La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), pide mayor celeridad a la hora de tramitar la Ley Trans y solicita que su aprobación definitiva ocurra antes de finales de año. Tras más de dos años de debate y de injustificables retrasos en los plazos de tramitación, las consecuencias de estas demoras las sufren, principalmente, las personas más vulnerables del colectivo LGTBI+.

La Mesa del Congreso anunció este jueves la tramitación del proyecto de Ley Trans por el procedimiento de urgencia y su aprobación con competencia legislativa plena. A pesar de estas medidas, es necesario reclamar rapidez para que no se dilate el trámite parlamentario ni se produzcan más bloqueos que perpetúen innecesariamente la situación de vulnerabilidad del colectivo LGTBI+, especialmente de las personas trans. Se estima que, si se cumplen los compromisos, la ley pueda estar aprobada para finales de octubre. Ante esta situación, Uge Sangil, presidenta de FELGTBI+, señala que “llevamos varios años de duros debates sobre nuestros derechos, lo que ha prolongado el sufrimiento de las personas trans. Es el momento de reparar la vida de todas, aprobando una Ley que nos dé derechos y que nos iguale como ciudadanía a las personas trans y al colectivo LGTBI+”

La urgencia y la necesidad de aprobación de esta ley se fundamenta en una cuestión de derechos humanos, que implica garantizar el derecho a la autodeterminación de género y, por consiguiente, acabar con la patologización de las personas trans. Dentro del colectivo LGTBI+, las personas trans son especialmente vulnerables por los episodios de transfobia que viven a diario, por la precariedad laboral, por el acoso escolar y por el estigma social al que se enfrentan.

Consecuencias de la ausencia de una Ley Trans y LGTBI estatal

La falta de una legislación estatal que unifique criterios en derechos trans, sigue provocando desigualdades sociales, lo que se traduce en una peor calidad de vida de las personas que residen en determinados territorios. Además de las evidentes consecuencias emocionales, vinculadas a ansiedad y estrés, que esta situación genera, la desprotección legislativa se relaciona con el aumento de los delitos de odio y la discriminación hacia el colectivo. Este hecho viene, además, agravado por la emergencia de los discursos de odio desde las esferas públicas. Sangil recuerda que “estamos trabajando en un Pacto Social y de Estado contra los discursos de odio, para así poder seguir trabajando en la prevención de la LGTBIfobia, y paliar el continuo acoso al que estamos sometidas por ser y sentir”

Hace exactamente un año, el Ministerio de Interior alertó sobre el aumento de los delitos de odio hacia el colectivo, un 9,3% respecto al periodo anterior, y sobre el preocupante aumento de la violencia de los mismos. Asimismo, recientes informes de distintos Observatorios, como el Observatorio contra las Discriminaciones del Ayuntamiento de Barcelona o el Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y la Transfobia, coinciden en el aumento de la LGTBIfobia. La situación actual, probablemente sea aún más alarmante, puesto que el fenómeno de la infradenuncia atenúa los porcentajes.

NdP- FELGTBI+ pide más celeridad en la tramitación de Ley Trans