Trans de Paraná denunciaron al municipio por despidos injustificados
Por Gisela Romero, desde Paraná
Cinco mujeres trans y un varón trans de la ciudad Paraná, provincia de Entre Ríos, denunciaron despidos por parte del gobierno municipal. Ayer presentaron un amparo en la Justicia provincial para que se reconozcan sus derechos laborales y sean recontratadxs o pasadxs a la planta permanente del Estado.
Vanesa Arami Bello, Paola López, Gabriela Abigail Manríquez, Iara Aranzazu Quiroga, Fernanda Ramírez y Matías Berón habían sido alcanzadxs por las políticas públicas instrumentadas desde la comuna para revertir su situación de extrema vulnerabilidad. Tras haber sido contratadas, fueron desvinculadas del Estado municipal el 31 de octubre. Ante lo ocurrido, resolvieron acudir a la Justicia entrerriana. Y el jueves 28 de noviembre, con el sol del mediodía, no estuvieron solas en el Palacio de Justicia para presentar el amparo. Las acompañaron activistas del colectivo LGBTIQ+ de la ciudad y organizaciones sociales.
“Realizamos la presentación de un amparo en nombre de seis personas que son contratadas del municipio de la ciudad de Paraná. Habían sido contratadas luego de un marco de acción que tuvo el municipio: intervinieron en un relevamiento de la población trans y surgieron un montón de resultados positivos para la comunidad. También fueron partícipes del Centro de Perfeccionamiento municipal, donde pudieron terminar sus estudios y demás”, informó a Presentes la abogada Aranzazu Quiroga, patrocinadora de la grupa.
“Luego de estos antecedentes, que llevaron un tiempo, fueron contratadas por el municipio con un contrato de locación de servicio, lo cual es mucho más beneficioso que un contrato de locación de obra, por seis meses. Siguieron trabajando siempre en la temática de la inclusión social y lograron el dictado de la Ordenanza municipal sobre el cupo laboral trans”, continuó la abogada. En ese sentido consideró que la contratación de las cinco mujeres trans y del varón trans “fue en el marco bien evidente de una acción positiva de progresividad de ganancias de derechos en los que les compete”.
“Luego de seis meses tuvieron una renovación de sus contratos, pero lxs introdujeron en una contratación masiva de gente por dos meses, lo cual dejó vislumbrar que sus derechos no eran plenos en base a lo que venían”, precisó Quiroga. Esta nueva contratación incluía a 400 personas, y el contrato vencía el 31 de octubre. “Durante el mes de noviembre siguieron trabajando pero no tuvieron ninguna noticia y saben que no van a tener ni continuidad contractual ni un pase a planta permanente, que es lo que hubiera correspondido. Entonces, de eso se trata el amparo, pretendiendo que el municipio haga un acto de reconocimiento hacia los derechos ganados y los vuelva a contratar o haga un pase a planta permanente”, comunicó a este medio.
El 27 de junio de este año el Concejo Deliberante de Paraná aprobó la Ordenanza de Inclusión Integral y Acciones de Reparación que contempla la inclusión y el cupo laboral trans, entre otras. Y aunque dicha norma fue reglamentada —con modificaciones fuertemente cuestionadas por el colectivo LGBTIQ+—, el propio municipio avanzó en el despido de les trabajadores.
«La lectura que se puede hacer es que se creó en ellxs una expectativa. Su contratación fue en el marco de la continuidad de derechos enmarcado en el artículo 75 inciso 23 de nuestra Constitución nacional, que habla de la igualdad de oportunidades, y tienen un montón de derechos de tratados internacionales de derechos humanos que los amparan y protegen frente a ese actuar positivo que tuvo el municipio y que ahora podemos entender como que hay una contradicción y una violación de esos derechos».
En definitiva, “se trata de una contradicción de los actos propios, bien del Derecho Administrativo, donde el municipio vulnerando el principio de buena fe, primero se comporta de una forma y luego tiene un comportamiento totalmente contradictorio».
La abogada destacó que tratándose de un amparo, la respuesta por parte de la Justicia entrerriana se conocerá con celeridad. «En la provincia de Entre Ríos somos pioneros en esto, porque tenemos un amparo que es una vía rápida, heroica, única y expedita, y posiblemente en una semana ya tengan una sentencia», puntualizó.
Al ser consultada si dicha sentencia deberá ser acatada por las autoridades municipales, Quiroga respondió: «Depende de lo que disponga el juez, porque estamos supeditadxs a una decisión judicial, pero con todos los elementos y los argumentos en Derecho en que basamos el amparo, lógicamente si nos hacen lugar al mismo la Municipalidad no tiene otra opción que acatar. Tiene que pasar un plazo para que la sentencia quede firme y después no tiene otra opción que acatar».
