Se trata de Amparo Medina, de Ecuador; Mayra Rodríguez, de doble nacionalidad México-Estados Unidos; y Sara Winter, también conocida como Sara Huff, de Brasil, quienes han ofrecido y participado en 119 pláticas, talleres, conferencias y conversatorios en 24 entidades de la República.

De acuerdo con especialistas consultadas, esta desinformación sistemática dificulta el acceso a los servicios de interrupción segura del embarazo, criminaliza a quienes abortan y genera un ambiente propicio para la discriminación de grupos feministas y de la diversidad sexual.

Ejemplo de ello son las afirmaciones respecto que a que no hay abortos seguros, aun cuando la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que es un procedimiento habitual y cuando se practica según sus lineamientos reduce la mortalidad materna. También cuando sus publicaciones refieres a la “ideología de género”, a pesar de que no es un concepto reconocido en las ciencias sociales.

Redes internacionales con “intelectuales” de derecha

Areli Veloz, antropóloga e investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California, quien ha estudiado a los grupos conservadores en México, refiere que los eventos donde se presentan lo que ella denomina “intelectuales de esta nueva derecha” buscan acrecentar su popularidad política.

Es una estrategia articulada, comenta la investigadora, con grupos religiosos y organizaciones civiles conservadoras en cuyas narrativas se ubican como enemigos a grupos feministas y de la diversidad sexual. Los 119 eventos donde participaron Medina, Rodríguez y Winter fueron promovidos por 74 diferentes organizaciones civiles conservadoras y religiosas, siete de las cuales aparecen en la base de datos que obtuvo la periodista Kennia Velázquez para la investigación “Poderes no santos”, que evidencia las alianzas de ultraderecha en Latinoamérica.

Letra Fría.

Algunas de las organizaciones son: Think Tankers (14 eventos), Con Participación (diez), Poder Sonora (nueve), Instituto Hispanoamericano de Investigación Social (seis), Frente Nacional por la Familia (seis), Amar cada latido (cuatro), Prolife Army BCS (tres) y Viva México (tres), esta última dirigida por Eduardo Verástegui, actor y político ultra conservador.

Areli Veloz explica que son redes trasnacionales que se articulan desde lo local. Y que “al mismo tiempo están vinculadas a la iglesia, pero esa iglesia tiene otras organizaciones y salen de lo local para articularse con asociaciones más amplias. Es el caso de México, una asociación muy importante es el Frente Nacional por la Familia”.

Una muestra del alcance de esas redes internacionales es la participación de otros personajes de extrema derecha en los mismos eventos en los que estuvieron Medina, Rodríguez y Winter en México.

Algunos de los más destacados son: Javier Milei, candidato a la presidencia de Argentina; Agustín Laje, intelectual conservador de Argentina; Chinda Brandolino, médica antiaborto de Argentina; Miklos Lukacs, escritor de derecha peruano; Samuel Ángel, del Movimiento de Católicos Solidaridad de Colombia.

Además de Abby Johnson, activista antiaborto de Estados Unidos; Víctor González, Vice Presidente del partido VOX, de España; Pablo Muñoz Iturrieta, filósofo conservador argentino; Jorge Scala, abogado provida de Argentina, y Lech Walesa, político polaco, antiguo sindicalista y activista provida.

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Karla Amozurrutia, especialista en Estudios de Género y Feminismo, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincide en que estos grupos no están aislados, “sino que responden a organizaciones que sí están configuradas con estrategias organizadas, sólidas y heterogéneas” por parte de agrupaciones religiosas radicales o conservadoras vinculadas a la política.

Areli Veloz apunta en su artículo “La cultura para la nueva derecha en América Latina y su accionar en Baja California”, que esta articulación de la derecha responde a cambios en materia de derechos identitarios. Concretamente los relacionados con la sexualidad, la reproducción y el género.

Por ejemplo, la despenalización del aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación en 12 estados del país, el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo género en las 32 entidades federativas, y el cambio de la identidad sexogenérica de personas trans en los Códigos Civiles de 21 estados.

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Recursos públicos al servicio de grupos conservadores

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Areli Veloz señala que esta estrategia internacional se sostiene de relaciones y redes muy bien organizadas, “pero obviamente tiene que ver con presupuestos, o sea, cómo traen (a las conferencistas que desinforman), con qué dinero”.

