El Parlamento de Andalucíaaprobó este miércoles y por unanimidad la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios socialista y de IULV-CA para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Una normativa integral que busca dar respuesta a las demandas planteadas por este colectivo más allá de la rectificación registral de la mención de sexo y nombre propio, que desde 2007 permite la legislación estatal. El proyecto, tercero que se aprueba en España de estas características (tras los de Navarra y Euskadi) es de todo ellos el más ambicioso, al recoger sin matices como principio fundamental el del derecho a la libre autodeterminación de género.

La nueva ley permitirá a las personas transexuales, en el marco competencial de la comunidad andaluza, ver reconocida su identidad de género sin la necesidad de complicados trámites administrativos ni de contar con un diagnóstico médico o psicológico o de estar sometidas a tratamientos de ningún tipo. Pero el proyecto incluye además medidas para combatir la discriminación de las personas transexuales en el terreno laboral y regula las líneas fundamentales que deben guiar la atención sanitaria o la atención a los menores, tanto desde el punto de vista sanitario como educativo. Situaciones tan lamentables como las vividas hace unos meses, cuando una niña transexual se vio obligada a abandonar un colegio religioso concertado en Málaga que se negó a respectar su identidad de género, tendrán mucho más difícil volver a repetirse una vez se proceda al desarrollo reglamentario de la ley.

Con la aprobación de la ley culmina un proceso que ni mucho menos ha estado exento de dificultades. Mucho han luchado los colectivos trans andaluces, huelgas de hambre incluidas, para ver este sueño hecho realidad. Pero por fin, después de más de un año y medio de debate, vacilaciones, esperas, discusiones, enfados y tensión, hace pocas semanas se producía el acuerdo de los tres grupos del Parlamento andaluz: los dos proponentes y el PP, que ha querido sumarse al proceso de discusión en su fase de tramitación parlamentaria y ha votado finalmente a favor de la ley. Una actitud que por cierto contrasta con la que ese mismo partido ha mantenido en la Asamblea de Madrid (donde hace pocas semanas se negó a tramitar un proyecto similar presentado por el grupo socialista).

¿Actuará ahora al Congreso de los Diputados?

El PP de Madrid, argumentando que una ley así debe ser aprobada por la Cortes, registraba a cambio una proposición no de ley para instar al gobierno de Mariano Rajoy a impulsar una ley de ámbito estatal. Una proposición que fue luego aprobada por unanimidad de los grupos representados en la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, UPyD e IU), si bien el PP se negó a incluir la petición de que la ley de identidad de género de 2007 fuera actualizada eliminando la necesidad de que las personas transexuales deban aportar un diagnóstico médico para modificar el sexo en los documentos oficiales y a pedir que dicha ley recoja la garantía de acceso a los tratamientos a los menores transexuales.

Curiosamente, también en Andalucía se ha hablado de elevar este tema a las Cortes, aunque el punto de partida es distinto: aquí ya hay una ley que protege y reconoce sus derechos a las personas transexuales en el ámbito competencial de la comunidad autónoma, que es muy amplio. Lo ha hecho la diputada de IULV-CA Alba Doblas, que ha anunciado que su formación va a presentar esta ley integral en forma de proposición de ley en las Cortes y ha pedido al resto de los grupos que la apoyen “con el mismo ímpetu” que en Andalucía para que pueda ser extensible al conjunto del Estado.

Merece la pena recordar que también el Parlamento canario ha llegado recientemente al acuerdo unánime de admitir a trámite un proyecto similar.

Un paso más en la larga lucha por la despatologización

La ley andaluza, además de su importancia práctica a la hora de luchar contra la discriminación, supone un paso muy significativo en la larga lucha por la despatologización de la transexualidad. Y es que hasta la fecha son todavía muy pocas las iniciativas legislativas que incorporan de forma plena ese principio. La pionera fue sin duda la magnífica leyaprobada en 2012 por Argentina, que permite la rectificación registral sin obligación de acreditar intervención quirúrgica alguna ni terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. Un ejemplo que hace pocos días seguía Dinamarca.

España, aunque dio un gran paso en 2007 con la aprobación de la ley que permite la modificación registral del sexo sin necesidad de pronunciamiento judicial ni de cirugía de reasignación (sigue siendo de hecho una de las más avanzadas de Europa en esa materia) sigue manteniendo sin embargo el requisito del diagnóstico previo y exige (aunque con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal.

Fuente Dosmanzanas

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