“Nos dijo: ustedes tienen una de estas opciones: o sacarla del colegio o la dejan y nosotros hacemos una denuncia, porque nos dijeron que ellas están viviendo juntas fuera de tu casa”, agregó Lourdes. “Dos o tres veces nos hizo llamar por este tema, para ver si sabíamos. Yo ya estaba al tanto de la relación con Alejandra. Fue una discriminación porque nosotras como familias ya lo tenemos bien hablado”.

Sus compañeres hicieron una protesta el miércoles frente a la institución para denunciar lesboodio. El Ministerio de Educación y Ciencias intervino y aseguró que las alumnas podrán volver a inscribirse al colegio.

«Según Diosito, todos somos sus hijos, él no discrimina», cantaban sus compañeres al unísono con un megáfono. Del portón principal colgaron banderas LGBTIQ+ y carteles que decían “Huerto, no te calles”, “Respetar las identidades de otras personas es gratis y salva vidas” y “No se trata de ser todos iguales sino de aprender a respetar las diferencias”.

Según cuenta Lourdes, cuando ella y el papá de Federica volvieron de la reunión, tuvieron que explicarle a su hija que la habían desmatriculado y que analizarían qué hacer al respecto. Pero Federica no lo tomó bien. “Después, en un momento dado, cuando la dejamos sola tomó unas gotas de alprazolam (un fármaco para tratar la ansiedad y ataques de pánico), no sabemos ni cómo lo consiguió”, dijo su mamá.

“Después de esta discriminación en el colegio que hubo de parte de la directora, le afectó bastante psicológicamente a las dos. Es por eso justamente que esta nena no aguantó tanta presión y tanta humillación e intentó quitarse la vida”, dijo a Presentes Rocío Solís, mamá de Alejandra. A ella también le pidieron que desmatriculara a su hija. La directora le dijo que si no lo hacía, que la expulsarían y no podría ingresar a otros colegios.

“La directora, desde un principio, comenzó a agarrarse con ella porque una mamá del turno tarde, de la primaria, le dijo: ‘¿desde cuándo el colegio se convirtió en un colegio para lesbianas?’. Eso mismo le dijo la directora a Federica. Que ella tenía que tomar cartas en el asunto, que ella no va a apoyar esto jamás porque sino ella se tiene que ir a vender cebollas en la calle”, manifestó Lourdes

“Les prohibía que estén juntas o que hablen en el colegio, incluso que iban juntas en el baño, cosa que es mentira. Buscaba excusas para echarlas del colegio porque supuestamente manchaban el nombre de la institución. ‘Nosotros estamos recibiendo quejas de padres donde sabemos que tu hija acosa a su compañera’, me dijo, y es mentira. Los compañeros de mi hija son compañeros de años, se adoran”, contó Rocío.

El servicio de atención telefónica Rohendu, una iniciativa de Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas, registró un incremento de los casos de violencia y discriminación desde el inicio de la pandemia. Un 35% de llamadas por discriminación pertenecen al ámbito educativo. Muchos no llegan a instancias ministeriales, como este caso, o quedan en Rohendu porque la gente tiene miedo de denunciar.

“Es un porcentaje bajo porque está muy normalizado que sucedan este tipo de situaciones. El colegio, como tiene el poder, las madres terminan sacándoles nomás. En la mayoría de los casos nosotras recibimos denuncias de terceros, o muchas veces, de algún compañero o compañera. Recibimos casos de profesores que nos consultan si podemos hacer algo o intervenir pero nos piden por favor que no demos sus nombres por miedo a que se los eche del colegio”, expresa Carolina Robledo Desh, la presidenta y una de las socias fundadoras de Aireana. 

En el 2020, Aireana acompañó un caso similar. Se trataba de una lesbiana de 18 años que sufrió discriminación y violencia familiar, además de hostigamiento por parte del director y la psicóloga del colegio privado evangélico al que asistía. Cuando su madre se enteró de que era lesbiana, recurrió a la dirección del colegio. La adolescente fue sometida a una serie de “tratamientos”  para  “corregir”  su  orientación  sexual.

Según expresan en el informe de la Codehupy 2020,  la  enviaron  a  una  psicóloga,  quien  le  administró  hormonas  y  luego  antidepresivos. Ante tanto hostigamiento en el colegio por parte de la directiva, la adolescente realizó una denuncia en el departamento jurídico del MEC, el que tomó la denuncia y realizó una investigación sobre  el  hecho.

Como  resultado,  envió  una  nota  al  colegio  advirtiendo  que  su actuar era discriminatorio. De todas formas, el director del colegio puso una serie de restricciones a la alumna para volver a matricularse: no dejaba que se acerque a sus compañeras, tampoco podía teñirse el pelo, bajar las notas ni asistir a la iglesia.

Aireana publicó un comunicado la noche del 10 de marzo, en el que aplauden el acompañamiento de les compañeres de Federica y Alejandra, que se manifestaron contra la medida que dispuso la dirección. “En Paraguay no existen leyes que impidan o criminalicen la orientación sexual y/o identidad de género, son las instituciones las que actúan con base a su prejuicio”, refuerzan.

Echar a jóvenes del colegio por su orientación sexual es inconstitucional 

Representantes del MEC anunciaron la intervención del caso y aseguraron que las afectadas seguirán matriculadas en el colegio. Además, recomendaron el análisis de la actuación de la directora. Sonia Escauriza, directora de Niñez y Adolescencia del MEC, dijo a la prensa local: “Hace poco lanzamos la campaña del mes de la lucha contra el acoso escolar y estamos trabajando en conjunto con las instituciones involucradas para que esto no vuelva a ocurrir. Nos preocupa que a partir de esta denuncia saltan otras más”.

La abogada especializada en derechos humanos, Diana Vargas explicó a Presentes que cualquier institución, sea pública o privada, tiene que adecuarse al marco constitucional y legal del Paraguay. “La constitución vigente del 92 dice claramente que consagra el derecho a la igualdad y prohíbe expresamente la discriminación. El derecho a la igualdad, si hablamos de discriminación, tiene el rasgo de derechos fundamentales, derechos humanos, el núcleo duro de la constitución”, indicó. 

Como  no  está  aprobada  la  Ley  “Julio  Fretes”  Contra Toda Forma de Discriminación, no existe un mecanismo de denuncia establecido. Esto implica que la resolución de casos muchas veces depende de la buena voluntad de la persona a cargo. Sin embargo, Vargas señaló: “Es un buen precedente. Hay que rescatar los aspectos positivos: la actuación del MEC y el protagonismo de los estudiantes y las estudiantes, sus compañeros”.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores apuntó en redes: “Como Comisión ya estamos tomando intervención en el caso de la presunta discriminación por orientación sexual de una adolescente, cuya consecuencia puso en peligro su vida”.

Fuente Agencia Presentes