ILGA pide derogar el decreto que modifica la Ley de Identidad de Género: “Ignora la evidencia científica y expone a la juventud trans”
ILGA, la organización más grande de la diversidad sexual en el mundo, repudió la modificación de la Ley de Identidad de Género. Pide la derogación del decreto e insta a organismos e instituciones que se posicionen.
Fuente Agencia Presentes
10 de febrero de 2025
Edición: María Eugenia Ludueña
La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC) e ILGA Mundo repudiaron al Decreto de Necesidad y Urgencia 62/2025 del gobierno de Javier Milei para modificar la Ley de identidad de Género. A través de una declaración conjunta, explicaron que ese decreto “impone graves restricciones al derecho a la identidad de género de las personas trans y no binarias, en particular de jóvenes”. Además dijo que el otro decreto (61/2025) publicado en el Boletín Oficial en el mismo día, que condiciona la identidad de género de las personas privadas de libertad, “vulnera la dignidad de las personas trans privadas de libertad”, resaltando que ambos se realizaron días después de una enorme marcha del Orgullo antifascista.
Foto: Marcha del Orgullo antifascista frente a la Casa de Gobierno en Buenos Aires. Fot: Ariel Gutrach/Archivo Presentes
ILGA, la organización de la diversidad sexual más grande del mundo, reconoce el carácter progresista en materia de derechos humanos que significó la Ley de Identidad de Género de Argentina. Es “la primera en el mundo que permite el cambio de nombre y marcador de género bajo estándares de autoidentificación y el derecho a la salud integral”, expresó. Y denunció que la modificación de la Ley de Identidad de Género “representa un retroceso alarmante en materia de derechos humanos y un ataque directo a los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y la propia Ley de Identidad de Género 26.743, reconocida a nivel mundial como un modelo de avanzada”.
Expertes legales explicaron a Presentes que esos decretos, como también dice la Declaración de ILGA e ILGALAC, “no cumplen con la Constitución”. Y señala que las organizaciones en Argentina denuncian que entre la quita de políticas nacionales de prevención, cierre de instituciones claves y avianca de discursos de odio en boca del Estado nacional, configuran un escenario donde “han aumentado los casos de violencia por prejuicio” y “empeorado las condiciones de vida de la comunidad LGBTI”.
“Ignora la evidencia científica y expone a la juventud trans”
La organización que lleva un mapeo de derechos humanos de personas LGBTIQ+ en el mundo, afirma que “la restricción impuesta a les jóvenes trans para acceder a tratamientos médicos esenciales ignora la evidencia científica y las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”. Además de desconocer la autonomía progresiva de les jóvenes, el decreto “expone a la juventud trans a mayores niveles de vulnerabilidad, sufrimiento psicosocial y riesgo de prácticas médicas clandestinas y no reguladas”.
Sobre el decreto que reglamenta el alojamiento de personas trans en cárceles, dice que promueve la estigmatización y criminalización de la diversidad, al basarse en un caso aislado para justificar medidas regresivas que atentan contra la seguridad y los derechos fundamentales de la población trans privada de libertad.
“Abuso de poder y golpe a la institucionalidad”
Para ILGA, esta regresión ejecutada a través de un decreto es “un abuso del poder ejecutivo y un golpe a la institucionalidad democrática”. El posicionamiento de la organización que nuclea a cientos de agrupaciones insta a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y al sistema interamericano de protección de los derechos humanos a “pronunciarse enérgicamente contra estos decretos y a exigir su inmediata derogación”.
También hace un llamamiento al Congreso a rechazar estos decretos y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “para que asuma su responsabilidad en la defensa de los derechos fundamentales y garantice la plena vigencia de la Ley de Identidad de Género en su redacción original”. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez también había opinado en el mismo sentido, pidiendo la intervención del máximo órgano del Poder Judicial.
“No toleraremos la normalización de discursos y políticas de odio que ponen en peligro la vida y dignidad de las personas trans. Seguiremos firmes en la lucha por la igualdad y la justicia, y acompañaremos todas las acciones legales y de incidencia necesarias para frenar esta embestida autoritaria. Las vidas trans no se negocian. Los derechos conquistados no se retroceden”, dice la declaración.
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