“La Corte Suprema de El Salvador ha dejado en claro que las personas trans tienen derecho a su identidad y, ahora, la Asamblea Legislativa, debe cumplir con la decisión y garantizar los derechos de estas personas”, señaló Cristian González Cabrera,  investigador sobre derechos de personas LGBT de Human Rights Watch. “Sin esa legislación, las personas trans seguirán en situación de desventaja en la sociedad, exacerbada por la violencia generalizada y la discriminación que enfrentan en todos los aspectos de la vida”.

En febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador dispuso que la Constitución prohíbe discriminar por razones de identidad de género y le otorgó al poder legislativo un año para elaborar un mecanismo por el cual las personas trans pudieran cambiar su nombre en los documentos de identidad. A fin de cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y reducir al mínimo la discriminación, la Asamblea Legislativa también debería permitir a las personas trans modificar las anotaciones de género en sus documentos, mediante un procedimiento administrativo que sea sencillo, eficiente y gratuito, sobre la base de la autodeclaración.

Para comprender y documentar el daño relacionado con la falta de reconocimiento legal del género en El Salvador, Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS entrevistaron a 43 personas transgénero en San Salvador, San Luis Talpa, Santa Ana, Santa Tecla, La Unión y Zacatecoluca, y también de manera remota.

En agosto de 2021, algunos legisladores, en colaboración con organizaciones trans, presentaron un proyecto de Ley de Identidad de Género que crearía un mecanismo de reconocimiento legal del género, pero aún no fue tratado por miembros de la Comisión de La Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa. En mayo de 2021, esa misma comisión archivó un proyecto similar presentado en 2018 durante la legislatura anterior, así como otros 29 proyectos sobre diversos temas a los que consideró “no acordes a la realidad”. Activistas trans expresaron críticas contundentes a esa decisión.

Muchas de las personas trans entrevistadas les contaron a los investigadores que experimentaron discriminación al visitar establecimientos de atención de la salud públicos. Dijeron que el personal de centros de salud las expuso como personas transgénero al llamarlas por sus nombres legales en las salas de espera, las sometió a engorrosos cuestionamientos sobre su identidad y que las humilló y se buró de ellas.

Las personas entrevistadas también describieron sus experiencias relacionadas con la búsqueda de empleo, cuando los posibles empleadores se daban cuenta de que la persona que estaban entrevistando era trans al mirar sus documentos. En algunos casos, los posibles empleadores les dijeron abiertamente que no las contratarían por ser transgénero.

La mayoría de las personas trans entrevistadas señalaron que les resultaba difícil acceder a depósitos bancarios propios y remesas que les enviaban sus familiares en el exterior, debido a que los empleados bancarios cuestionaban su identidad porque no coincidía con sus documentos.

Muchas de las personas entrevistadas dijeron que no enfrentaron impedimentos a su derecho a votar durante las elecciones de febrero de 2021. Sin embargo, dos mujeres trans expresaron que no pudieron votar porque su documento de identidad no coincidía con su identidad de género, mientras que varias otras contaron que les permitieron votar, pero tuvieron que someterse a preguntas que consideraron humillantes.

Cada vez más países de América Latina cuentan con procedimientos para el reconocimiento legal del género, como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay, que ofrecen mecanismos administrativos sencillos basados en la autodeclaración. La presidenta de la vecina Honduras anunció hace poco que el país haría las reformas necesarias para asegurar este derecho, en cumplimiento del pronunciamiento histórico que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021 en un caso relacionado con Honduras.

En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encargada de interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, afirmó que los Estados deben establecer procedimientos de reconocimiento legal del género sencillos y eficientes sobre la base de la autoidentificación, sin requisitos invasivos ni estigmatizantes.

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del cual El Salvador es parte, se establece la igualdad en el goce de los derechos civiles y políticos para todas las personas, el derecho al reconocimiento que todos tienen ante la ley y el derecho a la privacidad. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que interpreta el PIDCP, también ha exhortado a los gobiernos a garantizar los derechos de las personas transgénero, incluido el derecho al reconocimiento legal de su identidad de género.

En 2017, el gobierno salvadoreño reconoció a través de un informe que las personas LGBT en ese país enfrentan “tortura, tratos inhumanos o degradantes, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y arbitrarias y otras formas de abuso, gran parte de ella cometida, incluso, por agentes de seguridad pública”. En un informe de 2021 de Human Rights Watch se confirmó la evaluación del gobierno salvadoreño y se concluyó que la marginación social y económica agudiza el riesgo de violencia, lo cual provoca que las personas trans sean especialmente vulnerables a situaciones de abuso.

“El Salvador tiene una deuda histórica con la comunidad trans, y la creación de un mecanismo de reconocimiento legal del género puede ser un primer paso para saldar esa deuda”, manifestó Bianka Rodríguez, directora ejecutiva de COMCAVIS TRANS. “Seguiremos siendo objeto de violencia y discriminación en la sociedad hasta que se reconozca nuestra capacidad de autodeterminación, nuestra dignidad y nuestra libertad”.

Fuente Human Rights Watch