Durante más de una década, Fundación Iguales ha trabajado en la búsqueda de mayor igualdad y libertad para las personas que forman parte de la diversidad sexual. En este camino, nos hemos enfrentado a numerosos obstáculos que hemos logrado superar a través de la sensibilización, la educación y el activismo. Hemos buscado dotar a las personas de las herramientas necesarias para desarrollar proyectos de vida libres y auténticos. Estos logros han contribuido a que hoy sea cada vez más común que las personas se reconozcan, sin miedo, como parte de la diversidad sexual y tengan la libertad de elegir la forma de vida que brota naturalmente de su identidad, sin sufrir coacciones por parte del Estado ni de entidades privadas. No obstante, tenemos conciencia de que aún hay desafíos por delante, y que la discriminación continúa siendo el principal obstáculo para el pleno goce de los derechos en una vida libre de violencia.

En cumplimiento de nuestra misión institucional, nos corresponde alertar a la comunidad LGBTIQ+, aliados y la sociedad en su conjunto que el proyecto constitucional presenta varios aspectos que son una amenaza para la consecución de estos objetivos. Vemos en el texto presentado la intención de constitucionalizar las doctrinas ideológicas del conservadurismo con el fin de quitarle alas a la diversidad en nuestro país, limitando la autonomía y el libre desarrollo de las personas. Este intento se refleja a lo largo de todo el proyecto constitucional y queremos dar varios ejemplos de cómo se materializa:

En primer lugar, se omite el principio de no discriminación considerado en el proyecto de los expertos, lo que implica que el Estado no tiene la obligación de prevenir la discriminación ni de llevar adelante políticas públicas que la combatan. Esto deja a las personas de la diversidad (entre muchos otros grupos vulnerables) sin una defensa a nivel constitucional en contra la discriminación arbitraria, obstaculizando de paso el avance hacia una sociedad libre de violencia para todos.

También nos preocupa enormemente la constitucionalización de la objeción de conciencia. Si bien creemos que se debe respetar la libertad de culto de las personas, la objeción de conciencia institucional se ha utilizado en el pasado (y actualmente en otros Estados) para permitir que instituciones evadan el cumplimiento de la ley, como en el caso de farmacias o centros de salud que se niegan a proporcionar algunos tratamientos o servicios de salud, o la denegación de otros servicios, atenciones, matrículas, empleos, etc. Esto avala la discriminación por motivos religiosos y podría llevar a situaciones en las que dos padres o dos madres se vean impedidos de matricular a sus hijos en una determinada escuela, o que un establecimiento educativo expulse a niños o niñas de la diversidad sexual, adolescentes embarazadas o personas con diferentes puntos de vista.

Esto último ya ha sucedido en otros países del mundo. Este año el gobernador de Florida impulsó una ley que permitía negarles a las personas atenciones médicas por motivos religiosos. Estos proyectos se han replicado en países como Australia o Polonia, Rusia, Italia, etcétera, e implican no sólo discriminación hacia las personas LGBTQ+ sino un empeoramiento inmediato de su calidad de vida. Con este proyecto constitucional se podría seguir este mismo camino, validando prácticas discriminatorias que durante décadas la sociedad ha intentado erradicar.

Por último, el riesgo de que la redacción propuesta pueda redundar en la derogación de la ley de aborto en tres causales atenta contra un principio fundamental para la diversidad: la autonomía de cada uno para decidir sobre su propio cuerpo. Las modificaciones presentadas buscan asfixiar el debate democrático y quitarles autonomía a las mujeres respecto a sus derechos sexuales y reproductivos. Así también vemos la ausencia de una protección clara a la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, lo que es fundamental para que estos desarrollen libremente su personalidad y vivan una vida sin violencia ni coerciones de ningún tipo.

En resumen, creemos que esta Constitución constriñe a la sociedad en su búsqueda del bienestar de cada uno de sus miembros y da espacio a la discriminación arbitraria que históricamente ha afectado a la diversidad sexual. Desde Fundación Iguales, consideramos que la aprobación de este proyecto representa un retroceso en derechos y libertades y supone un riesgo para la integridad de las personas LGBTQ +.

Por estas razones, hacemos un llamado responsable a votar en contra de esta propuesta y a continuar en el desafío de abrir un diálogo que permita establecer una legislación que proporcione protección, seguridad y pleno ejercicio de los derechos para todas las personas.

Hicimos un llamado responsable a votar en contra de la nueva propuesta de Constitución debido a que el contenido de esta pone en riesgo la seguridad y los derechos de las personas LGBTIQ+.

Argumentos técnico-jurídicos que respaldan nuestra decisión de votar en contra de la nueva propuesta de constitución

Fundación Iguales tiene una responsabilidad fundamental en la defensa de los derechos y la igualdad de la comunidad LGBTIQ+. Una propuesta de Constitución moralista y conservadora podría representar un riesgo para los derechos y la seguridad de las personas LGBTIQ+.

Rechazar una propuesta de Constitución que podría significar un riesgo a los derechos y la seguridad de las personas de la diversidad sexual y de género, se alinea con la misión de la Fundación de proteger los derechos humanos y la igualdad de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

Consideramos que el rechazo de la propuesta podría ser una medida preventiva para proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de la comunidad LGBTQ+ en Chile y el avance del reconocimiento de nuestros derechos y libertades.

Si quieres conocer en detalle los argumentos técnicos y jurídicos que sustentan nuestra posición haz click en este link:

ANÁLISIS JURÍDICO PROPUESTA NUEVA CONSTITUCIÓN

Fuente Fundación Iguales.  (1, 2) 

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