Al respecto, Pascale Brennan, oficial de Incidencia del Programa REDefine México del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, señala que “los grupos conservadores están muy organizados, tienen muchos recursos y estrategias políticas armadas”.

Y si bien algunos de los eventos donde participaron tenían un costo de entre 100 pesos hasta 120 dólares, unos 2 mil pesos, otros se organizaron con recursos públicos o con el apoyo de legisladoras y ex legisladores.

En diciembre de 2019, Sara Winter se presentó en el auditorio municipal de Guadalupe, en Zacatecas, y el gobierno estatal fue uno de los ocho patrocinadores del encuentro, de acuerdo con una nota del portal Zacatecas Online.

Asimismo, en octubre de 2018 Winter dio la charla denominada “Feminismo y aborto, en la Universidad de Guanajuato, una institución pública, lo que generó inconformidad a la comunidad universitaria y se pidió hacer público el patrocinio para el mismo, según lo documentó el portal Zona Franca.

Letra fría.

Elsa Adané Méndez Álvarez, diputada independiente de Querétaro, organizó al menos cinco eventos; Juan Carlos Leal Segovia, ex diputado local de Nuevo León, dos eventos, y Norma Edith Martínez Guzmán, diputada federal por Jalisco, uno de ellos.

La investigadora de la UNAM Karla Amozurrutia considera que este tipo de legisladoras y legisladores, en su mayoría de los Partidos Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES), que hacen promoción a grupos ultraconservadores, “están faltando a la Constitución y a lo que prometieron y juraron respaldar, que son los derechos fundamentales civiles de todas las personas que conforman sus comunidades”.

Desinformación sistemática

Para esta investigación se verificaron 30 mensajes de las redes sociales de Medina, Rodríguez y Winter, que suman 145 mil 532 seguidores.

El resultado: información falsa o sacada de contexto, así como mitos que desmentidos en el documento “Las evidencias hablan por sí solas: Diez datos sobre aborto”, elaborado en 2010 por IPAS, organización no lucrativa que trabaja para asegurar que todas las mujeres puedan elegir sobre su reproducción.

También han difundido datos erróneos respecto al tamaño y características de los embriones de 12 semanas de gestación, de las prácticas seguras para interrumpir embarazos, así como mensajes donde mienten sobre los movimientos feministas y de la diversidad sexual.

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Varias veces las publicaciones se realizaron en momentos coyunturales: cuando había discusiones legislativas sobre la despenalización del aborto, o incluso en fechas conmemorativas, como el Día Internacional de las Mujeres o el Día del Orgullo LGBTI+.

En abril del 2021, durante su participación en el Parlamento Abierto sobre derechos sexuales, derechos reproductivos y aborto legal, convocado por el Congreso de Puebla, como parte de los acuerdos con colectivas feministas después de la toma pacífica del recinto legislativo, Medina, Winter y Rodríguez dijeron que no hay abortos seguros, debido a supuestas secuelas físicas y mentales, que el aborto legal es un negocio y que los embriones de 12 semanas son seres humanos con derechos, afirmaciones desmentidas en el documento de IPAS antes mencionado. 

Además, dos de ellas han mentido también sobre sus trayectorias. Medina, quien estuvo en 23 pláticas, conferencias, encuentros o talleres de 2008 a 2022, suele presentarse como ex asesora de la ONU y guerrillera, pero el mismo Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) la ha desmentido dos veces, en abril de 2015 y junio de 2016, según reveló el portal Ecuador Chequea.

Mientras que el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) de Perú expuso las inconsistencias que hay sobre su supuesta militancia guerrillera, debido a que las fechas y lugares de su testimonio no corresponden con los hechos históricos de la guerrilla en Ecuador.

Por su parte la más popular de las tres, la brasileña Sara Winter o Sara Huff, quien ha participado en al menos 54 eventos de 2018 a 2023, dijo durante el Parlamento Abierto que es ex integrante del grupo feminista Femen, conocido por protestar con desnudez explícita, del cual decidió salirse tras abortar de forma dolorosa.

En realidad, Winter fue expulsada de Femen y detenida en 2020 por actos antidemocráticos, después de que el grupo Movimiento 300, que ella encabezaba, atacara el Tribunal Supremo Federal de Brasil.

