La presidenta Michelle Bachelet presentará la próxima semana el proyecto de ley de matrimonio igualitario en Chile.
La ley del matrimonio igualitario garantizará a parejas homosexuales los mismos deberes y derechos de heterosexuales, sin excepciones. Así lo señaló el Ministerio Secretaría General de Gobierno, mientras que Presidencia destacó que la norma es un compromiso asumido ante la CIDH.
El Ministerio Secretaría General de Gobierno confirmó en cita con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) que el proyecto de ley de matrimonio igualitario que el próximo lunes presentará la presidenta Michelle Bachelet garantizará a las parejas homosexuales todos los derechos y deberes de las uniones heterosexuales, sin excepciones.
En el marco del trabajo técnico entre el Estado y el Movilh para la elaboración del proyecto de ley, que esta semana suma dos reuniones, la Segegob precisó que el proyecto ha acogido de manera efectiva las propuestas del movimiento lésbico, gay, bisexual, transexual e intersexual (LGBTI)
Esta mañana, la vocera de Gobierno, Paula Narváez, señaló en Mega que “entendemos que el tema filiativo es un tema importante. El proyecto de ley se hace cargo de las derivaciones del matrimonio (…) estamos generando condiciones para que las parejas homoafectivas puedan ser padres o madres”.
Por su lado el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, explicó que “nosotros tuvimos un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde fuimos denunciados respecto de la carencia de esta pieza legal y en el próximo tiempo se va a enviar esta ley”.
Fue el 15 de mayo del 2012 cuando el Movilh denunció al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición del matrimonio igualitario.
Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el MOVILH, luego de años de conversaciones y mesas de trabajo con 6 ministerios, las partes llegaron a un acuerdo de solución amistosa el 11 de junio del 2016 a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la CIDH por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio una vez que había agotado la vía judicial dentro del país (puedes descargar el histórico acuerdo aquí). De desarrollarse todos los puntos contemplados en dicho acuerdo, Chile, que ya ha dado algunos pasos importantes (como la aprobación de las uniones civiles) pasaría a situarse en primera línea del reconocimiento jurídico de los derechos LGTB. Implicaría aceptar el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), pero también la aprobación de una ley de identidad de género (que permita a las personas trans modificar su sexo legal mediante un simple trámite administrativo), un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria ya vigente en Chile (la conocida como “ley Zamudio”) y medidas en el ámbito educativo.
En dicho acuerdo, el Estado se comprometió a enviar el proyecto de ley este año, así como a garantizar todos los derechos y deberes en el mismo, incluida la adopción y filiación, y a trabajar la propuesta final junto a los peticionarios.
Los contenidos del acuerdo fueron dados a conocer en julio del 2016 por 4 ministros y el Movilh, mientras que en enero de este año fueron refrendados por al presidenta Michelle Bachelet en una ceremonia efectuada en La Moneda. Un acto que supuso sin duda un importante impulso político a la implementación del acuerdo. La ceremonia, que tuvo lugar en el Palacio de La Moneda, se abrió con un discurso de Heraldo Muñoz, ministro chileno de Relaciones Exteriores, que hizo un resumen de los variados puntos del acuerdo, los cuales incorporan variadas medidas, no sólo el matrimonio igualitario. Así, el canciller relató que la iniciativa contempla reformas a la Ley Antidiscriminatoria, a la Unión Civil para reconocer derechos de paternidad y maternidad a las parejas del mismo sexo, a la Ley de Adopciones (para posibilitar la adopción a los convivientes civiles), así como la aprobación de la Ley de Identidad de Género, la derogación de normas homofóbicas del Código Penal y la eliminación de las facultades que se entrega a las iglesias para decidir quienes pueden impartir clases de religión en establecimientos laicos.
También contempla la inclusión de la temática de la diversidad sexual y de género en todo el sistema educacional, partiendo desde la etapa preescolar, así como la incorporación de los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales en todas las políticas del Ministerio de la Salud y del Ministerio de la Mujer y de Género, entre otros puntos.
Muñoz dio luego paso a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. “Nos reunimos para dar cumplimiento al acuerdo de solución amistosa que suscribimos con el MOVILH, pero al mismo tiempo para dar inicio como establecimos al proceso de difusión pública sobre matrimonio igualitario. Proceso al que está llamado a sumarse la sociedad civil, así como todos los poderes del Estado”, explicó Bachelet. Añadió que “Chile reconoce formalmente la necesidad que tenemos como país de seguir perfeccionando las bases institucionales y nuestras normativas para evitar todo tipo de discriminación de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales”. En ese sentido, añadió, “Nos comprometemos como Estado a impulsar una discusión pública, participativa y abierta que permita al país generar un proyecto satisfactorio de matrimonio igualitario, reconociendo a todas las personas los mismos derechos”, añadió. “Estamos avanzando paso a paso, a veces más lento de lo que nos gustaría, pero el destino es claro y nuestras convicciones firmes”, finalizó la presidenta chilena en medio de contundentes aplausos y muestras de agradecimiento de todos los presentes. Conviene recordar, en este punto, que al margen de la vía judicial Bachelet ya prometió en marzo de 2013 que en caso de ser elegida presidenta abriría el proceso de discusión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En aquel momento se desató el optimismo entre el colectivo LGTB, pero a lo largo de los últimos meses lo cierto es que las dificultades han aflorado y el proceso se ralentizó. Una importante dificultad la constituye la necesaria complicidad del Congreso, cuya composición permite tener esperanzas pero no asegura la aprobación de estas reformas sin dificultades. En este sentido, la inclusión de la adopción homoparental se prevé uno de los puntos calientes de la discusión. La principal oposición, previsiblemente, vendrá de la UDI (Unión Demócrata Independiente), principal partido de la derecha chilena, algunos de cuyos diputados ya anunciaron la posible presentación de una propuesta de reforma la Constitución de Chile para prohibir expresamente el matrimonio igualitario. También es previsible una fuerte oposición desde ámbitos religiosos, tanto la Iglesia católica como desde las pujantes iglesias evangélicas.
De todas formas en enero conocíamos que, según una encuesta realizada por Cadem (empresa demoscópica y de investigación de mercado), un 64% de la ciudadanía de Chile es partidaria de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. En cambio, los partidarios de la adopción por familias homoparentales se sitúan en el 45% de la población. Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), en todo caso, señalan que “en materia de derechos humanos los Estados no pueden moverse por encuestas, sino por convicciones”.
Fuente MOVILH/Cristianos Gays/Dosmanzanas
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