Coincidiendo con el mismo día en el que Donald Trump toma posesión de su cargo como presidente de los Estados Unidos de América, la Corte Suprema de Texas admite un caso de Houston a través del que el sector más conservador aspira a proporcionar una herramienta para desafiar el decreto federal de 2015 que legalizaba el matrimonio gay en todo el país. Se trata de una demanda que busca mermar los beneficios para empleados municipales con el objetivo de excluir al cónyuge de un matrimonio homosexual.

Los nueve magistrados republicanos habían decidido en septiembre no admitir este caso, tras la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos del verano anterior que hacía constitucional el matrimonio homosexual a nivel nacional. Pero el gobernador Greg Abbott, el teniente gobernador Dan Patrick y el fiscal general del estado, Ken Paxton, han presentado un escrito apuntando a que podría servir como una plataforma para ayudar al estado de Texas a restringir el alcance del tribunal federal, por lo que han revocado su decisión.

«Habitualmente, los principales fallos constitucionales de la Corte Suprema de Estados Unidos dan lugar a oleadas de litigios que exploran los contornos y límites del pronunciamiento de la corte (…). Este caso es uno de los muchos casos que requerirán que los tribunales examinen el alcance del matrimonio igualitario anunciado por la Corte Suprema», señalaban los tres políticos republicanos en octubre, apuntando que la Constitución de Texas había prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo después de una enmienda de 2005. Según ellos, un tribunal federal debería ser cauteloso para no contradecir las leyes de los distintos estados.

Además de la presión de los tres políticos republicanos, también se han presentado en la Corte Suprema de Texas docenas de reclamaciones firmadas por funcionarios electos, activistas conservadores y líderes religiosos que han solicitado la defensa de la libertad religiosa y que se adopte una postura sobre cuestiones sociales, desafiando no sólo al matrimonio igualitario, sino también el aborto. En esta misma línea debe estar igualmente el demócrata Joe Moody, que presentaba el mes pasado un proyecto de ley con el objetivo de modificar la inconstitucional ley sodomita de Texas. Asimismo, diferentes organizaciones avisaban al estado de la estrella solitaria de los peligros de copiar las leyes homofóbicas de Indiana o Carolina del Norte.

«El gobernador y el fiscal general no pueden ahora tomar la posición de que la corte de Texas hace cumplir esas mismas leyes inconstitucionales para privar a las parejas casadas del mismo sexo de derechos otorgados a otras parejas casadas», declara un grupo de abogados de Texas, explicando que el caso no tiene nada que ver con el aborto, el matrimonio igualitario o la libertad religiosa, sino con contradecir un estatuto federal.

Texas no es el primer estado conservador en intentar tirar abajo la ley sobre matrimonio igualitario, pero ningún intento previo ha tenido éxito. En marzo de 2016, un tribunal de Alabama rechazaba un caso que pretendía impedir allí el matrimonio igualitario mientras que el gobernador de Indiana, el ahora vicepresidente Mike Pence, firmaba una ley que permitía a las empresas rechazar a los clientes homosexuales en base a la libertad religiosa, aunque también dijo que respetaría el dictamen de la Corte Suprema de 2015 legalizando el matrimonio entre personas del mismo sexo. En julio de 2016, un juez federal aludía a la misma sentencia de 2015 para declarar inconstitucional la ley de «objeción religiosa» de Mississippi, en la que se definía el matrimonio como una relación exclusiva entre un hombre y una mujer.

Fuente Universogay