El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, reconoce finalmente su derrota en las pasadas elecciones
A pesar de que Pat McCrory se negaba a reconocer su fracaso electoral, finalmente ha terminado por admitir su derrota frente al demócrata Roy Cooper, quien asume su cargo de gobernador en enero, teniendo como uno de sus objetivos la derogación de la Ley HB2 sobre la restricción del uso del cuarto de baño a las personas transexuales.
De infarto fue el escrutinio de las elecciones que auparon a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, pero no todos los republicanos lo celebraron de la misma manera porque, si bien ha obligado a un recuento de los votos posponiendo el final de su período como gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory perdía frente el demócrata Roy Cooper, de 59 años de edad y natural de Nashville, que firmará el cargo el 1 de enero siendo uno de sus primeros propósitos el de revocar las leyes discriminatorias contra la comunidad LGBT de su predecesor en el cargo.
El gobernador de Carolina del Norte, el republicano Pat McCrory, ha reconocido finalmente su derrota en las pasadas elecciones, tras largos días de recuento de votos en gran parte de los condados del estado. McCrory es conocido por su empecinada LGTBfobia, que le llevó a aprobar y mantener una de las legislaciones más discriminatorias de los Estados Unidos, la conocida HB2. El nuevo gobernador, el demócrata Roy Cooper, ya ha declarado su intención de “acabar el trabajo” que han hecho los electores y derogar la infame ley. No lo tendrá fácil, dado que los republicanos sí han conseguido renovar el control de la legislatura del estado.
Tras pedir recuentos en 52 de los 110 condados que componen el estado de Carolina del Norte, y cuatro semanas después de que se celebraran las elecciones el pasado 8 de noviembre, el ya gobernador cesante Pat McCrory ha reconocido la victoria de su oponente, el hasta hoy fiscal general Ray Cooper, que presentó su candidatura por el Partido Demócrata. Lo ha hecho por medio de este vídeo, en el que declara que “a pesar de las cuestiones que deben tener respuesta respecto al proceso de votación, personalmente creo que la mayoría de nuestros ciudadanos han hablado y ahora debemos hacer todo lo que podamos para apoyar al gobernador número 75 de Carolina del Norte, Roy Cooper. Estoy orgulloso de que nuestro equipo deje este estado en un lugar mucho mejor que cuando llegamos a la oficina”:
Pat McCrory se ha convertido así en el primer gobernador de Carolina del Norte en perder una reelección. Pero lo ha hecho por un estrecho margen de unos 10.000 votos de diferencia de entre los más de 4.700.000 emitidos, a pesar de la polémica que ha rodeado su mandato en los últimos tiempos. La aprobación de la ley HB2, que discriminaba a las personas LGTB y afectaba especialmente a las personas transexuales, puso al gobernador en el ojo del huracán. Una ley infame que McCrory defendió a capa y espada, aun cuando las encuestas reflejaban que el 43 % de los ciudadanos de Carolina del Norte se oponía al texto legal, que tan solo apoyaba un 32 %.
Su aprobación arrastró al estado a grandes pérdidas económicas, debido al boicot de empresas y corporaciones, con la consiguiente repercusión en el empleo. Un estudio del William Insitute de la Universidad de California estimaba que, por cada año que la ley estuviera en vigor, el estado de Carolina del Norte perdería 5.000 millones de dólares. La oposición de los principales directores ejecutivos de empresas, artistas y organizaciones deportivas ha dado un golpe a la imagen comercial de Carolina del Norte, lo que ha llevado a las empresas a retirarse de la expansión en el estado, traducido en un considerable impacto negativo sobre Carolina del Norte, tal y como advertían a los políticos de Texas que habían anunciado su intención de copiar las mismas leyes discriminatorias. Quizás por ello, el ya gobernador electo, Roy Cooper, ha declarado que “con estas elecciones, Carolina del Norte está en en el buen camino para recuperar su reputación. Acabemos el trabajo y revoquemos la HB2”. “Creo que la mayoría o todos los legisladores entienden el severo impacto económico de la Ley HB2 que está teniendo sobre nosotros y que necesitamos hacer algo al respecto”, declara Cooper en una entrevista. Un impacto que, a pesar de todo, ha sido discutido por algunos republicanos, que continúan defendiendo la ley alegando que proporciona privacidad a los menores que hacen uso de los cuartos de baño y los vestuarios en los centros de enseñanza.
