Presentes Xiomara*, mujer trans peruana y trabajadora sexual, señalando una vereda del jirón Chancay, en el Centro de Lima. Allí, en febrero del 2023 extorsionadores de la banda criminal “Los Gallegos” secuestraron a su compañera Rubí Torres Silvano (31 años) y la llevaron al distrito de Carabayllo, donde la asesinaron de aproximadamente 30 impactos de bala. “Nos mandaron un video al celular, era el cuerpo de Rubí. Así nos amenazaron para que paguemos cupo por ocupar la plaza. Hay mucha rabia hacia nosotras”, afirma.

Entre 2020 y 2023, en Perú se cometieron 54 asesinatos a personas TLGBI, según el último Informe Anual del Observatorio de Derechos TLGBI de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El documento enfatiza que más de la mitad de las víctimas fueron mujeres trans (30), seguido por hombres gay (23) y una mujer lesbiana.

En 2023 se incrementó el número de homicidios con 19 casos, de los cuales 12 fueron mujeres trans y 7 gays. El año anterior fueron 13 personas: 8 gays y 5 mujeres trans. En 2021 diez: 5 mujeres trans y 5 gays. Y en el 2020 doce: 8 mujeres trans, 3 gays y una lesbiana.

Mujeres trans: las más violentadas

Los crímenes se han dado con ensañamiento, desde múltiples disparos y puñaladas en el cuerpo hasta degollamientos, lo que indica un odio extremo por las identidades de género, expresiones de género y orientaciones sexuales que no se ajustan a las reglas heteronormativas.

El reporte también detalla en la categoría vulneración de derechos- es decir, por ejemplo, violencia por parte del Estado, incitación a la discriminación, intento de asesinato- que la mayor cantidad de estos atropellos se cometieron durante el 2020, alcanzando 61 denuncias. Seguido en el 2022, con 43. Luego el 2023, con 34. Y el 2021, con 32. Se observa que en esta categoría las mujeres trans, nuevamente, son las más perjudicadas.

La coautora del informe, mujer trans defensora de derechos humanos TLGBI y periodista, Gianna Camacho, explica a Presentes porque este grupo es el más afectado en sus derechos. “Las mujeres trans somos las personas más violentadas porque nos hemos atrevido a salirnos “del equipo ganador” para pasarnos “al equipo más débil”. Por eso el castigo social de esta violencia que sufrimos”.

Para la psicóloga y activista bisexual de la organización feminista y LGTBIQ+ Más Igualdad, Alex Hernández, las mujeres trans son las principales víctimas de crímenes de odio “porque ellas desafían los mandatos de la masculinidad. Al ser personas que son asignadas masculino al nacer, pero tienen y construyen una identidad femenina, esto desafía los mandatos que se suponen que tienen las personas asignadas hombres al nacer en su masculinidad. Al desafiarlo suponen un gran problema social para la mirada patriarcal. Por esto hay un ensañamiento con ellas”, dice a Presentes.

“Yo no quiero que me maten”, dice Xiomara. Ella y sus compañeras desearían no dedicarse a la prostitución, pero no tienen otra manera de sobrevivir por la falta de oportunidades laborales. De acuerdo con un estudio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia del año 2012, el 70% de las mujeres trans de Lima y Callao se dedican al trabajo sexual.

Crímenes impunes

El informe enfatiza que los números de crímenes de odio registrados son únicamente un subregistro. Se indica que “hay muy pocas medidas para contribuir a la disminución de la violencia, así como facilitar el registro de asesinatos de personas LTGBIQ+, no se ha incorporado un sistema virtual que contemple la supuesta orientación sexual o identidad de género de la víctima, no se ha aprobado una Ley de Identidad de Género”.

Gianna Camacho subraya que, ante la ausencia de estadística estatal, utilizaron denuncias dadas a conocer por la prensa y registros directos de organizaciones LGBTIQ+. “Hay muchos casos de los cuales no nos hemos enterado porque no son reportados o porque las víctimas nunca visibilizaron que eran LGBTIQ+”, agrega.

Al Estado peruano no le importa registrar las vulneraciones a los derechos de la comunidad TLGBI, pese a que tiene la responsabilidad de controlar la violencia. Tampoco le importa que los crímenes de odio sean sancionados.

En Presentes observamos que, de los 54 asesinatos registrados en el informe entre el 2020 y el 2023, en 26 no han sido identificados los asesinos. La situación se agrava en el 2023: de 19 homicidios en 13 no se halló a los responsables.

Al respecto, el excongresista Alberto de Belaunde comenta que el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía cuentan con todas las herramientas legales para perseguir este tipo de delitos. “El que estos crímenes queden en la impunidad no se debe a vacíos en la ley. Se debe a falta de decisión, a la incapacidad de estas instituciones de entender que están trabajando con población en situación de vulnerabilidad, falta de protocolos para asegurar la atención y una evidente falta de interés”, afirma a Presentes.

“Nos están observando”

Xiomara se encomienda a Dios cuando sale a trabajar. “La vida de nosotras es muy dura, sino nos atacan los extorsionadores son nuestras autoridades. Recuerdo que tiradas en el piso, la policía nos ponía encima a los perros. Sentía sus uñas. Era horrible. Nos decían que por ser maricones nos pasaba eso”.

A inicios del 2022, como se lee en el informe, integrantes de la sanguinaria organización criminal “Los Gallegos” empezaron a pedir cupos a las mujeres trans cuya zona de trabajo son las calles del Centro de Lima. El 12 de febrero del 2023 dispararon múltiples balas a los cuerpos de Rubí Torres Silvano (31) y Priscila Aguado Huatuco (30).

La crueldad de ambos homicidios hizo que la comunidad TLGBI realizara platones frente a las dependencias policiales que estaban a pocas cuadras de donde habían secuestrado a las víctimas. En marzo del 2023 la policía capturó a dos de los asesinos. “Los meses siguientes disminuyeron los asesinatos, pero aumentó la extorsión en toda la ciudad (de Lima), según refieren las activistas. (…) La violencia de género no ha parado. Tampoco la disputa entre las mafias”, dice el informe.

Xiomara comenta que hace varios meses ya no pagan cupos, al menos, en las calles del Centro de Lima, pero afirma que desde hace veinte días han empezado a ver motos y carros sospechosos. “Es como si estuvieran marcando de nuevo el territorio, como si estuvieran contándonos. Entre todas llegamos a la conclusión de que nos están observando. Hace poco soltaron granadas en el jirón Zepita, como advirtiéndonos que va a entrar una nueva mafia”.

*Xiomara es el seudónimo que eligió la entrevistada por medidas de seguridad.

General, Homofobia/ Transfobia. Alberto de Belaunde, Alex Hernández, Gianna Camacho, Homofobia/Transfobia, Más Igualdad, Personas LGTBIQ, Personas trans, Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia

El diputado colombiano Mauricio Toro presentó un proyecto para prohibir las mal llamadas terapias de conversión. Los congresistas lo acusaron de conflicto de intereses y lo recusaron. Desde Perú, escribe Alberto de Belaunde.

 LIMA, Perú. El mes pasado, el diputado colombiano Mauricio Toro presentó un proyecto de ley para erradicar las mal llamadas “terapias de conversión” en su país. Se denomina así a los esfuerzos de diversa índole para intentar suprimir o cambiar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona LGBTIQ+.

Éstas, no solo no están respaldadas por ningún sustento científico, sino que además han demostrado en la práctica ser crueles, inhumanas y degradantes. En algunos casos, llegan a constituir formas de tortura. Las prácticas de conversión no logran los cambios que publicitan, pero sí generan secuelas psicológicas graves a largo plazo en quienes son sometidos a estas.

Pese a ello, todavía existen malos profesionales de la salud y líderes religiosos o sociales que realizan estas prácticas. A pesar de los avances alcanzados por la comunidad LGBTIQ+, las prácticas de conversión son un problema presente en todas las regiones del mundo, como quedó documentado en el informe pionero de OutRight International.

Una recusación homofóbica

Al presentar esta iniciativa, el diputado Toro busca que Colombia se una a otros países que ya han aprobado leyes para la erradicación de estas malas prácticas contra las comunidades LGBTIQ+. Países como Alemania, Canadá, diversos estados de México y Estados Unidos, y Francia ya cuentan con legislaciones específicas para prohibirlas.

Lamentablemente, los prejuicios e intolerancia predominaron en el Congreso colombiano.

Cuando estaba por iniciarse el debate de esta iniciativa, la comisión recibió un pedido de recusación contra el diputado Toro, presentado por un activista cristiano. La denuncia señala que existe un conflicto de interés, pues Mauricio Toro es abiertamente gay y el proyecto favorece a las personas LGBTIQ+.

El debate se suspendió y el asunto será visto por la Comisión de Ética del parlamento colombiano.

Hoy la homofobia se paseó por el Congreso de la República

En el debate de nuestro Proyecto que busca prohibir las torturas que se cometen contra personas LGBTI, llamadas "terapias de conversión", radicaron una recusación en mi contra con argumentos homofóbicos y discriminatorios pic.twitter.com/74I4OnOd85

— Mauricio Toro (@MauroToroO) June 7, 2022

Inaceptable

No es la primera vez que algo así sucede. En el año 2014, el congresista peruano Carlos Bruce “salió del clóset”, convirtiéndose en la primera autoridad abiertamente LGBTIQ+ de ese país. De inmediato, sectores ultraconservadores lo acusaron de tener un conflicto de interés por promover un proyecto de ley de unión civil para parejas del mismo sexo.

Aceptar este argumento tendría consecuencias peligrosas. Ninguna minoría o grupo vulnerable podría llegar a nuestros congresos a representar a sus comunidades y legislar para la protección de sus derechos. Tampoco podría ocupar cargo público alguno para intentar resolver los problemas que conoce de primera mano.

Por ejemplo, ningún senador con discapacidad podría proponer proyectos de ley para la promoción de la accesibilidad, ninguna alcaldesa afrodescendiente podría impulsar programas locales contra el racismo, ningún ministro indígena podría plantear políticas públicas con enfoque intercultural.

Las senadoras mujeres de todos los países tendrían que levantarse y retirarse de la sala, cada vez que se debata un proyecto relacionado a erradicar la violencia contra la mujer.