«Este tema es muy importante y claramente vulneratorio de derechos constitucionales. Por esto tenemos muchas expectativa en los resultados que obtengamos porque para nosotrxs hay una violación muy clara del Derecho Constitucional de progresividad, es decir, primero se avanza hacia la conquista de derechos y la no continuidad del contrato demuestra una regresividad», reflexionó, por último, la letrada.
No se puede retroceder
Vanesa Arami Bello, Paola López, Gabriela Abigail Manríquez, Iara Aranzazu Quiroga, Fernanda Ramírez y Matías Berón difundieron un comunicado dando a conocer su realidad.
“Es bien sabida la situación de precariedad, vulnerabilidad y falta de oportunidades para el acceso al empleo formal que sufrimos las personas travestis y trans —se lee en el texto enviado a Presentes—. Hace muchos años que venimos luchando como colectivo para la inserción laboral y para que la prostitución no sea la única salida de subsistencia posible, y parecía que en Paraná lo estábamos logrando, que estábamos dando pasos concretos: primero con el relevamiento, luego con nuestra contratación y más recientemente con la sanción del ordenanza de Inclusión Integral y Acciones de Reparación”.
“Pero la situación actual nos vuelve a colocar en el lugar de siempre, desprotegidas y sin garantías, ya que nuestros contratos fueron dados de baja al igual que muchos otros contratos que son considerados políticos, pero vale la pena luchar para que se entienda que nuestras contrataciones se debieron a un proceso de trabajo en proyectos concretos y de una acción positiva que buscaba revertir la situación de vulneración de derechos en la que vivimos”, advierten en el comunicado.
Y reiteran: “Nosotras reclamamos inclusión laboral en su momento y lo seguimos haciendo, la respuesta del Estado fue nuestra contratación y después el cupo, no se puede ahora retroceder en esto”.
El grupo recibió el apoyo de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná, que hizo pública su posición: “Nos solidarizamos con les compañeres travestis y trans empleadas municipales que fueron despedidas, repudiamos este accionar de la gestión Municipal de Sergio Varisco y apoyamos el reclamos de nuestres compañeres. Si bien, como lo hicimos en la reciente marcha del 25N pedimos la reincorporación de todas las mujeres , travestis y trans despedida en la municipalidad, nos parece importante destacar la situación de extrema vulnerabilidad de la comunidad trans«. Y desde la Asamblea demandaron: »Reincorporación de les compañeres trans, implementación efectiva de la Ordenanza de Inclusión Integral y Acciones de Reparación a Travestis y Trans de Paraná”.
«Es perder una gran oportunidad para las trans»
Fernanda Ramírez, una de las mujeres trans que firmó el amparo, continúa presentándose a trabajar en el área de Desarrollo Social cada mañana. Desde el 22 de febrero de este año fue contratada por la municipalidad y por las redes sociales tomó conocimiento que había sido despedida. Fue cuando empezaron a circular por Facebook las listas con nombres y apellidos.
“Quedarme sin trabajo es perder una gran oportunidad para población trans de incluirnos en un trabajo digno, acceder a una obra social, a vivienda digna. Era la oportunidad de que sepan que también somos capaces de tomarnos con responsabilidad el trabajo y de aprender como qualquier empleado municipal, provincial o nacional, o en un lugar privado también. Esta decisión municipal es un retroceso en el contexto de inclusión e integración de igualdad de derechos humanos”.
Contexto
El amparo judicial se interpuso en el marco de una oleada de despidos registrada a nivel municipal en la capital entrerriana. Desde el viernes pasado un grupo de contratadxs de obra y de servicio, cuyos contratos fueron cortados, instalaron un acampe frente al palacio municipal para reclamar la reincorporación.
Por una disposición judicial durante este miércoles por la tarde liberaron el corte de tránsito que mantenían en el microcentro de la ciudad. Hasta el momento no han obtenido respuestas de las autoridades del gobierno que encabeza Sergio Varisco.
Estudio: condiciones de vida de la población trans
En octubre de 2016 se sancionó en Paraná la Ordenanza 9478 de creación del Consejo Representativo de Diversidad Municipal, con el objetivo de promover la creación e implementación de políticas públicas. Y en febrero del año siguiente se presentó el proyecto de relevamiento de la población trans de la ciudad, confeccionado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos; la Universidad Nacional de Entre Ríos; el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo; y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación delegación Entre Ríos.
