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Amnistía Internacional denuncia 1.731 crímenes de odio contra la comunidad LGTB durante los últimos seis años

Sábado, 4 de julio de 2015

135728_frentepostalG44LGBTAmnistía Internacional ha documentado hasta 1.731 crímenes de odio contra la comunidad LGBT entre 2008 y 2014 perpetrados en hasta 62 países y recuerda que la homosexualidad es aún castigada con pena de muerte en diez países como Afganistán, Irán, Mauritania, Pakistán, Arabia Saudí, Sudán o Yemen. El estudio, elaborado por el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, ha sido publicado con motivo de la celebración este 28 de junio del Día Internacional del Orgullo LGTB.

“No quiero esconderme. Vivo abiertamente. En Bielorrusia no es fácil, pero quiero que la gente vea que soy una persona como las demás”, ha explicado Ihar Tsijaniuk, activista que ha sufrido golpes y amenazas por la policía por el hecho de ser conocido como drag queen y tras haber intentado, en enero de 2013, legalizar el Centro de Derechos Humanos Lambda, ONG de apoyo a la comunidad LGTB.

Como Tsijaniuk, miles de personas sufren discriminación y violencia. Las últimas estadísticas de mayo de 2015 del Observatorio señalan que de los 1.731 crímenes documentados entre 2008 y 2014, el 44% los sufrieron personas de entre 20 y 29 años, y se incrementó el número de menores respecto a años pasados.

Amnistía Internacional considera que es necesario que los crímenes de odio, que se distinguen porque contienen un carácter discriminatorio, sean investigados para acabar con la impunidad existente. “Pocos países cuentan con legislación sobre delitos de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género. Los Estados deben proteger a todas las personas contra la discriminación”, ha apuntado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.

Amnistía Internacional recuerda además que todavía hay diez países (Afganistán, Brunéi, Irán, Mauritania, Pakistán, Arabia Saudí, Sudán, Yemen, y partes de Nigeria y Somalia) que castigan con la pena de muerte la homosexualidad, ilegal en alrededor de 80 Estados.

A pesar de que todavía queda mucho camino por recorrer, existen avances en la lucha contra la homofobia. Son ya 19 países los que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre ellos algunos recientes, como Uruguay, Irlanda y Reino Unido.

Las personas transgénero sufren discriminación en muchos aspectos, entre ellos en el reconocimiento legal de su identidad de género. Amnistía Internacional ha denunciado que para obtenerlo, todavía en más de 20 países europeos las personas transgénero tienen que someterse a tratamiento quirúrgico para eliminar sus órganos de reproducción, algo que conlleva la esterilización irreversible, así como a una evaluación psiquiátrica que les determine como “personas transgénero“.

En países como Alemania, Noruega, Francia o Dinamarca, estos requisitos son necesarios incluso si lo único que desean es simplemente cambiarse el nombre. “En muchos países las personas transgénero no pueden ser quienes realmente son. Estos requisitos que se les exigen suponen una violación de derechos humanos”, ha señalado Beltrán.

Amnistía Internacional, en su último informe, señala que la mayoría de las personas que hablaron con la organización consideraban que el diagnóstico se basaba en estereotipos de género. Así lo explica por ejemplo Charlie, hombre transgénero que tuvo que convencer a los profesionales de la salud que le trataban de que su identidad de género no era un capricho.

“Insistían en preguntarme si estaba seguro de que no era lesbiana y les interesaba saber lo que me gustaba en la cama. Tenías la sensación de que te estaban examinando. Cuando dije que era sexualmente dominante dijeron que podía ser hombre porque ésa era una típica conducta masculina“, relata.

En España, aunque se ha eliminado el requisito del tratamiento quirúrgico, todavía se exige tratamiento médico e informe psiquiátrico para obtener el reconocimiento legal de género. AI ha pedido que se elimine cualquier requisito médico y psiquiátrico, siguiendo el ejemplo reciente de Dinamarca.

Fuente Amnistía Internacional

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