Decepcionante fallo judicial el conocido este viernes en Kenia, por el cual la Alta Corte de Justicia de ese país mantiene la criminalización de las relaciones homosexuales. El proceso judicial se remonta a 2016, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC en sus siglas en inglés) presentó una demanda contra la ley que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel.

Son varios los artículos del Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe Homofobia de Estado de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes «tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza» o «quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza».  El artículo 163, por su parte, castiga a «quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años».

Asimismo, el artículo 165 establece que «el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años». Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

La denuncia presentada por NGLHRC en abril de 2016 consideraba que estas normas «degradan la dignidad inherente de las personas afectadas al prohibir las más privadas e íntimas posibilidades de autoexpresión”. Para Eric Gitari, director ejecutivo de la asociación, la ley además hace socialmente aceptable la persecución y el sometimiento a chantaje de las minorías sexuales, especialmente a quienes temen salir del armario. «Hemos tratado una gran cantidad de casos de violencia, de personas que dan palizas a otras porque no están de acuerdo con su orientación sexual. Pero nuestros clientes no se atreven a denunciarlo a la policía porque no sabrían cómo explicar lo que estaban haciendo con otros hombres en la intimidad de sus habitaciones, sin admitir que estaban cometiendo un delito», denunciaba entonces Gitari.

Pese a todo ello, tras un largo proceso plagado de dilaciones (hace más de un año que se esperaba su resolución), un panel de tres jueces (Roselyn Aburili, Chacha Mwita y John Mativo) han decidido por unanimidad que los artículos 162 y 165 del Código Penal keniano no son discriminatorios hacia las personas homosexuales, argumentando que persiguen a cualquier persona que cometa los actos en ellos detallados y señalando que, a su juicio, los demandantes no han aportado pruebas suficientes de que las personas homosexuales se vean discriminadas por el Estado debido a la redacción de estos artículos, que mantienen de esta forma vigentes.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaba dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% consideraba tal orientación sexual inaceptable. La prensa ha contribuido en buena parte a alentar esta homofobia social: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria fue, como no podía ser menos, uno de los nombres citados en la mencionada publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se  presentó una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gaislo que no fue aceptado por los tribunales. Kenyatta se reafirmaba en su posición en abril de este año tachando los derechos LGTB de asunto «no aceptable» y «sin importancia para el pueblo de la República de Kenia».

Triunfo de CitizenGO

En clave nacional no está de más recordar, por cierto, la campaña que CitizenGO, la marca internacional de la organización ultraconservadora HazteOír, ha llevado a cabo contra la despenalización de las relaciones homosexuales en Kenia. No es de extrañar, dado el peso de Kenia en África y en la Commonwealth. Lamentablemente, en este caso se han apuntado una victoria que hará aún más difícil la ya complicada vida de las personas LGTB en buena parte del continente africano.

Fuente Dosmanzanas