Chile prohíbe por ley las “terapias reparativas” de la homosexualidad o la transexualidad
Establece que ni la identidad, ni la orientación sexual pueden ser consideradas para un diagnóstico de salud mental. De esa forma, se cierra una lucha emprendida durante años por el Movilh.
El año pasado fue promulgada una de las leyes más significativas para los derechos humanos de las personas LGBTIQA+, sin embargo su impacto en la diversidad sexual y de género pasó desapercibida, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)
Se trata de la Ley 21.331 sobre el Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención en Salud Mental, la cual prohíbe las “terapias reparativas” de la orientación sexual o la identidad de género, una de las demandas más recurrentes de la diversidad sexual y de género desde que el Movilh inició públicamente tal lucha en 1991, con especial fuerza desde el 2004.
En efecto, el artículo 7 de la ley establece que “el diagnóstico del estado de salud mental debe establecerse conforme dicte la técnica clínica, considerando variables biopsicosociales. No puede basarse en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, ni con su identidad u orientación sexual, entre otros. Tampoco será determinante el antecedente de la hospitalización psiquiátrica previa de la persona que se encuentre o se haya encontrado en tratamiento psicológico o psiquiátrico”.
El encargado de Derechos Humanos del Movilh, Ramón Gómez, precisó que “si bien el Minsal ya prohibía desde el 2016 estas horrorosas terapias, ahora el tema adquiere rango legal. Más aún, no solo se prohíben las terapias, sino que cualquier diagnóstico en salud que se base en la orientación sexual o identidad de las personas, entre otros aspectos. Sin diagnóstico, menos pueden haber terapias o tratamientos. Por tanto, cualquier psicólogo/a o psiquiátra que solo se atreva a diagnosticar la salud mental en función de esos criterios, está cometiendo una ilegalidad”.
“Más aún cualquier antecedente o certificado médico previo basado en esos criterios discriminatorios es, a partir de la ley, considerado ilegal, con lo cual se beneficia también a quienes en el pasado fueron afectados por estas brutales prácticas. Invitamos a toda persona que conozca a profesionales o entidades que persisten en establecer diagnósticos en razón de la orientación sexual o identidad de género, a denunciar. Si bien estas horrorosas prácticas son poco habituales en Chile, no pueden ocurrir en ningún momento, ni en ningún lugar”, añadió.
La norma fue promulgada el 23 de abril del 2021 y publicada en el Diario Oficial el 11 de de mayo del mismo año. Surgió de una moción parlamentaria presenta el 10 de marzo del 2016 por los/as diputados/as Fernando Meza Moncada (PRSD), Nicolás Monckeberg Díaz (RN), Javier Macaya Danús (UDI), Marcos Espinosa Monardes (PRSD), Loreto Carvajal Ambiado (PPD), Cristina Girardi Lavín (PPD), Enrique Jaramillo Becker (PPD), Miguel Ángel Alvarado Ramírez (PPD), Juan Luis Castro González (PS), Karla Rubilar Barahona (RN), Víctor Torres Jeldes (DC), Karol Cariola Oliva (PC), Marcela Hernando Pérez (PRSD), Alberto Robles Pantoja (PRSD), Sergio Espejo Yaksic (IND), Jaime Pilowsky Greene (DC) y Iván Flores García (DC).
Historia de una larga lucha.
En 2004, tuvo lugar la primera denuncia pública en Chile contra un caso concreto de promoción de las “terapias de conversión” de la homosexualidad y la transexualidad, luego de que el Movilh repudiara la enseñanza de tales prácticas en la Universidad de Los Andes.
El mismo organismo LGBTIQA+ denunció y protestó luego contra conductas similares por la parte de la psicóloga Marcela Ferrer (2008), así como en la Universidad Católica (2012), la Universidad San Sebastián (2014), el Colegio Cumbres (2014) y la Fundación Restauración (2017).
En 2008, y tras diversas críticas públicas del Movilh, el Colegio de Psicólogos se pronunció por primera vez contra las terapias reparativas. Sin embargo, al año siguiente el Colegio “valoró” que la Universidad de Los Andes enseñara y promoviera esos brutales procedimientos, aún cuando paradojalmente decía rechazarlos.
En medio de estas ambigüedades, el 26 de agosto del 2010 carreras de psicología de 8 universidades organizaron contra el Movilh una marcha hasta el Colegio de Psicólogos, el cual debió al final oponerse totalmente a las terapias.
Sin embargo, el Ministerio de Salud rechazó una y una vez rechazar públicamente las terapias, pese a las continuas peticiones del Movilh. En 2016, el Minsal finalmente cedió, prohibiendo las terapias reparativas y calificándolas de “una grave amenaza para la salud y el bienestar, inclusive la vida de las personas afectadas”.
Desde el 2016 en adelante las denuncias sobre las existencia y/o promoción de las terapias se redujeron casi a cero, conociéndose solo un caso en 2017 que tuvo una rápida reacción del Gobierno
Finalmente, en 2021 las terapias fueron prohibidas por ley y ya no solo por política pública.
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La última noticia positiva sobre este tema la conocimos el pasado febrero, cuando Israel prohíbió las terapias de conversión para miembros de la comunidad LGTBQ+
Al otro lado del Atlántico, la Cámara de los Comunes de Canadá le dio su visto bueno el pasado diciembre, por unanimidad, a un proyecto de ley para prohibir las pseudoterapias de conversión, y definitivamente el pasado enero de este año. Se trata de un veto total, no solo en menores de edad, y contempla penas de hasta cinco años de cárcel para quien inflija estas prácticas y hasta dos para quien se beneficie económicamente de las mismas o las publicite. El Senado aprobó el texto en una tramitación exprés apenas seis días más tarde y, tras recibir la firma de la gobernadora general, entró en vigor el pasado 7 de enero.
La situación en otros países
Canadá y Francia se unieron al reducido grupo de países que han prohibido las pseudoterapias de conversión, ya sea de manera general o en menores de edad el pasado mes de enero. Y Nueva Zelanda el pasado 15 de febrero,.
En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de Oregon, Illinois, Vermont, Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington, Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire, Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor en 2019 tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.
En abril del mismo año también se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).
Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo en enero de 2019 por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.
Y en julio, era Ciudad de México quien prohibía las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Y en octubre de 2020, en el Estado de México. y en julio de 2021 el Estado de Yucatán.
En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.
En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y era una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Tras la repetición electoral, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».
Y, por fin, El Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, presentó el pasado junio el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que incluye la prohibición de las pseudoterapias de conversión.
En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…
Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.
«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras
La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias»reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.
En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.
Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.
De hecho, en julio de este año, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y Juan Antonio Reig avalarían estas prácticas
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Fuente MOVILH/Cristianos Gays
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