Del total casos o denuncias por discriminación el 15% afectó a gays; el 13% a trans, el 7% a lesbianas y el 65% a la población LGBTIQ+ como conjunto.

Las denuncias por discriminación a gays  aumentaron un 26%, mientras que las referentes a lesbianas y mujeres trans mermaron un 16% y un 35% en forma respectiva.

Del total de atropellos fueron responsables 795 personas y 61 instituciones. Los principales o más influyentes responsables de los abusos son mencionados en el Ranking Anual de la Homo/Transfobia, separado por personas e instituciones.

Finalmente, el 2023 concentra el 17,2% del total de denuncias o casos de discriminación conocidos en 22 años.

Algunas razones del aumento de casos

“Si bien era esperable para el 2023 una baja de los casos, ello tristemente no ocurrió, encontrándose la realidad LGBTIQ+ en una situación preocupante, pues las acciones de personas e instituciones anti-derechos aunque no representan el mayoritario sentir ciudadano, han logrado instalarse en el debate sociocultural y estatal contaminando con discursos de odio a quienes viven en medio de prejuicios y/o la ignorancia y animándolos, de una u otra manera, a llevar a la praxis sus visiones contrarias a la igualdad”, señaló la investigación.

Añadió que “las redes sociales están jugando un papel alarmantemente protagónico, pues son usadas como canales para desinformar sobre la población LGBTIQ+ y sus demandas, así como para denostar e injuriar a personas con orientaciones sexuales o identidad de género diversa, atacando de manera recurrente a personas y a los movimientos de las diversidades y a sus representantes, sin que el Estado, ni menos el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) adopten medidas para condenar tales abusos y solidarizar con los/as activistas”.

«Tan negativo es el impacto de las redes sociales que total de casos de discriminación, el 57,2% ocurrió en dichos espacios, donde los sectores opositores a la igualdad usan tales herramientas con fines electorales o políticos poniendo entre sus focos el odio a la población LGBTIQ+. La acusación constitucional contra Marco Ávila mientras fue ministro y las políticas educacionales pro-derechos LGBTIQ+, junto al despliegue electoral para dotar a Chile de una nueva Carta Magna, fueron algunos de los contextos que los grupos y personas homo/transfóbicas vieron como útiles para sus fines y despliegue en redes, donde los discursos de odio subieron un 123% en comparación al 2022”.

“En paralelo, se aprecia un relajamiento o mayor tolerancia con los discursos de odio de parte de quienes dicen apoyar los derechos LGBTIQ+, pues cada vez menos rechazan explícitamente la homo/transfobia y/o emiten discursos favorables a las diversidades, dejando un terreno fértil a los discriminadores”, apuntó el estudio.

Distribución geográfica de los abusos

Valparaíso fue en 2023 por sexto año consecutivo la región donde más ocurrieron casos presenciales de discriminación por orientación sexual o identidad de género, con el 35,8% del total, seguida por la Metropolitana (34%), Biobío (6,23%), Maule (4,25%), Antofagasta (3,19%),  La Araucanía (3,19%),  Los Lagos (2,88%), Coquimbo (2,12%), Tarapacá (1,67%), Atacama (1,51%),  O`Higgins (1,36%), Aysén (0,91%), Los Ríos (0,91%), Magallanes (0,60%), Ñuble (0,60%) Arica y Parinacota (0,60%).

En 9 de las 16 regiones subieron las denuncias y casos de discriminación en comparación con el 2022.

La región donde se registró el mayor incremento fue Atacama con un 900% más, seguida por Aysén (+200), Tarapacá (+120), Biobío (+115%), Maule (+115%), Antofagasta (+110%),  La Araucanía (+110%), Los Lagos (+58%) y la Metropolitana (+14%).

Las bajas ocurrieron en Magallanes (-42%), O´Higgins (-35%), Valparaíso (-24%), Los Ríos (-25%), Arica (-20%), Ñuble (-20) y Coquimbo (-6,6%).

Los hitos negativos: el año del mal camino

En 2023 hubo un alto número de hitos negativos, los cuales sumaron 11, cifra solo igualable por el 2018 y superada por el 2020, cuando se registraron 15 episodios de este tipo.

Son estos lamentables hitos, que se expresaron en todos los poderes del Estado, los cuales permiten calificar al 2023 como el año del “mal camino”.

