“Os digo que, si estos callan, gritarán las piedras“. Los obispos españoles no se han atrevido a cumplir esta máxima evangélica, así que lo han tenido que hacer los medios. El pasado 2 de diciembre, el corresponsal de El País en Roma, Daniel Verdú, entregó al Papa Francisco una investigación periodística, en forma de dossier, de 385 páginas, durante el vuelo que llevó a Bergoglio a Chipre, y que recoge 251 nuevos casos de abusos a menores en la Iglesia española.

La pasada semana, Bergoglio entregó a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que centralizará la investigación de estos casos inéditos. Posteriormente, el informe fue entregado al presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, quien dio traslado al tribunal eclesiástico de Barcelona.

El informe recoge buena parte de la investigación iniciada por el diario en octubre de 2018, e incluye 251 nuevos casos de clérigos, religiosos y laicos desde 1943 hasta 2018 (último caso denunciado), y que rebasa la cifra oficial de casos reconocidos por la Conferencia Episcopal, aportando datos de Doctrina de la Fe: apenas 220 en las últimas dos décadas. Estos son nuevos casos, que podrían aumentar la cifra de víctimas a 1.237, aunque el propio diario asume que, sólo con los testimonios recogidos, sumarían miles.

Resultados, en tres meses

Una vez conocido el dosier de EL PAÍS, Francisco y Omella mantuvieron una conversación, señala el rotativo madrileño. “El Vaticano, como acostumbra a hacer cuando las denuncias son tan numerosas y no pertenecen a una sola orden, diócesis o abusador concreto, supervisará a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe todo el proceso que lleve a cabo la CEE“, explica El País, que añade que “Roma esperará resultados, que según su propio código, deberían llegar en no más de tres meses”.

Estos son las nuevas denuncias y los casos recopilados por El País

Los nuevos casos afectan a 31 diócesis y 31 congregaciones religiosas, que aglutinan el grueso de las denuncias, el 77%, y que en su gran mayoría, ya han abierto una investigación. La mayor parte de los nuevos casos entregados al Papa datan de las décadas de los 60, 70 y 80, aunque la investigación abarca 80 años, desde 1940 a la actualidad.

En el informe entregado a las autoridades eclesiásticas no aparecen los datos personales de las víctimas ni referencias que las puedan identificar, para garantizar su anonimato, aunque El País “se ha puesto a disposición del Vaticano para facilitar el contacto con las víctimas y que puedan prestar declaración, si así lo desean”.

Una Iglesia negacionista

La Iglesia española es, junto a la italiana, la única del Viejo Continente que se ha negado, sistemáticamente, a abrir una investigación histórica de los abusos a menores en su seno. Sólo el obispo de Zamora, Fernando Valera, se comprometió, según reveló en una entrevista en Religión Digital, a abrir los archivos y hacer una investigación sistemática de posibles abusos en su diócesis.

Las nuevas denuncias, por décadas

En la pasada Plenaria, celebrada a mediados de noviembre, varios obispos intentaron, sin éxito, que se iniciara una investigación interna para conocer el auténtico calado del drama de la pederastia en la historia reciente de la Iglesia española. La mayoría episcopal, en ese momento, prefirió seguir mirando hacia otro lado y tratar los casos uno a uno y según fueran apareciendo.

De hecho, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, se quejó amargamente: “Son pequeños casos, ¿por qué se pone el foco solo en la Iglesia católica?”. La Conferencia Episcopal seguirá sin investigar los abusos históricos en la Iglesia española, como hace el resto de episcopados europeos, pero se autoproclama como “la primera en el mundo” en normativa antiabusos.

En estos días, los obispos españoles rinden cuentas a Roma, en una visita ad limina en al que muchos temían, antes de que se produjera, un ‘rapapolvo’ del Papa por su actitud ante la pederastia clerical y las víctimas. ¿Les obligará ahora Roma a abrir, de una vez, sus archivos?

Ante el silencio, que comienza a ser cómplice, los datos. La investigación, que se niega desde la propia institución, y que obliga a las víctimas a buscar aliados fuera de la Iglesia católica. En este caso, los medios de comunicación. La investigación que abrió hace tres años El País, al fin, ha llegado al Papa, y se comienzan a tomar medidas. Los obispos, otra vez, llegan tarde. De hecho, ni llegan: les obligan a hacerlo. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tiene que ocurrir para que la Iglesia española abra de una vez sus archivos e investigue la pederastia clerical?

