Del blog Nova Bella:
Siempre queremos otra vida, ¿verdad?
Creemos que las cosas que son la vida
no son la vida
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Yasmina Reza
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Yolanda Chaves; Mari Paz López Santos; Patricia Paz
Los Ángeles; Madrid; Buenos Aires.
ECLESALIA, 03/12/21.- Los refranes están cargados de sabiduría y sentido común, tanto para expresar lo bueno como para camuflar lo malo. Forman parte del ideario popular y hay que prestarles la debida atención.
¿Qué quiere decir “Los trapos sucios se lavan en casa”? Abstenerse de dar explicaciones fuera del ámbito familiar de las diferencias y problemas que se puedan vivir con los más cercanos. Hacer silencio hacia el exterior y tratar de resolver de puertas a dentro.
El refrán se refiere al ámbito familiar pero, desgraciadamente, los trapos sucios aparecen en todos ámbitos donde el ser humano convive con otros.
Esto, si estamos atentos, debe suscitar especial inquietud ante cuestiones serías y preocupantes, en las que vamos a adentrarnos en forma de preguntas directas:
¿Y si no se quieren resolverlos problemas y diferencias? ¿Y si esa falta de resolución está ocasionando víctimas y verdugos? ¿Y si el silencio se convierte en arma mortífera que puede llegar a situaciones que atenten contra la dignidad de alguien que vive en ese entorno? ¿Y si los trapos sucios no son tal sino actos delictivos penalizados por las leyes? ¿Y si quienes los sufren quedan presos de un silencio mafioso que les impide vivir? ¿Y si la víctima no tiene recursos para tomar decisiones tajantes para salir de la situación porque ni siquiera es un adulto? ¿Y si la víctima ha sido acosada de tal forma que ha perdido su autoestima y sólo el miedo reina en su interior?¿Y si vive en la comprensión de que es culpable y no víctima? ¿Y si el acosador tiene capacidad de manipular física, psíquica y espiritualmente a su víctima? Estamos ante el horror de los trapos sucios… cada vez más sucios.
¡Basta!… hay que poner los trapos sucios a remojar en agua y jabón, pero no es suficiente. Habrá que seguir trabajando para que dejen de ser trapos sucios o a medio limpiar, y seguir un proceso que devuelva a su ser lo que estaba sucio, era feo y olía mal.
Lo primero será tender los trapos al aire libre para que se oreen y vayan secándose, y al sol que conseguirá blanquear lo que parecía imposible.
Tender, Orear y Blanquear significan pedir perdón, dar luz y transparencia, hacer justicia por los delitos cometidos contra inocentes, indemnizar económicamente (aunque el dinero no cura las heridas del alma) y, por supuesto, no encubrir a los causantes de tanto sufrimiento.
Ningún trapo sucio quede arrinconado en las sucias cavernas de quien acosó, violó, abusó de una niña, de un niño, de una mujer y se vaya de rositas (refrán popular español) o se quede tan campante (refrán popular mexicano), libre de juicio y de culpa.
Ningún trapo sucio escondido en los desvanes de instituciones de todo tipo quede sumergido en la imagen y las siglas, sin abrir puertas y restituir a quienes fueron dañados.
Hay una institución que ya no puede seguir posponiendo el asumir que tiene una especial responsabilidad en sacar a la luz y a la justicia, pidiendo perdón desde el corazón y restituyendo el mal hecho en los casos de pederastia clerical.
De lo que estamos tratado no es cosa que pudiéramos denominar peccata minuta (expresión latina), es decir, un pequeño error o una falta sin importancia.
No hay casos pequeños en el horror del que hablamos. Un solo caso es lo mismo que novecientos… o miles. Cada víctima es única, como hijo e hija de Dios. Únicos. La Iglesia es Madre y sus representantes han de responder ante cada víctima.
