Mujer trans detenida sin condena quedó parapléjica y denuncia torturas
Por Luciana Bertoia
Mónica Mego, una trans peruana de 36 años, entró caminando a una cárcel de la provincia de Buenos Aires y hoy está postrada, parapléjica, en la cama de un hospital de La Plata. Hace casi un año que está detenida sin condena, acusada de narcomenudeo. Después de meses de dolores y reclamos para que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) la hiciera atender, quedó paralítica y sin control de esfínteres. Denunció por torturas al SPB – que depende del Ministerio de Justicia provincial de María Eugenia Vidal-, pero su presentación no avanzó. En simultáneo, los penitenciarios accionaron contra un defensor por haber ido a visitar a Mónica, supuestamente acompañado por una periodista. Esa investigación se mueve a pasos agigantados y ya pasó por las manos de tres fiscales. Distintos organismos dicen que se trata de un caso de torturas que el Estado provincial quiere impedir que se investigue, lo que motivó la intervención de la Corte Suprema bonaerense.
La denuncia de Mónica entró a la fiscalía general de La Plata el 5 de julio de este año. La presentó el abogado de la Defensoría de Casación bonaerense Aníbal Hnatiuk. En un par de hojas, Mónica relataba cómo su vida se desmoronó en menos de un año, desde que quedó privada de su libertad. Los dolores renales empezaron en octubre del año pasado, cuando estaba detenida en la Alcaidía de Olmos. La atención del SPB consistía en suministrarle Ibuprofeno. Ella fue notando cómo crecía una protuberancia y también cómo los penitenciarios incumplían su promesa de llevarla a un hospital extramuros para que la atendieran y trataran.
Cuando la trasladaron a la Unidad 32 de Florencio Varela, Mónica ya casi no podía caminar. Sus compañeras de pabellón entraron en una huelga de hambre para reclamarle al SPB que la hiciera tratar. La respuesta del SPB fue ponerla en un “buzón” – una celda de castigo – y dejarla horas sin atención. El 21 de mayo, una compañera que colaboraba con el área de Sanidad quiso levantarla, pero Mónica se desmoronó. “Se me murió el cuerpo totalmente”, escribió en su denuncia.
Al día siguiente, la operaron en el Hospital San Martín de La Plata. La protuberancia que ella notaba era un absceso epidural por una tuberculosis no atendida. Cuando salió del quirófano, los médicos le dijeron que no iba a volver a caminar: debería vivir el resto de su vida con pañales y sonda.
Días después, la volvieron a llevar a Olmos. La dejaron en una cama sin rotarla y se le formaron escaras, dejándola expuesta a infecciones múltiples. Una tortura adicional para alguien que vive con otras patologías crónicas.
La cárcel, un dispositivo para morir
“Esto que pasó con Mónica es algo sobre lo que veníamos alertando desde 2017, cuando murieron cuatro compañeras que estaban privadas de su libertad”, dice Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans.
Pamela Macedo Panduro falleció el 1 de enero mientras estaba detenida en la Unidad Penal Nro. 32 de Florencia Varela, Provincia de Buenos Aires.
La organización está por dar a conocer una investigación federal realizada con apoyo del Fondo Internacional Trans, que detalla los padecimientos de las personas trans en situación de encierro. “El informe va a dar cuenta de cómo se agravaron las condiciones de detención, malos tratos, tortura y muerte en estos cuatro años de macrismo”, adelanta. El 95 por ciento de las entrevistadas denunció que al menos una vez sufrió malos tratos, violencia verbal o física de las fuerzas de seguridad. En las cárceles, hay una triple discriminación– explica Vásquez Haro–: ser travesti, migrantes y pobres.
Según el último informe de la CPM, a diciembre del año pasado, eran 94 las mujeres trans detenidas en las cárceles bonaerenses. La mayoría de ellas están alojadas en la Unidad 32 de Florencio Varela. El resto se reparte entre la Unidad 44 de Batán y la Unidad 2 de Sierra Chica.
La población trans en cárceles creció un 36 por ciento entre 2017 y 2018 – al calor de la retórica manodurista. Hasta el año pasado, el 86 por ciento de las personas trans detenidas lo estaba por tener un procesamiento. O sea, sin sentencia ni revisión de sentencia. Como sucedió con Mónica.
La justicia le reclama a la justicia
El viernes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, Eduardo de Lázzari, firmó una resolución en la que le apuntaba directamente al Procurador General Julio Conte Grand. Por un lado, le reclamaba que le informe qué se hizo con la denuncia que presentó Mónica desde el hospital. Por otro, hacía una exhortación a todas las autoridades que intervienen en el caso para que no entorpezcan la acción de defensores de los derechos humanos.
Mario Coriolano, defensor de Casación, fue a visitarla mientras estaba en una cama en Olmos. Lo hizo a partir de un pedido del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) – que consideró que la falta de atención, las burlas y el hostigamiento que padeció Mónica podía catalogarse como un caso de tortura. Terminó denunciado Coriolano por el titular del SPB, Xavier Areses, por haber supuestamente permitido el ingreso de una periodista – lo que sería prácticamente una hazaña porque es el propio SPB quien controla ingresos y egresos de las cárceles.
“El de Mónica es un caso testigo porque pone sobre la mesa lo más brutal y estereotipado del sistema de justicia: de un sector de los fiscales, de la judicatura y el SPB”, dice Coriolano a Presentes. “Desde una perspectiva de género hay una intersección de vulnerabilidades. Es una mujer trans, peruana y eso llevó a que se la involucrara falsamente en un tema de drogas”.
La resolución de De Lázzari surgió después de que llegaran ante el máximo tribunal provincial presentaciones de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), del CNPT y del Vicario Episcopal de Solidaridad de la Diócesis de Quilmes.
La CPM presentó dos hábeas corpus por la situación de Mónica y solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que extendió a todo el colectivo trans privado de su libertad en la provincia de Buenos Aires.Es probable que se repitan las presentaciones en las próximas semanas e incluso que se sumen nuevas organizaciones para apoyar el reclamo.
Mónica está actualmente detenida en prisión domiciliaria en el Hospital San Juan de Dios de La Plata, pero las organizaciones que siguen su caso vienen reclamando que se la traslade al Hospital El Dique, de Ensenada, porque es el centro médico ideal para tratar dolencias crónicas.
“Es de interés que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. La respuesta del Estado para Mónica debe ser reparatoria”, reclama Ignacio Di Giano, director del Programa de Recepción de Denuncias de la CPM. “Esta chica entró caminando y se va a ir en una silla de ruedas en el mejor de los casos”.
Fuente Agencia Presentes
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