El argumento simplemente no se sostiene

Pese a lo visiblemente infundada de la acusación, es importante detenernos a dar una respuesta más desarrollada. Cada vez son más las autoridades abiertamente LGBTIQ en América Latina y veremos argumentos similares siendo replicados por grupos antiderechos alrededor de la región.

Estas campañas de desinformación y desprestigio suelen ser absurdas a propósito. Buscan que los sectores a quienes acusan no se dignen siquiera a responder. Y al no haber respuesta, algunos de los argumentos quedan dando vueltas en la opinión pública.

El conflicto de interés es una falta ética. Implica que, cumpliendo una labor pública o privada, uno privilegie intereses distintos a los intereses por los que debería velar. Este estándar de comportamiento es muy importante para los funcionarios públicos, entre los que se encuentran las autoridades políticas como los diputados, senadores y alcaldes.

El interés que deben servir a través de su trabajo es el interés de la sociedad, el interés público. Un funcionario público que en el desarrollo de su labor privilegia su interés personal o uno particular afectando el interés público, cae en un conflicto de interés.

«No existe conflicto de interés sino derechos humanos»

En el caso del diputado colombiano Mauricio Toro no existe conflicto de interés porque su proyecto de ley busca la protección de derechos humanos. Sea este un proyecto dirigido a una minoría o mayoría de ciudadanos, lo relevante es que favorece el interés público, ya que en un Estado de Derecho el objetivo central es que todo ciudadano –sin discriminación de ningún tipo– encuentre sus derechos reconocidos, respetados y tutelados.

Como es evidente, al verse servido el interés público, se verán servidos también muchos intereses individuales o colectivos. Si no, no estaríamos hablando de derechos humanos. El interés que se ve atendido con el proyecto de ley va más allá del diputado Toro y favorece a muchos ciudadanos que actualmente se encuentran en una situación de desprotección.

Entonces en el caso concreto no existe una colisión entre el interés público y otros intereses, y, por lo tanto, no nos encontramos frente a una falta ética. Espero que la Comisión de Ética del Parlamento colombiano sea rápida y contundente en su respuesta.

Una propuesta trascendental

Finalmente es necesario recordar la importancia que tienen iniciativas, como la presentada por el diputado Toro, para las personas que están en el centro de estas problemáticas. Estos esfuerzos no buscan que la comunidad LGBTIQ+ tenga beneficios especiales, como algunos creen. Tampoco responden a simple voluntad ideológica, como sí sucede en quienes militan en contra.

Proyectos como este pueden marcar la diferencia entre una vida digna o una vida de secuelas físicas y psicológicas. En algunos casos, incluso pueden llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Las prácticas de conversión tienen su raíz en la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia que existen en nuestras sociedades. Descalificaciones como las recibidas por el diputado Mauricio Toro son parte del mismo fenómeno. En el mes del orgullo, que este caso nos sirva para redoblar nuestros esfuerzos de lucha por sociedades libres de intolerancia y discriminación.

(*) Alberto de Belaunde es Program Advisor – OutRight International y excongresista peruano, abiertamente gay

13 de junio de 2022

Alberto de Belaunde

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Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Alberto de Belaunde, Colombia, Homofobia/Transfobia, Mauricio Toro, Perú

Gianna Camacho

LIMA, Perú. Desde el inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo, hace 8 meses, les activistas y colectivos de personas trans denunciaron su preocupación por tener en los poderes ejecutivo y legislativo un número importante de políticos conservadores y religiosos que se oponen al reconocimiento de la identidad de personas trans.Aducen que que es parte de una imposición de, la mal llamada, “ideología de género”.

Esto significa una gran barrera para la población trans, ya que, en los últimos años, luego de un importante trabajo con otras instituciones públicas, concluyeron que la única vía para acceder al derecho fundamental a su identidad es a través de una ley que así lo estipule.

Durante la presentación del anteproyecto de la Ley de Identidad de Género, en noviembre de 2016

Presentación del Proyecto de Ley de Identidad de Género en 2016

En noviembre de 2016, un grupo de mujeres trans activistas presentaron el anteproyecto de la Ley de Identidad de Género en el Congreso de la República, exponiendo que no se trataba de un capricho, ni de un antojo, sino, que significaba una reivindicación de un grupo de peruanas y peruanos que vivían en una exclusión histórica.

Un mes y medio después, las activistas junto a las congresistas Indira Huilca y Marisa Glave, apoyadas por sus colegas Alberto de Belaunde, Tania Pariona, Gino Costa, Marco Arana, Richard Arce, entre otros, ingresaron el Proyecto de Ley de Identidad de Género 790/2016, el cual fue remitido a dos comisiones, Constitución y Reglamento, y Mujer y Familia.

Desde entonces, les activistas y colectivos han puesto todas sus energías y esperanzas en el debate, aprobación y promulgación del PL 790. Mientras eso no suceda, para modificar sus prenombres o sexo en el Documento Nacional de Identidad (DNI), les ciudadanes trans deben continuar demandando al Estado, llevar el proceso judicial y esperar una sentencia favorable.

Teniendo en cuenta la situación socioeconómica de los hombres y mujeres trans peruanos, es difícil que tengan el dinero suficiente para empezar y concluir el proceso.

Además, uno de los grandes obstáculos que deberán enfrentar es contra otra entidad del sector público, el Registro Nacional de Identificación y Registro Civil (RENIEC), que apela las sentencias favorables emitidas por los jueces, retardando más el acceso a la identidad de les solicitantes.

Cinco años de incidencia política

Cuando se ingresó el PL 790, se cuestionó su envió a la Comisión de Constitución y Reglamento, ya que no se pedía ningún cambio constitucional. La razón de su derivación a esta comisión respondía a que en ese momento su presidenta, la congresista fujimorista Rosa Bartra, pertenecía al colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. Lo que significó que el proyecto de ley fuera enviado al fondo de la fila de espera.

En septiembre de 2018, el Observatorio de Derechos Humanos LGBT y el Proyecto UNICXS, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, denunciaron ante la Comisión Nacional contra la Discriminación (CONACOD)del Ministerio de Justicia, actos de transfobia por parte de la procuraduría pública del RENIEC en los procesos de reconocimiento de nombre y/o sexo.

Un mes después, los representantes del Observatorio de DDHH LGBT, así como de la procuraduría pública del RENIEC, expusieron sus posturas durante la sesión de la CONACOD del 31 de octubre.

En enero de 2019, la CONACOD presentó el “Informe sobre la situación de la identidad de género de las personas trans en el Perú”. Allí la comisión considera que el Estado peruano tiene la obligación de reconocer legalmente y permitir el cambio de nombre y sexo de las personas trans, de forma tal que se logre garantizar el pleno ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones.

Cuatro años después de la presentación del PL 790, la incidencia política realizada por un grupo de activistas trans, de la mano del regidor limeño Manuel Siccha, dio un paso más.

En diciembre de 2020 empezaron a mantener reuniones con congresistas de diferentes partidos políticos para sensibilizarlos sobre la importancia de una Ley que reconozca la identidad de género de las personas trans.

Activistas trans en el Congreso de Perú.

Las primeras reuniones que se mantuvieron fueron con las integrantes titulares y alternos de la Comisión de la Mujer y Familia. Allí lograron que se coloque en agenda de la comisión el debate del PL 790 el 15 de marzo de 2021.

Lamentablemente, el colectivo ‘provida’ Familias Reales realizó una campaña de acoso político e intimidación contras las congresistas de dicha comisión, invocando a la población a insultarlas a través de sus números telefónicos personales, los cuales difundieron en sus redes sociales.

A pesar de la violencia ejercida en contra del proyecto de Ley de Identidad de Género, el 29 de marzo del mismo año, la Comisión de la Mujer aprobó el dictamen que le permitiría avanzar al debate en el pleno. Sin embargo, aún faltaba el debate y dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento.

Contra el tiempo, se realizaron reuniones con los congresistas de dicha Comisión para explicarles la importancia del proyecto de ley. Sin embargo, a pesar del seguimiento y presión en redes sociales, no pudo ser debatido y así llegó el final del gobierno de transición del presidente Francisco Sagasti, en julio de 2021.

2022, se retoma la lucha por el derecho a la identidad

La responsabilidad de la aprobación de una Ley que reconozca la identidad de género de las personas trans recae enteramente en el Congreso de la República. En el Perú se necesita la mitad más uno de votos para que se apruebe una ley. Por ello, la preocupación se ha incrementado, ya que, de los 130 congresistas del actual parlamento, al menos 85 pertenecen a bancadas conservadoras que ya han manifestado estar en contra de los derechos de personas LGBT.

Sin embargo, Susel Paredes Piqué, congresista abiertamente lesbiana, se ha comprometido a ser la principal impulsadora de las demandas legislativas de la población trans. Sobre todo, porque entiende muy bien la necesidad del respeto al derecho a la identidad.

Susel Paredes Piqué, congresista abiertamente lesbiana.

“Es necesaria esta ley porque el derecho a la identidad está reconocido en nuestra Constitución. Todos tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero también porque hemos firmado tratados internacionales, tenemos sentencias del Tribunal Constitucional peruano, sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Opiniones Consultivas que reconocen el derecho a la identidad. Por esto es que debemos insistir y persistir, aunque no tengamos mayoría en el Congreso”, subraya Paredes Piqué.

La legisladora ha mantenido reuniones con representantes de la comunidad trans peruana en las últimas semanas y juntas buscarán retomar el camino recorrido por el PL 790.

“Yo no estoy presentando un proyecto de cero, estamos actualizando un proyecto ya presentado que ha tenido el aporte y participación de la comunidad trans. Por ello, después de haber tenido varias reuniones con la comunidad, decidimos actualizar el proyecto de ley 790 porque ya tiene un dictamen de la Comisión de la Mujer. Eso que hará que nos ahorremos muchos meses de trabajo”, detalla la congresista.

También se mostró sorprendida por los debates internos dentro de la comunidad trans. Algunes señalan que debería presentarse un proyecto de ley que incluya a las personas de género no binario (PGNB). Otro grupo apunta a que aún no es el momento, dada la idiosincrasia peruana.

