La elección de Luis Guillermo Solís como nuevo presidente de Costa Rica ha despertado las esperanzas de la comunidad LGTB. Demandas como el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo cuentan por fin con un potencial aliado al frente del gobierno. El partido de Solís (Partido de Acción Ciudadana, socialdemócrata) no cuenta sin embargo con una mayoría parlamentaria sólida, por lo que ya desde un principio los colectivos LGTB temen que sus demandas pasen a ser moneda de cambio. Un primer aviso es lo sucedido en días pasados, cuando el partido de Solís ha estado a punto de pactar con grupos evangélicos.

Luis Guillermo Solís, con un programa progresista que incluye la aprobación de una ley de uniones civiles (“sociedades de convivencia”) entre personas del mismo sexo, medidas contra el maltrato animal o el acceso de los costarricenses a la fecundación in vitro conseguía con un 30,9 % de los votos una sorpresiva victoria por la mínima sobre Johnny Araya, candidato del oficialista Partido de Liberación Nacional (PLN) en la primera ronda de las elecciones presidenciales celebrada el 2 de febrero. Una victoria que se tornaba formidable en la segunda vuelta, celebrada el 6 de abril, cuando Solís se hacía con el 77,9 % de los votos frente al 22,1 % de Araya. El problema es que su formación política, el Partido de Acción Ciudadana (PAC), solo había podido hacerse con 13 de los 57 diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, cuyos miembros fueron elegidos también el 2 de febrero. El PLN fue el más votado en las elecciones legislativas, consiguiendo 18 escaños, mientras que el izquierdista Frente Amplio quedaba en tercer lugar, con 9 diputados.

La fragmentación de la Asamblea Legislativa ha obligado al PAC a buscar alianzas parlamentarias que le permitan hacerse con la presidencia de la cámara y controlar la agenda legislativa, sin lo cual se hace muy difícil sacar adelante las propuestas de gobierno. Y aquí es donde saltaban las alarmas cuando se conocía que el candidato de Luis Guillermo Solís a presidir la Asamblea, Henry Mora, estaba negociando con los dos diputados de Renovación Costarricense, un partido evangélico, su apoyo a cambio de posponer la tramitación de la ley de uniones. Negociación inadmisible para los colectivos LGTB, como el Movimiento Diversidad, que apostaron por Solís en la segunda vuelta de las presidenciales. “Posponer la garantía de los derechos humanos de un grupo tan importante es algo muy negativo que retrata una imagen demasiado conservadora de un gobierno que apenas va a iniciar y que contradice su programa de Gobierno”, declaraba su presidente, Marco Castillo. “Estamos totalmente en desacuerdo con esa negociación, según Henry Mora esto es una transición, un período de prueba, pero los derechos humanos no tienen tregua”, manifestaba su vicepresidente, Giovanny Delgado.

La presión de los grupos LGTB evita el pacto homófobo

Afortunadamente esta primera “bola de partido” ha sido salvada por los grupos LGTB, cuya protesta contra la tentación del PAC de plegarse a la presión de los evangélicos ha sido una de las más visibles, llevándolos incluso a manifestarse ante la sede de la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo. Finalmente Henry Mora alcanzaba un acuerdo con el Frente Amplio y con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), partido democristiano que cuenta con 8 diputados y que no ha impuesto el veto a la discusión de las uniones civiles. Mora conseguía así hacerse con la presidencia de la cámara con el apoyo de 30 diputados, garantizándose el control de la agenda legislativa durante este primer año. “Ese acuerdo se evitó por nosotros, por un sector del PAC y por el Frente Amplio”, declaraba Marco Castillo.

Según ha confirmado ya el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley de uniones civiles seguirá su “curso normal”, por lo que en cualquier caso la discusión tardará en producirse. Las perspectivas son moderadamente positivas, pero si algo queda claro tras estas primeras escaramuzas es que la comunidad LGTB no puede bajar la guardia.

Costa Rica y las uniones civiles: una larga historia

Lo cierto es que Asamblea Legislativa de Costa Rica lleva años debatiendo la posible aprobación de las denominadas “sociedades de convivencia” que no es otra cosa que una ley de uniones civiles que permitiría a las parejas del mismo sexo acceder a muchos de los derechos que otorga el matrimonio, aunque excluyendo la adopción.

Un proyecto que en ocasiones parecía que progresaba pero que siempre encontraba el freno de los cada vez más influyentes grupos evangélicos y sus representantes políticos, entre ellos el que llegó a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el pastor Justo Orozco (un conocido homófobo, perteneciente al mencionado partido Renovación Costarricense) o de la Iglesia católica costarricense, cuya Conferencia Episcopal hizo público un documento en el que rechazaba las uniones entre personas del mismo sexo.

Esto último ocurrió a raíz de que en 2013 se aprobara la Ley General de la Persona Joven, en cuyo articulado podía interpretarse que dichas uniones quedaban autorizadas (finalmente la justicia costarricense determinó que tal interpretación no era posible). Un episodio que despertó en su momento las esperanzas del colectivo LGTB, que ahora de nuevo se ven reavivadas. Estaremos atentos a lo que sucede en los próximos meses…

Fuente Dosmanzanas

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