Suplemento del Cuaderno n. 219

Cristianisme i justicia

José María Vera, Director Ejecutivo, Oxfam Internacional

Varias veces he escuchado la afirmación de que la COVID-19 iguala a toda la humanidad, ya que infecta a ricos y pobres, en cualquier lugar del mundo. La realidad, sin embargo, es que el impacto de la pandemia, sea en caso de infección o por la crisis que conlleva, es profundamente desigual. País de origen y residencia, sexo, clase social, raza… definen las opciones de una persona para sobrevivir al virus y al tsunami económico que lo acompaña.

El coronavirus se abate sobre un mundo en que la desigualdad ha crecido en la mayoría de los países, asentada en un sistema económico que favorece el acaparamiento de la riqueza, la renta, las oportunidades y los recursos naturales por parte de unos pocos. De no enfrentar esta crisis descomunal de forma diferente a otras, asistiremos a un crecimiento agudo de la pobreza y a la profundización de la brecha que divide a la humanidad entre quienes tienen acceso a protección y quienes quedan a la intemperie.

Estos meses, Oxfam ha elaborado varios informes e investigaciones que combinan la prospectiva de lo que puede pasar con datos e historias reales de lo que ya ocurre en el mundo y en España.

Crisis sobre crisis para los más vulnerables del planeta

La pandemia se despliega en una doble ola, con un primer impacto directo en la salud y uno más amplio en la situación

económica provocada por las medidas para contener los contagios.

En España, hemos visto cómo se desbordaba nuestro sistema público de salud, aún bien dotado a pesar de los recortes. En Brasil, la gente muere en la calle a las puertas de hospitales colapsados; en Perú, hacen colas de horas para comprar oxígeno a precios desorbitados para evitar que familiares enfermos de COVID-19 se ahoguen; en Yemen, la mitad de los centros de salud no están operativos y algunos han sido destrozados por bombas vendidas por Occidente; en Zambia, apenas hay médicos, pero sí tasas para acceder a cualquier atención sanitaria que apenas nadie puede pagar.

Cuando la vida transcurre en medio de un conflicto, cuando se sufre una hambruna provocada por el cambio climático, una crisis como la del coronavirus multiplica los riesgos al caer sobre una población ya vulnerable y desprotegida. Infectarse en una favela o en un campo de desplazados es probable; contar con atención médica suficiente, casi imposible.

En el momento de escribir este texto, el virus ha estallado en América Latina y está creciendo en África e India. Lo peor es que algunos de estos países confinaron a su población relativamente pronto –con Brasil como dramática excepción–aunque por sus características sociales y económicas el encierro no fue completo. Ahora, cuando el virus aún está muy extendido, se ven forzados a ir recuperando la actividad económica por la amenaza del hambre. En Bangladesh, la organización BRAC calcula que la población vulnerable ha visto reducidos sus ingresos diarios en un 70% durante la pandemia. Con más de un 60% de trabajadores informales y sin apenas redes de protección social y laboral, un país como Perú no resiste encerrado más de tres meses. Lo mismo en Kenia y otros países africanos, donde la policía se ha empleado a palos contra quienes se saltaban el confinamiento.

En Oxfam se calcula que hasta 500 millones de personas podrían caer en la pobreza debido a la crisis económica provocada por el coronavirus. Una tragedia para familias que han luchado por su vida, sus ingresos y su dignidad. Una cifra que, en algunos países africanos, haría retroceder hasta tres décadas los avances en la lucha contra la pobreza.

Hemos propuesto un plan de rescate urgente para los 85 países con los sistemas sanitarios más frágiles, que doble su presupuesto y capacidad, también para enfrentar otras enfermedades. El acceso a la salud debe ser universal y no un lujo suntuario para unos pocos. También pedimos un programa amplio de protección social en medio de la devastación económica, que asegure alimento e ingreso mínimo a los millones de personas que tienen que elegir entre infectarse o morir de hambre. Para financiarlo, además de renovar los presupuestos de cooperación al desarrollo y acción humanitaria, exigimos que se cancele el servicio de toda la deuda exterior durante el 2020 –también la privada y la del FMI y el Banco Mundial– y poner en marcha mecanismos extraordinarios como la emisión de derechos especiales de giro por parte del FMI, lo que aportaría la liquidez necesaria a economías frágiles y haciendas públicas rotas por la pandemia. A medio plazo es imprescindible –si no ahora, ¿cuándo?–, una reforma de la fiscalidad internacional que acote la ingeniería tributaria, esa que permite a grandes empresas y fortunas engordar a través del filibusterismo fiscal. Nuevos impuestos a la riqueza, sugeridos hasta por el FMI o el Financial Times, son necesarios para contener la brecha fiscal e impedir recortes mayores en la protección de la población vulnerable. Recortes que provocarán millones de muertes, muchas más que el virus.

Finalmente, hemos propuesto que las vacunas contra el SARS-COV-2 sean de acceso universal y gratuito, que dependan del riesgo de cada persona y no del lugar en el que viva. La distribución, o acaparamiento, de las vacunas y los diversos tratamientos supondrá la principal lucha entre solidaridad y egoísmo que hemos visto en décadas.

En España el coronavirus acentúa la desigualdad

Con todas las diferencias de punto de partida en relación a otros países, España es un paladín de la desigualdad entre las naciones del entorno. La crisis del 2008 nos dejó como el cuarto país más desigual de la UE con una tasa de pobreza relativa en el entorno del 22%. Cifra que apenas se redujo levemente durante los últimos cuatro años de recuperación del PIB y de un mercado laboral marcado por la precariedad y los salarios miserables. En ocho años de crisis y de “recuperación”, las rentas del trabajo perdieron cinco puntos del PIB, lo cual refleja cambios profundos en la estructura de la riqueza y del empleo en España.

