La Fiscalía Especializada en Investigación a Violaciones a los Derechos Humanos comunicó que apelará la resolución. “Personal técnico – jurídico de la Fiscalía, en coadyuvancia con la organización Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses (la organización fundada por Mireya), elaboran los agravios respectivos para que sea un Tribunal de Alzada quien revise dicha resolución”.

Foto: Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuense

Mireya era una mujer trans, trabajadora sexual y activista de Chihuahua, estado al norte de México. El 2 de septiembre de 2020 fue encontrada sin vida y con signos de violencia en su casa.

Las organizaciones que siguen de cerca el caso –Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses, el Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt, la organización Letra S y el padre de Mireya rechazaron el veredicto. Denuncian que la y los jueces encargados del cuerpo colegiado del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua (TSJ), actuaron desde una visión sesgada, y expresaron que buscarán otras instancias de justicia.

El 8 de julio de 2022, los jueces Aram Delgado García y Ricardo Márquez Torres, y la jueza Lucero Moreno Navarrete del TSJ de Chihuahua pusieron en duda la última prueba de vida de Mireya. Así desestimaron más de 70 pruebas y pusieron en libertad al presunto asesino.

Primer transfeminicidio investigado “en razón de género”

“El 8 de julio esos tres jueces mataron nuevamente a mi hermana Mireya y a todas las personas trans de Chihuahua. Ese es el mensaje que mandan: que no valemos, como si fuéramos invisibles para la justicia, que cualquiera puede ser la siguiente y no pasa nada. El mensaje para las personas que sienten odio por nosotras es que no les pasa nada porque no se hace justicia”, dijo a Presentes, Mayte Gardea, activista, amiga de Mireya y actual presidenta de Unión y Fuerza Mujeres Trans Chihuahuenses.

Fue el primer proceso de justicia en México donde la identidad de género de una mujer trans asesinada se inscribió como parte de la investigación judicial. Nunca antes un hecho como este había sido calificado como “homicidio en razón de género”. Así lo hizo la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada de Chihuahua, días después del crimen. El 11 de septiembre de 2020, acusó por homicidio agravado por razón de género y robo con penalidad agravada al presunto responsable. Al acusado se le dictó prisión preventiva por dos años como medida cautelar.

Todo esto ocurrió tras denuncias y exigencias hechas en 2020 por activistas y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  a través de su oficina en México, también se sumó al reclamo de Justicia por el transfeminicidio de Mireya. Su muerte se inscribió en un contexto de altísima violencia letal hacia defensoras de ddhh como ella.

“A pesar de la relevancia del caso, ya que es el primer asesinato de una mujer trans en la entidad que se investigó con perspectiva de género, aún permean ciertos vicios en los organismos de impartición de justicia, al basar sus decisiones en perspectivas parciales, con presencia de ciertos prejuicios, que afectan directamente a la resolución final”, señalaron en un comunicado las organizaciones que acompañan el caso.

¿Quién era Mireya?

Foto: Cheros AC

“Mireya era una mujer trans fuerte, aguerrida. Ejercía el trabajo sexual y era defensora de derchos humanos. Mireya peleó por los derechos de las mujeres trans, y los y las trabajadores sexuales de Chihuahua. Logró que se quitara el ‘carnet de sanidad’ (recomendación 58/2016 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos), un carnet que no se trataba de sanidad sino de estigma, persecusión policial y discriminación a esta población”, recuerda Mayte Gardea en entrevista con Presentes.

Además, Mireya fue promotora del Fondo Mundial para la lucha contra el VIH/sida. Fundó la asociación Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses y organizó los primeros encuentros estatales de mujeres trans.

Qué se sabe del transfeminicidio de Mireya 

Mireya Rodriquez fue vista por última vez el 30 de agosto de 2020. El 2 de septiembre de ese año fue encontrada sin vida en su domicilio y su cuerpo presentaba signos de violencia. Además, su celular y su automóvil habían sido robados.

De acuerdo a la abogada de la familia de Mireya, Laura Hernández, la cronología de los hechos muestra inconsistencias entre las versiones de la Fiscalía y la defensa del acusado, lo que influyó en el órden de los eventos considerados por los jueces del Tribunal de Justicia.