Lo primero e inevitable debe ser escuchar en primera persona a quienes han sufrido tanto dolor. ¿Cómo responder sin antes escuchar? ¿Cómo responder si se ha perdido el amor y el respeto por el otro? No se evadan. No sigan cometiendo el error de mirar para otro lado como en la parábola del samaritano.
No es justo que los casos de pederastia clerical caigan como lava de volcán sobre los sacerdotes que han sido fieles a su misión, que han dedicado su vida a hacer el bien, escuchar, acompañar, enseñar y atender a quienes necesitan de su ayuda. No podemos generalizar porque no sería justo, lo mismo que no podemos aceptar un argumento simplista, reduccionista y a la defensiva de algo tan doloroso y delicado como esto.
Vayamos a la hoja de ruta: ¿Cómo resolvería Jesús?… está escrito.
(Eclesalia Informativo autoriza y recomienda la difusión de sus artículos, indicando su procedencia. Puedes aportar tu escrito enviándolo a eclesalia@gmail.com).
Fotografía: Graffiti del artista llamado BANKSY.
Hoy (22.11.2021 ) se ha presentado en la Universidad Pontificia Comillas la edición número 28 del Informe España, un trabajo anual de investigación que analiza la realidad socioeconómica en España año tras año.
El informe revela que el 60% de la población considera que la pandemia le está haciendo cambiar su forma de vivir, de pensar, de cuidar la salud y de relacionarse socialmente. También subraya que las desigualdades sociales han aumentado a consecuencia de la pandemia y que la pobreza cada vez es más intensa, confirmando que se feminiza, haciéndose más patente entre los jóvenes. “La pobreza afecta más a los niños y a los hogares monoparentales con mujeres al frente, que son los más vulnerables al impacto de la pobreza”, se lee en el informe.
En este sentido, en el capítulo “La economía española ante la Covid19: efectos, retos y soluciones”, se destaca que “siguen manteniéndose los desequilibrios de género, y el incremento de desempleo a lo largo del año fue mayoritariamente del lado femenino”. Además, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en España ha aumentado alrededor de un 1% desde 2019, situándose en el 26,4%, la cuarta peor cifra en el conjunto de Europa.
Según el informe “asistimos a la erosión de los cimientos de la integración social”, y se refiere explícitamente a la pobreza y la desigualdad social, que “esta crisis ha intensificado”. Agustín Blanco, director de la Cátedra Martín Patino de la Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia Comillas, responsable del informe, subraya, citando el informe, que “la pobreza se intensifica, y las personas y hogares más pobres ven agravada su situación, mientras que otros que estaban en los umbrales de la pobreza antes de la pandemia pasan a empeorar su situación”.
Economía y juventud
50.000 empresas dejaron de estar activas entre febrero de 2020 y febrero de 2021, lo que representa el 3,6% de las inscritas en la Seguridad Social. Aunque la crisis entre febrero de 2020 y febrero de 2021 incidió en todos los sectores destaca la caída de facturación en la hostelería (45%), aunque también la industria manufacturera se vio muy afectada, con una caída del 13% de su producción.
Como destaca el informe, existen “importantes niveles de desempleo en determinados colectivos, como jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y mayores de 45 años”. Y se resalta la situación de la tercera edad y de los hogares unipersonales, que se incrementan entre la población mayor. De hecho, como revela el informe, más del 42% de las mujeres de más de 85 años viven solas, mientras que solo el 21% de los hombres lo hace.
Al otro lado del espectro, los jóvenes han aumentado el uso de tecnología, lo que ha influido en sus relaciones sociales. De hecho, el informe recuerda que el 80% de los jóvenes entienden que las relaciones por Internet generan más confianza que las relaciones cara a cara, aunque, al mismo tiempo, “el 75% está de acuerdo con que el uso de estas tecnologías favorece que las personas se aíslen de los demás, pasando más tiempo con las pantallas que con las personas que les rodean de forma más inmediata”.