«Fuimos diagnosticando que la principal situación a atender era la de la población travesti trans y la respuesta del Estado era que para atenderla se requería información certera que pudiera fundamentar acciones y políticas públicas para revertirla. Por esto, desde UADER, UNER, INADI y la Secretaría de DDHH confeccionamos el proyecto de relevamiento, lo pusimos a discusión y lo presentamos en el Consejo Representativo de Diversidad, donde fue votado y modificado, y luego se consiguió el financiamiento para poder realizarlo», dijo a Presentes Gonzalo Molina, integrante del Programa Integral de Género, Derechos y Salud de la Secretaría de Integración y Cooperación con la Comunidad y el Territorio de la UADER, que también participó en la creación del Consejo, donde se encontraron diferentes actores.
Para su realización, la Municipalidad firmó un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, representado por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. La prueba piloto se efectuó en el segundo semestre de 2018. Para esta tarea fueron contratados Vanesa, Paola, Gabriela, Iara, Fernanda y Matías, quienes formaron parte de las diferentes etapas del relevamiento que se extendieron desde octubre de 2018 a enero de 2019.
Molina mencionó, por un lado, que «la importancia de este trabajo es que fue una primera prueba oficial, cuyo antecedente más cercano que encontramos fue un relevamiento de 2012 realizado en La Matanza pero este tenía otro componente más formal». Y, por el otro, «porque era manifiesto en el proyecto y en las argumentaciones que los datos debían ser utilizados para generar acciones y políticas públicas dentro del Estado y eso fue lo que efectivamente pasó y estábamos en proceso de implementación hasta esta situación».
A su vez, subrayó que los datos del relevamiento sirvieron para que se construyera la Ordenanza de Inclusión Integral y Acciones de Reparación a travestis y trans. «Los datos fueron tenidos en cuenta por funcionarios públicos porque en su momento dejaron trabajar a quienes estábamos desde la base articulando en este sentido y construyendo redes», afirmó Molina a este medio.
Molina expresó qué significa en este escenario que una femineidad o masculinidad trans se queden sin su fuente laboral. «En el contexto actual la pérdida de trabajo para las personas trans tiene una doble cuestión: a nivel nacional, se enmarca en el contexto de gran crisis y desempleo que sufre la Argentina a partir de la aplicación de políticas neoliberales del gobierno nacional. Y eso tiene una incidencia de mayor dificultad para estas personas para conseguir alternativas de ingresos económicos —detalló—. A nivel local, está también el impacto subjetivo que genera en estas personas haber hecho un proceso subjetivo y colectivo de ampliación de derechos, donde se convirtieron en agentes de promoción de sus propios derechos y de sus compañeros y compañeras, y estaban generando un proceso de inclusión. Es un aspecto negativo para su propia vida pero también para toda una comunidad que lo siente como un retroceso en inclusión y ampliación de derechos».
Las cifras del informe
Para este informe fueron entrevistadas 60 personas trans y travestis de 17 años o más, en Paraná, en el marco de la encuesta de condiciones de vida de esta población. El 80%, entre los 20 y 49 años.
El reporte reveló que el 60% realizó el cambio registral de su partida de nacimiento y Documento Nacional de Identidad (DNI). A su vez, que el 60% de las personas entrevistadas vive con otras personas: familiares (30%) y pareja (23%), en tanto que el 37% viven solas. Cerca del 80% reside en casas, el resto en departamentos, piezas, ranchos, etc.; la mayoría de ellas de su propiedad (28%), de propiedad familiar (28%) y en alquiler (26%). Estas están ubicadas en barrios de planes de viviendas sociales (56%) y villas de emergencia (7%).
En tanto, el 68% de las personas encuestadas no cuenta con cobertura de salud, prepaga o plan estatal y cuando se atiende por chequeos generales (57%) o seguimiento de tratamiento o enfermedad (22%), lo hace en hospitales públicos (63%) y centros y salas de salud (37%).
En cuanto a la educación, el 71% no terminó el nivel secundario, de los cuales el 17% no cuenta con el primario terminado. El 23% terminó el secundario y sólo el 3% cuenta con terciario universitario completo.
El estudio también confirmó que la discriminación en el ámbito educativo es alta. El 53% de las personas entrevistadas dijo haber vivido discriminación por parte de compañeres, maestras o maestros y directivos de escuela y el 33% tuvo que abandonar sus estudios por su identidad de género.
Sobre la ocupación, el 73% realiza actividades por las que obtiene dinero: la prostitución, la peluquería, el cuidado de personas, la venta de productos y la costura son las más mencionadas. No obstante, al indagar no sólo si está actualmente en situación de prostitución, sino también si lo estuvo anteriormente, el 73% responde afirmativamente. Y el 57% de las entrevistadas se inició en la prostitución entre los 16 y 20 años y el 20% entre los 11 y 20 años.
Fuente Agencia Presentes
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