El catecismo de la iglesia católica, en el apartado para la homosexualidad y castidad, reconoce la existencia de personas homosexuales y les invita a practicar la castidad, al tener una vida “intrínsecamente desordenada”. A Luis Alberto González, profesor de Religión en la isla de Lanzarote, le llegó un mensaje en el que le dicen que “ya no es idóneo” para seguir en las aulas.

González, que antes fue sacerdote, se casó hace dos años con un hombre. Entonces, remitió una misiva al Obispado informando de su situación. 24 meses de silencio después, tras enviar una Carta al director de EL PAÍS titulada Buenas noticias, ha recibido la notificación que lo encamina al desempleo. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias lo había ratificado en su puesto de profesor para el curso que comienza en menos de un mes.

Un breve comunicado enviado por fax define el despido de Luis Alberto González: “Por motivos de doctrina y moral y al amparo del derecho canónico se retira la idoneidad como profesor de religión“. El remitente es el Obispado de Canarias. González lo asume con naturalidad, asegura que “sabía que podía pasar” y asume que “si es así es así”. Dice que considera que se sale del perfil que busca la Iglesia católica y que no tiene problemas en reconocer que no es idóneo, “claro que lo reconozco y por ello pido que me rescindan de manera justificada y tener derecho a la prestación por desempleo. Ya me buscaré las castañas”.

Después de 15 años con un expediente inmaculado, el profesor dice que “las personas maduran” y que, en su caso, se ha “distanciado de determinados postulados católicos”. Uno de los alejamientos fue cuando siendo fiel a su conciencia contrajo matrimonio con su pareja en 2012. Siempre pensó que “en un asunto de la vida privada no había que dar explicaciones”, pero dice conocer la Iglesia y “dado que la institución matrimonial tiene una repercusión pública”, avisó y puso a disposición del Obispado su puesto de trabajo.

González también cuestiona la “manipulación de las creencias por parte de los que tienen poder en las religiones”. No le parece adecuado seguir “a una religión que se considera portavoz de Dios hasta el punto de meterse en todas las áreas de la vida de lo que debe hacer una persona”. El profesor sostiene que “hay capas de la ciudadanía, como las personas que conforman la comunidad educativa, que no ven mal el hecho de que alguien homosexual y casado imparta religión, pero a medida que se sube en la pirámide de la jerarquía católica, se advierte que están en otra onda, defendiendo algunos temas, incluso, que se pueden considerar medievales”.

Desde el Obispado de Canarias se han remitido a la notificación que enviaron al profesor, escueta y sin hacer referencia al prolongado silencio que han mantenido. Su situación laboral ahora se ha llenado de incertidumbre. Por un lado, a finales del pasado mes, la Consejería de Educación hizo pública la lista del profesorado que lo incluía para el próximo curso. Posteriormente, le comunicaron que no reúne los valores necesarios para impartir la asignatura que imparte. Desde el Gobierno de Canarias, la viceconsejera de Educación, Manuela Armas declaró: “A final de mes se sabrá que pasa con este profesor, porque el Obispado no nos ha informado aún“. Armas sostiene que “es el Obispado el que ordena los profesores que deben impartir religión y el que considera si son idóneos o no. Ahora, Educación se va a encargar de ratificar que no lo es“.

“Siempre estarán los que dirán que la Iglesia es como un club, si no quieres estar, te vas. Yo, sin embargo, defiendo, y he sido sacerdote, que desde dentro se puede ayudar a transformarla“, dice el aún profesor de religión y concluye: “La propia iglesia tiene que revisarse, asumir con normalidad estos debates y enfrentarlos“.

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Profesores pagados por el estado y despedidos por la Iglesia

La situación de los docentes LGTB vinculados de una u otra forma a la Iglesia católica es ciertamente vulnerable. En los últimos meses, por ejemplo, nos han llegado varios casos de docentes LGTB casados o comprometidos en relaciones de pareja despedidos de centros católicos de Estados Unidos, que han alentado la discusión en ese país sobre hasta qué punto la Iglesia católica puede romper vínculos laborales con aquellos profesores que no se comportan en sus vidas de acuerdo a su doctrina oficial (que considera la homosexualidad una “inclinación objetivamente desordenada” y obliga a las personas homosexuales a la castidad).

En el caso que nos ocupa, sin embargo, hablamos de un profesor que imparte clase en centros públicos y cuyo sueldo lo paga el Estado. Dejando de lado el anacronismo que supone que los centros educativos públicos sigan impartiendo clase de Religión (que de hecho ha recuperado peso académico en la última reforma educativa), resulta poco comprensible que en estos casos sea la Iglesia católica la que decide sobre contrataciones y despidos.

FELGTB: “intolerable que se use dinero público para discriminar”

En este sentido, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha emitido esta misma mañana un comunicado sobre el caso, que considera “intolerable”.

La FELGTB, a la que el propio Luis Alberto González envió la carta que El País le publicó para compartir su alegría, ve “injustificable” que la escuela pública “contrate o expulse a un profesor siguiendo los criterios morales de una entidad”. “Este pacto entre la Iglesia católica y el Estado es vergonzoso. Las escuelas son espacios de formación, no de adoctrinamiento”, ha declarado su secretario general, Jesús Generelo.

El Área de Asuntos Religiosos de la FELGTB, por su parte, se ha puesto a disposición del afectado “y reclama un estado laico que le ponga freno al poder de una jerarquía católica ajena a la realidad de las y los creyentes de base”.

ACTUALIZACIÓN (23:00 horas): el Gobierno canario considera fuera de plazo la retirada de la idoneidad

Según informa El Plural, el Gobierno canario (fruto de un acuerdo de coalición entre Coalición Canaria y PSOE) ha terciado en la polémica asegurando que la retirada de la idoneidad a Luis Alberto González se ha producido fuera de plazo, por lo que el profesor podría seguir en las listas de la Consejería de Educación para el próximo curso.

Es más, la viceconsejera Manuela Armas ha asegurado que al docente “le amparan la Constitución y las leyes” y que “desde la Consejería no vamos a avalar ningún tipo de discriminación. Estamos a la espera del dictamen de los servicios jurídicos del Gobierno”. “A final de mes se sabrá qué pasa”, ha añadido.

Habrá que ver qué sucede finalmente, pero lo cierto es que los vigentes acuerdos entre la Iglesia católica y el Estado español, que datan de finales de los setenta y que ni PP ni PSOE han querido derogar cuando han gobernado, otorga a la Iglesia católica la facultad de elegir cada año a los profesores de Religión de los centros públicos.