“Todos son bienvenidos a los espacios de discusión, porque, en mi opinión, las leyes se construyen consultando a quienes, tú presumes, van a beneficiar. Yo me debo a las personas que están relacionadas con los proyectos de ley y por eso, los escuché. Comprendí que necesitan una ley que apunte al cambio administrativo pero que reafirme otros derechos”, puntualizó la abogada y también activista LGBT.

Proyecto de Ley binario vs. no binario

Entre las recientes discusiones que han surgido en la comunidad trans peruana está la delimitación de cuánto están dispuestes a ceder en cuanto al alcance de este proyecto de ley. Hasta el momento, solo reconoce el cambio de femenino a masculino, y viceversa, no más.

“Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de las personas LGBTIQ está la ‘q’ de queers, que son las personas que no encajan o trascienden lo binario, es decir, no binarios. Yo considero que las identidades no binarias son propias de la identidad queer, y como tales tienen sus propias agendas; que deben ser luchadas y expuestas, pero no debe haber confusiones a fin de que haya un trato diferenciado de agendas”, sustenta Ana Flavia Chávez.

Para la lideresa del Movimiento Trans de Arequipa, las PGNB tienen una agenda distinta a las personas trans, en cuanto a necesidades y vivencias.

“Yo no estoy hablando de poblaciones binarias y no binarias. Yo hablo de hacer la distinción justa y correcta de las identidades trans y las identidades queers, y no lo digo yo, lo precisa la CIDDHH. Las agendas trans son muy diferentes a las agendas queers”, subraya Ana Flavia.

Por su parte, G Santos Salinas, de Fuerza No binarie, considera que el PL 790 responde a la necesidad de la población trans de hace algunos años, pero no a la situación actual del movimiento, donde las PGNB están teniendo cada vez más visibilidad.

“Creo que la realidad de las personas trans, y las que escapamos de lo cisgénero, porque no todas las PGNB nos denominamos trans, está mostrando mayor diversidad ahora. Sí creo que un proyecto de ley que nazca en este momento, debería abordar esta realidad, más compleja, pero más diversa, para así plantear soluciones”, explica G.

Para el compañere, el juego político de la derecha ha dejado de lado, durante mucho tiempo, a grupos humanos minoritarios y al dejar de lado a las personas de género no binario, estaríamos cayendo en lo mismo.

“Si bien (el PL 790) solo abarca dos identidades, el binomio tradicional, masculino y femenino, igual plantea una accesibilidad para el cambio, lo cual es un primer paso bastante importante. Existen PGNB que utilizan pronombres femeninos o masculinos, con lo cual se sienten cómodes, (…) la gran dificultad es que no todas las PGNB nos reconocemos como personas trans, por lo tanto, va a haber un sector que, o van a tener que esforzarse para expresar que son trans o simplemente no van a acceder a los beneficios porque no es su identidad y no van a forzar algo que no les pertenece”, detalla G.

La población trans de Perú se encuentra en etapa de organización y fortalecimiento de su lucha como comunidad. Por ello, muchos colectivos apuntan a la creación de espacios de aprendizaje y debate donde se puedan contraponer ideas, pero, además, diseñar soluciones de manera conjunta y con el mayor impacto positivo posible. 

“Quisiera que los niños y niñas trans sepan que no están locos, que no son personas enfermas, solo son distintas. Que sepan que personas como ellas y ellos existimos y siempre hemos existido. Estamos luchando para que lo que hemos pasado nosotras no lo pasen ellos. Por eso, les digo que tengan mucha fe y esperanza, para que, en vez de cosechar lágrimas y depresiones, puedan cosechar sonrisas y respeto. La lucha va por ellos, prioritariamente”, finaliza la activista arequipeña Ana Flavia.

Por su parte, G Santos considera que “la manera en cómo se hace política actualmente es como hace 50 años. No hay perspectiva, y se sigue repitiendo el mismo mecanismo”, por ello, anima a les jóvenes a involucrarse más.

“Me gustaría animar a los, las, les jóvenes a que ingresen a la política. Ya sea la política informal como es el activismo y a la política formal como la que se hace en el Congreso, porque siento que sí es necesario una reforma dentro de la política, para no repetir ese mecanismo que ha marginado a personas de diversas identidades y etnias”, puntualiza G.

Finalmente, la parlamentaria Susel Paredes dejó un mensaje para quienes no están involucrades en el activismo, pero se reconocen como personas trans.

“Como decía José Luis Rodríguez Zapatero, una sociedad civilizada es aquella en la que no se humilla a sus integrantes, por eso es importante la ley, para que no te humillen, para que te reconozcan, para que cuando quieras viajar, te subas al bus sin ningún maltrato. O cuando quieras ir al médico, no abandones el tratamiento, te puedan curar y sanar”, destaca Susel sobre el alcance del proyecto de ley 790 que actualizará y presentará.

Con este avance en materia del reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, se espera que el Perú se sume a la lista de países de la región que ya tienen un marco legal que las reconoce, y les permita avanzar hacia el goce de una ciudadanía plena como todos los demás ciudadanos.

Fente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI Persona trans, Perú

De izda a dcha, Gabriela Salvador, Susel Paredes, Gahela Tseneg Cari Contreras y Alejandro Cavero

Por Verónica Ferrari

Las elecciones de Perú se realizarán el domingo 11 de abril de este año en medio de crisis políticas constantes. Hay un presidente interino, Francisco Sagasti, luego de que se vacara a Martín Vizcarra (que a su vez reemplazaba a Pedro Pablo Kuczynski) y en su lugar se pusiera Manuel Merino. Merino tuvo que renunicar debido a las marchas multitudinarias en su contra. Estas marchas fueron reprimidas violentamente por la policía y que dejaron el saldo de dos jóvenes muertos, situación que aún está en espera de justicia.

Este nuevo Congreso que se elegirá en abril sustituirá al Congreso elegido hace un año, luego de que Vizcarra decidiera cerrarlo por obstaculizar continuamente la lucha anticorrupción.

Después del cierre, las elecciones colocaron a dos congresistas abiertamente gays, Alberto de Belaunde y Miguel Gonzales, ambos del Partido Morado. Quedaron fuera de juego las candidatas de la izquierda Gabriela Salvador (Frente Amplio) y Gahela Tseneg Cari (Juntos por el Perú). Ambas, de identidades lésbica y trans, respectivamente, vuelven a candidatear en esas elecciones.

Gabriela Salvador: visibilizar las violencias

Gabriela Salvador (36) es abogada, especialista en medioambiente, y en estas elecciones dio un salto ideológico pues del Frente Amplio se pasó al Partido Morado. El motivo fue la denuncia de acoso laboral del congresista Lenin Checco, con quien trabajaba como asesora.

 Sus propuestas respecto a la población LGTBIQ+ son las mismas con las que postuló en enero del 2020: ley de matrimonio igualitario y ley de identidad de género, que siguen estancadas en las diversas legislaturas. También la fiscalización y control en materia de género con prioridad en establecer indicadores que visibilicen la discriminación y la violencia.

Gahela Tseneg Cari Contreras: transfeminista y campesina por una nueva Constitución

Gahela Tseneg Cari Contreras tiene 28 años y es bachiller en Derecho, originaria de la provincia de Ica y postula por Lima por segunda vez con Juntos por el Perú, el partido liderado por la candidata Verónika Mendoza. Es reconocida como una importante activista trans que también lleva la identidad afrodescendiente e indígena. Sus propuestas son las mismas que las de las candidatas del Partido Morado (matrimonio igualitario, ley de identidad de género, crímenes de odio, políticas dirigidas a la comunidad LGTBIQ+), con la diferencia de que su partido, a diferencia del Morado, busca el cambio del modelo económico neoliberal presente en Perú desde hace al menos dos décadas.  Este modelo privatizó los servicios básicos y encareció el acceso a educación y salud, las dos áreas más golpeadas por la pandemia, que ha convertido al país en uno con la mayor cantidad de muertes por covid-19. Este cambio de modelo implica una nueva Constitución que deje atrás la Constitución fujimorista de 1993.

Susel Paredes: una política de larga data

Susel Paredes es una experimentada política, abogada y activista lesbiana que ha tenido diversos cargos en partidos políticos, de izquierda y de derecha.  Fue secretaria general del Partido Socialista hasta congresista n° 1 del Partido Morado, pasando por Fuerza Social, liderado por la hoy presa exalcaldesa Susana Villarán, de la que fue su gerenta de Fiscalización en Lima Metropolitana. También fue asesora del Ministerio del Interior, gerenta de Fiscalización y Seguridad Ciudadana del distrito de La Victoria (con el ahora candidato a la presidencia George Forsyth) y del distrito de Magdalena del Mar. Ha postulado al Congreso con el Partido Socialista, con Fuerza Social, tuvo acercamientos con el Frente Amplio y Somos Perú, y ahora postula por el Partido Morado, con grandes posibilidades de ocupar una curul por el número que ostenta. Paredes y su esposa Graciela Aljovín mantienen un proceso judicial con el Estado peruano para que se reconozca su matrimonio realizado en Estados Unidos en 2016.

Alejandro Cavero: sin grandes propuestas para la comunidad LGBT+

Alejandro Cavero (28), joven abogado que se ha dedicado al periodismo político y como asesor en la Presidencia del Consejo de Ministros y el Congreso. Postula por el partido de derecha Avanza País, liderado por el economista Hernando de Soto.  Cavero defiende el modelo económico vigente: está en contra de gravar con más impuestos a las empresas que ganan más y aunque en su página web reconoce abiertamente ser parte de la población LGTBIQ+, pocas han sido sus propuestas para su comunidad. En un debate con la candidata Gabriela Salvador, mientras ésta señaló que apuesta por el matrimonio igualitario, él remarcó que apoya la unión civil, sin mencionar el matrimonio.

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Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI 2021, Alberto de Belaunde, Alejandro Cavero, Candidatos/as/es LGTBI, Congreso, Elecciones, Gabriela Salvador, Gahela Tseneg Cari Contreras, Miguel Gonzales, Perú, Susel Paredes

OPINIÓN:

Por Vero Ferrari

El 26 de enero fueron las elecciones extraordinarias para escoger a los congresistas que completarían el año y medio que falta del periodo parlamentario luego de la disolución del Congreso a fines de octubre del 2019. En Lima postulaban cuatro candidatxs abiertamente LGTBI, Gabriela Salvador (lesbiana), Carlos Polo (gay), Gahela Tseneg Cari Contreras (trans) y Alberto de Belaunde (gay). De estos, solo el último pudo llegar a entrar y convertirse en congresista por el Partido Morado. De Belaunde también se convirtió en el segundo congresista más votado con más de 233 mil votos hasta el momento que se siguen contabilizando las actas de votación debido a su buen desempeño como congresista anteriormente.

