El gobernador de Bermudas firma la ley que deroga el matrimonio igualitario y lo sustituye por una figura legal específica para parejas del mismo sexo
Malas noticias: con la firma del gobernador, John Rankin, la ley que deroga el matrimonio igualitario en Bermudas es ya una realidad. Medios LGTB anglosajones hacen ya referencia al “primer lugar del mundo” en el que se da este paso atrás. Y aunque esta afirmación es discutible (nos viene a la cabeza el triunfo en referéndum de la Proposición 8 en California en 2008), lo cierto es que el simbolismo de la noticia es indiscutible. Era esperada, en cualquier caso: hace ahora dos meses recogimos la aprobación de la medida por la Asamblea de Representantes de Bermudas.
La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era un tanto peculiar. En mayo de 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían reclamado ante los tribunales su derecho a casarse. La jueza consideró entonces que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. Por ello, consideró que los demandantes tenían derecho a contraer matrimonio y declaró que la ley matrimonial debía interpretarse como aplicable a las parejas del mismo sexo. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hicera referencia a “dos personas” en lugar de a “hombre y mujer”.
Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que solo unos meses antes, había rechazado en referéndum la posibilidad de reconocer jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.
Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno de Bermudas no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. Finalmente, como una forma de “cortocircuitar” a la Corte Suprema, la Asamblea de Bermudas aprobó un proyecto de ley que en lugar del matrimonio igualitario instituye la figura de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo. La medida fue aprobada en diciembre por 24 votos a favor y 10 en contra. Ahora el gobernador John Rankin, en representación de la reina de Inglaterra, ha estampado su firma en la ley, otorgándole plena validez.
Cabe señalar que de no haberlo hecho (opción que según los medios ha sido valorada por el Gobierno británico), John Rankin hubiese abierto una importante crisis política: Bermudas es un territorio británico de ultramar que goza de una autonomía casi plena. El Gobierno británico, a través del gobernador, dirige la política de seguridad y defensa, pero procura no inmiscuirse en cuestiones internas salvo en circunstancias excepcionales. Y con la decisión de no hacerlo, el Gobierno de Theresa May ha dejado claro que este tema no le parece de suficiente importancia.
A partir de ahora, las parejas del mismo sexo ya no podrán contraer matrimonio, sino una unión civil que otorga derechos similares pero que es una institución diferenciada. Eso sí, para evitar problemas jurídicos la nueva figura legal no tendrá efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo que hayan tenido lugar desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la actualidad seguirán vigentes.
Bermudas, un territorio profundamente conservador
Esta regresión de los derechos LGTB no es simo la respuesta de un Gobierno y sociedad profundamente conservadores a la inequívoca resolución de la Corte Suprema, que estableció con rotundidad que la prohibición del matrimonio igualitario vulneraba la legislación sobre derechos humanos. Del conservadurismo de la sociedad bermudeña da fe que no despenalizó la homosexualidad hasta 1994, y que, por ejemplo, la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales masculinas sigue siendo dos años superior que para las relaciones heterosexuales o lésbicas (18 años frente a 16).
Ello no ha evitado que se produzcan avances significativos. En 2013, por ejemplo, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe discriminar por razones de orientación sexual (a finales de 2012 nos hicimos eco de la misma). Y a principios de 2015 la Corte Suprema de Bermudas falló a favor de la adopción homoparental, lo que permite a las parejas del mismo sexo adoptar en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo.
Está por ver si la aprobación de la ley de uniones civiles y la reversión del derecho al matrimonio tendrán una respuesta judicial, aunque no parece descabellado que acabe dando lugar a una nueva batalla legal. Como decíamos arriba, hay al menos un antecedente parecido: en 2008, la Corte Suprema de California declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. Meses más tarde, se aprobaba en referéndum una enmienda constitucional que restauraba expresamente la prohibición, a pesar de que unas 18.000 parejas se habían casado ya. En 2010 dicho referéndum fue considerado inconstitucional por un tribunal federal, pero hubo que esperar a 2013 para que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos definitivamente validase la decisión. Las bodas volvían a California cinco años después.
El matrimonio igualitario en el Reino Unido
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