El Informe España 2021 confirma que los jóvenes y las personas desempleadas son los dos grupos especialmente perjudicados durante la pandemia y los que registran niveles más bajos de bienestar, se sienten en general excluidos de la sociedad y presentan mayor riesgo de sufrir depresión. La tasa de abandono temprano de la educación y formación sigue siendo muy elevada en 2020 (20,2% entre los hombres y 11,6% entre las mujeres), los que nos sitúa como segundo país de la UE, solo por detrás de Malta, con mayor porcentaje de jóvenes entre los 18 y 24 años que no tiene estudios medios y que no sigue realizando ninguna formación.
El informe también destaca el impacto de la pandemia y el cierre de los centros educativos que, en términos generales, han sido negativos para los jóvenes, pero de menor intensidad de lo que se podría haber esperado y muy concentrado en el principio del confinamiento. Y respecto a los docentes, destacan especialmente el impacto de la pandemia en su bienestar emocional, aunque más del 50% de españoles ha mejorado su opinión respecto al personal docente, siendo este uno de los colectivos que más ha mejorado.
Sistema sanitario, fortalezas y debilidades
A pesar de las dificultades iniciales, para las que ningún país estaba adecuadamente preparado, el sistema sanitario español ha respondido razonablemente bien a la pandemia, gracias sobre todo a la fortaleza de carácter, vocación y excelente capacitación técnica de todos los profesionales de la salud.
Al mismo tiempo, la crisis sanitaria ha puesto de relieve la necesidad de refundar la atención primaria, prestar mayor atención a nuevas profesiones y al papel de la enfermería, desarrollar la especialidad de medicina preventiva y salud pública y, sobre todo, impulsar la formación continua, poner fin a la temporalidad de los profesionales sanitarios y su consiguiente precariedad laboral.
Cuidado de las personas mayores
Más del 40% de las muertes relacionadas con la COVID-19 se hallan vinculadas a las residencias de mayores. La pandemia ha visibilizado importantes carencias en el actual sistema de cuidados a los mayores y muy especialmente en las residencias. La COVID ha agravado aún más el problema que supone la precariedad laboral de las profesionales del cuidado, mujeres inmigrantes en su mayoría, con poco apoyo familiar y social, inestabilidad en el empleo, salarios muy bajos y formación escasa.
El informe incide en la necesidad de avanzar en la paulatina reconversión de las residencias tradicionales en unidades de convivencia, habitadas por grupos pequeños de personas con profesionales estables y una vida cotidiana normalizada y con sentido para ellas. Todo ello en un entorno hogareño facilitador de la generación de un clima familiar, cálido y de preservación de sus capacidades.
El sistema autonómico se refuerza con la pandemia
La crisis de la COVID-19 ha ayudado a reconocer los valores intrínsecos de todo proceso de descentralización. Su gestión se ha convertido en un buen ejemplo de reconocimiento del principio de subsidiariedad y la bondad de la proximidad en la toma de decisiones.
La crisis ha supuesto una llamada de atención sobre la ausencia de organismos administrativos mixtos, que presten servicios tanto al Estado como a las comunidades autónomas. Además, el informe señala que la gestión de la crisis no ha conseguido crear un sistema de cogobernanza real, en el sentido de adopción conjunta de medidas.
Buenas noticias desde Canadá: la Cámara de los Comunes ha aprobado por unanimidad un proyecto de ley para prohibir la práctica de las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión, que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género de sus pretendidos pacientes. Se trata de una iniciativa que el Gobierno liberal de Justin Trudeau ya promovió en la anterior legislatura. Se espera que el Senado ratifique el texto aprobado por la cámara baja, con lo que Canadá se uniría al reducido grupo de países que han vetado estos infames procedimientos.
