Carlos Martínez, director del colegio concertado financiado por la Comunidad de Madrid, Juan Pablo II de Alcorcón,  en el inicio del curso escolar envió una carta bastante repugnante a los padres de los alumnos en la que comparaba la ley contra la lgtbfobia aprobada en Madrid con  el “fanatismo terrorista”.

La Comunidad de Madrid realizó una investigación para esclarecer el asuntoy le pusieron una multa al director del colegio de 100 euros.

A los ultra católicos no les gustó la multa y fueron a un juez a reclamar su derecho a la libertad de expresión. Y un juez ha dicho que, efectivamente, la carta es libertad de expresión. Pero cuando el juez dice que es libertad de expresión… se refiere a la comparación de la Ley con el terrorismo, exclusivamente a eso. El juez no entra a valorar las connotaciones homófobas de las declaraciones de Martínez, que son lo que sancionó la Comunidad de Madrid al considerarlas expresiones vejatorias hacia el colectivo. Pero más concretamente, Martínez hacía clara referencia a las asociaciones LGTBI+ que visitan centros educativos por todo el país para educar a los jóvenes en la diversidad. De ahí lo del “fanatismo terrorista“. Es decir: el juez se ha ceñido a lo que le ha venido bien para no condenar a Martínez en lugar de analizar qué era lo que realmente estaba criticando el director del centro (y que sí es sancionable según la ley LGTBI+).

Los ultras celebran la sentencia porque creen (equivocadamente) que el juez ampara la homofobia como libertad de expresión, cuando lo que ampara es la crítica a la ley, por muy duro que sea; porque el juez considera que es una crítica únicamente a la ley, no al colectivo LGTB+. Algo en lo que, obviamente, no están de acuerdo en Arcópoli que es la asociación que denunció la carta frente a la Comunidad. Yago Blando, Coordinador de la entidad, lo ha dejado claro: “Esperamos que el Colegio Juan Pablo II cumpla la ley LGTB, pues bien puede criticarla, pero no saltársela. Así que esperamos que el 28 de junio de 2019 cuelguen la bandera arcoíris en su patio para fomentar el respeto a las personas LGTB. Desde Arcópoli se la regalamos.”

Pero hay un detalle importante  que es algo que celebran desde Arcópoli porque es que resulta que en la demanda presentada por el colegio Juan Pablo II se pedía al juez que, dada la situación, analizara si la multa a Martínez era constitucional. Con eso intentaban, básicamente, poder tumbar la ley en el Tribunal Constitucional. Pero, aunque el juez ha afirmado que criticar la ley es libertad de expresión, también ha dejado claro que es “innecesario el examen de otras cuestiones así como el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad“.

Fuente | ElDiario.es, vía EstoyBailando

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