Antes de la declaración de inconstitucionalidad hecha por la SCJN, las familias de niñes y adolescentes trans se protegían en juicios, registros civiles y frente a los congresos legislativos usando la opinión consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En México solo el estado de Jalisco cuenta, desde octubre de 2020, con los estándares más altos en derechos humanos para el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans menores y mayores de edad. En la Ciudad de México, Morelos y Oaxaca se reconoce la identidad de género de las personas trans a partir de los 12 años.

“Lo emitido por la Corte es muy valioso y muy importante porque ahora podremos citar este precedente y ya no solo la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Así que, con la declaración de inconstitucionalidad ya no va a haber posibilidades de que a las niñas, niños, niñes y adolescentes trans les vuelvan a decir que no a sus derechos”, comentó en entrevista con Presentes, Tania Morales, abogada y cofundadora de la Asociación por las Infancias Transgénero, primera organización mexicana en defensa de los derechos humanos de las infancias y adolescencias trans.

La declaración de inconstitucionalidad

El fallo de la SCJN parte de la acción de inconstitucionalidad 73/2021 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que demanda la invalidez del artículo 875 Ter, fracción II, del Código Civil de Puebla (un estado al centro del país), por discriminar por edad ya que actualmente solo se reconoce el levantamiento de una nueva acta de nacimiento a personas trans con 18 años cumplidos.

El 26 de abril de 2021 la CNDH presentó la acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia y el pasado 3 de marzo, las y los ministros, en unaminidad de once votos, declararon la inconstitucionalidad y sostuvieron que la limitación por edad “vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas menores de edad trans”.

Para Tania Morales, que sucediera de esta manera “demuestra que la Comisión Nacional de Derechos Humanos funciona, que instituciones como la Suprema Corte está escuchando y su respuesta tiene un alcance a nivel nacional y social muy importante”.

Durante el cierre de la sesión del 3 de marzo, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldivar hizo hincapié en que la declaración de inconstitucional va más allá del parámetro de edad y llamó a “no olvidar que lo que está en juego es la existencia misma, en el contexto de violencia estructural que padecen las infancias trans la norma perpetúa la violencia en su contra”.

Al respecto en la Encuesta Nacional de Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG 2018), el 39.2% de las personas trans que respondieron dijeron haber reconocido su identidad de género durante su infancia; más de la mitad enfrentaron exclusión familiar por ser trans y el 31.7% tuvo que salir de manera temprana de su hogar debido al rechazo.

“Hoy tenemos la oportunidad de reafirmar con una sola voz que la experiencia trans no es una enfermedad sino una realidad que da cuenta de la diversidad humana, que las infancias y adolescencias trans saben quiénes son y comprenden su lugar en el mundo, que no son homogéneas, son diversas y construyen su identidad. Que la identidad de género de las niñas, niños y niñes trans es tan valiosa como cualquier otra por lo que merece la misma protección constitucional”, concluyó el ministro presidente.

“El avance más potente en nuestra lucha”

“Esta decisión de la Corte es el avance más potente en nuestra lucha. Al movimiento de familias trans nos da zapatos para andar a nivel nacional. Las legislaturas deberán tomarlo en cuenta si no quieren incurrir en la inconstitucionalidad y nos da herramientas de protección en procesos judiciales que están sucediendo, en donde no se ha legislado en favor de las infancias y donde hay limitaciones por edad”, explica Tania.

De manera particular el 7 de marzo las y los ministros concluyeron que el Congreso del Estado de Puebla está obligado a reformar el artículo 875 Ter, fracción II de su Código Civil en un plazo no mayor a doce meses y la legislación deberá seguir lineamientos que protejan el interés superior de las infancias y adolescencias trans.

El trámite debe ser ágil, expedito y gratuito basado en el consentimiento libre e informado y diseñado con perspectiva interseccional. No se deben exigir requisitos basados en prejuicios. Las infancias y adolescencias deberán ser acompañadas por su madre y padre, tutores o representante legal, con la voluntad expresa de la persona menor de edad y durante el trámite deberá asistir una persona representante de la Procuraduría de los derechos de la infancia.

Sin embargo, la SCJN no determinó un tipo de procedimiento, y en su lugar dejó abierto a que el Congreso de Puebla decida si el trámite será por la vía administrativa o judicial.

“Nada que comprobar”

Para Tania Morales la importancia de la declaración de inconstitucional que hizo la Suprema Corte también tiene efectos sociales importantes en las narrativas y así lo explica:

“El presidente de la Corte comentó que ‘no hay nada que curar’, la identidad  no es una enfermedad. Para nosotres se trata de nada que comprobar y con esta sentencia se remarca que la identidad de género ya no será algo que deba comprobarse, a nadie”, subraya. 

Tania explica que los términos utilizados en las expresiones de las y los ministros forman parte de “un discurso que en los últimos años ha creado la población trans y sus familias”. “Un abogado hubiera dicho ‘niñas, niños y adolescentes trans’, pero el ministro dijo ‘infancias trans’, dijo ‘niñas, niños y niñes’ y que eso venga desde la voz de un ministro me parece muy importante porque entonces el mundo está escuchando y creo que eso puede ayudar en términos generales a que las poblaciones trans sean reconocidas, vistas sin prejuicios por la sociedad”, agrega.

La lucha sigue

La declaración de inconstitucionalidad tendrá impactos también en los entornos escolares, un área que la Asociación por las Infancias Trans cubre con acompañamiento a familias y ejercicios de buenas prácticas para el personal educativo.

“Este es el siguiente paso natural, y no se trata tanto de trabajar con la SEP (Secretaría de Educación Pública), porque a mí no me queda duda que la SEP y las personas funcionarias no tienen resistencia. Las resistencias están en las organizaciones de asociaciones de familias conservadoras que intervienen en el quehacer educativo y que han usado distintas estrategias para agotar a las familias y sus hijes”.

Como madre y cofundadora de la Asociación por las Infancias Trans, dice sentirse feliz por lo que el movimiento de familias trans ha logrado.

“Siento que todo este camino ha valido la pena para más personas. Como madre pienso en Luis (defensor de derechos humanos y primer adolescente trans en obtener su nueva acta de nacimiento en la Ciudad de México) y en todo el tiempo que tomó su amparo, en cómo hoy usa su voz para acompañar a chiques trans y me parece increíble que así conteste frente a la narrativa de personas odiantes. Como parte de la Asociación te puedo decir que de tres años a la fecha hay un cambio radical en las familias. Antes llegaban con mucho sufrimiento, mucho dolor y mucho miedo. Hoy llegan conociendo sus derechos, además ahora llegan antes sus hijes y eso quiere decir que las adolescencias están sabiendo y conociendo sus derechos y están orientando a sus familias”.