El magnífico trabajo coordinado por Íñigo Domínguez, Julio Núñez y Daniel Verdú en El País (con la inestimable ayuda de ese pozo de sabiduría que es Juan G. Bedoya y muchos otros) llegó el pasado 2 de diciembre a manos del Papa. Doctrina de la Fe coordinará una investigación. Que llegará tarde, y que vuelve a poner a la Iglesia española a remolque.

Y es que, otra vez, y ya son innumerables cuando hablamos de abusos a menores, los medios hacen un trabajo que debería estar haciendo la Iglesia. También, como es obvio, otras instituciones, pero aquí hablamos, o pretendemos hacerlo, desde el Evangelio de los pobres, los excluidos, los abandonados. Y en esto la Iglesia debería ser madre y maestra, no encubridora. Y, lamentablemente, hasta ahora, no podemos calificarla (salvo honrosísimas excepciones, que por supuesto las hay) de otro modo.

Negación sistemática

La actitud de Francisco, una vez, contrasta con la postura oficial de la Conferencia Episcopal, que junto a la italiana sigue siendo la única del Viejo Continente (y, me atrevo a añadir, del ‘mundo cristiano’) en negarse sistemáticamente a abrir sus archivos y liderar una investigación histórica sobre la pederastia en su seno.

Y eso que, como comentamos, un grupo de obispos ya planteó la posibilidad de una investigación (al menos, interna, al menos eso) en la pasada Plenaria. Un fallido intento, pese a que tanto Omella como Osoro, y otros obispos como De las Heras, Valera, Segura o Cantero se mostraron a favor. Todo esto, también, lo sabe el Papa, que como hemos visto reiteradamente se informa por distintas vías (también por RD, mal que les pese a algunos) de lo que sucede en este país.

Las víctimas, los supervivientes del horror. Que tienen derecho a una disculpa, a una indemnización, a una reparación. A lo que quieran. Es su derecho. Es nuestra obligación

Y Francisco, después de leer, y de llorar, el informe entregado por el corresponsal de El País, mandó llamar al cardenal Omella, y comentó el asunto con algunos de los obispos que participaron en la reciente ad limina. Aunque algunos sigan, desde algunos medios, negando ‘rapapolvos‘ ni intromisiones de Roma. La realidad, como siempre, acaba imponiéndose. La dura y triste realidad que, no lo olvidemos, tiene unos grandes protagonistas, que no somos los periodistas: las víctimas, los supervivientes del horror. Que tienen derecho a una disculpa, a una indemnización, a una reparación. A lo que quieran. Es su derecho. Es nuestra obligación (y esto lo digo como Iglesia, que también me siento).

La publicación del informe en El País, y la contundente y rápida respuesta de Roma, no deja otra opción a los obispos españoles, que si continúan negándose a abrir sus archivos serán señalados como cómplices o negacionistas. Aunque me temo que, otra vez, seguirán llegando tarde a una cita que la Historia les recordará.

“¡Bravo!” por ese periodismo

Si, como asegura el portavoz Argüello, sólo hay unos pocos casos, ¿por qué tanto miedo a investigar, a abrir las ventanas? Las víctimas merecen un respeto que, por el momento, sólo han encontrado en contadas ocasiones. Por eso se han ido a los medios de comunicación. Porque no encontraban respuestas, ni manos tendidas, ni corazones abiertos, en la que debía haber sido su casa y se convirtió en su condena.

La investigación de El País debería ser premiada por la Iglesia, aunque me temo que Íñigo Domínguez, Julio Núñez o Daniel Verdú se unirá a unos cuantos que seguimos ‘vetados’ para cualquier reconocimiento eclesial. Desde aquí, “¡Bravo!” por ellos. Y una sonora pitada a los obispos y responsables eclesiásticos que, todavía hoy, siguen negándose a hacer justicia a los preferidos del Señor. A las víctimas del horror. A esos niños desvalidos que tanto recuerdan al pequeño que, en pocos días, volverá a nacer en Navidad.