La madrugada del 2 de septiembre de 2020, cuenta Laura Hernández, “compañeras trans y una vecina encuentran el cadáver de Mireya, llaman a la policía y en ese momento inician las investigaciones”.

El 11 de septiembre de 2020, como se mencionó, la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada de Chihuahua acusó por homicidio agravado por razón de género y robo con penalidad agravada al presunto responsable. Y se le dictó prisión preventiva.

El periodista Leonardo Bastida informó que la aprehensión del presunto responsable sucedió tras “haber encontrado en su domicilio, ropa con sangre, incluido un par de tenis, cuyas huellas fueron detectadas en el área de los hechos. Además de haber dado positivo en las pruebas de grafología”.

La abogada mencionó que el presunto asesino también robó y vendió el auto de Mireya después de que la asesinó. Además, tenía en su posesión el celular de la activista, pero no precisó si éstas pruebas fueron descartadas por los jueces del Tribunal.

Imprecisiones y pruebas descartadas

La abogada explicó: “El médico legista que realizó la necropsia a Mireya concluyó: ‘no se puede precisar con exactitud la fecha de la muerte, por diferentes factores, pudo ser en los últimos cinco días’. Pero el Tribunal encargado del caso, afirmó que Mireya ‘perdió la vida alrededor de las 8:00 am del 28 de agosto’. Sin embargo, se tienen pruebas de vida de Mireya de ese día y sábanas de comunicación de whatsapp”.

Además, comentó que en el expediente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se recabaron 65 testimonios de los cuales los jueces solamente consideraron diez. Y hubo 75 pruebas documentales de las cuales solo se consideró una prueba.

“Pareciera que los jueces trataran de justificar su fallo en la sentencia, con prejuicios hacia Mireya y las mujeres trans”, dijo la abogada.  Añadió que dos de las principales pruebas que no consideraron los jueces en la sentencia fueron: la comunicación en whatsapp que Mireya mantuvo con sus compañeras y familiares durante el 28 y 29 de agosto de 2020. Y un peritaje de contexto que consideró la vulnerabilidad de las mujeres trans en Chihuahua y las violencias por prejuicio, con el fin de juzgar con enfoque diferenciado, perspectiva de derechos humanos y de género.

Los prejuicios de la y los jueces, las pruebas descartadas y la imprecisión sobre la fecha en que Mireya fue asesinada fueron las razones para que el TSJ de Chihuahua mantuviera impune el transfeminicidio de Mireya Rodriguez.

“Mireya fue revictimizada hasta después de su asesinato”

En México existe desde 2017 el protocolo nacional de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. No fue suficiente para garantizar justicia a Mireya Rodríguez.

Mayte Gardea dijo que “se suponía que las investigaciones iban a contar con perspectiva de derechos humanos, de género. No fue así. Al grado incluso que el día que dictaron sentencia, a mí y a la abogada nos tenían rodeada de gente de seguridad. Al transfeminicida no. Estamos en un estado con muchos prejuicios. Gadea advierte: su hermana Mireya “fue revictimizada hasta después de ser asesinada por esos tres jueces que son un peligro para las mujeres víctimas de feminicidios y transfeminicidios en Chihuahua”.  

Por su parte, la abogada Laura Hernandez señaló que la sentencia también tiene fallas de forma. La redacción de ésta revictimiza a Mireya, no así al acusado. 

“Se repiten muchísimos de los prejuicios que existen. Hay una violencia por prejuicio dentro de la misma redacción de la sentencia, por ejemplo ‘Mireya era robusta, tenía manos grandes, era agresiva”. Y por parte del indiciado dice ‘era deportista’, explica.

Con la resolución de la y los jueces, Mayte Gardea siente miedo y durante la llamada telefónica con Presentes, no pudo evitar recordar a Marisela Escobedo.

Marisela Escobedo era una mujer que buscó justicia por el feminicidio de su hija, Rubí Fraire Escobedo, joven de 16 años asesinada por su novio. Marisela comenzó una lucha por justicia y verdad, investigó por cuenta propia y a pesar de todas las pruebas presentadas los jueces absolvieron al hombre. Meses después, en 2010, Marisela fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. El autor intelectual del crimen fue el mismo hombre que había matado a su hija.

