El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impulsado por una petición de Cattrachas realizada el 23 de diciembre de 2012. Años después se unió a la defensa la organización Robert F. Kennedy Human Rights de Estados Unidos. Las audiencia fueron virtuales.

Qué se denuncia

Vicky Hernández sobrevivía en las calles de San Pedro Sula ejerciendo el trabajo sexual. Y era una reconocida activista de Unidad Color Rosa, una organización de mujeres trans de esa ciudad hondureña.

La noche del 28 de junio salió a la calle sin saber del toque de queda. Esa misma noche, Zelaya fue sacado de su casa a punta de fusil. A la mañana siguiente Vicky fue encontrada muerta en una calle de la colonia Ruiz, en el noreste de San Pedro Sula. En la oscuridad de aquella noche las únicas personas que circulaban en la ciudad eran las de las fuerzas de seguridad de Honduras.

La autopsia -realizada con mucha posterioridad porque en su momento se le negó a la víctima esa posibilidad por su identidad de género y por vivir con VIH- reveló que Vicky fue asesinada con un arma de fuego, así señala un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitido en diciembre de 2018. 

Un decreto de amnistía que data del año 2010 protege a los responsables de la violencia institucional. La querella buscar eliminarlo para así identificar la cadena de mando detrás del asesinato de la activista trans hondureña.

“Se alega que la muerte de Vicky Hernández ocurrió en dos contextos relevantes. Por una parte, el presunto contexto de violencia y discriminación contra personas LGBT en Honduras con alta incidencia de actos cometidos por la fuerza pública y, por otra, el presunto contexto del golpe de Estado ocurrido en el año 2009”, dice el texto con que la Corte IDH dio a conocer la noticia en septiembre de 2020.

Con miedo, pero sin echarse para atrás

La noche en que mataron a Vicky, sus compañeras corrieron para escapar de la muerte. Pero al final mataron a las testigas que lograron huir. “Yo todavía le dije a Vicky ‘corre, corre, corre’”, le contó una testiga a Rosa, la mamá de Vicky. “Cuando volteamos a ver, no miramos a Vicky, sólo oímos los disparos”.

Rosa, la mamá de Vicky

Mataron “a Lisa y a la otra”, recuerda Rosa. “No quedaron testigos, pero me aseguraron que la policía había matado a Vicky”.

“Cuando estábamos en la audiencia en la Corte IDH recibí una llamada de la DPI”, cuenta Rosa con voz quebrada. DPI es la sigla de la Dirección Policial de Investigación de Honduras y la llamada, según Rosa, fue para amedrentarla y hacer que abandonara su deseo de buscar justicia en las audiencias de la Corte IDH.

“Me dio miedo porque matan a la gente y no saben ni quién [lo hace]. Por eso he estado en zozobra. Me da miedo porque tal vez uno tiene demandado el Estado y vayan a querer fregarlo [matarlo] porque para ellos la vida de uno no vale nada”.

Pero con la ayuda de Cattrachas y las demás organizaciones que lxs respaldan, Rosa y su familia han agarrado el valor necesario para contar su historia y mantenerse en pie de lucha durante más de una década. “Me dijeron que luchara y luchara para que la muerte de Vicky no quede impune”, dice Rosa con mirada desafiante.

Fuente Agencia Presentes