Según los datos oficiales proporcionados por la ONPE, Castillo sumaba 50,274% de los sufragios –8.560.232 votos– contra el 49,726% –8.467.081– de su oponente.

Con un total de sufragios que sobrepasó los 18 millones, hubo más de un millón de votos anulados y la diferencia entre los candidatos es exigua, sobre todo si se tiene en cuenta que en la noche del lunes todavía quedaban alrededor de 3.500 circuitos por escrutar.

Campaña desigual

La campaña fue  muy desigual. El fujimorismo contó con unos 23 millones de dólares que usó para atacar  a Castillo y sus militantes con racismo, clasismo,  acusándolos de terroristas. Además del dinero, tuvo el apoyo de los políticos de derecha, de la prensa oficial, de los deportistas  y de diversos programas de televisión y radio.

El movimiento feminista y el LGTBI peruano se veían en una encrucijada, pues ninguno de lxs candidatxs ofrecía algún tipo de avance para la agenda de mujeres y personas de la diversidad sexual. En campaña, Castillo, cristiano y con un discurso familiarista, se había referido de forma negativa hacia los derechos que exigimos, no teniéndolos como prioridad o desconociéndolos. Incluso su vicepresidenta, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, fue acusada de transfobia por una denuncia de maltrato cuando trabajaba como funcionaria del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Temas que fueron levantados varios días por la prensa oficial con el fin de perjudicar al candidato que no era de su preferencia.

Memoria del fujimorismo

Pero nosotrxs tenemos memoria, y recordamos todo lo que hizo el fujimorismo en los 30 años que ha estado en el poder. Alberto Fujimori, en su primer gobierno, despidió a un grupo de funcionarios y diplomáticos, acusándolos de ser homosexuales, además de iniciar una campaña de “planificación familiar”, luego conocida como el caso de las esterilizaciones forzadas, en donde cientos de mujeres andinas y empobrecidas fueron intervenidas quirúrgicamente en contra de su voluntad para que no pudieran tener hijos.

Con Fujimori preso, sus hijos tomaron su lugar y con sus bancadas impidieron que las personas LGTBI pudieran tener un mínimo de derechos oponiéndose a los proyectos de ley de unión civil, matrimonio igualitario, identidad de género, crímenes de odio y al enfoque de género en la educación, difamando, persiguiendo y sancionando a funcionarias del Ministerio de Educación por incluir temas de Educación Sexual Integral.

Ni aliado ni enemigo

Lo que inclinó el voto a favor de Castillo, de parte del movimiento feminista y la diversidad sexual, es que, a pesar de no ser un aliado, tampoco es un enemigo de nuestras demandas como lo ha demostrado por tanto tiempo el fujimorismo. Además creó alianzas con partidos y políticos progresistas de izquierda, quienes sí defienden los derechos de mujeres y LGTBIQ+. Asimismo, Castillo no tiene los antecedentes criminales de Keiko Fujimori, acusada por la Fiscalía peruana de liderar una organización criminal dedicada al lavado de dinero, que ingresaba de forma ilegal a su partido político para financiar sus campañas electorales. Por esta acusación pende una condena de 30 años de cárcel.

Además, puso en jaque al Estado peruano estos cinco años promoviendo vacancias, destituciones y censuras a presidentes y ministrxs generando una enorme inestabilidad política, incluso promoviendo un corto golpe de Estado que dejó el saldo de dos jóvenes asesinados por la policía en su afán de reprimir las protestas.

En ese sentido, se avizoran cinco años de lucha para el movimiento LGTBI que ya ha llamado a marchar de forma presencial este sábado 26 de junio bajo la consigna “Nuestro Orgullo no está en cuarentena” para empezar a exigir al nuevo presidente que también respete y promueva nuestros derechos.