Presidente de Uganda Yoweri Museveni
El parlamento de Uganda busca endurecer su postura contra las personas queer al escuchar un proyecto de ley que criminalizaría identificarse como LGBTQ+.
Los legisladores dicen que la prohibición actual de las relaciones entre personas del mismo sexo, que se castiga en el país de África oriental con hasta cadena perpetua, no es suficiente.
Las fuertes raíces religiosas (católicos y anglicanos apoyan la ley) y conservadoras de Uganda significan que hay opiniones profundamente anti-LGBTQ+ en el país.
El parlamento ugandés intentó anteriormente volver a criminalizar la homosexualidad con una ley en 2013. Sin embargo, al año siguiente, fue anulada por la Corte Suprema, que dictaminó que la legislación se aprobó incorrectamente y contravenía la constitución del país.
El proyecto de ley contra la homosexualidad de 2023 incluye la prohibición de tocar a otra persona “con la intención de cometer el acto de la homosexualidad”, y las personas declaradas culpables del “delito de la homosexualidad” se enfrentan a hasta 10 años de cárcel.
El mismo castigo es posible por simplemente identificarse como lesbiana, gay, trans, queer o “cualquier otra identidad sexual o de género que sea contraria a las categorías binarias de hombre y mujer”, dijo Human Rights Watch.
Reuters informó que la presidenta del parlamento de Uganda, Anita Among, instó a los parlamentarios a rechazar la intimidación, refiriéndose a las historias de que algunos países occidentales amenazaban con imponer prohibiciones de viaje a los involucrados en la aprobación de la ley.
Habiendo tenido el proyecto de ley su primera lectura en el parlamento, ahora se ha enviado a un comité, donde habrá audiencias públicas, antes de que regrese al parlamento para un debate y una votación.
Oryem Nyeko, investigador de Uganda en Human Rights Watch, dijo que criminalizar a las personas “simplemente por ser quienes son”, además de infringir los derechos a la privacidad y la libertad de expresión, era “una de las características más extremas” del proyecto de ley.
“Los políticos de Uganda deberían centrarse en aprobar leyes que protejan a las minorías vulnerables y afirmen los derechos fundamentales y dejar de apuntar a las personas LGBT para obtener capital político”, dijo.
“Lo que está intentando el gobierno debería hacer sonar las alarmas entre los grupos de la sociedad civil en Uganda y en la comunidad internacional, ya que indica una mayor represión y el sofocamiento de las voces de la oposición y los grupos de la sociedad civil en todos los ámbitos”.
La Fundación Peter Tatchell organizó una protesta que tuvo lugar el 13 de marzo frente a la Abadía de Westminster para expresar su oposición a la legislación propuesta.
La fecha marca el Día de la Commonwealth y la protesta tendrá lugar “cuando los líderes de la Commonwealth y el rey Carlos lleguen para el servicio anual del Día de la Commonwealth”, dijo Peter Tatchell. Uganda es miembro de la Commonwealth.
Al describir el proyecto de ley como una de las leyes homofóbicas más amplias y draconianas jamás consideradas por cualquier régimen en el mundo, Tatchell agregó: “Prohibiría casi todos los aspectos de la existencia LGBT+”.Señaló que violaba las secciones dos y cuatro de la Carta de la Commonwealth, el artículo 21 de la constitución de Uganda y los artículos dos y tres de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
La activista ugandesa Abbey Kiwanuka, del grupo LGBTI africano Out & Proud, dijo que lucharán contra el proyecto de ley. “Al contrario de lo que afirman los proponentes de este proyecto de ley, nadie está reclutando a nadie para la homosexualidad”, dijo Kiwanuka.
El fundador de African Equality Foundation, Edwin Sesange, hizo un llamado a los líderes de la Commonwealth para que “se pronuncien y hagan que países como Uganda rindan cuentas y respeten los derechos humanos básicos”. Agregó: “No hay un futuro común pacífico en la mancomunidad cuando se persigue a las personas LGBT”.
Reuters informó que activistas dijeron que ya ha habido una ola reciente de discriminación y violencia contra la comunidad LGBTQ+ en el país este año, luego de una investigación realizada por un comité parlamentario sobre informes de supuesta promoción de la homosexualidad en las escuelas.
La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda
La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. Como señalábamos anteriormente, el artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.
Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.
Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.
Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.
Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.
En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…
En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.
En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.
En agosto de 2022, el Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…
La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.
En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.
Fuente PinkNews/Cristianos Gays
General, Homofobia/ Transfobia.
Abbey Kiwanuka, African Equality Foundation, Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Commonwealth, Día de la Commonwealth, Edwin Sesange, Fundación Peter Tatchell, Homofobia/Transfobia, Out & Proud, Uganda
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