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La detuvieron por una orden de captura de hace 33 años: todas las vidas de la militante trans Ivanna Aguilera

Miércoles, 28 de abril de 2021

IvanaAguileraPortada-scaled-2560x1280La militante trans y sobreviviente de la dictadura fue “demorada” días atrás en Córdoba por una orden de captura de 1988, fundada en un código contravencional que desde 2016 no existe y un artículo derogado en 1994.

23 de abril de 2021
Por Alexis Oliva
Fotografía Carolina Rojo

A las 00:45 de la madrugada del lunes 29 de marzo, el taxi en que Ivanna Aguilera volvía a su casa fue detenido en el control policial del puente de avenida Maipú, sobre el río Suquía que atraviesa la ciudad de Córdoba. La histórica referente trans entregó su DNI al oficial para un chequeo que duró más de veinte minutos. Aguilera pagó el taxi, se bajó y preguntó qué pasaba. Un policía señaló el gacebo: “Espere ahí”. Tres horas más tarde, la llevaron en un móvil a la Unidad Judicial 1ª, donde una funcionaria le informó que la “demora” obedecía a una orden de captura librada hace treinta y tres años.

—Fue mucho más que un déjà vu –dice Ivanna con gesto amargo.

La hoy hija adoptiva de Córdoba y una de las referentes nacionales de la comunidad trans-travesti nació en Rosario en 1963. Igual que Fito Páez, también alumno del colegio primario Manuel Belgrano, de donde Ivanna fue expulsada a los nueve años porque su naciente identidad diversa era considerada “inmoral”. Huérfana de padre y madre desde los cuatro años, creció en “una familia de hermanos”. “Nos criábamos entre nosotres y mis hermanas y hermanos siempre respetaron mi libertad”, recuerda en entrevista con Presentes.

“Para el Ejército éramos carne sexual”

Ivanna tenía 13 años en 1976, cuando con una amiga de la misma edad solían visitar a Poropá, quien encarnaba todo lo que ellas deseaban ser y fue la madrina iniciadora de su identidad travesti. Cuando anochecía, Poropá las despedía antes de pararse en la esquina del Automóvil Club rosarino. Una fría noche de agosto se demoraron de más y una partida del Ejército las sorprendió.

Paró un camión seguido de dos jeeps. Se bajaron de golpe, agarraron a la compañera mayor de los brazos y la empezaron a insultar y decirle de todo. A nosotras nos tiraron arriba. Imaginate, éramos criaturas. También se llevaron a otra compañera que justo estaba ahí, siempre profiriendo un montón de insultos contra nuestra sexualidad. Yo nunca había escuchado esas palabras: puto, degenerado, invertido… todo eso. Fuimos conducidas en ese camión durante un trayecto, entramos a un lugar, nos metieron en una especie de oficina y nos separaron a todas. Yo estaba en un baño grande, con duchas y migitorios de esos que eran paredes de mármol. Entonces fuimos sometidas a violaciones grupales. Mi primera relación sexual fue una violación grupal, luego de golpizas y descargas eléctricas en el cuerpo. Ahí fuimos violentadas durante 72 horas, hasta que nos volvieron a meter en un camión y nos dejaron tiradas desnudas, lastimadas y quebradas –en los huesos, yo en una pierna y la muñeca, pero también moralmente– en un descampado detrás del frigorífico Swift.

Con el cuidado de sus hermanxs, le llevó tres meses recuperarse y un tiempo más para animarse a volver al centro a buscar a su amiga Poropá: “No la pude encontrar nunca más, ni supimos más de ella. A partir de ahí, yo era una mujer que me visualizaba. Como cualquier compañera en ese momento, vivía de noche y corría muchos riesgos, porque teníamos que trabajar y traer el sustento a la casa”.

En ese tiempo, las llevaba presas la policía rosarina, a la ex Alcaidía –donde las alojaban en el PH (Pabellón Homosexual)– y en la sede del Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario, que también funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio. “Pero además cada tanto nos secuestraba el Ejército, para usarnos como carne sexual y después tirarnos por ahí”, añade Ivanna.

Chicas trans “bajo bandera”

En 1981, a sus 18 años y todavía en dictadura, le tocó un número demasiado alto en el sorteo del Servicio Militar Obligatorio. Con la cédula de notificación, se presentó junto a una amiga en la misma situación en el Batallón de Comunicaciones 121 del II Cuerpo de Ejército, donde se hacía la revisación médica previa a la incorporación a la “colimba”.