A este país llegó el coronavirus hace meses, desarbolando un sistema de salud fragilizado por los recortes y provocando una crisis económica aguda, como nunca se vio en décadas.

Con datos estimados de caída del PIB y del empleo, un reciente informe de Oxfam Intermón concluye que más de 700.000 personas serán arrojadas a la pobreza debido a la pandemia, con una tasa que se elevará hasta el 26% de la población si el umbral se mantuviera como antes de la crisis.

El PIB y la renta disponible se están desplomando en el país. Sin embargo, y al igual que en otras crisis, la merma no es igual para todos. El 10% de la población más pobre verá caer su renta en más de un 20%, mientras que el decil más rico apenas lo hará en un 2%, diez veces menos. Una brecha que se acentúa si nos fijamos en los milmillonarios españoles: se trata de 23 personas (18 de ellas son hombres), cuya fortuna creció en 19.200 millones de euros en los primeros 79 días de la pandemia.

Un análisis más detallado apunta, en primer lugar, al mercado laboral donde se observa que el 73% de las personas dadas de baja en la Seguridad Social durante la pandemia pertenece a los grupos de bajos ingresos, la mayoría con contratos temporales encadenados.

Si además se es inmigrante, la probabilidad de perder el empleo es un 145% mayor que la media, de ahí las colas ante comedores e iglesias, donde la población migrante es mayoritaria, como en el sector de los cuidados y en otros fuertemente precarizados. A muchos, la vida no les cambió tanto respecto a su América Latina o África natales. Empleos informales, ingresos al día y redes de protección frágiles. Súmese a esto la situación irregular de miles de ellos. A las dos semanas de encierro, la vulnerabilidad extrema les puso a las puertas del hambre.

Es necesario reconocer la contribución que las personas migrantes hacen a la sociedad, vista como imprescindible durante los meses más agudos de la pandemia: recolectores de alimentos, reponedores de supermercados, cuidados de personas mayores y limpieza de hospitales y residencias, trabajadores esenciales en sectores expuestos a la infección. Todos estos son quienes más pueden sufrir ahora el desempleo –hasta un 27% previsto–, la pobreza y la exclusión social.

La precariedad tiene también rostro de mujer: están sobrerrepresentadas en los sectores de mayor precariedad donde abunda la temporalidad y la parcialidad no deseada, y son además las responsables de los cuidados, también en el sector sanitario. De hecho, el 76% del personal sanitario infectado durante los meses más duros de la pandemia han sido mujeres, una proporción superior a la que ocupan en este sector; un terrible ejemplo de temporalidad y contratos encadenados. Asimismo, sucede en el empleo en residencias de mayores y el sistema de atención a la dependencia, sea en el sector privado o en las subcontratas de las Administraciones públicas, donde las mujeres apenas ganan para mantener a sus familias, que en muchos casos dependen solo de ellas.

El extremo de la precariedad se produce entre las empleadas del hogar. Una de cada tres vive por debajo del umbral de la pobreza, en situación de normalidad. La falta de contratos y la inhumanidad de muchos hogares llevó a las colas del hambre a muchas de estas mujeres a poco de comenzar el confinamiento. Máxima vulnerabilidad y mínima protección para quienes cuidan de nuestros mayores, y de nuestros hogares.

Fiscalidad frágil, protección social frágil. Las medidas puestas en marcha por el Gobierno han sido positivas, tanto en la protección del empleo como en la de rentas, y entre ellas destacan el Ingreso Mínimo Vital como algo necesario desde hace años e indispensable en tiempos de la COVID-19. El sistema de protección social español, más allá de pensiones y desempleo, es tan frágil como desigual entre territorios y segmentos de la población.

La pregunta absolutamente central es: «¿cuánto tiempo aguantará una Hacienda Pública mermada la financiación de las políticas sociales?». Cada sector económica, empresarial y social exige ayudas mientras las necesidades de protección social se amplían y los ingresos tributarios caen. Por más que la UE relaje los requisitos de déficit y deuda, y provea fondos de apoyo a sectores productivos, la brecha fiscal no aguantará.

De no abordar una reforma tributaria, será imposible no caer en recortes drásticos, mucho más profundos que los provocados por la crisis del 2008, que incluso supondrían que no se aplicaran las medidas de protección ya aprobadas, algo que ya ocurrió con las ayudas a la dependencia.

Oxfam Intermón propone medidas tributarias de corto plazo, así como una transformación profunda del sistema fiscal. Esta debe incorporar nuevos impuestos que cubran nichos de riqueza extractiva de baja o nula tributación, una lucha frontal contra el gran fraude que incluya medidas más agresivas contra el uso de paraísos fiscales y la reversión de reformas en impuestos como el de sociedades o el de patrimonio cuya laminación supuso una merma para la recaudación. No cabe otra opción.

Aún más: la crisis provocada por la COVID-19 está teniendo un impacto devastador sobre la población vulnerable. En España y en el mundo. Si se avanza por el camino actual, la brecha de la desigualdad se ensanchará y arrojará a millones de personas al hambre y a la pobreza. Miles de voces claman por una acción diferente y urgente, acorde con la magnitud del reto al que se enfrenta la humanidad.

José Mª Vera

Director Ejecutivo

Oxfam Internacional

Fuente Cristianisme i justicia