Por Verónica Ferrari

Fotos: Danielle Villasana

La plena ciudadanía sigue siendo una deuda para las mujeres trans en el Perú. Sin un marco legal que las proteja, sin políticas públicas que atiendan sus necesidades, sin una estructura familiar que las respete y acoja desde pequeñas y atravesadas por un sistema social que las empuja a la pobreza y la marginación, son poco probables sus oportunidades de progreso y vida digna. ¿Pero qué pasa cuando no solo se atraviesan estas vicisitudes, sino que también pierden su libertad? ¿Si la capacidad de agencia ya es recortada en la vida pública y privada, cómo viven las mujeres que pierden todo atisbo de ciudadanía al ser encarceladas?

El informe presentado por el Proyecto Únicxs y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, titulado “’Vivir los días’: situación de la población trans femenina en el Penal de Lurigancho” busca acercarse a la realidad de las mujeres trans en situación de carcelería en uno de los penales más hacinados y peligrosos del Perú: el penal de Lurigancho.  Allí van presos no solo los delincuentes considerados más peligrosos, sino también los peruanos más pobres, más racializados, con menos oportunidades en la vida, sin abogados y sin familia.

La investigación, que originalmente fue planteada para realizarse en tres penales, tuvo que reducirse a solo uno por la llegada de la pandemia que trastocó a todos los países del mundo y obligó a tomar medidas especiales para evitar las muertes. El Perú, a pesar de ser uno de los primeros países de Latinoamérica que tomó las medidas más drásticas para frenar las consecuencias mortales del coronavirus, no pudo hacer frente a 20 años de neoliberalismo que fueron desinstalando las capacidades del Estado para brindar seguridad y acceso a derechos a todxs sus ciudadanxs.

Sin respeto por su identidad de género

La situación en los penales se agravó, tanto que hasta el momento no se sabe exactamente qué ha pasado con las 23 personas que se identificaron como mujeres, mujeres trans o travestis en el Penal de Lurigancho y que accedieron a ser encuestadas y entrevistadas. La mayoría de ellas eran adultas jóvenes, sin estudios completos y migrantes internas.

La mayoría también estaba presa por robo, ocurridos cuando realizaban el trabajo sexual, y estaban en el pabellón 3, destinado a quienes cometen delitos sexuales, porque ahí también se destina a los hombres gays, y ellas son identificadas como homosexuales.

Con representación legal casi todas, y gracias a las negociaciones de los abogados, recibieron condenas menores a las esperadas, de entre cuatro y seis años. El 70% afirmó tener pareja, una estrategia para estar protegida, aún a costa de ser víctima de abusos del protector, y haber tenido sexo por dinero. Todas han podido acceder a atención de salud, pero ésta es de regular a mala. La salud mental está abandonada por lo que sus cambios de ánimo, depresiones y sentimientos de tristeza no son atendidos, lo que aumenta por las pocas visitas que reciben de sus familiares.

Gianna Camacho García, activista trans y parte del equipo de investigación señala la problemática de no atender la salud mental de las reclusas: “Si ya a un reo no los visita nadie, imagínate a ellas, porque además de ser vulnerables por estar privadas de su libertad, lo son también por ser trans: una doble vulnerabilidad, y psicológicamente no se les trata, se les maltrata más bien, hay asistentas sociales que les prohíben maquillarse, tuvieron a alguien que les leía la biblia y les decían que era pecado el ser como son”.

Violencia física, psicológica y sexual

Según el informe, el 40% de las mujeres trans entrevistadas señaló haber sufrido algún tipo de violencia física por parte de otros internos. El intentar cortarles el pelo como disciplinamiento es común y asumir que ellas trasmiten VIH, por lo son golpeadas como castigo. La cifra crece cuando se trata de la violencia física ejercida por el personal que debería cuidarlas. 52% señala haber sido maltratada físicamente por los guardias de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Les cobran cupos para poder pasar de un pabellón a otro y las manosean, las insultan y las discriminan. Las obligan a vestirse como hombres y las humillan rebuscándoles sus cosas, desnudándolas y burlándose de ellas. 

La violencia sexual también es un continuo en la vida de las mujeres trans, 57% señala que ha sido abusada por otro interno en forma tocamientos, agresión, chantaje sexual, violación. Pero la cifra es de terror cuando se trata de personal del INPE: 74% afirma haber recibido estas agresiones sexuales de parte de ellos. Entre las violencias vividas están las violaciones en grupo de parte de los internos o el traslado a otros ambientes para ser abusadas sexualmente por funcionarios del INPE.

A pesar de estos peligros, la mayoría expresó que prefería quedarse en un penal de hombres, entre las razones variadas que dieron fue que ahí podían tener pareja, algo que no sucedería en un penal de mujeres. Las que expresaron preferir un penal de mujeres señalaron que ahí hubieran estado más tranquilas y con menos discriminación.

Sobre esto, Gianna comenta: “Se les ha recluido en un pabellón en donde están todos los agresores por delitos sexuales: violadores, pedófilos, acosadores, y ahí las meten a ellas y a los homosexuales, para que estén todos juntos, el pensamiento del INPE es que ellas y los gays están relacionados con actos sexuales, con los depravados sexuales. Y ahí tampoco están seguras porque no están en las mismas cuadras, están dispersas en todo el pabellón usando el baño y las duchas sin puertas y desnudándose frente a todos”.

Una académica trans en el pabellón

Ver a una mujer trans realizando una investigación académica resulta impactante para las reclusas, que pueden ver referentes positivos en sus vidas (“me contaban su vida, fue una especie de terapia para ellas”). Pero también para lxs funcionarixs del INPE, quienes trabajan sin enfoque de género.

Gianna señala que lxs funcionarixs están acostumbrados a ver a las chicas trans como reclusas, como personas de lo peor, y que al ver llegar a una mujer trans no en calidad de detenida sino de investigadora, los descoloca y rompe sus parámetros. Así, la activista tuvo que vivir ella también una serie de violencias de parte de lxs funcionarios, como que las mujeres de seguridad no quisieran revisarla antes de entrar a los pabellones “por ser hombre” y no estar operada, y tuviera que ser revisada por el personal masculino en presencia de un médico.

Fuente Agencia Presentes