Poco le ha durado el alivio a la comunidad LGTB de Botsuana. Apenas un mes después de que el Alto Tribunal fallara en contra de la criminalización de las relaciones homosexuales, el fiscal general ha anunciado que recurrirá la sentencia. El representante del Gobierno está convencido de que los jueces, que se pronunciaron por unanimidad, se «equivocaron» en sus argumentos que defendían la inconstitucionalidad de la norma de origen colonial británico. El Tribunal de Apelaciones tendrá la última palabra sobre el mantenimiento o la reversión de la despenalización.

El proceso que concluyó con la despenalización de la homosexualidad lo inició un estudiante de la Universidad de Botsuana llamado Letsweletse Motshidiemang en noviembre de 2017. La organización LGTB LEGABIBO se personó en la causa como amicus curiae. La demanda buscaba la derogación de los artículos 164 y 167 del código penal botsuano, que castigan las relaciones «contra natura» y los actos de «indecencia grave». Se trata, como en tantos otros países, de una herencia de la época colonial británica. Las penas derivadas podían alcanzar los siete años de cárcel, y afectaban tanto a hombres como a mujeres, si bien es cierto que se aplicaban raramente.

Los demandantes alegaban que la ley homófoba es inconstitucional por coartar los derechos fundamentales de libertad y privacidad y que la sociedad botsuana ha evolucionado en su aceptación de la realidad LGTB. Los representantes del Estado, por el contrario, defendían la permanencia de la norma, alegando que no discriminaba contra las personas LGTB al prohibir ciertas prácticas con independencia de la orientación sexual de los implicados. Un argumento que, por ridículo que pueda parecer, fue uno de los esgrimidos hace menos de un mes por el Tribunal Superior de Justicia de Kenia para mantener, allí sí, la penalización de las relaciones homosexuales.

El Alto Tribunal de Botsuana fijó inicialmente marzo de 2018 como la fecha en la que escucharía los argumentos orales, pero la cita fue pospuesta en dos ocasiones y en diciembre del año pasado se anunció que la vista se produciría el 14 de marzo de 2019, como finalmente ocurrió. Tres meses después el tribunal hizo público su fallo, que dio la razón a los demandantes al considerar la criminalización de las relaciones homosexuales discriminatoria y contraria a la Constitución del país. «Cuando se margina a los grupos minoritarios, la dignidad humana se lesiona», argumentaba el juez Michael Leburu al hacer pública la sentencia. «La orientación sexual no es una moda, es un atributo importante de la personalidad», añadió.

Menos de un mes después de conocerse el fallo, sin embargo, el fiscal general del país ha expuesto la disconformidad del Gobierno con su contenido. Abraham Keetshabe sostiene que los jueces se «equivocaron» en sus conclusiones, aunque no ha especificado cuáles son los argumentos concretos que a su parecer son erróneos. El pasado viernes anunció la próxima interposición de un recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Si este sale adelante, podría revertir la sentencia del Alto Tribunal, reinstaurando la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo.

Se trataría de un grave retroceso en un país que, además de la despenalización, ha visto algunos avances significativos en los últimos años. En 2016, por ejemplo, se conseguía una pequeña victoria con el fallo a favor del reconocimiento legal de la asociación de defensa de los derechos LGTB LEGABIBO. El registro ya había sido convalidado por el Alto Tribunal en noviembre de 2014, pero el Gobierno botsuano recurrió entonces la sentencia. La Corte de Apelaciones dio la razón a LEGABIBO y estimó que promover los derechos humanos y defender la derogación de las leyes que penalizan la homosexualidad no es ilegal, y que ser homosexual tampoco lo es.

Otro hito fue la aprobación por unanimidad de una moción de apoyo a la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo en el ayuntamiento de la capital, Gaborone, en marzo de 2016. Y en septiembre de 2017, el Alto Tribunal reconocía por primera vez la identidad de género de una persona trans, que tres meses después pudo obtener un nuevo documento de identidad, poniendo fin a un proceso que se había alargado por diez años.

Fuente Dosmanzanas

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