La campaña contra las «terapias» de conversión en Canadá comenzó en septiembre de 2018. Se recogieron más de 18.000 firmas por su prohibición, pero en marzo de 2019 el Gobierno federal rechazó legislar sobre el asunto, alegando que se trata de una competencia de los territorios y las provincias. Las de Manitoba, Ontario y Nueva Escocia, así como la ciudad de Vancouver, ya habían aprobado normas para penalizar estas peligrosas prácticas. A ellos se unirían posteriormente Prince Edward Island, Quebec, Yukon y las ciudades de Edmonton y Calgary. A pesar del varapalo inicial que supuso la negativa del Gobierno de Justin Trudeau, los activistas siguieron presionando por una prohibición a nivel nacional.
En abril de 2019, un senador liberal (el partido de Trudeau) presentó una proposición de ley para vetar las «terapias» reparativas. La iniciativa de Serge Joyal no llegó a aprobarse antes de que acabara esa legislatura en otoño de ese mismo año. Mientras tanto, el colegio de abogados hizo un llamamiento al Gobierno para que analizara sus competencias para prohibir las pseudoterapias o, al menos, eliminar los beneficios fiscales de los que disfrutan los grupos que las llevan a cabo. La administración de Trudeau reaccionó enviando una carta a todas las provincias y territorios para pedirles que vetaran estas prácticas.
Durante la campaña electoral para las elecciones de octubre de 2019, los liberales del primer ministro prometieron finalmente hacerse cargo del asunto. El partido de Trudeau se mantuvo como primera fuerza política, aunque perdiendo la mayoría. El nuevo Gobierno, entonces sí, declaró como prioritaria la prohibición a nivel federal de las «terapias» de conversión. En marzo de 2020, el ministro de Justicia David Lametti presentó un proyecto de ley de reforma del Código Penal para tipificar como delito la publicidad y la práctica de estas pseudoterapias en menores de edad. La Cámara de los Comunes aprobó la medida en junio de este año, con los votos en contra de 62 diputados conservadores (de un total de 119). La iniciativa, sin embargo, entró en vía muerta antes de su tramitación en el Senado, debido a la disolución del Parlamento que precedió a las elecciones anticipadas del pasado mes de septiembre.
Tras la nueva victoria, aunque sin mayoría absoluta, de los liberales de Trudeau, el Gobierno reactivó la propuesta con una importante novedad: el veto será total y no solo se aplicará a menores de edad. El pasado miércoles, la Cámara de los Comunes le dio su visto bueno, esta vez por unanimidad. Un apoyo generalizado que sorprendió a muchos diputados liberales, algunos de los cuales se abrazaron a sus rivales conservadores en agradecimiento por su apoyo a la medida. Ahora pasará al Senado, donde no se espera tampoco una importante oposición. Todo indica que, esta vez sí, se convertirá en una ley que prevé penas de hasta cinco años de cárcel para quien inflija estas prácticas y hasta dos para quien se beneficie económicamente de las mismas o las publicite.
La situación en otros países
Cuando entre en vigor la nueva norma, Canadá se unirá al reducido grupo de países que han prohibido las pseudoterapias de conversión, ya sea de manera general o en menores de edad.
En el vecino Estados Unidos la primera en hacerlo fue California En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de Oregon, Illinois, Vermont, Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington, Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire, Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor en 2019 tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.
En abril del mismo año también se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).
Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo en enero de 2019 por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.
Y en julio, era Ciudad de México quien prohibía las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Y en octubre de 2020, en el Estado de México. y en julio de 2021 el Estado de Yucatán.
En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.
En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y era una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Tras la repetición electoral, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».
Y, por fin, El Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, presentó el pasado junio el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que incluye la prohibición de las pseudoterapias de conversión.
En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…
Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.
«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras
La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias» reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.
En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.
Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.
