Suplemento del Cuaderno n. 218 de CJ – (n. 252)

Cristianisme i justicia

Silvia Torralba

Una cuarta parte de la población de las ciudades del mundo vive en asentamientos informales. Son 883 millones de personas, la mayoría de las cuales viven en el continente asiático, pero también en África subsahariana, en países latinoamericanos y del Caribe, y en ciudades europeas. Significa tener derechos vulnerados y, por eso, las Naciones Unidas se han propuesto mejorar las condiciones de estas personas y promover el acceso a una vivienda adecuada antes del año 2030.

 Vivir en un asentamiento.

«Un hogar es un lugar donde cualquier persona puede desarrollar y ejercer todos sus derechos; solo es adecuado cuando tiene agua potable y saneamiento, electricidad y otros servicios básicos; cuando está cerca del colegio, de servicios de salud y de oportunidades laborales». De este modo define la relatora especial de las Naciones Unidas por el derecho a la vivienda qué significa tener un hogar. Hablar del derecho a la vivienda significa ir más allá de las cuatro paredes que constituyen una casa e implica otros derechos asociados a la persona: a sentirse segura y no poder ser desalojada en cualquier momento, a tener las necesidades básicas cubiertas, a no tener que vivir en zonas contaminadas ni peligrosas… La mitad de la población mundial vive en las ciudades y una mayoría carece de las infraestructuras y servicios adecuados. Según la ONU-Hábitat, 1 las personas que sienten mayor inseguridad en las ciudades son aquellas que viven en asentamientos informales. En los países de África subsahariana, representan el 72% de la población urbana y en los de Asia meridional, el 59%. Con todo, la problemática afecta a la mayoría de los países del mundo. En 2018, por ejemplo, el gobierno francés contabilizó a más de 16.000 personas que vivían en 497 asentamientos informales. Cambiarle los zapatos a tu hijo porque los que llevaba se le han ensuciado de barro cuando salías de casa; no tener un buzón donde te lleguen las cartas; despertarte a medianoche porque llueve y el agua se filtra por el techo de la fábrica en la que duermes; lavar toda la ropa porque llega el día del desalojo y no sabes cuándo vas a volver a tener agua; no poder invitar a ningún compañero o compañera de tus hijos a jugar a casa… son algunas de las dificultades diarias que sufren las personas que viven en asentamientos.2

¿Asentamientos en Barcelona?

En ciudades modernas y tecnológicas como Barcelona, que tan solo el año pasado recibió doce millones de turistas, también se esconden estas realidades. El 15% de la población de Barcelona vive en riesgo de pobreza y exclusión, y unas 4.200 son personas sin hogar y, en consecuencia, aún más invisibles. En 2014, una docena de familias que vivían en barracas y camiones en un solar hicieron visible su situación al alcalde de la ciudad. «Barcelona es bonita, pero también tiene rincones. Nosotros somos uno de estos rincones y usted debería tenernos en cuenta», le contaban en una carta.

Saber cuántas personas viven en asentamientos es básico para dimensionar la problemática y abordarla. En Barcelona, las primeras cifras públicas que tenemos son del año 2011 y hablan de 695 personas; los últimos datos, de 2019, hablan de 836 personas. Se trata de personas adultas solas y también de familias con menores que viven en estructuras temporales, barracas y camiones ubicados en solares vacíos, fábricas en desuso y locales abandonados. Su procedencia es muy diversa: en los últimos años han llegado muchas personas de Europa del Este y actualmente constituyen la mayoría en los asentamientos; también destaca un numeroso grupo de familias que hace más de veinte años que llegaron de Galicia y Portugal buscando oportunidades de mejora; e incluso hay personas de varios países africanos y de otras procedencias. Si diez años atrás la mayoría de estas personas se concentraban en grandes espacios de barrios concretos de Barcelona, ahora se dispersan en lugares más pequeños y repartidos por diferentes distritos de la ciudad y otros municipios próximos, donde se han instalado tras sufrir reiterados desalojos. La carta que hace seis años recibió el alcalde de Barcelona la enviaron un grupo de familias de origen galaico-portugués, uno de los colectivos más invisibles de los asentamientos y un buen ejemplo de la falta de políticas transversales para transformar la problemática. Llegaron a Barcelona a mediados de los noventa, cuando la ciudad declaraba el fin de los barrios de barracas, y se establecieron en las calles de la ciudad con sus pequeñas caravanas como vivienda. Aunque hoy en día su situación ha mejorado, la mayoría comparte una historia de exclusión social y de vulneración de derechos heredada generación tras generación. Todas las familias de este colectivo han sufrido desalojos forzosos de forma reiterada. Un informe de Amnistía Internacional 3 recogía hace unos años algunos testimonios, entre ellos el de una mujer que explicaba: «Mi hijo tiene seis años y ya ha vivido seis desalojos en su vida». En Barcelona, como en el resto de ciudades de todo el mundo, vivir en asentamientos significa no poder vivir en espacios salubres y por un precio asequible, pero también implica la vulneración de otros derechos: a la electricidad y a condiciones higiénicas adecuadas; a la salud orgánica y emocional; a no ser discriminadas por su situación y ser consideradas vecinas de la ciudad; a contar con su opinión y ofrecerles alternativas cuando llega el día del desalojo…

