Al menos 50 mujeres trans han sido víctimas de transfeminicidio en México en lo que va de 2024, una cifra alta en relación a años anteriores. ¿Cómo leer estos datos urgentes para frenar la violencia? ¿Qué revela el contexto acerca de las desigualdades que atraviesan las vidas de las femeneidades trans?

Fuente Agencia Presentes

5 de septiembre de 2024

Geo González
Geo González
Edición: María Eugenia Ludueña

CDMX, México. En lo que va del 2024 al menos 50 mujeres trans han sido víctimas de feminicidio en México de acuerdo a datos recopilados por la Asamblea Nacional Trans No Binarie y el colectivo Transcontingenta. Es una cifra alta si se analizan los registros de años anteriores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya mostró su preocupación frente a estos indicadores.

Para dimensionar lo que sucede es importante mencionar que en 2023 la organización Letra S documentó 43 transfeminicidios. Representaron el 65% de la cifra total de muertes violentas contra personas LGBT en México. En menos de nueve meses de 2024, la Asamblea Nacional Trans No Binarie lleva documentados 50 transfeminicidios. Un dato que apunta a que este año se está convirtiendo en uno de los más violentos contra las mujeres trans mexicanas.

Las violencias se entrelazan

El Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT) viene llevando desde 2007 sus propias bases de datos. Su directora, Rocío Suárez, dice: “Ya no basta con nombrar una, dos, tres, nueve, quince asesinadas. Aunque es importante, se corre el riesgo de hacer de la muerte un espectáculo. Nos ha tocado reflexionar sobre eso porque nosotras lo hacíamos pero creo que ahora importa nombrar estas muertes desde otros lugares y otros fenómenos sociales y contextos que están atravesando la violencia hacia las mujeres trans”.

Suárez explica que dentro de la recopilación de datos aparece otra información crucial para abordarlos.  “Son necesarias las interseccionalidades que hoy notamos. Porque aparecen temas como las edades de las víctimas en etapas productivas, la desaparición, los contextos de movilidad, la presencia del crimen organizado y el aumento de uso de armas de fuego”, entre otros indicadores de violencias.

La mayoría de las víctimas ejercían el trabajo sexual y vivían en situaciones de vulnerabilidad. Pero también hay otras que eran políticas y buscaban un cargo público como Samantha Fonseca y Miriam Ríos, asesinadas en el contexto electoral de este año.

Protesta en CDMX por transfeminicidio de Samantha Fonseca. Foto: Geo González.

Recientemente también se supo de Emma, una joven de 16 añosasesinada en Ciudad de México, el estado del país donde se han registrado más transfeminicidios este año. También hay víctimas que habían logrado superar la barrera de los 35 años, como Reyna Hernández, de 54.

Este año también hubo quienes fueron víctimas de desaparición y transfeminicidio como Arantza Castillo. Y mujeres trans en contextos de movilidad, como Estrella, una mujer migrante de origen hondureño asesinada en Chihuahua.

“El arma de fuego prevalece en los transfeminicidios en un país militarizado”

De los 50 transfeminicidios documentados, en 27 de ellos se utilizó armas de fuego.

Jey Fernádez, activista de Baja California que alimenta el repositorio de la Asamblea, comentó en entrevista que el arma de fuego sobresale por otras formas de arma letal en los transfeminicidios de este año. Pero su uso no descarta el ensañamiento, formas de tortura y violencia sexual que se ejerce contra las mujeres trans al momento de ser asesinadas. 

“La violencia en razón de género contra las mujeres trans es doblemente más violenta en comparación a la violencia feminicida (hacia mujeres cisgénero) porque la saña, la violencia sexual, los modos de asesinar son distintos, pero también las formas cómo el arma de fuego es literalmente vaciada contra las víctimas. Lo que vemos este 2024 es que estamos frente a una limpieza social”, agrega Fernandez.

Rocío Suárez explica que el aumento en el uso de armas de fuego en los transfeminicidios tiene que ver, directamente, con la política de armas en el país. Y esto tiene un vínculo con la violencia generalizada y la política de seguridad pública implementada desde 2007 cuando se declaró la “guerra contra las drogas” en la que se ha militarizado al país.

Su análisis coincide con lo que Intersecta y otras organizaciones civiles documentaron en el informe Violencia de género con armas de fuego en México (2021): a 5 de cada 10 mujeres trans les arrebataron la vida con arma de fuego.

Víctimas en situación de vulnerabilidad y desplazamiento

La mayoría de las víctimas de transfeminicidio ejercían el trabajo sexual. Y de los 50 casos documentados, 11 han sucedido en la Ciudad de México. Aquí la mayoría de las víctimas habían llegado desde otros sitios y vivían en situación de vulnerabilidad.

Rocío Suárez destaca que históricamente los casos que suceden en la CDMX y otras grandes ciudades -Guadalajara, Monterrey- o fronterizas como Ciudad Juárez son de mujeres originarias de otros estados que experimentaron desplazamiento forzado. O simplemente una situación de movilidad “porque en el país existe una brecha de derechos”.

“Hay compañeras que se están quedando atrás. No les está alcanzando el tema del reconocimiento a la identidad de género, ni que haya una oficina de diversidad sexual. No alcanza que haya una ley que tipifica los transfeminicidios. Existe una brecha de derechos que está provocando la movilidad de compañeras principalmente a la Ciudad de México en donde no se les garantiza el derecho al trabajo, a la vivienda, a la vida. Esto también tendríamos que sumarlo a nuestras formas de documentar estas muertes”.

CIDH condena la violencia transfeminicida en México y la impunidad

El aumento de las muertes violentas por razón de género a mujeres trans documentadas en ocho meses alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 29 de agosto informó su preocupación, condenó la violencia que sufre esta población en México y también la impunidad que prevalece.

La CIDH pide que las autoridades mexicanas sean observadas en su actuación y aplicación del Protocolo Nacional de Actuación LGBTI+, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la justicia a estas poblaciones. También advierte a las autoridades en la necesidad de “redoblar esfuerzos para prevenir y sancionar actos de violencia contra personas trans”. Y menciona que “la falta de una investigación con debida diligencia puede conllevar a una alarmante situación de impunidad”.

En la mayoría de los transfeminicidios documentados este año se desconoce a los victimarios y no hay detenidos.

Rocío Suárez comenta que de los once casos en Ciudad de México, solo en tres se está considerando una investigación bajo el protocolo de feminicidio. Esto a pesar de que es la única fiscalía del país con una subunidad de investigación de transfeminicidios y donde recientemente se aprobó la tipificación del delito de transfeminicidio, además del estado de Colima.

Ante este panorama, Suárez menciona “la tipificación del transfeminicidio no es un modelo de prevención y el Estado insiste en que ese es el camino. Pero también hay una constante apuesta por crear este tipo penal desde los activismos y responde, en parte, a la lógica de los grandes financiamientos internacionales que van dirigidos a proyectos de incidencia política y no para apoyar el fortalecimiento del tejido comunitario. Desde los activismos no estamos generando una mirada más comunitaria que pudiera trascender en fortalecer a las compañeras y los caminos a la prevención de estas violencias”.

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