El Movilh comunicó que tras un proceso de 14 años el juicio final tendrá lugar la próxima semana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “De ganar, Sandra vencerá a la lesbofobia del Estado y triunfará sobre la homofobia de las iglesias, un hecho inédito”, sostuvo el activista Rolando Jiménez.

Tras un proceso que se ha extendido por 14 largos años, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) comunicó hoy que los próximos 12 y 13 de mayo a las 10:00 horas el Estado de Chile será sometido a juicio por la Corte Interamericana de Derecho Humanos (Corte IDH) por prohibir desde el 2007 a la docente y ex monja Sandra Pavez ejercer clases de religión en nuestro país solo por ser lesbiana.

De esa manera, el juicio tendrá lugar en el Mes contra la Homofobia y la Transfobia que se conmemora en todo el mundo. En la ocasión Sandra será acompañada por Ciro Colombara, Branislav Marelic;  abogados pro bono que apoyan diversas causas del Movilh, y el histórico activista gay Rolando Jiménez.

Jiménez sostuvo que “estamos llegando al final de una larga lucha. Han sido 14 años de sufrimientos y discriminación para Sandra, quien pese a ser una profesora intachable fue impedida en 2007 de ejercer solo porque a juicio de  la Iglesia Católica su orientación sexual es incompatible con la docencia, apreciación que luego compartieron los tribunales de primera instancia y la Corte Suprema al fallar que por ser lesbiana nunca más podría ingresar a las aulas”.

Pavez, añadió Jiménez, “sufrió este abuso luego de ejercer durante más de dos décadas su profesión, ganándose el cariño y el respeto de toda la comunidad educativa, incluidos colegas, estudiantes, apoderados y directivos que hace más de una década se movilizaron junto a nosotros para revertir la determinación de la Iglesia. Ello no fue posible, y el resultado ha sido desastroso: Sandra nunca más ingresó a las aulas, su estado de salud se ha visto severamente empeorado con el correr de los años y, como si poco fuera poco, se encuentra a punto de jubilar. El daño causado por el Estado de Chile, en alianza con la Iglesia Católica, es brutal e inhumano”.

“Esperamos que este  gigantesco acto de lesbofobia sea reparado por la Corte IDH sancionando a Chile por discriminación, invasión a la vida privada y negación de los derechos al trabajo y a la protección judicial” apuntó el dirigente.

Jiménez puntualizó que “de ganar, Sandra vencerá a la lesbofobia del Estado y triunfará sobre la homofobia de las iglesias, un hecho inédito a nivel mundial. De perder, lo cual esperamos no ocurra, estaremos en presencia del acto lesbofóbico más cruel e injusto ocurrido en el sistema internacional de derechos humanos”.

El caso

Por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, el 25 de julio del 2007 el Vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le iba a permitir seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía desde 1985.

Esto, luego de que la maestra confirmara que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer y se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para revertir su orientación sexual. “A tanto llegó el acoso de la Iglesia, que en diversas ocasiones, incluidas las noches, curas visitaron el domicilio de Sandra para obligarla a revertir su homosexualidad, llegando al extremo de decirle que había dañado la memoria de su fallecida madre con su orientación sexual”, recordó Jiménez.

El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983 y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra.

Por tal razón el Movilh presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue rechazado el 27 de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratificada el 17 de abril del 2008 por la Corte Suprema. Ambos tribunales estimaron que no se había incurrido en ilegalidad, ni en discriminación, teniendo como argumento el Decreto 924. Más de una década  después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a decir lo contrario y demandó a Chile ante la Corte IDH, en el marco de un proceso donde la docente ha sido representada por los abogados pro bono Ciro Colombara y Branislav Marelic, lo cuales han representdo diversas causas del Movilh.

Fuente MOVILH

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