En tal sentido, el Informe explica y detalla que “en el Poder Ejecutivo pasaron de actuar tardíamente en unos casos, por ejemplo al dar recién en diciembre suma urgencia a la tramitación de reforma a la Ley Zamudio, hasta literalmente ceder a las presiones homo/transfóbicas: quitaron el respaldo que inicialmente habían dado al proyecto de ley del Día Nacional de la Visibilidad Lésbica y al actualizar los materiales del Mineduc eliminaron los contenidos más progresistas que provenían de gobiernos previos.  Tanto así, que al unísono que defendían exitosamente a Marco Ávila de una Acusación Constitucional, aclaraban que los contenidos cuestionados por los sectores homo/transfóbicos no eran propios, pues su autoría era de administraciones pasadas. Y en vez de defender ese legado; que costó sangre, sudor y lágrimas conquistar; lo diferenciaron de los intereses de la actual administración”.

El estudio añade que “el Registro Civil e Identificación, en tanto, se negó inicialmente a aportar  estadísticas sobre el número de familias homoparentales existentes en Chile; con la prejuiciosa excusa de que ello podría vulnerar derechos de niños, niñas o adolescentes;  la Cancillería rompió con las elogiables tradiciones de responder a tiempo las consultas que le formula la CIDH por denuncias de homo/transfobia y de coordinar decididamente al cumplimiento de compromisos internacionales; el Minsal trató en una campaña a las personas LGBTIQ+ como “grupo de riesgo” y la Superintendencia de Seguridad Social realizó una restrictiva interpretación de la Ley de Matrimonio Igualitario, no mencionando los derechos para familias compuestas por dos padres y una madre, esto en un contexto donde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género lanzó críticas infames y descarnadas que dañaron la dignidad de hijos/as nacidos/as por gestación subrogada. A la par, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos validó que personas que obtienen sus títulos profesionales por razones homofóbicas puedan desempeñarse en altos cargos estatales, como ocurrió con la entonces Seremi del Biobío, Claudia Soto, y nada ha hecho para frenar brutales atropellos en las cárceles.”.

En el Poder Legislativo,  continúa el estudio, “cinco congresistas chilenos/as auto-declarados/as LGBTIQ+  incluida una diputada lesbiana participaron en Rusia de una Conferencia Parlamentaria para estrechar lazos con el Poder Legislativo de ese país, pese a ser uno de los más homo/transfóbicos del mundo, tanto que a fines del 2023 su Corte Suprema llegó al extremo declarar ilegal a los movimientos de las diversidades sexuales y de género. A la par, la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputadas y Diputados, de una mayoría que se dice favorable a los derechos LGBTIQ+, estuvo durante meses discutiendo, y hasta votando, si excluir o no a un movimiento de las diversidades de la observación presencial del quehacer legislativo, solo por presiones homofóbicas de la ultraderecha”.

“La Contraloría General de la República no lo hizo mejor al concluir que los discursos de odio publicados en medios oficiales de comunicación  de la Armada están libres de responsabilidades administrativas, mientras que el INDH además de no dar señales sobre una antigua querella que presentó por abusos policiales homofóbicos contra activistas de las diversidades, negó toda solidaridad pública a defensores de DDHH LGBTIQ+ ante atropellos flagrantes en razón de su orientación sexual y  identidad de género sufridos al interior del Congreso Nacional”, resume la investigación.

“Ni el INDH, ni tampoco representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo expresaron una mínima solidaridad con los repetidos y continuos ataques que sufrieron activistas y movimientos LGBTIQ+ en redes sociales  con una persistencia sin precedentes en la historia de internet”, redondea el estudio.

”En el terreno judicial, en tanto, la Defensoría Penal Pública ejerció su labor con argumentos transfóbicos sin precedentes que fueron aceptados por  la Corte de Apelaciones de Iquique  y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, los cuales desconocieron que dos víctimas fatales fuesen mujeres solo porque no habían rectificado su partida de nacimiento, una medida considerada discriminatoria por la ley y también por diversos fallos de tribunales civiles”, explica la investigación.

“La situación es grave, y en extremo preocupante, aunque no llegó al límite de poder concluir que los derechos LGBTIQ+, al menos en términos generales, retrocedieron en Chile. En primer lugar porque se conoció de  19 hitos positivos que contribuyeron significativamente a mejorar la calidad de vida de las personas LGBTIQ+ o a ampliar el debate desprejuiciado sobre este grupo humano. Un proceso que va de la mano con un hecho aún incontrarrestable, según todos los sondeos, encuestas  o estudios del 2023: la mayoría de los habitantes de Chille apoya y respalda la plena igualdad de derechos para las personas LGBTIQ+, lo cual explicita  la gran fuerza y densidad de las transformaciones culturales experimentadas desde la recuperación de la democracia. Sin embargo, no es menos cierto, que de seguirse por el “mal camino”, la mayor conquista, la transformación cultural, puede erosionarse en el futuro”, apuntó la investigación.