“En la entrada había una mesa con oficiales que recibían a les ciudadanes –relata Aguilera–. Esperamos que entraran todos, presentamos la carta y llamaron a dos policías militares para que nos acompañaran. Nos hicieron pasear por todo el parque, con los chabones formados a los costados. Éramos dos mujeres trans, así que se salteó la revisación y nos llevaron directo a junta médica. Pero antes yo pedí pasar al baño y ahí me percaté del lugar y de determinado olor de ese lugar. También recordé que cuando fui detenida por primera vez nos sacaron a la mañana temprano y el camión tenía unas chapas con agujeros a los costados, por los que pude ver ese mismo parque. Entonces supe que ese era el lugar donde había estado cinco años antes”.

 Del Batallón 121 las enviaron a la oficina militar del centro de Rosario, donde a su vez las derivaron al Hospital Militar de Paraná, Entre Ríos. Allí debía elaborarse un diagnóstico clínico que fundamentara la excepción. “Nos tuvieron internadas un mes. Íbamos a la mañana al psicólogo y a la tarde al psiquiatra”, rememora.

—¿Las querían curar?

—No sé qué querían hacer, porque no nos decían nada. Éramos dos chicas trans bajo bandera (se ríe). Al mes nos dieron el alta y de vuelta a Rosario nos dijeron que estábamos exceptuadas del servicio militar y nos devolvieron el documento. Miramos y decía por ley tanto… Viste que había una leyenda que decía que a las personas homosexuales les ponían en rojo. Pero la excepcionalidad era una ley que regía para todos: el que le faltaba un ojo, el que es rengo, el que tiene sobrepeso, el que es muy alto, el que tiene pie plano…

—¿Era lo que llamaban DAF (deficiencia en aptitud física)?

—Eso.

—Equiparaban la identidad trans a un problema médico…

—Claro, ¡éramos enfermas! La cuestión es que salimos de vuelta a la vida civil; o sea, a la persecución policial y militar.

Castigo público y privado

“Yo sufría un acoso como muy marcado. La policía no me llevaba presa: me agarraba, me cagaba a palos y me dejaba tirada. Así, una y otra vez. Hasta que un milico más piola, entre comillas, me dijo: ‘¿Sabés cuál es tu problema, Gata? Vos tenés dos hermanos policías que no quieren saber nada con vos, porque les das vergüenza, porque los compañeros los charlan y les dicen que tienen un hermano trabuco’”, refiere Ivanna.

Su hermana mayor le confirmó que su padre había tenido hijos de un matrimonio anterior, de los cuales uno era jefe de Robos y Hurtos y otro integrante del Comando Radioeléctrico de la Policía de Rosario. La represión en la calle tenía correlato en la intimidad: “Mi compañero de vida también era violento. Por eso me fui de Rosario, huyendo de todas esas violencias. Al irme me desarraigué de mi ciudad, mis amigas y mi familia, con la que perdí contacto por más de treinta años. Acá en Córdoba no era diferente. Había una persecución sistematizada y vivíamos escondiéndonos del Ejército y la Policía, pero ya sin las golpizas personalizadas por parte de mi compañero y los policías. La verdad que no fue alegre lo que me pasó la otra noche. Me revolvió un montón de cosas y me entristeció mucho que siga estando presente la violencia institucional”.

El pasado que vuelve

El pedido de captura contra Aguilera data de 1988 y se basaba en el antiguo y dictatorial Código de Faltas de la Provincia de Córdoba, vigente desde el 23 de abril de 1980, modificado en 1994 y reemplazado el 28 de marzo de 2016 por el actual Código de Convivencia. El artículo invocado era el 19, justamente uno de los eliminados en la reforma del 94: “Serán sancionadas con multa equivalente hasta una vez el importe del salario mínimo, vital y móvil o arresto hasta diez días, las personas de uno u otro sexo que se exhibieren en público con vestimentas contrarias a la decencia pública, con arreglo al lugar”. Combinado con el 22 (“Serán sancionados con arresto de hasta treinta (30) días quienes ejerciendo la prostitución se ofrecieren o incitaren públicamente o lo hicieren molestando a las personas o provocando escándalo”) –luego convertido en 45 y atenuado a 20 días de arresto pero vigente hasta 2016–, constituían el combo legal que habilitaba la represión a la comunidad trans-travesti.

Los policías que la “demoraron” y la funcionaria judicial que le explicó el motivo seguramente desconocen que la demorada en cuestión fue una de las impulsoras de la derogación del artículo que fundamentaba aquella lejana orden de captura. Incluso, le aconsejaron que gestionara la baja de esa orden, porque en una próxima ocasión “quizás pudiese ser detenida”. El trámite le deparó todo un periplo burocrático entre Tribunales y la Central de Policía.

