PSOE y Unidas Podemos presentan un programa conjunto de gobierno progresista que incluye la aprobación de una ley trans
Este lunes, 30 de diciembre, el presidente en funciones Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) hacían público el programa del que será primer gobierno de coalición de la historia democrática española, siempre que finalmente el líder del PSOE consiga la confianza del Congreso de los Diputados en la sesión de investidura que tendrá lugar los próximos días 4, 5 y 7, lo que a los diputados derechistas y ultraderechistas les ha parecido fatal porque rompe sus vacaciones y se perderán la Cabalgata (¡¡¡lo que hay que ver!!!)… En dicho acuerdo encontramos compromisos muy importantes acerca del avance de los derechos LGTBI en España.
Las medidas más significativas se enumeran en el apartado 5.12 del documento, que reproducimos literalmente:
5.12.- Un País Orgulloso de su Diversidad.
Impulsaremos la aprobación de un paquete de medidas en favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la valoración positiva de la diversidad:
- Aprobaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.
- Aprobaremos una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión.
- Una Ley trans que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos.
- Combatiremos la discriminación de las personas LGBTI en el deporte.
- Adoptaremos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia en la educación y en el empleo de la población gitana.
- Impulsaremos y fortaleceremos un marco integral legislativo y político que erradique los discursos y los delitos de odio para garantizar la protección de los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, y con especial atención sobre grupos de especial protección.
- Garantizaremos el acceso a la justicia y la reparación de los derechos de las víctimas, así como la aplicación efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima, e impulsaremos la formación de todos los operadores jurídicos, administrativos y sociales que intervienen en la respuesta ante estas vulneraciones de derechos humanos.
- Seguiremos avanzando en la consolidación del Pacto Social por el Sida, puesto en marcha en noviembre de 2018, impulsado desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y consensuado con los agentes sociales e institucionales y que incluye medidas para garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y los plenos derechos de las personas afectadas.
Es importante destacar, además de la intención de aprobar una ley contra la discriminación de las personas LGTBI, que estaba presente en los programas de ambas formaciones y que se daba por descontada, la promesa de aprobar una ley trans específica, incluyendo el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género y la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes que, por supuesto, no deje de lado a los niños y niñas trans.
También nos parece fundamental, en el apartado educativo (el 2.1), la promesa de «potenciar la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad». Confiemos en que dicha promesa se articule en la legislación estatal de forma que retrocesos como el «PIN parental», que los gobiernos regionales de derecha están promoviendo en comunidades como Murcia y Andalucía, queden invalidados.
Esperamos que estas medidas se hagan realidad de la forma más rápida posible. Es urgente recuperar el terreno perdido después de que durante la legislatura 2016-2019, ya sin mayoría absoluta del Partido Popular pero que controlaba la mesa del Congreso con Ciudadanos, éstos bloqueasen dos iniciativas que resultaban fundamentales para aumentar la protección contra la discriminación del colectivo LGTBI, en general, y de las personas trans, en particular. Por un lado, la proposición socialista para reformar la ley 3/2007 de identidad de género, registrada en febrero de 2017, que eliminaba la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» para proceder a la rectificación registral y facilitaba el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). Por otro, la proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI registrada en mayo de 2017 por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB.
Los responsables del fracaso fueron, PP y Ciudadanos, los dos partidos que controlaron durante aquella legislatura la Mesa del Congreso y que dispusieron de una amplia capacidad de condicionar el calendario legislativo. Las sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, triquiñuela que ambos partidos utilizaron para mantener durante meses el bloqueo, retrasaron hasta febrero de 2018 el inicio real de la discusión parlamentaria. La FELGTB llegó a denunciar la eliminación, en el plazo de prsentación de enmiendas, de buena parte del articulado relativo a los derechos de las personas trans. «No vamos a aplaudir una legislación que no reconozca derechos fundamentales, como el de autodeterminación, para una parte de nuestro colectivo», aseguraba entonces su presidenta, Uge Sangil.
Tras dos elecciones generales más, sin que haya sido posible salir del bloqueo político, parece que por fin el engranaje se pone de nuevo en marcha. Al no explicitarse en el programa conjunto PSOE-Unidas Podemos que las leyes LGTBI y trans serán acordadas con el activismo, habrá que estar atentos muy especialmente ante los enemigos de los derechos de las personas trans, sean en forma de reacción ultraconservadora, sean en forma de supuestas reivindicaciones «feministas» transexcluyentes.
Fuente Agencias/Dosmanzanas/Religión Digital
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