Su victoria en Carolina del Norte ha sido celebrada por los líderes de Human Rights Campaign y Equality North Carolina que habían centrado sus esfuerzos en derrotar a McCrory con la movilización del colectivo LGBT en lo que se estiman habrían sido hasta 255.000 votantes.
El presidente de Human Rights Campaign, Chad Griffin, expresó en un comunicado que “el reinado de discriminación de Pat McCrory finalmente ha terminado. El apoyo obstinado y temerario de McCrory a la HB2 le ha costado estas elecciones, y su derrota envía una poderosa advertencia a los legisladores de todo el país de que los ataques a las personas LGTB no serán toleradas. Esperamos con interés trabajar con el gobernador electo Roy Cooper y los legisladores imparciales para derogar HB2. Ya es hora de reparar el daño infligido a la gente, la reputación y la economía de Carolina del Norte”.
“Está perfectamente claro que la gente de Carolina del Norte quiere que esta legislación desaparezca”, declara Chris Sgro, director ejecutivo de Equality North Carolina, esperando que los políticos trabajen a favor de Cooper y deroguen la ley tan pronto como sea posible.
El empecinamiento en la discriminación
La conocida HB2, fue promulgada en marzo de este 2016 por Pat McCrory, después de que las cámaras legislativas del estado, controladas por los republicanos, la aprobaran con carácter de urgencia y sin apenas discusión previa en un proceso que fue ampliamente criticado. La ley prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer medidas de protección contra la discriminación de las personas LGTB y deroga las ya existentes. En realidad, la ley perseguía acabar con la norma que antes había aprobado Charlotte, la ciudad más poblada del estado, y que precisamente amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis. Entre esas medidas se hallaba la de permitir a las personas transexuales que dispusieran de los aseos correspondientes a su identidad de género real en cualquier centro público, incluidos los escolares.
Esta última medida fue la que se tomó como excusa para organizar con carácter de urgencia plenos en ambas cámaras del estado para aprobar la ley a rebufo de la ola de histeria que los grupos más conservadores buscan provocar alrededor del “pánico transexual en los baños”, a semejanza de lo que ocurrió el pasado 2015 en Houston (Texas), donde la campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales fue feroz y vergonzosa. Una urgencia que impidió además el debate sobre el alcance de las medidas antidiscriminatorias, aprobadas en dos sesiones vertiginosas en la Cámara de Representantes y el Senado estatales. En este último, los senadores del Partido Demócrata, en minoría, abandonaron la sesión como protesta. En ambas cámaras el resultado fue abrumadoramente mayoritario.
El gobernador firmó inmediatamente la ley, con lo que las normativas antidiscriminatorias para las personas LGTB existentes en los distintos municipios y condados de Carolina del Norte quedaron derogadas. Muchas de ellas llevaban años en vigor, sin que se haya producido ningún ataque a ningún menor en los baños de los centros escolares por “depredadores disfrazados de mujer”. Sin embargo, para el gobernador, “la expectativa básica de intimidad en el más personal de los lugares, un baño o un vestuario para cada género, ha sido violada por la extralimitación del gobierno y la intrusión del alcalde y el consejo de la ciudad de Charlotte”. Esa fue es la única y mendaz razón dada para no solo derogar una normativa antidiscriminatoria para todo el colectivo LGTB, sino además para impedir que puedan establecerse medidas semejantes en el futuro.
