Era su cuarto día en la selva del Darién. Ismael descansaba en un campamento con otros migrantes venezolanos después de caminar entre ríos y barro cuando se enteró del anuncio del Departamento de Seguridad Nacional que les prohibía el ingreso a Estados Unidos, el famoso Título 42. Algunos dijeron a otros que se habían comunicado con sus familias y que les habían dicho que ya no había posibilidad de pedir asilo en EE.UU.

«Estaba devastado. Sentí que me había esforzado tanto para juntar el dinero, y todo el esfuerzo de atravesar la selva, todas las necesidades que pasé, el hambre que pasé, había sido en vano”, dice Ismael.

Varado en la capital costarricense, Ismael ve cada día a familias enteras de Venezuela mendigando comida y durmiendo con sus hijos en las calles. «Es muy triste». Su estado de ánimo es malo: se siente frustrado, preocupado, angustiado. Quiere salir de allí y seguir a México, pero no tiene dinero.

“En este momento tenemos 88 venezolanos LGBTIQ, migrantes, refugiados o solicitantes de refugio en nuestra base de datos. La cual representa la segunda nacionalidad con más personas dentro de IRCA CASABIERTA, solo superada por la población nicaragüense. La mayoría de las personas que ingresaron a partir de octubre están en la categoría migratoria de solicitantes de refugio”, explica Yahir Araya, director de comunicación del Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA CASABIERTA).

Advierte, además, que muchas personas en tránsito han decidido quedarse en Costa Rica, pero que el país no cuenta con albergues ni planes gubernamentales para proteger a la población LGBTIQ.

Razones para huir

Durante octubre, y aún ahora, muchos venezolanos LGBTIQ están varados en diferentes países centroamericanos, expuestos a los mismos peligros que tuvieron que sufrir en la selva del Darién: agresión sexual, sexo de supervivencia, hambre y miedo, según explicaron tanto el ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados) como organizaciones y activistas de Estados Unidos, Honduras y Guatemala.

Para Ismael, la última opción era volver. Se quedó solo, su padre y su hermano regresaron a Venezuela, pero él, primero, quiso seguir. Necesitaba seguir. Trató de olvidarse de la angustia y apegarse a parte de su plan en el que estuvo trabajando durante los últimos 3 años. Pero no pudo.

Cuando supo que era peligroso para él como varón gay pasar solo por Honduras, decidió salir de Costa Rica para regresar a Panamá y de allí conseguir un vuelo más barato de regreso a Venezuela. Esperó ayuda en un refugio en Panamá y consiguió un vuelo de 200 dólares. “El albergue está colapsado, las condiciones son realmente inhumanas”, dice Ismael antes de irse. Ahora ha llegado a Maracaibo y está tratando de conseguir dinero para volver a su ciudad, en la frontera con Colombia.

Ismael está de vuelta en su país, del que salió buscando asilo.

Venezolanxs en las calles de Honduras y Guatemala

Osman Lara, líder y defensor de los derechos LGBTIQ+ del comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, Honduras, dice que hay más venezolanos en las calles de Honduras, gente que antes del 12 de octubre sólo estaban en tránsito por un día máximo. “Hay más personas varadas, jóvenes más que nada, y algunos practicando el trabajo sexual, otros mendigando en las calles con carteles”, explica Lara. Además, han aumentado las extorsiones por parte de agentes de la Policía Nacional. 

Judith Ramírez coordina la Casa del Migrante San José en Esquipulas, en Guatemala, donde se brinda asistencia humanitaria a todos los inmigrantes en tránsito. También desde el 12 de octubre notó una situación mucho más desesperada de la habitual. “Ahora recibimos inmigrantes agotados, cansados, sin recursos económicos, enfermos, con necesidades humanitarias inmediatas”, dice Ramírez.

El contexto de la migración cambió radicalmente este año en Guatemala: en la Casa del Migrante pasaron de atender a 80 personas a atender hasta 500 personas por día, y el 90% de Venezuela. La organización les ha proporcionado cobijo, comida, llamadas telefónicas, ropa, un kit de higiene. Pero solo los pueden albergar por 3 días; es un espacio de tránsito y deben hacer lugar para los que siguen llegando.

“Realmente se han quedado en nada, sin poder irse a Estados Unidos ni regresar a su país Venezuela”, advierte Ramírez.

Pedro* está varado en la frontera de Costa Rica con Panamá. Le quedan siete pastillas de su tratamiento antirretroviral, que le durarán siete días. Después de eso, el VIH continuará dañando su sistema inmunológico y lo pondrá en mayor riesgo.

Lucha por sobrevivir con el poco dinero que le manda su marido desde Nueva York. Cuando sale del hotel que logra pagar a duras penas, ve otros migrantes durmiendo en la calle,  buscando qué hacer después de que el gobierno de Estados Unidos, a cargo de Joe Biden, ampliara el Título 42 para los venezolanos. Esto significa que desde el 12 de octubre, los únicos venezolanos que pueden solicitar el estatus de asilo tienen que contar con alguien que pueda patrocinarlos económicamente durante dos años. Y eso es muy difícil para la mayoría de ellxs, porque son primera generación de migrantes hacia el norte. Por esa política, según la ONU más de 5.300 venezolanxs han sido expulsadxs de Estados Unidos.