“Si no hubo justicia para Marisela, que fue asesinada frente a Palacio (de Gobierno), ¿qué nos espera a nosotras que somos mujeres trans cuando el transfeminicida está libre? Miedo, miedo e impunidad porque no hay justicia”, se sigue preguntando Mayte Gardea.

Impunidad y transfeminicidios: en alza

De acuerdo al observatorio de registro de crímenes de odio que realiza Letra S, de 2015 a 2021, al menos 28 mujeres trans fueron asesinadas en Chihuahua.

“La gran mayoría de los transfeminicidios sucedidos en Chihuahua han quedado en la impunidad. En la mayoría de los casos, no se identifica al asesino. A veces ni siquiera se identifica a la víctima, no se tiene contacto con la familia de la víctima. Cuando se identifica al asesino muchas veces no es detenido. Y cuando es detenido, como en el caso de Mireya Rodriguez, los jueces fallan a favor del presunto responsable y con una determinación absolutoria lo dejan el libertad”, explicó Alejandro Brito, director de Letra S, durante una conferencia de prensa.

Y agregó, “la impunidad en los transfeminicidios es muy cercana al cien por ciento. De ahí la rabia que sentimos por la liberación de este responsable. Para nosotros cumplía con todas las pruebas que acreditaban que esta persona fue quien le quitó al vida a nuestra compañera“, concluyó Brito.

Solicitan medidas de seguridad y apelación

Tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia, la abogada solicitó medidas de seguridad a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para las personas que fueron testigas protegidas durante las investigaciones.

Además, la Fiscalía Especializada en Investigación a Violaciones a los Derechos Humanos comunicó que apelará la resolución emitida por el Tribunal. Y junto a Unión y Fuerza de Mujeres Trans, elaboran los agravios cometidos “tras el fallo absolutorio de Iván Arturo G. P. quien, de acuerdo con el órgano técnico, es probable responsable del homicidio de la activista, Mireya R. L”.

“Lo que queremos es Justicia”

Mayte Gardea comentó que agotarán todas las instancias de justicia que sean posibles a nivel estatal y federal como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso reclamar en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.  «Estamos en un momento de hartazgo. Lo que queremos es Justicia y que seamos acreedoras de la misma”, comentó.

Habló de fortalecer el trabajo comunitario con mujeres trans y trabajadoras sexuales en Chihuahua, con información sobre justicia y prevención, sobre cómo denunciar y qué hacer en caso de encontrarse en una situación de riesgo.

“A falta de sensibilidad por parte de las autoridades, a falta de justicia, lo que nos queda es el trabajo comunitario. Pero también, no te voy a mentir, hay sentimientos encontrados. Veo un futuro de lucha incansable. Sobre todo porque (en Chihuahua) estamos en un momento de crisis para todos, todes y todas las defensoras de derechos humanos”, concluyó.

“Me quitaron a una hija, espero hagan valer la vida humana”

El caso de Mireya Rodriguez pudo ser un parteaguas para el derecho de acceso a la justicia de las mujeres trans a nivel local y nacional, al ser el primer caso que fue judicializado en donde se consideró la identidad de género de una mujer trans.

Además de ser el primer caso en que se reconoció, al menos desde la Fiscalía, la identidad de género de Mireya ante la Justicia, para la abogada “es un caso paradigmático”. También fue la primera vez se catalogó como testigas protegidas a mujeres trans que brindaron sus testimonios durante las investigaciones. Y porque el padre de Mireya permanece presente en el pedido de justicia por el transfeminicidio de su hija; algo que la activista Mayte Gardea considera inusual.

”Tener el apoyo (familiar) después de asesinadas no es lo común para la mayoría de las mujeres trans”, dice.

En ese sentido, el papá de Mireya, Jesús Rodriguez, dijo en conferencia de prensa: “Lo que yo quisiera es que se le hiciera justicia. Cuando se cometió el crimen no solo me quitaron una hija, me quitaron mi salud. Espero que este mensaje les llegue a todos y que lo escuchen los jueces honestos y hagan valer la vida humana”.