La ACLU, la más importante organización de defensa de los derechos civiles del país, consideró de hecho la ley de Carolina del Norte la más regresiva de todas las aprobadas contra las personas LGTB. El fiscal general de Carolina del Norte y ahora gobernador electo, el demócrata Roy Cooper, dejó claro por su parte que no tenía la menor intención de defender ante los tribunales la constitucionalidad de la ley si esta era denunciada.
La patente discriminación que supone la ley HB2 tuvo consecuencias inmediatas para Carolina del Norte. A parte del All-Star, McCrory también ha visto como importantes figuras del espectáculo como Beyoncé, Bruce Springsteen, Dead & Company, Itzhak Perlman, Ringo Starr o Cyndi Lauper han cancelado sus conciertos o han donado su recaudación a colectivos LGTB. Eventos y convenciones han trasladado su sede a otros estados, causando pérdidas cercanas a los 330 millones de dólares. Empresas y corporaciones como PayPal o el Deustche Bank han cesado en sus inversiones. 200 directivos de las principales empresas escribieron una carta solicitando al gobernador la derogación de la ley. Otras 67 han apoyado la demanda de inconstitucionalidad, presentando un documento de apoyo ante el tribunal. La propia liga de baloncesto profesional (NBA) anunció el traslado de la sede del All-Star Game, que debería celebrarse en Charlotte en 2017, si no se eliminaba cualquier discriminación a las personas LGTB de las leyes del estado. Las pérdidas económicas para el estado por esta decisión de la NBA se estimaban en 100 millones de dólares.
Pero quizás la mayor pérdida económica sería la retirada de los fondos federales para educación, cifrados en 4.500 millones de dólares. El pasado mes de mayo, el Departamento de Justicia requirió al estado de Carolina del Norte que suspendiera la aplicación de la ley HB2, al considerar que violaba tanto el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación en el empleo por razón de sexo, como el denominado de forma genérica “Título IX”, la ley que prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo (no confundir con el Título IX de la Ley de Derechos Civiles).
Transcurrido el plazo que el Gobierno estadounidense dio al estado de Carolina del Norte, el gobernador McCrory no solamente se negó a suspender la aplicación de la ley, sino que directamente demandó al Departamento de Justicia ante una Corte federal del estado, por considerar que se extralimitaba en el ejercicio de sus funciones. La respuesta de la administración federal fue rotunda: a través de su fiscal general, la afroamericana Loretta Lynch (natural, ella misma, de Carolina del Norte) anunciaba la presentación de una demanda federal por violación de los derechos civiles contra Carolina del Norte y su gobernador, Pat McCrory, entre otras instituciones del estado. Lo hacía, además, en un apasionado discurso, en el que situaba directamente esta batalla legal en el campo de los derechos civiles. La fiscal instaba a que “en lugar de ignorar a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, aprendamos de nuestra historia y evitemos repetir los errores de nuestro pasado. Reflexionemos sobre una obvia, pero a menudo olvidada, lección: que una discriminación sancionada por un estado nunca resiste la mirada retrospectiva”.
Derogar la ley no será fácil
Además de la educación, las energías renovables y la justicia criminal, también la revocación de la ley de la restricción del uso del cuarto de baño a personas transexuales en escuelas y edificios gubernamentales, conocida como Ley HB2, es uno de los objetivos de Roy Cooper, que quizás tendrá que esperar hasta el año que viene. Y e que Roy Cooper no lo tendrá fácil: pese a perder las elecciones a gobernador, los republicanos renovaron en noviembre su mayoría en las dos cámaras legislativas del estado y tendrán mayoría a favor del veto en la Cámara y el Senado en 2017. Y aunque varios legisladores republicanos entre los que con toda probabilidad estará Cecil Brockman, que salía del armario con la intención de concienciar a sus compañeros de partido, han manifestado después de todo lo sucedido que ya no están a favor de la ley HB2, ello no parece suficiente para proceder lisa y llanamente a su derogación. Los activistas LGTB locales, no obstante, se muestran moderadamente esperanzados ante la posibilidad de que se alcance algún tipo de compromiso. Estaremos atentos a lo que sucede.
Fuente Dosmanzanas/Universogay
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