Por la región del Callao fue elegido Miguel Gonzales del Partido Morado, con más de 10 mil votos, quien también es abiertamente gay y ha trabajado por varios años como capacitador en temas de VIH-Sida en la organización Sí da Vida.

Ellos dos son los únicos representantes LGTBI que tendremos en el Congreso, de 130 congresistas, en un panorama incierto para nuestra población que hasta el momento no ha visto ninguna de sus demandas aprobadas. El Parlamento quedó tomado por una derecha fraccionada que en lo que menos está interesada es en garantizar los derechos de las poblaciones vulnerabilizadas como la LGTBI. Lleva la consigna de que hay cuestiones “más importantes” que resolver como la reforma de justicia, que sirven siempre como excusa para no legislar a nuestro favor y postergarnos históricamente.]

Las tres fuerzas políticas más importantes que han logrado la mayor cantidad de congresistas coinciden, a pesar de sus grandes diferencias, en el desinterés por la comunidad LGTBI: Acción Popular (25), Alianza por el Progreso (22) y el Frente Popular Agrícola Fia del Perú-Frepap (15), un partido de derecha católica tradicional, un partido de derecha emergente y un movimiento religioso, respectivamente. Este último partido es el que más sorpresas puede traer porque, a pesar de no llevar una agenda conservadora y de no haberse unido a los grupos fundamentalistas que avivaban campañas de odio hacia los LGTBI lo últimos años, sí tienen una apuesta moralizadora y uno de sus congresistas salió a decir que los homosexuales teníamos “el mal enquistado en el cuerpo y en la sangre”, disculpándose luego la dirigencia del Frepap por ello, y señalando que respetan la igualdad y la Constitución.

Frente a ellos, la izquierda, con el Frente Amplio, tiene una representación mínima, con nueve congresistas, de los cuales ninguno ha tomado la bandera LGTBI como suya en campaña, pero que sí forma parte de su plan de gobierno por lo que, por lo menos, se les puede exigir su cumplimiento.

Para celebrar, porque algo siempre podemos celebrar, los partidos que llevaban a lxs candidatxs más conservadores, gracias a una campaña racista, homofóbica y misógina, además de su pasado ligado a la corrupción y al fujimorismo, no lograron pasar la valla del 5% de votos para colocar congresistas, por lo que nos hemos librado de los antiderechos más recalcitrantes y representantes de la campaña de desinformación “Con mis hijos no te metas”: Beatriz Mejía (Avanza País), Justo Balmaceda (Contigo), y Rosa Bartra y Nelly Cuadros (Solidaridad Nacional), que incluso proponían penalizar a las mujeres que abortaran, y buscaban posicionarse como el “bolsonarismo” peruano.

En ese sentido, el 2020 será un año más de sequía para el movimiento LGTBI, pero que puede servir para fortalecer la lucha por la representación el 2021 que se vienen las elecciones presidenciales.

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Alberto de Belaunde, Carlos Polo, Derecha, Elecciones, Frente Amplio, Gabriela Salvador, Gahela Tseneg Cari, Izquierda, Juntos por el Perú, Partido Morado, Perú

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Nuevo triunfo judicial en Perú. La conocida activista Susel Paredes y su esposa Gracia Aljovín, que se casaron en Estados Unidos en 2016, han visto reconocido su matrimonio por el 11º Juzgado Constitucional de Lima después de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) rechazara su inscripción. La batalla judicial está lejos de haber finalizado, pero la pareja ya ha advertido que piensa llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata del segundo matrimonio del mismo sexo celebrado por ciudadanos peruanos en el extranjero sobre el que la justicia de su país debe decidir: el primer caso, el de Óscar Ugarteche y Fidel Aroche, está ya en manos del Tribunal Constitucional.

Susel Paredes y Gracia Aljovín contrajeron matrimonio en Miami (Florida, Estados Unidos) en agosto de 2016, y como cualquier otra pareja de ciudadanos peruanos casada en el extranjero solicitaron su reconocimiento e inscripción en Perú de acuerdo a lo que marca el libro X del Código Civil peruano, referido al Derecho Internacional privado. El RENIEC, sin embargo, la denegó, argumentando que la Constitución peruana no reconoce de forma expresa el matrimonio entre personas del mismo sexo (lo cierto es que no hace mención al sexo de los contrayentes) y que el Código Civil, norma de rango inferior a la Constitución, define en su artículo 234 (libro III) al matrimonio como «la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer».

La pareja interpuso la correspondiente demanda de amparo ante la justicia, y ahora el 11º Juzgado Constitucional les ha dado la razón, argumentando que «aun cuando el Código Civil es una norma cronológicamente anterior a la Constitución vigente, debe observarse que tanto la actual Constitución, como la de 1979, en este extremo de la diferencia de sexos de los contrayentes, no hace precisión alguna».

Cabe señalar que la batalla judicial no termina aquí. Nadie duda que el RENIEC apelará y el caso se elevará a una instancia superior, llegando previsiblemente hasta la Corte Constitucional. Paredes y Aljovín, en cualquier caso, están dispuestas a llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por lo pronto, cuentan ya con el apoyo de la Defensoría del Pueblo de Perú, que en un mensaje en redes sociales ha señalado que el fallo judicial que ordena reconocer el matrimonio «coincide con lo señalado por nuestra institución, en que son derechos de las personas del mismo sexo constituir una familia y contraer matrimonio».

Es importante tener en cuenta, en este sentido, la opinión consultiva que hacía pública en enero de 2018 este organismo, a requerimiento de Costa Rica, y que considera que los países bajo su jurisdicción deben garantizar tanto el matrimonio igualitario como el derecho de las personas trans al reconocimiento jurídico de su identidad de género. Perú es uno de los estados que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana, y aunque la opinión de esta no marca plazos de obligado cumplimiento resulta obvio que un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Perú contrario al reconocimiento del matrimonio entre Paredes y Aljovín supondría todo un desafío.

El precedente del matrimonio entre Óscar Ugarteche y Fidel Aroche

Hay que tener en cuenta, además, que el Tribunal Constitucional de Perú ya tiene sobre la mesa la demanda de Óscar Ugarteche (otro destacado activista) y Fidel Aroche, cuyo matrimonio, celebrado en este caso en México, el RENIEC rechazó inscribir. El asunto recayó en el 7º Juzgado Constitucional de Lima, que en diciembre de 2016 emitió una sentencia favorable a la pareja de la que nos hicimos eco en su momento. El RENIEC, sin embargo, recurrió la sentencia. Y aunque en un primer momento la justicia desestimó el recurso alegando una cuestión formal referida a los plazos de presentación, la pareja elevó el caso al Tribunal Constitucional, que el pasado mes de junio escuchó sus argumentos sin que por el momento se haya pronunciado.

Una decisión favorable, ya sea a la demanda de Ugarteche y Aroche o a la de Paredes y Aljovín (en cuyo caso ni siquiera existe el supuesto defecto formal atribuido a la demanda de los primeros) marcaría un precedente de gran importancia, dado que el avance de los derechos LGTB en Perú se encuentra estancada a nivel político. Sucesivos intentos de reconocer jurídicamente las parejas del mismo sexo han fracasado. Es cierto que en diciembre de 2016 los diputados Carlos Bruce y Alberto de Belaunde presentaron un proyecto de ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo. Semanas después, un grupo aún más amplio de diputados (entre ellos también Bruce y Belaunde) presentaron proyecto de ley matrimonio igualitario. Pero ninguno de los dos cuenta con posibilidades de aprobación en la actual coyuntura política peruana, donde la presión de los grupos religiosos (tanto Iglesia católica como los minoritarios pero pujantes grupos evangélicos) contra cualquier iniciativa que suponga un mínimo avance de los derechos LGTB es muy fuerte. Buen ejemplo de ellos son las movilizaciones del movimiento «Con mis hijos no te metas» contra cualquier iniciativa que suponga la inclusión de de un enfoque de género en las aulas peruanas.

«Que nos traten como iguales en dignidad y derechos»

«Tenemos un largo camino todavía, pero mucha esperanza, ilusión y fuerzas», escribe Susel Paredes en una columna publicada en Perú 21 que la activista titula Perú, un país de gente feliz. «La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 1 dice: ‘Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros’. Asimismo, la Constitución Política del Perú dice en su artículo 1: ‘La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado’», continúa Paredes.

«Lo que reclamamos como comunidad LTGBI es exactamente eso, que nos traten como iguales en dignidad y derechos, y así como pagamos nuestros impuestos, exigimos al Estado que reconozca nuestros derechos. Pero más allá de la ley, a lo que aspiramos, mi compañera y yo, es a vivir en una sociedad donde la gente sea feliz, y hacer un país de gente feliz construyendo un país próspero», finaliza.

Ojalá el largo camino iniciado por Paredes, Ugarteche y sus respectivos cónyuges se vea finalmente recompensado. Estaremos atentos.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Constitucional de Perú deberá decidir sobre la demanda de Óscar Ugarteche y Fidel Aroche, a los que un tribunal reconoció su derecho a ver inscrito su matrimonio, celebrado en México, algo a lo que se niega el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). El pasado miércoles los magistrados del alto tribunal peruano escucharon los argumentos de la pareja.

Ugarteche (ciudadano peruano) y Aroche (ciudadano mexicano) se casaron en 2010 en Ciudad de México. En enero de 2012 Ugarteche solicitó al RENIEC la inscripción de su matrimonio en Perú, siguiendo exactamente el mismo procedimiento que si hubiese sido entre personas de distinto sexo. Sin embargo, en su caso, el RENIEC la consideró improcedente. Óscar Ugarteche recurrió judicialmente, al considerar que la negativa violaba sus derechos constitucionales a la  igualdad y la no discriminación. Y es que Ugarteche sabe bien lo que tiene entre manos: se trata de un destacado economista, que ejerce la docencia universitaria tanto en Perú como en otros países, y que fue uno de los fundadores del histórico Movimiento Homosexual de Lima (MHOL).