De hecho, en julio de este año, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y Juan Antonio Reig avalarían estas prácticas
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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays
Se aprobó la plena igualdad de derechos para parejas homosexuales y heterosexuales en temas de filiación, fertilización humana asistida y cuidado personal del de hijos/as, así como para permisos laborales de pre- y post natal. Si bien en torno a los derechos de personas trans casadas hubo avances, el Movilh acusó “transfobia encubierta”
La Comisión Mixta del Congreso Nacional que analiza el matrimonio igualitario aprobó hoy la totalidad de las indicaciones que equiparan derechos de filiación y derechos laborales entre las parejas de igual y distinto sexo, al tiempo que eliminó la causal de divorcio automático para las personas trans que cambian su nombre y sexo legal, aspectos festejados por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
La Comisión Mixta estuvo integrada por los/as senadores/as Pedro Araya (IND), Alfonso Deurresti (PS), Luz Ebensperger (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Francisco Huenchumilla (DC) y por los/as diputados/as Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Marcos Ilabaca (PS), Andrés Longton (RN), Catalina Pérez (RD) y Enrique Van Rysselbergue (UDI). En la discusión de hoy también intervinieron la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y la Ministra de Desarrollo Social y la Familia, Karla Rubilar.
¿Qué aprobó hoy la Comisión Mixta?
– Garantizar los derechos de filiación a toda persona que se someta a técnicas de reproducción humana asistida, sea cual sea su sexo, orientación sexual o identidad de género.
– Garantizar la no discriminación por orientación sexual o identidad de género, entre otras categorías, para efectos del régimen y ejercicio del cuidado personal de hijos/as.
– Eliminar el divorcio automático para las personas trans que cambian su nombre y sexo legal.
– No prohibir por ley que los derechos de filiación de hijos/as puedan determinarse respecto de más de dos personas. En otras palabras, abrirse a la posibilidad de que los derechos filiación de los/as hijos/as pueden determinarse respecto de más de dos personas.
– Garantizar los derechos laborales de pre y post natal sin discriminación por sexo, orientación sexual o identidad de género.
Reacción del Movilh
La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, precisó que “hoy avanzamos significativamente, pues la Comisión Mixta aprobó diversas modificaciones al proyecto de ley original. Estas modificaciones o ideas, introducidas por la Cámara de Diputadas y Diputados tras propuestas de nuestra organización, terminan con la desigualdades y discriminaciones que hoy pesan sobre las parejas del mismo sexo en temas de filiación, de reproducción humana asistida, de cuidado personal de hijos/as. También reconocen los derechos laborales de pre y post natal, sin discriminaciones por sexo, orientación sexual o identidad de género. Esto es un avance gigantesco, para la plena igualdad legal. Esperamos que las salas del Senado y de la Cámara, ratifiquen en breve estos cambios”
Zúñiga añadió que “debemos contar con ley, sí o sí, antes de las elecciones presidenciales. Los/as congresistas no están haciendo ninguna hazaña, pues están avanzando hacia la aprobación del matrimonio igualitario en un momento cuando el debate está más que maduro en la sociedad, con una mayoría favorable hace años. Más aún, esta lucha se inició hace tres décadas, por tanto ha habido un atraso exagerado e injustificado de parte de la clase política”.
Por su lado, el vocero del Movilh, Oscar Rementería, aclaró “que en torno a los derechos de las personas trans casadas tuvimos un cambio, pero parcial. Hubo transfobia encubierta. Se eliminó la causal de divorcio automático para las personas trans que cambian su nombre y sexo legal. Pero al mismo tiempo se aprobó que se consulte a la pareja de la persona trans si quiere divorciase o no en caso de la rectificación de la partida de nacimiento. Esto refleja una ignorancia ridícula, temores infundados y transfobia encubierta. ¿Por qué hacer una mención especial a la identidad de género en temas de divorcio? Esto es un estigma, muy similar, aunque más encubierto al de la causal de divorcio culposo por homosexualidad que existía antes”.
