Distintas y contradictorias han sido las reacciones de medios y grupos ultra-conversadores contra la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado de Chile por prohibir durante 15 años a la docente Sandra Pavez dictar clases de religión solo por ser lesbiana, mientras las iglesias que se movilizaron contra profesora han guardado total silencio luego de fracasar su arremetida de odio.

Con un tono alarmista el medio InfoVaticana, señaló que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado que las decisiones de los padres de familia respecto a cómo y quién debe impartir la educación religiosa a sus hijos pueden ser ignoradas”

Añadió que “la sentencia en el caso Pavez contra Chile podría tener amplias implicaciones para toda América, y es una desilusión para la coalición de múltiples comunidades religiosas que intervino en el caso a favor de la autonomía religiosa y los derechos de los padres”

Acto seguido acusó que con la sentencia se “socava la libertad religiosa. El fallo (…) rompió con el consenso internacional que reconoce la selección de profesores como parte inherente de la autonomía de las comunidades religiosas. Esta decisión podría afectar directamente a una mayoría de los niños del continente que reciben su educación a través de escuelas financiadas con fondos públicos.  El fallo del tribunal también implica que los católicos, judíos, musulmanes, evangélicos o cualquier otro grupo religioso no pueden garantizar que los designados para enseñar esa religión vivan de acuerdo con lo que enseñan.”

InfoVaticana se lamentó además de que la  Corte no considerara una activa movilización de las iglesias contra el derecho de Pavez a dictar clases de religión.

“A lo largo del caso, una amplia coalición de organizaciones y comunidades religiosas se ha unido para defender este derecho fundamental  (libertad religiosa) y pedir al Tribunal que defienda las leyes del Estado. Esta coalición incluía a las comunidades judía, musulmana, ortodoxa, anglicana y protestante de Chile, así como al presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), quienes conjuntamente presentaron un histórico escrito en conjunto ante la Corte en 2021. Además, más de 30.000 personas presentaron una petición conjunta a la Corte solicitando que esta defienda el derecho de los padres a que sus hijos sean educados de acuerdo con sus convicciones”, recordó en referencia a la inédita unidad que las altas jerarquías de las iglesias alcanzaron el año pasado solo para que la Corte IDH se pronunciara contra Pavez.

La postura del medio fue refrendada por  el Director Adjunto de ADF Internacional, Robert Clarke, para quien “esto es un golpe para los padres, y para las comunidades religiosas a las que pertenecen. La sentencia socava su derecho a decidir quién enseñará la educación religiosa confesional en su nombre y ayudará a criar a sus hijos en esa fe. La decisión no se ajusta al derecho internacional, que protege claramente la autonomía de las comunidades religiosas, y constituye una excepción si se compara con casos similares decididos en otros tribunales de derechos humanos”

La opinión de Clarke no es del todo compartida por otro integrante de la misma instancia.

El Director de Área para América Latina y el Caribe de ADF Internacional, Tomás Henríquez, sostuvo en primera instancia a través del mismo medio que  “estamos en absoluto desacuerdo con la decisión alcanzada por esta Corte que se aparta por completo de la posición adoptada por la mayoría de los Estados de la región, así como en los precedentes consolidados de otros organismos internacionales de derechos humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El fallo de hoy aísla a la Corte Interamericana entre otros tribunales internacionales, y amenaza con socavar los derechos de los padres y las comunidades religiosas de toda América.”

Sin embargo, se retractó luego en el El Mercurio señalando que la sentencia reafirmó que “los padres e hijos tienen derecho a la educación de religiosa” y que “a los niños no se les obligará a instruirse en una religión o convicciones contra los deseos de sus padres”, pues a su juicio la “Corte afirma que no cabe duda de que las comunidades religiosas pueden designar a quienes van a impartir la enseñanza sobre su propio credo”.

Para el Movilh, “estas contradicciones entre los integrantes de una misma agrupación anti-derechos demuestran la fragilidad de sus argumentos, así como sus inmorales intenciones de desinformar a creyentes, en un escenario donde las altas jerarquías de las iglesias, hasta ahora, han sido más oportunistas y hábiles, pues han guardado silencio, asumiendo de una vez y sin chistar que ya no podrán impedir a personas dictar clases de religión solo por ser LGBTIQA+”

En concreto, la sentencia de la Corte prohibió a todos los Estados de América discriminar en razón de su orientación sexual o identidad de género a cualquier docente, en especial a los de religión, además de obligar a Chile a reformar el Decreto 924 del Mineduc, en tanto ha sido utilizado por las iglesias para prohibir a profesores/as ejercer solo por ser LGBTQA+, como ocurrió con Pavez.

“La libertad religiosa y el derecho de padres y madres  a educar a sus hijos/as en ningún caso puede dar paso a la discriminación o violación a los derechos humanos de ninguna  persona, incluidas las LGBTIQA+. Eso ha dicho la Corte, y ese fue el gran fracaso de las iglesias. Todo lo demás, son campañas de desinformación de medios y grupos anti-derechos que públicamente se contradicen entre ellos mismos” , finalizó el Movilh.