El asunto recayó en el 7º Juzgado Constitucional de Lima, que en diciembre de 2016 emitió una importantísima sentencia de la que nos hicimos eco en su momento. La sentencia (a la que puedes acceder aquí) detallaba 35 considerandos según los cuales la demanda estaba plenamente fundada y ordenaba al RENIEC la inscripción del matrimonio. El RENIEC, sin embargo, recurrió la sentencia. Hace unos meses, la 4ª Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima la anulaba argumentando que Ugarteche había presentado su demanda de amparo contra el RENIEC seis días después de vencer el plazo legal (el 12 de diciembre de 2012 en lugar del 6 de diciembre). Pese a que Ugarteche argumentó que no pudo hacerlo hasta ese día debido a que se encontraba fuera del país y que la persona que recibió la notificación correspondiente no era su apoderado legal ni tenía poder para intervenir en su nombre, la Corte Superior de Justicia de Lima aprovechó para dar carpetazo al proceso sin molestarse en dar argumentos.

Finalmente, la defensa de Ugarteche ha llevado el caso al Tribunal Constitucional, para que este se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. «No se está pidiendo que se celebre un matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que se está pidiendo el reconocimiento de un matrimonio que ya se celebró en un país donde esto es legal, y por tanto tiene que inscribirse aquí y generar los derechos correspondientes», ha insistido el abogado de la pareja, Javier Mújica. El pasado miércoles presentaron los alegatos ante el alto tribunal, que deberá decidir sobre el caso en próximas semanas.

Una decisión favorable marcaría un precedente de gran importancia, dado que el avance de los derechos LGTB en Perú se encuentra estancada a nivel político. Sucesivos intentos de reconocer jurídicamente las parejas del mismo sexo han fracasado. Es cierto que en diciembre de 2016 los diputados Carlos Bruce y Alberto de Belaunde presentaron un proyecto de ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo. Semanas después, un grupo aún más amplio de diputados (entre ellos también Bruce y Belaunde) presentaron proyecto de ley matrimonio igualitario. Pero ninguno de los dos parece contar con posibilidades de aprobación en la actual coyuntura política peruana, donde la presión de los grupos religiosos (tanto Iglesia católica como los minoritarios pero pujantes grupos evangélicos) contra cualquier iniciativa que suponga un mínimo avance de los derechos LGTB es muy fuerte. Buen ejemplo de ellos son las movilizaciones del movimiento «Con mis hijos no te metas» contra cualquier iniciativa que suponga la inclusión de de un enfoque de género en las aulas peruanas.

Otro factor a tener en cuenta es la opinión consultiva que hacía pública en enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a requerimiento de Costa Rica, y que considera que los países bajo su jurisdicción deben garantizar tanto el matrimonio igualitario como el derecho de las personas trans al reconocimiento jurídico de su identidad de género. Perú es uno de los estados que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana, y aunque la opinión de esta no marca plazos de obligado cumplimiento resulta obvio que un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Perú contrario al reconocimiento del matrimonio de Ugarteche y Aroche supondría todo un desafío.

Estaremos muy atentos a lo que suceda.

Fuentes Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Alberto de Belaunde, Carlos Bruce, Con mis hijos no te metas, Discriminación, Fidel Aroche, Homofobia, LGTBfobia, Matrimonio, México, Óscar Ugarteche, Perú, RENIEC, Tribunal Constitucional de Perú

Robledo con Macri

¿Se puede hablar de una neoliberalización y elitización de lo gay en nuestra región? ¿Es contradictorio ser gay y ser de derecha? El periodista, escritor y performer Lucas Gutiérrez responde con tres perfiles de dirigentes políticos de Perú, Chile y Argentina que eligieron partidos conservadores.

Por Lucas Gutiérrez

Hasta 2013 Pedro Píter Robledo era un militante de la juventud PRO, estudiante de derecho en la Universidad de Buenos Aires y ferviente seguidor de quien luego sería el presidente argentino, Mauricio Macri. Era uno de diez hermanos nacido y criado en el seno de una familia del Opus Dei, y vivía en el acomodado barrio de San Isidro.

Robledo con Cristina Fernández

Esto cambió cuando en una fiesta privada en la que estaba con su novio de entonces un grupo de jóvenes le pegó al grito de: “El Papa es argentino, no pueden haber putos argentinos”. El hecho le dio un destaque mediático que el pibe promesa del PRO supo aprovechar. Tanto, que hasta la entonces presidenta Cristina Fernández, parada muy de la vereda de enfrente de las ideas de Píter, lo invitó a charlar. Entonces entendió que le convenía tener a mano una buena frase polémica: “Me gustaría ser el primer presidente gay argentino”.

La pronunció en una entrevista con Agenda Social TV, en la que, además de expresar su deseo de ocupar el sillón de Rivadavia, contó que hasta los 18 había creído que “la homosexualidad era un pecado y un crimen”. Él, que jugaba al rugby y tuvo tres novias, explica que salir del closet en su contexto familiar y político fue muy duro. Así que, unos meses antes de la agresión, decidió contarle la novedad a la matriarca a través de un mail mientras vacacionaba con su novio en Nueva York. Y aunque ella no se lo tomó muy bien al principio, la firma materna tatuada en el antebrazo de Píter demuestra que hoy están bien.

Para él la izquierda y la derecha son conceptos viejos, anacrónicos. “Prefiero ser un cheto y no un popular que la mira desde Puerto Madero”, le decía a revista Playboy hace unos meses, en una entrevista con Hernán Panessi. Robledo considera al PRO un espacio progresista. El año pasado le comentaba al medio digital politicargentina.com que “uno no puede negar que nuestra historia política nació como una fuerza de derecha conservadora. Ahora, me parece que la batalla más linda que hemos dado muchos jóvenes en nuestro partido fue haber podido torcer ese timón”.

Mientras que Píter lanza estas ideas frescas, la que parece difícil de timonear es la vicepresidenta argentina y dirigente del partido PRO, Gabriela Michetti, quien estuvo ausente durante la votación de la Ley de Identidad de Género y votó en contra del matrimonio igualitario. “No voté la ley de matrimonio igualitario porque me hacía ruido, pensé en los hijos que podían adoptar”, dijo en su momento.

Actualmente, Píter es subsecretario nacional de Juventud PRO y coordina el plan Acá Estamos, que busca brindar recursos educativos y laborales en los barrios más bajos en recursos del conurbano bonaerense. “Ellos usaban dinero del Estado para hacer política partidaria”, dice, acusando de clientelismo a la gestión anterior. Cuando el diario La Nación explicó que los empleados de Acá Estamos cobraban un sueldo para visitar a los vecinos y atender sus necesidades, Cristina Fernández tuiteó que eran “militancia rentada”. La respuesta de Robledo fue en video: “Nosotros, Cristina, usamos pecheras para identificarnos como integrantes del Gobierno, porque nosotros alcanzamos a la gente recursos del Estado”, mientras en el graph decía “integrantes del Estado”: la diferencia Estado-Gobierno parece no estar tan clara.

Robledo con Evita

Es que ahora Robledo pasea su elegancia de yuppie filantrópico por los barrios más carenciados, donde el voto al peronismo, el partido rival, es fuerte. En su despacho, una foto de Evita y otra de él con Macri hablan de la versatilidad política del muchacho que hasta invitó a un partido neonazi a la Casa Rosada. “¿Cómo, cómo, cómo?”, pensará quien lea esto. Tranquilos. Fue un error de la gente de recepción que los dejó pasar porque se anunciaron como un partido vecinal, aclaró el subsecretario.

“Yo también fui a marchas y nunca quise romper el espacio público. Nunca traté de romper la Catedral, ni traté de romper el Obelisco. Si una manifestación puede servir de excusa para cagarme en todo, eso yo tampoco lo quiero para mi país”, dice en una entrevista. Hoy, en Argentina, si alguien escribe en una pared “Basta de Femicidios”, la mitad de la población piensa en políticas al Estado y la otra llora por las paredes afectadas.

“Es como la marcha del orgullo LGBT. Si vos en el discurso tenés a una persona que de 30 minutos usa 25 para hablar mal de Macri, es la marcha contra Macri. Yo estuve en la Marcha del Orgullo de Madrid, que me invitaron, donde todos estaban de acuerdo en celebrar la diversidad de ideas”, explicaba Robledo. Fue en agosto; en noviembre nos enteramos de que el Gobierno Nacional negaría los fondos para el escenario de la Marcha del Orgullo 2017. ¿La cara gay del PRO salió a reclamar por la celebración del orgullo, que lejos de ser un banal desfile, es una reivindicación de nuestras identidades ante tanto odio recibido? No.

Robledo podrá no decirse de derecha, pero a la izquierda no llega ni dando la vuelta al mundo para aparecer del otro lado. En todo caso, que el viaje no lo lleve por Cuba, de donde lo deportaron en 2013 acusado de intentar un atentado terrorista: “Lloré muchísmo por la impotencia de sentir la falta de libertad. En la verdadera Cuba, que no es la de los habanos y el ron que vemos los turistas, se siente claustrofobia”, dice por radio un político que tal vez no conozca la claustrofobia que siente una travesti en la Buenos Aires lejana a los bares y hoteles gay friendly.

Pero, ¿cómo plantearle la cuestión a un político que se dice progresista pero que cuando habla hace resonar grietas? Por ejemplo, la vez en que se refirió a la marihuana y dijo que “una cosa es el fin recreativo donde [es usuario] un pibe o piba que tiene una condición de clase media, que tiene un laburo, que puede ir a la escuela o a la facultad, y otra cosa es lo que pasa en barrios de extrema vulnerabilidad”, por lo que en esas condiciones de precariedad al fumar marihuana y no tener un proyecto, “podés entrar en un camino que es peligroso para la salud y el espíritu”.

El espíritu que no le preocupa tanto es el de los más de 25 empleados que despidió el Ministerio de Desarrollo Social cuando asumió. Meses antes de que terminaran sus contratos, el secretario de la juventud dijo que no quería que la subsecretaría se convirtiera en un local partidario de La Cámpora (la juventud kirchnerista) ni del PRO. Luego de los despidos, y en medio de polémicas por las altas cifras de su sueldo, incorporó militantes y simpatizantes del PRO. Y claro, de nuevo fue el eje de la polémica.