Los efectos de un desalojo

Desde la asociación Amics del Moviment Quart Món, acompañamos a las familias de origen galaico-portugués que viven en asentamientos en Barcelona desde hace veinte años, durante los cuales hemos compartido muchas situaciones de desalojo: de día y de noche; con los niños y niñas en el colegio, pero también presentes durante el desalojo; con suficiente tiempo para recoger las cosas y sin margen de tiempo… En los últimos años, algunas familias han logrado acceder a pisos de alquiler social o a otro tipo de vivienda por sus propios medios; de las casi setenta familias que la entidad acompaña actualmente, el 67% aún vive en solares, fábricas en desuso y pisos ocupados. En estos momentos, una veintena de familias sufre procesos de desalojos forzados. La ONU alerta de que millones de personas sufren cada año desalojos forzosos o reciben amenazas para dejar su casa.4 Los motivos son muy diversos: proyectos urbanísticos, grandes acontecimientos como unos juegos olímpicos, especulación de la vivienda, criminalización de la pobreza, actividades del sector inmobiliario, desastres naturales, migraciones del campo a la ciudad, ejecuciones hipotecarias, conflictos armados, etc. Pero ¿cómo afecta a las personas? Hace dos años, el Observatorio DESC publicó un informe5 sobre el derecho a la vivienda en Barcelona y su impacto en la salud de las personas. La conclusión era que la inseguridad en la vivienda y el hecho de estar expuestas a sucesivos desalojos afecta a la salud orgánica y emocional de las familias. Desde la ONU-Hábitat lo confirman y se fijan en los menores: «La salud, el progreso educativo y el bienestar generales de los niños y niñas están profundamente influidos por la calidad de la vivienda en la que viven» y sufrir un desalojo forzoso «suele tener un profundo efecto en los menores». «La pobreza es causa y consecuencia de los desalojos. Por un lado, la falta de opciones y de seguridad en la tenencia y la imposibilidad de acceder a la vivienda pueden obligar a las personas empobrecidas a vivir en asentamientos, con el temor a ser desalojados. Por otro lado, los hechos demuestran que los desalojos forzosos suelen dar lugar a más empobrecimiento», añaden desde el organismo internacional. Las propuestas que surgen para abordar la realidad de los asentamientos en Barcelona van en este sentido: no desalojar a ninguna persona sin una alternativa efectiva y sabiendo que quedará expuesta a otras vulneraciones de derechos; modificar la normativa municipal para que las personas que viven en una fábrica o en un solar también puedan acceder a una vivienda social cuando las desalojen; despenalizar el modo de vida informal de las familias y aprovechar sus habilidades para buscar alternativas; e impulsar políticas de lucha contra el sinhogarismo, con recursos y dotaciones económicas específicas, que también tengan en cuenta la realidad de los asentamientos.

El horizonte 2030

El 18 de septiembre de 2018, el secretario general de las Naciones Unidas llevó a la Asamblea General de la ONU un informe 6 sobre el derecho a la vivienda adecuada que ponía el foco en los asentamientos informales y que instaba a incorporar el reto en la Agenda para el Desarrollo Sostenible. «El mundo está aceptando aquello que es inaceptable» cuando es «un imperativo de los derechos humanos garantizar a los asentamientos informales los estándares básicos de dignidad», afirmaba el documento. Los Estados deben actuar. La Agenda para el Desarrollo Sostenible los insta a alcanzar una serie de objetivos antes del año 2030. Dos de estos objetivos son mejorar la situación de los asentamientos y asegurar un alojamiento adecuado y seguro para todas las personas. Para lograrlo, el informe de las Naciones Unidas lanza recomendaciones: informar y contar siempre con el punto de vista de las personas afectadas, reconocer la relación entre el hecho de tener un hogar y otros derechos sociales, favorecer realojos en lugares cercanos a los que vivían las familias, asegurar que el sistema judicial también protege los derechos de las personas que viven en asentamientos informales… Es necesario que los Estados adopten estrategias nacionales específicas que tengan en cuenta estas situaciones y se precisa un enfoque basado en los derechos humanos en las situaciones que impliquen desalojos, añaden desde la ONU. No pueden ejecutarse desalojos, por ejemplo, cuando hay mal tiempo, por la noche o cuando las personas no están en casa, y siempre hay que dejar tiempo para recoger las pertenencias. Hace poco, las Naciones Unidas ha tenido que recordárselo a Francia. Según datos del gobierno francés que se refieren al 2018, en el país más de 16.000 personas viven en asentamientos informales y más de un 25% son menores. «No es aceptable justificar la inacción del Estado debatiendo qué ámbito del gobierno es el responsable: nacional, regional o local», advierte la ONU. Y añade: «La entidad gubernamental que establece el primer contacto con las personas cuyos derechos humanos están en juego debe garantizar la protección de estos derechos», apostando por alternativas de vivienda estable. Vivir en un hogar estable y sin miedo a ser desalojado, tener acceso a servicios básicos, al médico y a la educación… Defender el derecho de las personas es una obligación de todas las administraciones: estatales, regionales y locales. Es urgente cambiar la mirada y trabajar juntas para que todo el mundo pueda vivir sin sentirse amenazado. Silvia Torralba, Amics del Moviment Quart Món

1. ONU-Hábitat y Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El derecho a una vivienda adecuada. Folleto informativo, N.º 21/Rev. 1.

2. Amics del Moviment del Quart Món. (2014). Carta de famílies que viuen en un assentament a l’alcalde Xavier Trias.

3. Amnistía Internacional España. Abril del 2011.

4. ONU-Hábitat y Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Desalojos forzosos. Folleto informativo N.º 25/Rev. 1.

5. Observatorio DESC y otros. 2018. Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona.

6. Biblioteca digital de las Naciones Unidas (2018). Report of the Special Rapporteur on Adequate Housing as a Component of the Right to an Adequate Standard of Living, and on the right to non-discrimination in this context.