“Ayer pedimos a todos los congresistas de la Comisión Mixta erradicar todo tipo de discriminación del proyecto de matrimonio igualitario. Avanzamos, pues se aprobaron todas las indicaciones que propusimos e impulsamos en la Cámara de Diputados y Diputadas, ya sea se manera textual o en su idea de fondo. Valoramos el trabajo desarrollado en el Congreso y el apoyo que ha brindado el Gobierno en este tema desde junio pasado a la fecha”, finalizó Rementería
Fuente MOVILH
Los funcionarios católicos en Dakota del Norte y Nebraska han tratado de evitar que se promulguen políticas que incluyan a las personas LGBTQ en los colegios y universidades patrocinados por el estado.
La Universidad de Dakota del Norte está proponiendo una política de identidad de género que obligaría a que las personas sean tratadas de acuerdo con su género en lugar de un sexo asignado cuando se trata de cuestiones como pronombres y baños. También consideraría el maltrato intencional de una persona como un acto de discriminación. Un período de comentarios públicos cerró a fines de octubre y los administradores ahora están considerando la política.
Durante el período de comentarios, los obispos católicos del estado intervinieron en un esfuerzo por detener la aprobación de la política. Según Rob Port, redactor de opinión del Grand Forks Herald:
“‘ Si no hubiera escrito al respecto, probablemente no nos habríamos enterado de la política propuesta ’, me dijo Christopher Dodson, consejero general de la Conferencia Católica de Dakota del Norte. “Varios estudiantes y personas interesadas no cumplieron con la fecha límite oficial para comentarios, que finalizó el viernes”. . .
“’Reconocemos que todos deben ser tratados con respeto y que la universidad tiene un papel en facilitar un ambiente de aprendizaje respetuoso’, escribe Dodson. “Sin embargo, esta propuesta va más allá de establecer meras reglas para las tareas administrativas. De hecho, abraza y exige la aceptación de una ideología particular sobre género y lenguaje que infringe la libertad de expresión y los derechos religiosos ‘”.
En una situación similar en un estado cercano, las políticas de no discriminación basadas en la identidad de género fueron aprobadas para el Nebraska State College System a principios de este mes, acompañadas de estímulo para usar el género apropiado y el nombre preferido del empleado. Antes de la aprobación de las políticas, la Conferencia Católica de Nebraska se unió a la Alianza Familiar de Nebraska para oponerse a las medidas. En su declaración, los grupos afirmaron que “los habitantes de Nebraska han hablado en voz alta y clara de que no quieren políticas de identidad de género impulsadas por ideologías impuestas a través de nuestros sistemas educativos estatales”, según el Lincoln Journal Star.
Detrás de estos dos esfuerzos de los líderes de la iglesia para detener las políticas pro-LGBTQ en las instituciones seculares se encuentran los reclamos de libertad religiosa. Pero los administradores han dicho que las nuevas políticas son necesarias para cumplir con la ley federal, particularmente a raíz de la decisión de Bostock de la Corte Suprema de Estados Unidos el año pasado que prohíbe la discriminación basada en la identidad de género u orientación sexual.
Los problemas reales que rodean la libertad religiosa en ambos casos es el intento de interferencia indebida de las autoridades eclesiásticas en los asuntos seculares. En una sociedad pluralista, los católicos ciertamente deberían tener voz en la plaza pública, pero esa participación debe ser apropiada. Tratar de imponer creencias religiosas en la educación patrocinada por el estado no es apropiado, ni tampoco lo son las afirmaciones de que las protecciones para las personas LGBTQ afectan las libertades civiles de los demás.
—Robert Shine, New Ways Ministry, 27 de noviembre de 2021
Fuente New Ways Ministry
Activistas y personas trans marcharon en Ensenada para protestar contra la violencia contra la comunidad LGBT. También exigen que se reconozca la identidad de género.
Con 320 homicidios dolosos y 80 culposos en lo que va del año, el puerto de Ensenada es el segundo más violento del estado después de Tijuana. De este total ninguno se investiga como transfemenicidio porque la autoridad no reconoce la identidad de género.