Hay temas sobre los que Robledo no se pronuncia. Es el caso del protocolo emitido por el Ministerio de Seguridad que explica cómo deberán actuar las fuerzas de seguridad al momento de detener personas LGBT+. Él, que alguna vez fue coordinador de diversidad de la Fundación Pensar, usina de ideas del macrismo, dejó a varios a la espera de sus declaraciones.

Tal vez Píter siga pensando que #MauricioEsRevolución (fue el hashtag que usó cuando posó para sus redes en la casa del Che Guevara). Él apoya esta revolución de la alegría que ignora el reclamo de todo lo que está por fuera de lo gay, allá donde reside lo trava, torta, marica, no ABC1.

En 2016 Píter visitó al Papa Francisco, ese que fue invocado en la golpiza que lo llevó a los medios, y le dijo: “El Gobierno no representa a la derecha en la Argentina”. El político que aspiraba a la presidencia dijo entonces que prefería ir por la jefatura porteña. ¿Los motivos para el cambio de horizonte? “Es medio aburrido el trabajo de ser presidente. Te mandan de evento en evento, de acto en acto, tenés que decidir”, explicó Píter.

Apellido y meritocracia

Luis Larraín con Piñera

En 2009 el candidato a la presidencia de Chile Sebastián Piñera se mostró en campaña junto a adultos mayores, una persona en silla de ruedas, otra con síndrome de down y, entre otros, una pareja de varones de la mano. Uno de ellos lo abrazaba y decía: “Será nuestra voz”. A la polémica de un candidato de derecha acercándose a la diversidad, se le sumó que el joven parlante era el hijo de Luis Larraín Arroyo, hombre de la derecha tradicional chilena y fundador del Instituto Libertad y Desarrollo. Ese joven era Luis Larraín.

Pero luego de ganar, Sebastián Piñera no cumplió, no se jugó. Hoy su postura es promover un acuerdo de vida en pareja que no altere la esencia del matrimonio, que para él es algo que sólo se da entre hombre y mujer. Y ante la adopción homoparental comentó al diario La Tercera: “Lo mejor para el niño es que la familia que lo adopte tenga la figura de un padre y de una madre; ahora, no siempre se encuentra esa familia”. Piñera, tras su segunda presidencia en 2017, es el político que acepta la diversidad por descarte.

“Una foto con Piñera sería ir en contra de todo lo que he luchado”, dijo Luis. Sin embargo, inscripto como aspirante a diputado por el partido Evópoli (de Evolución Política: derecha liberal liderada por el joven Felipe Kast), fue testigo de la alianza de este con la ultraconservadora y pinochetista Unión Demócrata Independiente, que presentó a Sebastián Piñera como candidato al Palacio de La Moneda. Larraín aseguró que no votaría por Piñera y lanzó su postulación como independiente. En su web Luis se dice parte de un proyecto político de centro liberal, Ciudadanos, pero lo cierto es que al momento de votar, lo hizo bajo el ala de Piñera.

Nacido en una familia de políticos conservadores y prósperos, Luis Larraín prefirió que su psicólogo le explicara al patriarca familiar que la homosexualidad era algo normal. Cuenta que el primer año fue duro. Antes de graduarse de ingeniero civil probó suerte como actor y también como modelo. Luego trabajó para el gobierno chileno. Salir del closet y todo lo que esto trajo lo hizo acercarse al escritor Pablo Simonetti y en 2011 crearon Iguales, una fundación para promover los derechos de la diversidad.

En diciembre de 2016, Larraín dejó la fundación para lanzarse como el primer activista abiertamente gay en llegar al Congreso. Con ideas revolucionarias para su nido de derecha, pero con bastante de pinkwashing (o “lavado rosa”, “lavado de ideas”) si se las mira desde la disidencia sexual, avanzó junto a la derecha más recalcitrante de Chile al tiempo que afirmaba que no votaría por ella.

Si vas por las calles de Chile taconeando tu mariconería y preguntás por Iguales, alguna plumífera pajarraca lemebeliana te dirá que es “activismo de alfombra roja”. Muy elitista. Y a Larraín te lo nombrarán acompañado del adjetivo “cuico” (cursi y con dinero). Para Larraín, algunos activistas históricos tienen una visión muy miope y autoritaria del asunto: “Muchos son de izquierda y no comparten el enfoque que le dimos a Iguales, porque yo soy de ideas liberales. Pero en general, sus críticas siempre me han parecido bastante torpes”, dijo cuando lo entrevistaron para la agencia Presentes.

Larraín padre, (UDI) y Larraín hijo

Resulta que los de la visión miope y crítica torpe en su mayoría son los hijos y nietos de las nanas (niñeras) de los activistas modelo Larraín. “A mí me parece una buena noticia que viniendo de mundos opuestos, con visiones políticas distintas, exista la posibilidad de trabajar por un fin común, pero esta mirada más disidente ve las cosas al revés. Cuando uno quiere que algo realmente avance, en este caso los temas de la diversidad sexual, la estrategia correcta es querer que el mayor número posible de personas se adhieran a la causa, no criticar para dividir”, dijo a Presentes.

Otra de sus preocupaciones de campaña es la Ley de Identidad de Género. Su aprobación en el Senado dejó pendientes grandes temas, como el acceso a algunas medidas en menores de 18 años, e impuso como requisito exámenes psiquiátricos. “Lo considero patologizante”, explica Luis. Considera que esta ley es de urgencia, incluso más que la de matrimonio igualitario.

El candidato nos salió millenial. Tanto es así que hizo campaña en la app de levante Tinder y en su par gay, Grindr. Si hasta lo podemos ver con remeras y broches con su propio nombre adonde quiera que vaya, tal como si luciera una etiqueta no virtual de Facebook o Instagram. La última polémica 2.0 en la que se vio envuelto fue por sacarse una foto imitando la afeminada postura de una pegatina que parodia al fallecido jurista Jaime Guzmán. La homosexualidad de Guzmán, fundador de la UDI, fue un incomprobable secreto a voces. Esta foto en redes enardeció a la cúpula del partido, que envió una carta quejándose del candidato independiente. Evópoli respondió a la misiva llamándole la atención a Larraín e invocando al futuro triunfo de Piñera.

Antes de esto, Larraín había polemizado con el otro extremo del espectro: “Cuando los comunistas tienen más plata que los ‘malditos oligarcas burgueses dueños de Chile”, tuiteó, y adjuntó una noticia que mostraba el patrimonio de sus competidores electorales por el distrito 10, entre los que estaba la militante del Partido Comunista Julia Urquieta. Twitter trinó como pterodáctilo recordándole a Luis dónde había nacido y con qué privilegios. Su respuesta: “El problema no es ella, sino los cientos de trolls que nos insultan por el apellido o por la supuesta fortuna”.

El tema de las clases es un tópico que siempre orbita a Larraín. Si leemos su charla con hogardecristo.cl, encontraremos esto: “Tuve una suerte infinita de haber nacido en la familia que nací, haber ido al colegio y a la universidad que fui, haber tenido las redes y el capital cultural que tengo. Lo que me carga es que la comuna en que naciste o el apellido que tienes determine tu futuro al margen de tu mérito y capacidad. Así es Chile; quisiera que fuera distinto”.

La vida de Luis Larraín no es tan soñada como parece. Paciente crónico de una enfermedad renal genética, fue sometido dos veces a trasplantes. La segunda vez el donante fue su hermano sacerdote. El sistema médico también es parte central de su activismo: “Falta que los enfermos nos aliemos y demandemos cambios, porque parece que el Estado está más enfocado en cuidarles el bolsillo a los laboratorios y a las farmacias”.

El lunes 20 de noviembre de 2017, Chile amanecía con la noticia de que, a pesar de obtener mayoría de votos, Piñera igual debería ir al balotaje. Y en Twitter Luis Larraín felicitó a los vencedores en el distrito 10. Esta vez, no alcanzó.

Quizás para comprender las contradicciones de Luis Larraín sirva observar la obra del artista plástico gay, mapuche y feminista Sebastián Calfuqueo. Una de sus instalaciones muestra multicolores ponis de cerámica simulando una marcha del orgullo. Los de adelante están desinflados, no tienen contenido y, sin embargo, marchan al frente, los de atrás tienen mucho adentro. Correspondencias: en la marcha del orgullo chilena agrupaciones como Iguales marchan al frente, y al fondo, bien por detrás, la disidencia.

El arcoíris y más allá

Tiene 31 años, es congresista de Peruanos Por el Kambio (PPK) y abiertamente gay. Su sexualidad nunca fue un tema de debate durante la campaña. Alberto de Belaunde salió oficialmente del closet luego de julio de 2016, cuando juró para su cargo. “Tengo pareja desde hace cinco años. Cuando se habla del tema patrimonial, lo que quiero es unirme y que el Estado me reconozca”, dijo al aire en RPP TV. No lo hizo en tono confesional ni marketinero. Simplemente contó quién era.

De Belaunde, junto al congresista también abiertamente gay Carlos Bruce, presentó un proyecto de unión civil en Perú; un estudio de febrero de 2017 revelaba que un 68% de la población del país rechazaba ese tipo de uniones. La sociedad puede ser hostil, pero el contexto familiar de De Belaunde, no. De hecho, su padre, Javier de Belaunde López Romaña, sobrino del ex presidente Fernando Belaunde Terry, fue el abogado que redactó la minuta que en 1982 creó el Movimiento Homosexual de Lima. “Tengo una familia bastante progresista y liberal”, dice Alberto.

En abril de 2017, gracias al voto de diez congresales fujimoristas, se recomendó derogar parte del Decreto Legislativo No 1323. Este modificaba el Código Penal, incluyendo, entre otros motivos, la orientación sexual y la identidad de género como agravantes en el caso de delitos de intolerancia o discriminación. Estos términos son los que pidieron quitar. Tras la derogación, De Belaunde dijo al diario Perú21: “Lamento mucho la decisión tomada por Fuerza Popular. Se ha retrocedido en el principal avance que había conseguido la comunidad LGBT en cuanto a protección de derechos en la historia del país. Era importantísimo”.

