El asesinato de Rosa Granados, una activista trans de 28 años, nuevamente ha levantado las alarmas en El Salvador. En un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes contra la población trans y las organizaciones han pedido a la Fiscalía que aplique la agravación del Código Penal sobre crímenes de odio por causa de  la identidad o expresión de género. Bianka Rodríguez dijo que entregaron una correspondencia a la Presidencia de la República para que, en tres meses, reestablezca la dirección de diversidad sexual, eliminada tras la disolución de la Secretaría de Inclusión Social.

De acuerdo a fuentes policiales, Rosa fue asesinada en su casa de cuatro disparos en su cabeza. Vivía en el cantón Loma Larga, departamento de La Unión,  a 182 kilómetros al este de San Salvador. Al momento del ataque se encontraba sola y vecinos llamaron al 911, informando que en la zona se habían escuchado varios disparos. La Policía llegó y encontró el cuerpo en el suelo. En la escena se encontraron casquillos de bala calibre 9 milímetros.

Rosa integraba la organización Estrellas del Golfo y realizaba trabajo comunitario sobre la promoción de los derechos de las personas LGBTI en el oriente del país. También comercializaba productos de belleza por catálogo. Los vendía en los cantones aledaños de Loma Larga. De acuerdo a fuentes consultadas por Presentes, una hipótesis es que fue extorsionada por las pandillas que le exigían la entrega del dinero de sus ventas.

Hace un tiempo, Rosa intentó interponer la denuncia ante la fiscalía general. Pero al final desistió debido a lo engorroso que puede ser el proceso de investigación en El Salvador.

A raíz de las amenazas recibidas, unos días antes de que la asesinaran estaba pensando en emigrar por tierra hacia los Estados Unidos. Era el plan que tenían con una amiga, pero no lograron materializar su decisión.

Según la activista Bianka Rodríguez, la víctima había revertido su proceso de expresión de género como mujer trans, debido a las amenazas recibidas.  La presidenta de Comcavis dijo que desconocen quién había amenazado a Granados. “La principal causa viene siendo la impunidad y que no existen políticas de protección; en específico, en el caso de la compañera de La Unión, que fue asesinada, nos preocupa porque a pesar que ya se había acercado a las instancias pertinentes a denunciar que estaba siendo amenazada, las instituciones no le brindaron la protección específica”, dijo la activista.

Ever Daniel Pacheco, director de la organización Estrellas del Golfo, lamentan que Rosa no haya logrado huir del país: “Nos ha sorprendido y nos preocupa. Ahora fue Rosa y mañana puede ser alguien más. Hace media hora recibí la llamada de otra compañera que vive cerca de la casa de Rosa y que también está siendo amenazada”, expresó Ever a Presentes.

Cuatro transfemicidios en 40 días

Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador. El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador. El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda, fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán.

Días después, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó «su repudio y profunda consternación» ante el asesinato. «Jade, junto a la organización COMCAVIS Trans, defendía incansablemente los derechos de las personas LGBTI y recientemente participó en las consultas para la construcción del capítulo nacional del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) de El Salvador», informó esa agencia.

La ACNUR llamó la atención sobre «hacer las investigaciones necesarias y evitar que presuntos crímenes de odio queden en la impunidad. Esto, según los compromisos presentados por el gobierno salvadoreño durante la reciente reunión del MIRPS en México, y en línea con los compromisos asumidos en la Declaración de la Ciudad de México”, adoptada días atrás.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencia Presentes/El Mundo/Cristianos Gays

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