El asesinato de Tita, de 22 años de edad, es un crimen de odio y así debe ser investigado, aseguraron sus amigas durante la manifestación. Sin embargo, la FGE lo tiene catalogado como un homicidio culposo y a ella la identifica como una persona del sexo masculino.
El cuerpo de Tita fue localizado en avanzado estado de descomposición cuatro días después de que su madre reportara su desaparición. Se encontraba ensangrentada y dentro de su vivienda ubicada en una zona marginal en el bulevar Socolov, de la colonia Munguia.
De acuerdo con información de la investigación, antes de su asesinato recibió una amenaza a través de redes sociales y también le dieron una golpiza.
Como éste hay otros casos de impunidad y omisiones judiciales para prevenir abusos en contra de las mujeres.
Arturo Serratos, Secretario de la Asociación Trans Ensenada una Lucha, informó que por años las personas LGBT han sufrido la indiferencia de las autoridades.
“Esta ha sido la respuesta que han tenido a las múltiples denuncias. Te botan para allá, te botan por acá, les vamos a marcar, vengan más tarde y cuando venimos -a la fiscalía- ya nadie nos atiende”, describió.
Si bien celebran pequeños avances de la comunidad en el país, como reconocer el matrimonio igualitario o apertura de la autoridad para salir a las calles a protestar, los asesinatos en contra de la comunidad trans en Baja California siguen invisibilizados.
Abusos policíacos
Hace un año, Melisa trabajaba como sexoservidora en la calle Segunda entre Gastelum y Miramar, en la zona turística, cuando un cliente solicitó sus servicios, pero al momento de abordar el vehículo un agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) los detuvo.
El policía cuestionó al cliente sobre si sabía que la persona a su lado era un homosexual y le aseguró que esa acción era un motivo de multa o sanción. Todo quedó asentado en una denuncia ante Derechos Humanos y Sindicatura Municipal.
Acto seguido pidió a Melisa que bajara de la unidad, pero como ella se negó el oficial regresó a la patrulla para sacar un arma larga, cortó un cartucho y la encañonó.
El compañero del policía debió intervenir para detener el abuso, según narró la misma víctima a Presentes. Este hecho sucedió en noviembre del 2020 durante la pandemia por COVID-19.
“Pasate para acá cabrón…”, le gritó el agente. Ella respondió con insultos a la agresión verbal y física para defenderse. Días después de este hecho, el agente siguió acosando a Melissa en las calles.
A raíz del incidente Melissa abandonó la ciudad, porque la considera insegura, y se mudó a Tijuana donde se siente más libre para ejercer su sexualidad.
Si la autoridad hubiera hecho su trabajo, bastaba con revisar las cámaras de vigilancia de las tiendas cercanas, ya que es una zona comercial en el corazón de la Ensenada y una de las más transitadas.
“En Tijuana me siento un poco más tranquila, y segura, porque las autoridades no se meten con nadie”, respondió intranquila porque sus amigas en Ensenada siguen viviendo esa violencia.
Aunque los sucesos se denunciaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California y Sindicatura Municipal, ninguna autoridad llamó a audiencia.
Sobre éste, y una docena de asuntos más denunciados desde el 2016 por mujeres trans, Griselda Vizcarra Durán, delegada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, reconoció que en el organismo local están al tanto de las violaciones a los derechos en contra de la comunidad. “Tenganlo por seguro que se va a investigar cada caso”, fue su compromiso.
Agregó que las quejas presentadas por la comunidad, en administraciones anteriores, también serán consideradas por el personal a su cargo para iniciar las investigaciones necesarias.
Los crímenes invisibilizados
Para Jey Fernández, activista por los derechos de la diversidad, la violencia contra la comunidad está directamente relacionada con tres factores: la falta de identidad, precariedad y machismo.
De acuerdo con estadísticas nacionales, 3% de la población se consideran hombres o mujeres trans, motivo por el cual las autoridades deben legislar para crear sanciones en contra de quienes cometan discriminación.
