Preocupante noticia la que recogía este sábado eldiario.es en su edición andaluza. La Brigada Provincial de Información de Sevilla, dependiente de la Dirección General de la Policía, ha elaborado un informe a instancias del Juzgado de Instrucción nº 16 en el que, entre otros, atribuye un presunto delito de odio a ocho jóvenes que en 29 de marzo de 2017 impidieron que circulara por las calles de la capital andaluza su ya famoso autobús, vehículo de la infame campaña de odio tránsfobo de la organización ultraconservadora.

Como recogimos en su momento, HazteOír pretendía que su autobús se pasease por las calles del centro de Sevilla, pero numerosos manifestantes, entre los que se encontraban estos jóvenes, impidieron el paso del vehículo, ya desprovisto de la cartelería más agresivamente tránsfoba después de las multas recibidas anteriormente en otras ciudades españolas y de que los Mossos d’Esquadra obligaran a la organización a retirarla durante su estancia en tierras catalanas. «Respeto para todos. No al bullying» era el nuevo lema con el que, con un cinismo absoluto, HazteOír decoró el vehículo. Un truco que no impidió que el vehículo fuese recibido en la capital andaluza con lanzamiento de huevos, piedras y otros objetos contundentes, que incluso agrietaron el parabrisas. También fue objeto de pintadas contra la transfobia. Efectivos de la Policía Nacional, de hecho, tuvieron que intervenir para proteger el vehículo mientras se alejaba. El autobús tenía también previsto hacer acto de presencia en San Juan de Aznalfarache, pero finalmente no lo hizo.

El caso contra los manifestantes se archivó en un primer momento pero, hace ya año y medio, tanto la Fiscalía como HazteOír consiguieron que la Audiencia de Sevilla lo reabriera. La Policía, en un pormenorizado informe de 130 páginas que resume eldiario.es, desgrana ahora no ya solo su actuación aquel día en relación a los daños materiales causados al autobús sino que repasa su trayectoria activista. Aunque el juzgado simplemente había pedido a la Policía un estudio fisionómico con objeto de identificar a los investigados mediante el material grabado, la Brigada de Información ha apostado por desarrollar una investigación más completa «para confirmar o descartar un posible delito de odio por motivo ideológico». Para ello se basan en «indicadores esgrimidos para probar la adscripción ideológica de los participantes» como la relación del investigado con grupos o asociaciones de carácter antifascista, su estética o el análisis de sus perfiles en redes sociales, entre otros.

«La Policía se atreve a calificar jurídicamente como delito de odio la actitud de dichos manifestantes y por supuesto, para corroborar lo malos y lo rojas que son, insertan las reuniones y colectivos a los que pertenecen o han pertenecido durante los últimos años, todo ello con el ánimo de influir el juzgador y dictar una sentencia acorde con los fines de los sectores tránsfobos que existen en nuestra ciudad y que no soportan la defensa de las libertades (…) El mundo al revés: manifestantes pro derechos humanos acusados y manifestantes con discursos de odios presentados como víctimas», ha declarado a eldiario.es Luis de los Santos, abogado de la cooperativa Derechos Al Sur que defiende a uno de los investigados.

ATA-Sylvia Rivera lo considera «grotesco» e intolerable

La noticia ha provocado estupor e indignación entre el activismo trans. El colectivo ATA-Sylvia Rivera lo ha calificado directamente de «grotesco». «Es intolerable que se quiera imponer el miedo hacia la respuesta social ante los verdaderos discursos de odio, iniciando investigaciones propias de tiempos donde las libertades sociales y civiles eran cercenadas y reprimidas por el franquismo», ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé, para la cual tales actuaciones «por parte de quienes han de proteger los derechos humanos de toda la ciudadanía» ponen en cuestión el propio Estado de derecho. Para Cambrollé, sobredimensionar el alcance de la protesta desarrollada en Sevilla ante el autobús tránsfobo simplemente sirve para blanquear al verdadero agresor.

ATA-Sylvia Rivera hace además un llamamiento a organizaciones sociales, políticas y sindicales a que condenen lo que consideran una actuación impropia de las fuerzas y cuerpos de seguridad e incluso ha pedido la intervención del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Fuente Dosmanzanas

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