Los colectivos pro derechos de las personas LGTBI+ en Venezuela continúan con su lucha para alcanzar la igualdad legislativa en el país caribeño. El último fruto de esta lucha es la anulación de un reglamento del Ejército que castigaba con penas de uno a tres años de cárcel a los militares que mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo. El texto suponía el último escollo legal para considerar la homosexualidad totalmente despenalizada.

El Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, a petición del Defensor del Pueblo, ha dejado sin validez el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar. El citado código establecía lo siguiente: «El oficial que cometa actos que lo afrenten o rebajen su dignidad o que permita tales actos, sin tratar de impedirlo por los medios autorizados por la ley, será penado con prisión de uno a tres años y separación de las Fuerzas Armadas. La misma pena se aplicará a todo militar que cometa actos sexuales contra natura».

Cabe precisar que se trata de una victoria parcial, ya que el alto tribunal venezolano se limita a poner fin a una interpretación ambigüa del reglamento militar pero evita la cuestión de fondo y evita equiparar de forma expresa las relaciones homosexuales a las heterosexuales. En este sentido, el Tribunal hace suyos los argumentos del Defensor del Pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz, que estimaba que el reglamento «carece de suficiente claridad y precisión jurídica en lo que respecta a la conducta que pretendía sancionar».

Pese a todo, esta modificación supone la extinción del último texto legal que penalizaba la homosexualidad en la República Bolivariana de Venezuela. El colectivo Venezuela Igualitaria ya interpuso en 2016 una demanda para la eliminación de este artículo. El pasado 14 de febrero, varios activistas se manifestaron frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para exigir su derogación, además de otras medidas como la aprobación del matrimonio igualitario, la no discriminación de los varones homosexuales en la donación de sangre o el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. «Consideramos la decisión como positiva, pero limitada ya que no ataca el problema principal por el que movimientos sociales y particularidades en distintos momentos y espacios han elevado su voz ante el Estado, esto es: la vulneración de la dignidad de las personas LGBTI venezolanas en general y en particular dentro de nuestras Fuerzas Armadas, quienes siguen siendo invisibilizadas, forzadas a vivir ocultas so pena de sufrir castigos o la expulsión», explican desde Venezuela Igualitaria.

En la consecución de este hito también ha jugado un papel las presiones de Naciones Unidas. En una reciente visita al país, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, incluía esta demanda entre los avances que Venezuela debía dar. «Me ha complacido escuchar que las autoridades se han comprometido a derogar el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y que las autoridades la han calificado como obsoleta. Tal medida estaría en consonancia con una de las principales demandas que escuché, de una representante de la comunidad LGBTIQ+», expresaba Türk al final de la visita.

Pese a la desaparición de la última disposición legal que castigaba explícitamente la homosexualidad, queda mucho para lograr la consecución de la igualdad de derechos en Venezuela. Una tímida esperanza se abrí paso cuando el presidente Nicolas Maduro sugería en 2020 que la aprobación del matrimonio igualitario podría ser discutido por la Asamblea Nacional, pero lo cierto es que desde entonces nada se ha avanzado ese sentido. Venezuela se mantiene así rezagada en los derechos para las parejas y personas pertenecientes a la diversidad sexual. Países vecinos, como Colombia o Brasil, hace años que reconocen el matrimonio igualitario por decisión de sus altos tribunales de justicia. Y Cuba, cuyo régimen puede considerarse entre los más próximos al Gobierno de Maduro, aprobó el matrimonio igualitario el pasado año mediante referéndum.

Fuente Dosmanzanas

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