Amnistía Internacional y Naciones Unidas expresaron su preocupación por la derogación. Quienes respiraron aliviados y le dieron gracias al gobierno, Dios y cuanta virgen exista, fueron los del colectivo #ConMisHijosNoTeMetas. Según el portal de noticias Acción Católica de Informaciones, en enero más de un millón y medio de peruanos marchó contra el decreto, al que consideraban una “ley mordaza” para quienes se proclaman contra la agenda gay.

De Belaunde denunció que, además, se retirara el término “enfoque de género” del Decreto Legislativo Nº 1266, que rige la ley de organización y funciones del Ministerio del Interior en materia de seguridad ciudadana. “Acá hay una ofensiva ultraconservadora para traerse abajo los decretos”, dijo el congresista al diario El Comercio.

Mercedes Araóz pertenece a PPK, es presidenta del Consejo de Ministros, segunda vicepresidenta y congresista de Perú. Durante la campaña presidencial arremetió contra los muchos que dicen que PPK es un partido de derecha ultraliberal: “somos un centro que plantea cambios económicos”, dijo al canal N.

Pedro Pablo Kuczynski, fundador de PPK, partido al que le puso sus propias iniciales, venció en las presidenciales a Keiko Fujimori en 2016 y recibió la banda con los colores y escudo de Perú.

¿Está de acuerdo con el matrimonio igualitario?

No.

Así respondía Kuczynski en una entrevista con el portal de noticias Trome. El presidente considera que sus posturas no chocan con las de la mayoría conservadora del país. “Yo soy una persona religiosa”, aclara.

En el equipo de ese presidente juega De Belaunde. La comisión Lava Jato, que, a partir del escándalo de corrupción brasileño analiza casos de lavado de dinero, busca reunirse con Kuczynski. “Existe la voluntad del presidente de poder aclarar cualquier duda que exista, por eso se ha comprometido a responder las inquietudes de manera escrita”, declara el congresista a los medios. En este, y en varios casos, se lo puede ver a De Belaunde dando la cara por PPK.

“No basta con ser gay, hay que ser gay y algo más”, decía De Belaunde, citando a Pedro Lemebel, en una entrevista con Presentes. Porque si algo tiene en claro es que ser LGBTI no es garantía de ser buen político. Con esta base, Alberto buscó 13 autoridades políticas que “más allá del dato común de ser abiertamente LGBT, tuviesen una línea coherente de trabajo público y un compromiso con la causa particular de los derechos humanos que se vea bien reflejada en otras causas”. Las entrevistó y con el material escribió un libro.

Más allá del arco iris es un recorrido sin los zapatos mágicos de Dorothy por una Oz latinoamericana. Entre las entrevistadas se encuentra Luisa Revilla, la primera concejal trans, quien apoyó abiertamente a Keiko Fujimori. “Yo me he centrado mucho en ver cómo Luisa se ha desarrollado como autoridad y he encontrado una línea de coherencia e intento de articular con los movimientos LGBT más organizados en su función como concejal”, explica De Belaunde.

Este congresista gay miraflorino sabe que habla desde cierto privilegio. Sabe que las discriminaciones que pudo haber vivido nunca serán las mismas que vive una persona gay, afro y nacida en una zona pobre. “La discriminación es interseccional”, decía en septiembre a Presentes. A veces, cuando lo cuestionan, le espetan que es un congresista de un solo tema. “Se me intenta encasillar para caricaturizarme y al caricaturizarme tienes un interlocutor al cual ya no tienes que responderle. Esa es la estrategia a la cual hay que enfrentarse”, responde De Belaunde.

[Nota de edición: tras la preparación de este artículo De Belaunde renunció a su banca el 26 de diciembre de 2017, en protesta por el indulto presidencial concedido a Alberto Fujimori.]

Fuente Lento, vía SentidoG

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Ya lo temíamos el pasado Abril…

Desde Perú nos llegan malas noticias. A comienzos de año, en este país se aprobó un decreto legislativo que modificaba el Código Penal con el objetivo de fortalecer la lucha contra la discrimación a causa de la orientación sexual, entre otros muchos supuestos como la violencia familiar o la violencia de género.

Ahora, Perú ha dado un pasó atrás tras la votación celebrada en el Congreso de este país que ha permitido derogar el Decreto Legislativo 1323, justo el que permitía endurecer las penas para los crímenes de odio y violencia de género, además de brindar protección a los ciudadanos LGBTI peruanos.

La iniciativa presentada con firmas de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y el APRA ha salido adelante por 63 votos a favor, frente a 29 votos que han votado contra su supresión ¿El argumento para derogarlo? Según el presidente de la comisión de Constitución del Congreso peruano, el fujimorista Miguel Torres, el decreto superaba las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo. Una excusa como otra cualquiera para dejar sin la tan necesaria protección al colectivo LGBT peruano.

Un auténtico pasa atrás como afirmaba en su Twitter, el legislador de la bancada de Peruanos Por el Kambio, Alberto de Belaunde, quien lamentó la decisión del pleno y dijo que esa medida va en contra del avance logrado en materia de defensa de derechos humanos de las personas LGTB.

Y mientras la región sigue avanzando, hoy en el Perú hemos retrocedido: Congreso decidió derogar protección a población LGTB pic.twitter.com/M19YnMD7bC

— Alberto de Belaunde (@AlbertoBelaunde) 5 de mayo de 2017

El debate sobre el DL 1323 fue criticado por usuarios y congresistas en la redes sociales por su apresurada inclusión en la jornada parlamentaria. La solicitud para tratar el tema en el Pleno fue presentada a las 11:08 a.m. del jueves, cuando no estaba en agenda.

“Entre gallos y medianoche se impone la DISCRIMINACIÓN y VIOLENCIA hacia población LGTBI #SalvemosDL1323”, escribió en Twitter la congresista del Frente Amplio, Marisa Glave, una de las principales opositoras a la iniciativa fujimorista.

Fuente | RPP, vía AmbienteG

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Los fujimoristas consiguen que se apruebe el primer paso para permitir la discriminación del colectivo LGBT al aprobar la exclusión de los términos «orientación sexual» e «identidad de género» del Decreto Legislativo 1323, sobre los crímenes de odio.

Gracias a los fujimoristas, la Comisión de Constitución del Congreso de Perú resolvía este martes, 4 de abril, derogar un fragmento del Decreto Legislativo 1323, conocido por los sectores radicales como una «ley mordaza» en favor de la comunidad LGBT, mediante el que se retira la protección contra la discriminación de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales. «Hoy la Comisión de Constitución aprobó un texto sustitutorio que deroga la inclusión de los términos ‘orientación sexual’ e ‘identidad de género’ porque excedía las facultades otorgadas por el Congreso», declara Sergio Burga, de la asociación religiosa radical Population Research Institute.

El Congreso de Perú otorgaba facultades legislativas por 90 días al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en septiembre del año pasado «en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento, y reorganización de Petroperú». Entre las medidas que han adoptado, el 6 de enero de este mismo año modificaban el artículo 323 del Código Penal para incluir como delitos de odio los que estuvieran relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.

Pero impulsados por asociaciones religiosas radicales, miles de peruanos salían a las calles a mediados de febrero para exigir a su gobierno que derogara la protección que habían otorgado a la comunidad LGBT. «Los que defendemos la vida y la familia no somos homofóbicos y no vamos a permitir que se insulte al Perú (…). Porque los derechos humanos se dan a las personas, no a las atracciones, no a los sentimientos, no a las emociones», declaraba el congresista Julio Rosas tras la votación que lleva a iniciar los trámites para la desprotección del colectivo LGBT, que tendrá que ser debatido en el pleno antes de su votación definitiva en el Congreso.

«El ser humano, desde que nace, hombre o mujer, ya tiene derechos irrestrictos. Por eso, en defensa de los derechos de los seres humanos la Comisión ha derogado ese decreto legislativo, porque el ejecutivo se ha excedido en sus facultades y el Congreso no le ha concedido (…). Todas las personas, más allá de sus preferencias sexuales, son protegidas por la ley», asegura Burga, muy en consonancia con las premisas divulgadas por Ignacio Arsuaga a través de Hazte oir, convencido de que el ejecutivo impuso esta ley, que él mismo denomina de «no-discriminación», para «callar a todos quienes tenemos una posición distinta ».

La votación en la sesión fue de 10 votos a favor de la homofóbica propuesta, todos de la bancada de Fuerza Popular y seis en contra, tres correspondientes al Frente Amplio, dos a Peruanos Por el Kambio y uno al Partido Aprista Peruano. En línea con las declaraciones de Kuczynski, que no quiere que Perú sea un país homofóbico, Alberto de Belaunde, de peruanos por el Kambio, señala que «Fuerza Popular le ha dado la espalda a la comunidad LGTB», advirtiendo que en la última década se han producido un centenar de asesinatos, crímenes de odio, relacionados con la orientación sexual o la identidad de género, quizás nada que ver con que fueran personas.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Alberto de Belaunde, Delitos de Odio, Frente Amplio, Fuerza Popular, Hazte oir, Homofobia/Transfobia, Ignacio Arsuaga, Julio Rosas, Partido Aprista Peruano, Pedro Pablo Kuczynski, Perú, Peruanos Por el Kambio, Sergio Burga

Representantes del Frente Amplio presentan un proyecto de ley para la modificación del artículo 234 del Código Civil peruano, que establece la definición de matrimonio, con el objetivo de legalizar la unión de personas del mismo sexo y reconocer las que se realizan en países extranjeros.

Indira Huilca y Marisa Glave, congresistas del Frente Amplio, presentan un proyecto de ley para la regulación del matrimonio igualitario en Perú, contando con el respaldo de los congresistas Manuel Dammert, Alberto Quintanilla, Horacio Zeballos, Tania Pariona y Marco Arana, de su mismo grupo parlamentario, además de Alberto de Belaunde, Carlos Bruce y Güido Lombardi, de Peruanos por el Kambio. En el momento de presentar el proyecto, este martes, 14 de febrero, también están presentes representantes del colectivo Matrimonio Igualitario Perú.

«No podemos seguir de espaldas a la realidad, las parejas homosexuales existen y como tal necesitan una serie de reconocimientos civiles. Lo que pretendemos con este proyecto de ley es resolver un vacía en nuestro marco legal que permite, además, la discriminación», declara la congresista Huilca explicando que este proyecto de ley tiene como objetivo principal la eliminación de los términos «varón» y «mujer» del artículo 234 del Código Civil peruano mediante el que se establece el concepto de matrimonio en el país andino, por lo que solicitan se rectifique para quedar definido simplemente como «la unión voluntariamente concertada por dos personas legalmente aptas para ella», que tendrían los mismos derechos y deberes que las parejas heterosexuales, que conviven, según un estudio, con hasta un 42,8 % de gays y un 18,5 % de lesbianas.

«Ahora las parejas homosexuales estarían reconocidas en el Código Civil y podrían tener una unión reconocida por el Estado que garantice una serie de derechos que, entiendo, el proyecto de Unión Civil no incluía. Estamos buscando una situación que equipare los derechos para las parejas LGTBI. Este proyecto no solo se diferencia en el nombre sino también en los contenidos», amplía Huilca, explicando asimismo que, en consonancia con la decisión de un juez, que ordenaba el reconocimiento legal del matrimonio formado por el peruano Óscar Ugarteche y el mexicano Fidel Aroche, casados legalmente en México, también solicitan el reconocimiento de los matrimonios de personas del mismo sexo realizados en el extranjero.

«Personalmente estoy en desacuerdo con ese proyecto de ley. Puedo decir que, por lo que converso con los demás congresistas, que no es una iniciativa que va a tener éxito acá; se va a debatir como todo proyecto de ley, pero no es el sentir ni del Congreso ni de la mayoría de los peruanos», declara el fujimorista Carlos Tubino, manifestando su oposición a la propuesta y resaltando que los matrimonios igualitarios no deberían tener los mismos derechos que los heterosexuales, dado que, según él defiende, el objetivo del matrimonio tradicional es la procreación.

De salir adelante la propuesta del Frente Amplio, Perú se convertiría en el quinto país latinoamericano en el que se legaliza alguna forma de matrimonio igualitario, después de Argentina, Uruguay, Colombia y México.

Fuente Universogay

General, Historia LGTBI Alberto de Belaunde, Alberto Quintanilla, Carlos Bruce, Carlos Tubino, Fidel Aroche, Frente Amplio, Güido Lombardi, Horacio Zeballos, Indira Huilca, Manuel Dammert, Marco Arana, Marisa Glave, Matrimonio igualitario, Matrimonio Igualitario Perú, México, Óscar Ugarteche, Perú, Peruanos Por el Kambio, Tania Pariona

Magnífica noticia la que nos llega desde Perú, un país que desde este 6 de enero incluye como agravante en su Código Penal el que un delito se cometa por razones de orientación sexual o identidad de género, y prohíbe de forma expresa la discriminación por esta materia. Ha tenido que ser, eso sí, a través de un decreto legislativo emitido por el Gobierno peruano, que cuenta con amplias prerrogativas para emitir decretos con rango de ley. 

Las novedades se incluyen en el Decreto Legislativo 1323, publicado este viernes por el diario oficial El Peruano, cuyo objetivo es fortalecer “la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género”. En concreto, merece la pena destacar la reforma de dos artículos del Código Penal:

• El artículo 46, que se refiere a las circunstancias de atenuación y agravación, incluirá ahora como agravante “Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica, o de cualquier otra índole”.  Hasta ahora, el Código Penal peruano solo reconocía como agravante “Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación de cualquier índole”, sin específicar casuísticas.
• El artículo 323, referido a la discriminación e incitación a la discriminación, queda ahora redactado en los siguientes términos: “El que, por sí o mediante terceros, realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socio económico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación, o cualquier otro motivo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres años, o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas. Si el agente actúa en su calidad de servidor civil, o se realiza el hecho mediante actos de violencia física o mental, a través de internet u otro medio análogo, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 36”.

Esto, en concreto, significa que —desdeel psado sábado 7 de enero— se considerará como circunstancia agravante si el delito es motivado por la intolerancia o discriminación hacia la comunidad LGTB.Hasta hoy el Código Penal era bastante general respecto a las agravantes por intolerancia o discriminación, dejando a interpretación de jueces y fiscales la protección de la orientación sexual y la identidad de género.  Como explica Bruno Fernández De Córdova Jauregui para Sin Etiquetas, estas modificaciones harán que los crímenes de odio sean identificados como tales y sancionados con mayor severidad.

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, más favorable a los derechos LGTB

Qué duda cabe que el reconocimiento expreso como motivo prohibido de discriminación de la orientación sexual y de la identidad de género es una buena noticia en un país como Perú, sensiblemente retrasado por lo que al reconocimiento jurídico de los derechos LGTB se refiere respecto a países de su entorno, como Colombia o Ecuador. En este sentido, el cambio de gobierno operado en 2016, año en que Pedro Pablo Kuczinski ganó las elecciones presidenciales a Keiko Fujimori en la segunda vuelta y se convirtió en el sucesor de Ollanta Humala puede considerarse relativamente positivo. Durante el periodo de gobierno de Humala, y pese a las promesas, no se produjo prácticamente ningún avance, ni en el terreno legislativo ni en el ejecutivo. En 2013 recogímos, por ejemplo, como el Congreso de Perú votó a favor de excluir la orientación sexual y la identidad de género de la ley contra crímenes por discriminación (“crímenes de odio”). Un año más tarde, el gobierno de Humala decidía también excluir toda mención a las personas LGTB del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016.

No es que Kuczyniski, un político de corte liberal, destaque especialmente como abanderado de los derechos LGTB. Es muy posible que por lo que se refiere a esta materia hubiese sido mejor una victoria de Verónika Mendoza, la candidata del Frente Amplio, coalición de izquierdas que quedó en tercer lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y que sí se había posicionado de forma muy clara en favor de la igualdad jurídica de las personas LGTB. Pero pocos dudan de que bastante peor hubiese resultado para la comunidad LGTB una victoria de Keiko Fujimori, que no dudó en comprometerse expresamente con la comunidad evangélica a oponerse a cualquier tipo de regulación de las uniones entre personas del mismo sexo pese a que en el pasado se había mostrado favorable a una unión limitada a aspectos patrimoniales. Un dato muy importante a tener en cuenta es que Peruanos Por el Kambio (PPK), el partido de Kuczynski, cuenta además entre sus filas con dos diputados abiertamente gais: Carlos Bruce y Alberto de Belaunde.

Otro antecedente significativo, aunque fuese solo por su simbolismo, es el hecho de Kuczyniski, pocos días antes de tomar posesión, publicase un tuit con motivo de la celebración del Orgullo LGTB. “Trabajemos por un país donde tengamos la libertad de ser felices. #LoveIsLove”, escribía entonces. Más significativo resulta el hecho de que el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos, que debe quedar listo a lo largo de 2017, sí incluirá está vez, según confirmaba hace pocos días la ministra peruana de Justicia, Marisol Pérez Tello, a la comunidad LGTB. Esperemos que así sea.

Más complicado resultará asistir a avances a nivel legislativo, dada la mayoría con la que cuentan en el Congreso peruano los fujimoristas de Fuerza Popular (72 de 130 escaños). El Frente Amplio cuenta con 20 diputados, mientras que Peruanos Por el Kambio (PPK), el partido de Kuczynski, cuenta con 17. En este sentido, cabe destacar que en diciembre de 2016 los ya mencionados Carlos Bruce y Alberto de Belaunde presentaron un proyecto de ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo, que pese a los diversos intentos en anteriores legislaturas nunca ha podido ser aprobado. Veremos qué sucede…

De todas formas, como afirma Diego pereira en Perú 21 aunque “estamos a un paso de hacer historia… el decreto legislativo aún deberá pasar por la revisión del Congreso de la República. Esto está establecido en el artículo 90 del Reglamento del Congreso: Por supuesto, hay reglas. La comisión que reciba este decreto deberá presentar un dictamen al respecto en 10 días o menos y el resultado tendrá tres posibilidades: Le da el visto bueno, recomienda su derogación o recomienda su modificación. Eso significa que, si se considera que el decreto va en contra de la Constitución y/o excede el marco de delegación de facultades, puede ser modificado en parte o en su totalidad.”

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La iniciativa convocada por Idea Internacional convocó a jóvenes de los 7 partidos con presencia parlamentaria. El Movilh fue una de las organizaciones que expuso sobe sus experiencias

Un exitoso e interesante encuentro para sensibilizar y promover los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) organizó en el Ministerio de la Cultura del Perú la organización Idea Internacional.

La iniciativa, inaugurada por el jefe de Idea Internacional, Percy Medina, la embajadora de Canadá, Gwyneth Kutz, y representantes de la diplomacia estadounidense, contó con la participación de unos 120 jóvenes de todos los partidos con representación parlamentaria: APRA, PPK , Fuerza Popular, Frente Amplio, Acción Popular, Alianza para el Progreso y el Partido Popular Cristiano.

El cónclave, denominado “Encuentro multipartidario de derechos humanos y políticas públicas Lgbt”, destacó por ser el primero de su tipo en reunir jóvenes de esos partidos políticos, con posiciones distintas en el tema, y a funcionarios públicos.

Entre otros, expusieron la asesora en Derechos Humanos de Naciones Unidas, Lizbeth Velez; el investigador Orlando Sosa; el director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, Carlos Alza; el adjunto para los derechos humanos y personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo, César Cárdenas y la representante de la Unidad Integral del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Patricia Garrido.

También fueron panelistas los congresistas Alberto de Belaunde, Indira Huilca, y Edmundo del Aguila, siendo la actividad cerrada por la viceministra de derechos humanos del Ministerio de Justicia y DDHH, Gisella Vignolo.

De Chile, expusieron el presidente de Iguales, Luis Larraín, y el director del Área de DDHH del Movilh, Rolando Jiménez, quien se refirió a las estrategias y principios del movimiento LGBTI , así como a los resultados obtenidos desde 1991 a la fecha en los campos sociales, legislativos y de las políticas públicas.

Los activistas se reunieron además con el embajador de Chile en Perú, Roberto Ibarra, quien ha mostrado especial sensibilidad con las temáticas LGBTI.

Jiménez valoró el encuentro “porque sensibiliza a la juventud y en los partidos en torno a temáticas que suelen ser desplazadas. Se trata de un cónclave que sin duda debiese replicarse. Agradezco la invitación y felicito de corazón a Idea Internacional por la iniciativa”

Fuente MOVILH

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