Pedro no tiene patrocinador. Así que en octubre Manuel, su pareja, se dedicó a trabajar muy duro en Nueva York, tratando de limpiar la mayor cantidad de casas posible para poder enviarle dinero a Costa Rica. En septiembre, ambos habían decidido que Manuel migrara primero a los Estados Unidos. No habían logrado conseguir plata suficiente para viajar juntos, así que primero iría uno, trabajaría, y en octubre saldría el otro. Así lo hicieron, pero esa política estadounidense los separó y dejó a Pedro sin salida.

“Soy un paciente con VIH y allí es casi imposible comprar medicamentos. En Chile gracias a dios pude conseguir la medicina pero cuesta mucho”, dice Manuel desde Nueva York. Primero migró a Chile, tres años antes, para juntar dinero y entonces sí viajar definitivamente a Nueva York.

¿Por qué migran las personas LGBTIQ?

“En Venezuela una vez hasta me golpearon por mi condición sexual. Me dieron un golpe en el ojo, que me dejaron viendo literalmente estrellitas. Tuve que salir corriendo porque capaz que me masacraban allí. Yo tenía como 21 años. Siempre estaba como escondiéndome, caminando con cuidando, tratando de verme lo más hombre posible, tenía que ser una persona que no soy yo. Porque o llamaba la atención o me empezaban a gritar cosas. Me robaban porque siempre somos presa fácil de robar”, cuenta Manuel.

En septiembre, cuando estaba en México caminando hacia Estados Unidos, Manuel empezó a buscar una organización LGBTIQ que pudiera ayudarlo. Encontró América Diversa, una organización que apoya a personas inmigrantes LGBTIQ de origen latino.

Dice Yonatan Matheus, uno de los fundadores de América Diversa, que las personas LGBTIQ que migran lo hacen por tres razones básicas: “La primera, porque no pueden encontrar protección para sus derechos en su país de origen o han sido víctimas de violencia; la segunda es que muchas veces en sus países no cuentan con sistemas democráticos que puedan garantizar acciones de incidencia y movilización para que sus derechos sean reconocidos; y el último son personas LGBTIQ que están pasando por problemas de salud”.

“Por ejemplo, quienes están viviendo con VIH o quienes son personas trans o géneros no binarios que no reciben protección o apoyo para sus procesos de terapia antirretroviral para VIH o personas trans de terapias de adaptación hormonal y crecimiento genital en su momento. Esos son como los tres grupos en los que nos estamos enfocando como las cosas en las que estamos haciendo nuestro trabajo”, explica Yonatan.

“Uno de los ejes de ACNUR es identificar a las personas que han sido víctimas de violencia de género o han tenido que tener sexo de supervivencia. Los equipos en el territorio están identificando personas con necesidades específicas en esos grupos. No pudimos cuantificarlo, pero está documentada la prevalencia de violaciones y otras violencias de género en el paso por el Tapón de Darién”, indica Sibylla Brodzinsky, portavoz de ACNUR.

De acuerdo con datos de ACNUR, hay 7,1 millones de venezolanos refugiados o con otras necesidades de protección en el mundo, y la gran mayoría están en esta región de todas las Américas.

Desde el 12 de octubre, quienes estaban en tránsito ya no lo están, no tiene dinero ni dónde ir. “Estamos viendo personas que pasan la noche en las calles, cerca de los refugios, también con niños”, apunta Brodzinsky.

El martes 15 de noviembre, un mes después de que se ampliara el Título 42 a los venezolanos, el juez federal estadounidense Emmet Sullivan ordenó el fin de esa política, y dijo que era “arbitraria y caprichosa”. El Título 42 había sido creado por el gobierno de Donald Trump como una regla sanitaria, “para evitar la propagación del Covid-19” con la entrada de inmigrantes a los Estados Unidos, y entonces frenar su ingreso.

Ahora, con la decisión del juez, la administración de Joe Biden tiene hasta el 21 de diciembre para prepararse para el fin de la política. Pero la incertidumbre prevalece entre inmigrantes. Es que quince estados con gobiernos republicanos ya han pedido a la Corte Federal que mantuviera el Título 42.

Cuando supieron de la decisión del juez, Pedro ya se había vuelto a Venezuela. Cumplieron un año de casados a la distancia, con un futuro plagado de incertidumbre.

Manuel, desde un albergue en Nueva York, piensa si volverse o no, si abandonar su proyecto, lo que habían estado planeando desde que se conocieron. Dice que lo extraña mucho a su marido, muestra el tatuaje en el brazo con su nombre y se tapa la cara.

*Su nombre ha sido cambiado por motivos de protección.