Los hitos positivos: superando las vicisitudes

 En 2023 hubo un total de 30 hitos, de los cuales 19 fueron positivos, la cifra más baja que se tiene registro desde el 2005, cuando sumaron 13 los hechos favorables a la igualdad.

“Los hechos favorables a la igualdad ocurridos en 2023 son, en el contexto del “mal camino”, tanto una expresión pro derechos LGBTIQ+, como una muestra de convicción ética y moral que no se dejó arrastrar por las vicisitudes o incertidumbres de los debates políticos o electorales coyunturales”, cruzados por el proceso constitucional, señala la investigación.

“El hecho de que la  XXIII Marcha del Orgullo en Santiago se convirtiera en las más multitudinaria de la historia de Chile, al convocar a más de 180 mil personas pese a que los partidos de izquierda se auto-marginaron por un frente de mal tiempo que tuvo lugar los días previso, puede ser un fiel reflejo o ejemplo de que la ciudadanía en 2023 transitaba por un lado y la clase política por otro, totalmente distinto”, precisa la investigación.

“La movilización del Orgullo fue de la mano del reforzamiento de la no discriminación en la cual se empeñaron órganos internacionales de DDHH, los cuales vienen advirtiendo que la arremetida homo/transfóbica es mundial y que las autoridades “defensoras de los derechos LGBTIQ+” no han estado a la altura necesaria para enfrentar o prevenir estos negativos procesos”, enfatiza el estudio.

“Por un lado la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por discriminar a una pareja del mismo sexo, estableciendo las responsabilidades y obligaciones de las empresas privadas para prevenir y erradicar la homo/transfobia en toda América y, por otra parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la decimosexta resolución de su historia donde insta a sus países miembros a la promoción de los derechos humanos de las diversidades sexuales y de género”, resalta el informe.

“En Chile, el Minsal destacó al estandarizar los formularios electrónicos e impresos de registro de pacientes, incorporando las categorías de personas trans y no binaries, al exigir en una circular a las instituciones y especialistas en la salud mental que garanticen a las personas LGBTIQ+ una atención desprejuiciada y libre de discriminación y al re-establecer la prohibición de las cirugías a niños, niñas y adolescentes intersex hasta que puedan decidir sobre sus cuerpos”, resume el estudio.

“En el mismo plano gubernamental, el Ministerio de la Vivienda y  el Serviu lanzaron un plan piloto para garantizar el acceso a casas de personas LGBTIQ+ de escasos recursos económicos, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) certificó que la Placa en memoria de las víctimas fatales del incendio de la discoteca Divine de Valparaíso, ocurrido en 1993, es Monumento Nacional, y  el presidente Boric, en representación del Estado, realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por la lesbofobia que sufrió la docente Sandra Pavez, tras condena de la Corte Interamericana de DDHH. A su vez,  autoridades gubernamentales y municipales instalaron en Arica una Placa en Memoria de las Víctimas LGBTIQ+ de la Dictadura”, resumen la investigación.

Añade que “los tribunales civiles brillaron en 2023: la Corte de Apelaciones de Valparaíso falló a favor de la libertad de expresión del movimiento LGBTIQ+ para denunciar la violencia homo/transfóbica en establecimientos educacionales, el Segundo Juzgado de Familia de Santiago ordenó la rectificación de la partida de nacimiento de una niña de 10 años en virtud de la Ley de Identidad de Género y las Cortes de Apelaciones de Temuco y Concepción sancionaron en 2023 a liceos o colegios por transfobia. En tanto, n ell terreno penal, la Fiscalía realizó elogiables acciones para el reconocimiento de la identidad de género de mujeres trans asesinadas”.

“En el campo comunal el Concejo Municipal de Valparaíso aprobó la creación de la Dirección de Género y  Santiago lanzó una política de Cupo Laboral Trans, a lo que se sumó en el terreno legislativo el fracaso de la homofóbica acusación constitucional contra Ávila, en su calidad de ministro de Educación”, apuntó el estudio.

“En el área privada por primera vez un Seguro Complementario de Salud se retractó de prácticas transfóbicas, adoptando medidas para garantizar cobertura a los procesos de cambio corporal de las personas trans”, añade.

“Finalmente, a nivel ciudadano Viviana  Burgos Valenzuela y Rosa Salamanca Conalef celebraron el primer matrimonio  mapuche entre personas del mismo sexo; la Embajada de Tailandia y el Movimiento LGBTIQ+ dictaron un inédito taller de defensa personal para las personas LGTIQ+ de Chile y se desarrolló y aplicó la Primera Encuesta  para conocer las percepciones y saberes de las diversidades sexuales y de género sobre el Golpe de Estado, hechos que se convierten en hitos, por carecer de precedentes”, finalizó la investigación. 

Informe completo aquí: