El Primer Ministro de Luxemburgo Xavier Bettel rechaza las leyes LGBTIfobas del Primer Ministro húngaro Víktor Orbán
El primer ministro de Luxemburgo Xavier Bettel,
El primer ministro de Luxemburgo Xavier Bettel, rechaza las politicas “contra las minorías” del primer ministro de Hungría. Por ellas, Viktor Orbán se enfrenta a una denuncia de la Comisión Europea y 15 países más.
Viktor Orbán ha estado en la diana de la intervención del primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, en el Parlamento Europeo. El luxemburgués ha lanzado un duro ataque contra las políticas y la legislación anti-LGTB que ha introducido el gobierno húngaro. Algo que le afecta de forma muy personal, Bettel es uno de los dos gobernantesabiertamente homosexuales al frente de un país de la Unión Europea (el otro es el irlandés Leo Varadkar) y está casado con Gauthier Destenay.
“Me avergüenza ver que algunos de mis colegas quieren ganar votos a costa de las minorías”, dijo Bettel, en su intervención ante el Parlamento Europeo el pasado mes de abril. “Esto ya ha ocurrido en nuestra historia”, ha apuntado el politico.
La ley húngara, aprobada en junio de 2021 y denominada oficialmente Ley de Protección de la Infancia, contiene una disposición que prohíbe o restringe las representaciones de la homosexualidad y la transexualidad en los contenidos de los medios de comunicación y en el material educativo dirigido al público menor de 18 años.
La ley desencadenó una fuerte oposición política fuera de las fronteras húngaras, que se ha acabado materializando en una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, presentada por la Comisión Europea y respaldada por 15 Estados miembros, entre ellos Luxemburgo o España.
Mientras la Comisión Europea emprende acciones legales, otras instancias también se han pronunciado enérgicamente contra la legislación. Poco después de aprobarse la ley, el Primer Ministro holandés, Mark Rutte, dijo que Hungría debía ser expulsada de la UE si no daba marcha atrás. Al mismo tiempo, Rutte, junto con los líderes de otros 16 países de la UE, firmó una carta en la que afirmaba que los líderes “seguirán luchando contra la discriminación hacia la comunidad LGBT+”. Aunque la carta no nombraba explícitamente a Hungría, estaba escrita “a la luz de las amenazas contra los derechos fundamentales y, en particular, contra el principio de no discriminación por motivos de orientación sexual“.
En diciembre de 2021, la Comisión de Venecia, que asesora al Consejo de Europa, un grupo de derechos humanos, en asuntos de derecho constitucional, decretó que la ley contribuía a crear un “entorno amenazador” para los niños LGBT+ y “sólo deja espacio para una enseñanza unilateral y sesgada, abriendo las puertas a la estigmatización y discriminación de las personas LGBTQI”. La Comisión de Venecia también afirmó que la amplia aplicación y ambigüedad de la ley implicaba que podía violar otros derechos humanos.
“Si hay alguien en este Parlamento que piensa que uno se convierte en homosexual viendo la televisión, si hay alguien que piensa que uno se hace homosexual escuchando una canción, entonces demuestra que no ha entendido nada”, ha dicho Bettel a los eurodiputados en Estrasburgo. “Lo más difícil para un homosexual es aceptarse a sí mismo”, ha proseguido ante los aplausos de los eurodiputados.
Xavier Bettel en el centro, con su esposo, y el Arzobispo Gaenswein, prefecto de la Casa Pontificia, en su visita al Vaticano en marzo de 2017 ¡Y no se hundió el mundo!
“No exigimos lástima, no exigimos solidaridad, no exigimos compasión. Sólo pedimos respeto”, ha apuntado Bettel. Al recordar su propia experiencia al salir del armario, Bettel ha concienciado sobre los retos a los que se enfrentan las personas LGBT en todo el mundo, incluso en países donde la homosexualidad se castiga con la muerte.
“¿Saben cuántos jóvenes se suicidan porque no pueden hablar de su propia homosexualidad?”, ha dicho el primer ministro luxemburgués. “Estigmatizarlos y decirles que es culpa de la educación, la cultura y el (sector) audiovisual, va en contra de lo que es la Unión Europea y su tolerancia abierta”, ha indicado Bettel.
A pesar de las crecientes críticas y del caso pendiente ante el TJUE, Budapest tiene la intención de mantenerse firme y no retirar la controvertida legislación. “Para nosotros, la cuestión de la protección de la infancia no conoce cesiones, protegeremos a nuestros niños”, apuntó a principios de mes Péter Szijjártó, ministro de Asuntos Exteriores de Hungría.
“No se trata de una simple decisión gubernamental, ni parlamentaria, sino de la voluntad del pueblo, expresada en referéndum, y no conocemos una decisión de mayor nivel en una democracia. Por lo tanto, por supuesto, estaremos al lado de la protección de la infancia, protegiendo a los niños húngaros, independientemente de cuántos países decidan unirse a la demanda en curso contra nosotros”, aseguró el político húngaro.
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El Gobierno de Viktor Orbán comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara aprovechando la pandemia del coronavirus. En marzo de 2020, tras asumir Orbán poderes extraordinarios, su número dos, Zsolt Semjén, presentaba un proyecto de ley que entre otras medidas incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrase en vigor la norma que durante ese tiempo sí que permitió a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a someterse a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. Finalmente, el 19 de mayo de 2020 la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba.
Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, promovió una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento», prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo e impone que la educación en las escuelas húngaras se inspire en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». Además, la negación de la homoparentalidad recogida en la ley fundamental se completó con la aprobación de otra ley que limita la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta entonces se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgaría ya en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.
Posteriormente, en junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó la ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores, y que era el que ahora Orbán pretendía refrendar públicamente. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluyó en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, corroborando su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos, mientras que la educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio pasado, que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.
Fuente Agencias/Cristianos Gays
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