En materia legislativa, en 2012 se armonizó la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, pero no funciona y por lo tanto urge realizar una reforma. “Tenemos un agujero terrible, y es un problema para las chicas quienes no pueden tener estos derechos”, sostuvo.
Habló de la marginación que viven sus compañeras en el tema laboral, ya que debido a la falta de una identificación oficial por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) algunas están obligadas a trabajar como sexoservidoras o en el crimen organizado.
“Es complicada la parte laboral por la apariencia física, los baños sin acceso en fábricas o maquiladoras, donde por estos motivos les niegan el trabajo”, mencionó.
Explicó cómo las chicas y chicos viajan desde la frontera con Estados Unidos hacia la Ciudad de México para realizar los trámites, que les niegan las autoridades de Baja California. Quienes no tienen oportunidad de viajar prefieren renunciar a la identidad.
Como parte del trabajo en el organismo civil, tienen detectado que en marzo se cometió un homicidio en contra de una mujer trans en Ensenada. También ese caso, los agentes de la FGE lo investiga como si fuera un hombre.
La Secretaria de Inclusión en Baja California, Miriam Cano Nuñez, aseguró que trabajan en reconocer la identidad de las mujeres trans en documentación, acceso a salud y capacitación a los funcionarios.
Sin embargo, por ahora la Iniciativa de la Ley de Identidad de Género está a cargo de las diputadas Dunnia Montserrat Murillo y Evelyn Sánchez.
“No somos sinónimo de risa”
Jacqueline Aguilar de Escamilla, de la asociación Trans Ensenada Una Lucha con Valor, consideró prioritario reconocer la identidad de género. Hasta el momento hay alrededor de 60 mujeres transexuales que se dedican al trabajo sexual porque no tienen otra oportunidad.
Esto lo declaró el viernes 19 de noviembre cuando salieron a marchar desde la calle Macheros y bulevar Costero, frente a la Plaza Cívica de la Patria hasta el edificio de la FGE.
Manifestación frente a la Fiscalía General del Estado de Ensenada.
El grupo hizo una antesala por más de una hora, gritando consignas, para ser recibidos por el titular, Rafael Orozco Vargas. “Esto es todos los días, salimos a las calles y somos sinónimos de burla”, comentó una de las integrantes en la manifestación.
Narró detalles de cómo se siente, ella y sus amigas en la vida cotidiana, al llegar a un negocio, oficina de servicios públicos o en la misma vía pública. “No sólo son golpes sino también psicológicamente al momento de entrar a un lugar el que atiende dice a quien esté a su lado ‘ahí te hablan’ o ‘ahí está el jotito’, eso también es violencia”, señaló.
Urge a legislar los derechos humanos para castigar a quienes ejerzan coacción o abusos en contra de ellas. Pues hasta el momento, cuando se quejan de las agresiones ellas terminan arrestadas o pagando multas y fianzas.
Debido a la indiferencia gubernamental de la gran cantidad de expedientes, han dejado de interponer denuncias ante los derechos humanos.
Casos emblemáticos donde los agresores están libres:
– Jazmín Vega Guzman, conocida como Gudelia, era una estrella del espectáculo. El 6 de junio del 2010 fue localizada sin vida en la orilla de la carretera Ensenada-Ojos Negros. Su asesino fue detenido y condenado a 25 años de cárcel. Apeló a la sentencia y hoy se encuentra libre.
– Karla Macías, fue hallada en un basurero clandestino ubicado en cerca del fraccionamiento Villas del Sol 25 febrero del 2017. Su muerte no se investigó porque su familia nunca puso una denuncia.
– Alicia Díaz Tita, el 3 de noviembre se encontró su cuerpo en estado de descomposición en una vivienda de la colonia Munguía. Durante una semana la buscaron por toda la ciudad.
-En marzo, una persona fue asesinada y los colectivos sospechan sobre posible transfeminicidio el cual es investigado como homicidio culposo.
Fuente Agencia Presentes
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