Winter, cuyo nombre real es Sara Fernanda Giromini, también fue señalada de instigar violencia contra una niña de 10 años, embarazada después de varias violaciones por parte de un familiar. De acuerdo con el medio argentino Página 12, Winter habría publicado los datos personales de la menor de edad y el hospital donde accedería a la interrupción legal del embarazo, poniendo en riesgo la seguridad física y mental de la niña.

La menos activa es la México-estadounidense Mayra Rodríguez, quien ha participado en 38 eventos en México, desde 2020 a 2023.

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La desinformación criminaliza y promueve el odio

Claudia Martínez, ginecóloga y consultora en salud sexual y reproductiva de IPAS Latinoamérica y El Caribe, dice que la desinformación sobre el aborto aleja a las mujeres y personas gestantes de acceder al derecho a la salud.

“Cuando se hablan de mitos, falsas creencias, difusión de información, pues obviamente eso va en contra de lo que todos merecemos: el derecho a la salud […], particularmente en el tema de aborto es la limitación de ejercer de manera libre informada y autónoma tus derechos sexuales y reproductivos”, señala la especialista.

Para Pascale Brennan, de REDefine México, los mitos y la desinformación en torno al aborto también repercute de manera directa en la economía de las mujeres y personas gestantes, pues en lugar de ir a clínicas públicas en los estados donde ya está despenalizado, o adquirir pastillas de misoprostol a un precio accesible, destinan parte importante de sus recursos para acudir clínicas privadas.

Mientras que Karla Amozurrutia, investigadora de la UNAM, aseguró que esta desinformación abona a criminalizar a mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir sus embarazos.

Al mismo tiempo, genera confusión respecto de los movimientos sociales feministas y de la diversidad sexual, lo cual podría tratarse de discurso de odio.

Entre los 30 mensajes analizados se encontraron referencias al término “ideología de género”, concepto que según el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se emplea de manera peyorativa «para cancelar o desestimar la diversidad sexual y de género a la que se han ido abriendo las sociedades, las culturas y las naciones».

A Karla Amozurrutia, de la UNAM, el uso de este término le parece una estrategia de los grupos conservadores para manipular y “frenar toda propuesta de emancipación o de promoción de derechos”.

Incluso, considera que abordan el aborto desde una “mirada meramente biologicista y abiertamente de odio hacia las corporalidades, las identidades disidentes, los cuerpos gestantes”.

Onán Vásquez, de la organización No Dejarse es Incluirse, asociación civil que defiende los derechos de las poblaciones LGBTTTI+ en Puebla, mencionó que el discurso contra la diversidad sexual genera una desensibilización, que naturaliza y justifica la violencia y los crímenes en su contra.El informe “Derechos de las personas LBGTI+ en la política pública”, elaborado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), reporta que tan solo de enero de 2013 a diciembre de 2017, al menos 381 personas LGBT fueron asesinadas en México por motivos presuntamente relacionados a la orientación sexual o a la identidad y expresión de género percibida de las víctimas.

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Toca actuar a las instituciones

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La participación de Winter, Medina y Rodríguez en actividades donde desinforman, socavaría derechos sexuales y reproductivos, y promovería discriminación contra feministas e integrantes de la diversidad sexual avanza con impunidad en México, como ya lo dijeron las especialistas. Ante esta situación es al Estado a quien corresponde dar una respuesta.

Pascale Brennan, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, dijo que para combatir esta desinformación debería promoverse la educación sexual integral, donde se aborden temas relacionados con el consentimiento, la diversidad sexual, el conocimiento del propio cuerpo, el placer y, desde luego, el aborto.

Al sector Salud, agregó Brennan, le correspondería impulsar campañas informativas similares a las que se hacen para otros servicios, pero referentes al aborto y la promoción del Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro.

Por su parte Onán Vázquez, de Vida Plena, consideró que es obligación de los organismos de gobierno combatir esta clase de discursos a través de campañas, y recordó que la ONU estableció el 18 de junio como el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio.

“Todas las instituciones que al final de cuentas otorgan servicios a la comunidad (LGBTQI+) deberían de tener este tipo de programas de apertura y de respeto hacia toda la diversidad […] para tratar de construir una sociedad más sorora y más fraterna, porque creo que eso es lo que nos hace falta, no este tipo de discursos”, concluyó Vázquez.

*Este contenido fue producido con el apoyo del Institute for War And Peace Reporting y la mentoría de Animal Político, en el marco del programa Mexican Journalism Resilency.