En América Latina, Venezuela, Nicaragua y El Salvador fueron tres de los peores países para ser una persona de la comunidad LGBT+ durante el año pasado, junto a los 9 países caribeños que siguen criminalizando las relaciones homosexuales, perennes integrantes de esa bochornosa lista año tras año.

Así se desprende del flamante informe sobre Derechos Humanos en el mundo elaborado por el Departamento de Estado de EU, que su titular Antony Blinken presentó la semana pasada, y en el que nuevamente aparecen Rusia y China como los principales perpetradores de violaciones a los Derechos Humanos en el 2021 (con la invasión a Ucrania, el régimen de Putin se aseguró revalidar el título en el 2022)

Con respecto a Venezuela, uno de los régimenes más represivos en la región en términos generales, el gobierno de Biden menciona el desabastecimiento de antirretrovirales para personas portadoras de VIH y enfermas de SIDA, que han sufrido desde el 2016 una criminal escasez de medicamentos, agudizada luego que el Estado se convirtiera en el único autorizado para comprarlos. Esta dramática situación ha llevado al exilio a decenas de miles de pacientes imposibilitados de continuar su tratamiento en el país, además de empujar a otra enorme cantidad de personas positivas a interrumpir su adherencia, lo que debilita el sistema inmune y acelera la progresión del virus en el cuerpo.

El informe también señala que la Defensoría Especial para la Protección de las Personas de la Diversidad Sexual de Venezuela es “ineficaz” y que la mayoría de los delitos de odio contra personas LGBT+ no son investigados, detallando la falta de legislación en el país para proteger a personas de dicho colectivo, que van desde la falta de un marco legal para relaciones entre personas del mismo sexo hasta la ausencia de una ley de identidad de género.

“El régimen de Maduro niega sistemáticamente el reconocimiento legal a las personas transgénero e intersexuales al impedirles obtener los documentos de identidad necesarios para acceder a la educación, el empleo, la vivienda y la atención médica. Esta vulnerabilidad a menudo llevó a las personas transgénero e intersexuales a convertirse en víctimas de la trata de personas”, apunta el Departamento de Estado.

Tampoco dejaron pasar la persecución por parte de las Fuerzas Armadas en Venezuela contra sexualidades diversas. Los cinco cuerpos que la integran, centrales para el proyecto dictatorial de Maduro, tipifican como delito las relaciones homosexuales en el código de justicia militar, sancionando a los miembros de la comunidad LGBT con prisión de uno a tres años y multas.

Desprotección y persecución

La población LGBT+ no cuenta con protección alguna por parte del Estado, y derechos que en muchos países de la región ya llevan más de una década, como el matrimonio igualitario, no podrían estar más alejados de la agenda represiva del matrimonio Ortega-Murillo, quienes han prohibido toda manifestación que no sea de apoyo a su régimen, incluyendo la Marcha del Orgullo de Managua, y han perseguido a militantes LGBT+, quienes en muchos casos han debido exiliarse.

“Los grupos LGBT+ denunciaron discriminación, falta de acceso a la justicia y falta de respuesta de la policía. El gobierno y los simpatizantes del FSLN [Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido del oficialismo] atacaron con frecuencia a los participantes LGBT+ en particular en las protestas civiles, utilizando campañas de difamación en línea y ataques físicos en algunos casos”, indica el gobierno estadounidense.

Y añade: “Los activistas dijeron que los presos políticos LGBT+ ocultaron su orientación por temor a un aumento de los abusos por parte de los guardias de la prisión”.

La falta de protección para las personas trans y el abuso en manos de la Policía es otro de los temas que detalle el informe. “Las mujeres transgénero detenidas por participar en protestas a favor de la democracia sufrieron hostigamiento particular durante su detención. Las retuvieron con reclusos varones, las obligaron a desnudarse frente a sus compañeros y los guardias las arengaron específicamente”.

La Constitución nicaragüense no reconoce el derecho a la autodeterminación con respecto a la identidad de género, por lo cual, señalan, “el sistema penitenciario no está obligado a separar a los reclusos en función de la identidad de género”, provocando una violencia todavía mayor hacia las personas trans.

Presidente millennial, agenda ultra-conservadora

Sin embargo, su presunta modernidad no ha pasado de gestos superficiales (informalidad al vestir) o la adopción de tendencias muy cuestionadas (su fanatismo por las criptomonedas). Con respecto a la agenda doméstica de derechos, el presidente salvadoreño, que ha cooptado el Poder Judicial para poder reelegirse, dejó en claro el año pasado que en su reformulación del Estado no había lugar para el matrimonio igualitario o el derecho a abortar de las mujeres.

“Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga”, dijo Bukele, cuyo desinterés por la población LGBT+ es documentada en el informe.

“[En El Salvador] la policía y las pandillas continúan cometiendo actos de violencia contra las personas LGBT+. Estas acciones fueron toleradas por el gobierno y los perpetradores rara vez fueron procesados”, señalan.

Y agregan: “Activistas LGBT+ denunciaron ante la Fiscalía General que recibieron amenazas de muerte en redes sociales. En general, la Policía no actuó ante estas denuncias. Las ONG informaron que los funcionarios públicos, incluida la Policía, cometieron actos de violencia y discriminación contra las personas LGBT+. Personas de la comunidad LGBTQI+ afirmaron que la Policía Nacional Civil y funcionarios de la Fiscalía General acosaron a personas transgénero y homosexuales que denunciaron casos de violencia contra personas LGBT+, incluso mediante la realización de cacheos al desnudo innecesarios e invasivos”.

El informe también recuerda que la administración Bukele eliminó en 2020 la Secretaría de Inclusión y que la oficina ministerial a la que le trasladó esas responsabilidades no cuenta con apoyo alguno y no ha impulsado cambios significativos para las personas LGBT+ en el país.

El caso brasileño

Si bien todos los países de la región reciben un señalamiento con respecto a las violaciones de los DDHH de las personas LGBT+ que han ocurrido en sus territorios el año pasado, ya sean aspectos puntuales como en Uruguay y Argentina o sistemáticos como en numerosas naciones del Caribe y Centroamérica, destaca en el informe realizado por el Departamento de Estado el caso de Brasil.

Si bien el gobierno de Biden reconoce que en general los actos de violencia contra las personas LGBT+ han disminuido en Brasil desde el 2017, también advierten sobre el aumento de homicidios contra las personas trans. En los primeros 6 meses del año pasado, fueron 80 los crímenes, y el Departamento de Estado estima que la cifra real posiblemente sea mayor.

Se trata del mayor número de personas trans asesinadas en ese período de tiempo en todo el mundo, por delante de México, Honduras y el propio Estados Unidos.