El respaldo de la Universidad Nacional de Córdoba

Actualmente, Ivanna coordina el área Trans, Travestis y No Binaries de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que junto a otras organizaciones repudió el episodio. Además, desde ese espacio analizan solicitar respectivas reuniones con la Jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, y el Fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, para reclamar el respeto a la ley de Identidad de Género 26.743 por parte de la fuerza policial y la eliminación de toda orden de captura o imputación contra personas trans-travestis relacionada con normas contravencionales ya derogadas.

A su vez, el Consejo Superior de la UNC manifestó ayer su preocupación y exhortó a que “el ejercicio de la fuerza pública, tanto de Córdoba como del país, se sujete estrictamente a una perspectiva de derechos humanos que evite su ejercicio arbitrario y lesivo de elementales garantías y libertades de las personas, advirtiendo que en este contexto de pandemia se han profundizado prácticas autoritarias en el proceder de las fuerzas policiales”.

La razzia que engendró militancia

Al poco tiempo de llegar a Córdoba en 1983, Ivanna formó pareja con un hombre a quien agradece haberle salvado la vida, porque “hubiera sido una más en la estadística de las mujeres trans-travestis asesinadas en una esquina o un sitio baldío. Este compañero me sacó del ámbito prostibulario, que para las mujeres trans no es elegido y es sinónimo de muerte, porque tenemos una expectativa de vida de 38 años. ¿Dónde nos asesinan? En el ámbito de la prostitución”.

En esa nueva vida tuvo una amplia casa en la que albergó a sus compañeras trans en conflicto, una verdulería para ganarse el sustento y tiempo para la pionera militancia LGBTQI+ en Córdoba. En 1990, durante una razzia policial al boliche Planta Baja –uno de los pocos espacios abiertos a la diversidad sexual en general y la trans en particular en la Córdoba de esos años– Ivanna fue detenida junto a más de cuarenta personas, entre ellas Eugenio Cesano, propietario del local. Con él encabezaron la defensa de lxs detenidxs y al fragor de esa movilización crearon la Asociación Contra la Discriminación Homosexual (ACODOH), primera organización LGBTQI+ cordobesa: “Empezamos a trabajar, visualizarnos y junto a organizaciones sociales y de derechos humanos reclamar por este famoso artículo 19 y por el 22. Eran petitorios para los cuales la Provincia y la Policía no estaban preparadas, pero en el 94 logramos derogar el artículo 19”.

Tiempo después fundó Flores Diversas, integró la Asociación de Travestis Unidas de Córdoba (ATUC), representó a Córdoba en la mesa nacional de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) y fue autoridad de Devenir Diverse, vicepresidenta en 2014 y 15 y presidenta hasta 2019 cuando asumió su actual trabajo. Desde esas organizaciones, reclamó inclusión laboral y derecho a la salud para la comunidad trans-travesti, militó por las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género, denunció transfemicidios, impulsó la Campaña Nacional por la Inclusión Laboral Trans y Travesti y –con el centro de estudiantes de la FFyH– creó la Cantina de Inclusión Laboral Trans y Travesti en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Juguetes perdidos

—Te suelen definir como una sobreviviente y no parece exagerado…

—No es ninguna exageración, para mí y para las compañeras. Una piba de veinte años también es una sobreviviente. Todos los días tiene que despertar, si es que despierta, y ver cómo sobrevive ese día. Yo soy una sobreviviente porque soy mayor y sigo en lucha. Chicas grandes y que militemos, somos pocas. Por eso me dicen “la tía” o “la abuela”, pero somos todas sobrevivientes.

En las paredes del patio los ladrillos desnudos están adornados de recuerdos y objetos hallados en la calle e integrados a ese paisaje cotidiano en forma de pequeños altares laicos. “Soy medio cachivachera y casi siempre encuentro juguetes, no sé por qué…”, dice con tono misterioso y nostalgia en la mirada. Como si hubieran sido suyos, en aquella infancia atravesada de pérdidas, discriminación y violencias. O mejor, quizás sean símbolos de su esperanza en un futuro donde les niñes que los extraviaron puedan encontrar esa libertad a la que ofrenda cada día de su vida: “Ejercer el derecho a ser quien soy”.

 “En lo posible, trato de no engancharme con cosas negativas –comenta–. El pasado siempre está porque tengo mucha memoria, pero no lo vivo flagelándome. Cuando voy a Rosario, me bajo en la terminal de ómnibus y camino, porque era una ciudad que no podía caminar. Entonces, la recorro. Trato de encontrar lugares que me hagan acordar a cuando era joven o alguna situación linda, y la verdad que camino mucho”.

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Fuente Agencia Presentes

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