Decretan en Costa Rica sanciones contra la discriminación sexual
La directriz anunciada es de acatamiento obligatorio para todas las instituciones públicas del país.
El Gobierno de Costa Rica anunció el viernes la creación de un decreto ejecutivo que sanciona la discriminación y reconoce los derechos de los trabajadores y usuarios con orientaciones sexualmente diversas, después de que la Corte Suprema de Costa Rica prohibiese a su Colegio de Médicos discriminar a las parejas del mismo sexo de sus socios.
El mismo decreto estipula que en seis meses a partir de hoy todos los órganos del Estado deberán reformar sus normativas internas para que se reconozca la figura de unión libre en parejas del mismo sexo, se otorguen licencias en caso de enfermedad o fallecimiento de la pareja y se establezca un régimen de sanciones por discriminación.
“Este decreto cambia el paradigma en nuestras instituciones. No solo sienta las bases para acabar con la discriminación, sino que permitirá construir normativas internas que promuevan y respeten los derechos de las personas sexualmente diversas”, dijo en conferencia de prensa la vicepresidenta costarricense, Ana Helena Chacón.
A partir de la entrada en vigencia del decreto, las instituciones públicas del Poder Ejecutivo tendrán cuatro meses de plazo para presentar un plan que deberá incluir capacitaciones a su personal y reformas para garantizar la prestación de servicios que consideren las necesidades de la población sexualmente diversa.
Además, se pretende la eliminación de las disposiciones o acciones que promuevan la discriminación, que exista redacción de normativa con lenguaje inclusivo y que se provean los recursos materiales y humanos de modo que se pueda cumplir con las disposiciones del decreto.
Cada entidad pública tendrá una comisión que velará por el cumplimiento del decreto y deberán hacer reportes periódicos de sus avances a la vicepresidenta Chacón.
El decreto ejecutivo se enmarca dentro de las acciones y compromisos de la administración del presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, con la comunidad de personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI).
Costa Rica, no está de más recordarlo, es el país de América Central que presenta -con grandísima diferencia sobre sus vecinos- un panorama más prometedor por lo que a los derechos LGTB se refiere. El Congreso de Costa Rica estudia desde hace varios años proyectos de ley para avalar las uniones civiles entre personas del mismo sexo y garantizarles derechos patrimoniales como las herencias y acceso conjunto a créditos bancarios, sin embargo no ha sido emitida una ley sobre el tema. Como explicábamos con mayor detalle hace pocas semanas, la Asamblea Legislativa ha recuperado el debate en torno a un proyecto de uniones civiles entre personas del mismo sexo, que lleva años siendo debatido sin éxito, y lo hace además en el contexto favorable abierto con la elección como presidente hace un año de Luis Guillermo Solís, que ya desde el principio de su mandato Luis Guillermo Solís rompía moldes eligiendo a un ministro abiertamente gay para la cartera de Turismo y haciendo ondear, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, la bandera arco iris en diversas dependencias oficiales, incluida la sede de la presidencia, abogando por “la igualdad de derechos sin ninguna discriminación”. Gestos sin precedentes en Centroamérica, bien recibidos por los activistas LGTB costarricenses y muy criticados, como era de esperar, por los sectores conservadores.
La apertura de un nuevo periodo por lo que a los derechos LGTB se refiere quedó simbolizado, poco después de la elección de Solís como presidente, por la decisión unánime de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) de que los trabajadores de Costa Rica puedan incluir a sus parejas del mismo sexo en los beneficios del sistema de seguridad social por lo que a la atención médica se refiere (lo que incluye tanto el derecho a la atención sanitaria pública como a la visita hospitalaria), desde mayo de 2014. LA CCSS comenzó a valorar esta posibilidad en los días previos al relevo presidencial a iniciativa de Luis Loría, representante del movimiento cooperativista ante dicho organismo, que consideró injusto que durante el proceso de negociación para elegir al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa se usara como moneda de cambio la posibilidad de dejar en suspenso la discusión del proyecto de uniones civiles, una noticia que recogimos en su momento. La decisión fue saludada muy efusivamente por el propio presidente de Costa Rica en su perfil de Facebook e incluos mereció una felicitación expresa a Costa Rica desde Naciones Unidas
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