Trece parejas del mismo sexo de diferentes ciudades de Japón presentaron el pasado jueves sendas demandas al Estado por la imposibilidad de contraer matrimonio legalmente. Cada una reclama un millón de yenes (unos 8.000 euros) como reparación del daño psicológico que les supone la situación de discriminación en la que se encuentran. El objetivo final de esta acción conjunta, sin embargo, es conseguir la apertura del matrimonio para todas las parejas al amparo de la Constitución japonesa, que consagra la igualdad de todas las personas ante la ley y prohíbe la discriminación.

El proceso comenzó a gestarse en noviembre del año pasado, cuando varias parejas se pusieron de acuerdo para demandar al Estado por impedirles el derecho a casarse legalmente. Argumentan que el artículo 24 de la Constitución japonesa, por el que se regula el matrimonio, no excluye a las parejas del mismo sexo cuando hace referencia al «consentimiento mutuo entre los dos sexos». El primer ministro Shinzō Abe se había escudado en esta redacción para rechazar la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los demandantes, sin embargo, aluden a un fallo del Tribunal Supremo del año 2015, que interpretó el artículo en el sentido de que el matrimonio se debe basar en una decisión libre entre iguales, sin aludir al sexo de los contrayentes. Defienden, por tanto, que la Constitución no prohíbe casarse a las parejas del mismo sexo, sino que consagra la libertad en el acceso al matrimonio. De hecho, opinan que la propia Carta Magna los ampara al consagrar la igualdad de todas las personas ante la ley en su artículo 14. La apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo en la mayoría de los países desarrollados es otro de los argumentos del que pretenden hacer uso.

Las trece parejas, ocho de hombres y cinco de mujeres, aprovecharon el pasado 14 de febrero, día de San Valentín, para presentar sus demandas ante sendos juzgados de Tokio, Osaka, Sapporo y Nagoya. Se trata de la primera acción conjunta sobre el asunto en Japón. Reclaman una compensación por el sufrimiento psicológico que les produce la situación de inseguridad legal que supone carecer del acceso a herencias, decisiones médicas, visitas hospitalarias o visados de matrimonio. Este último derecho es especialmente relevante para la pareja formada por una ciudadana japonesa y una alemana legalmente casadas en Alemania y cuyo matrimonio no reconoce la Administración nipona.

Cada uno de los demandantes reclama al Estado japonés la suma de un millón de yenes (unos 8.000 euros) en concepto de daños y perjuicios. Pero la reparación económica no es la última meta de las demandas. Como explica uno de los abogados que asesora a las parejas, el objetivo final es una sentencia judicial que reconozca la inconstitucionalidad de la situación actual.

Pequeños avances a nivel local

Aunque Japón carece de matrimonio igualitario, varias ciudades han aprobado la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de uniones de hecho. La primera administración japonesa lo hizo fue el distrito tokiota de Shibuya, seguido del de Setagaya. Posteriormente se les unieron las ciudades de Iga, en la prefectura de Mie, y Takarazuka, en Hyogo. En febrero de 2017 y en abril de 2018, respectivamente, Sapporo y Fukuoka se convertían en las primeras grandes ciudades en aprobar las uniones de hecho para las parejas del mismo sexo.

Los resultados de una encuesta realizada en el país nipón a finales de 2015 constatan que un 51% de la ciudadanía sería partidaria de la aprobación del matrimonio igualitario. Una gran evolución, teniendo en cuenta que hasta épocas recientes la homosexualidad era un tema tabú en la sociedad japonesa. Otro importante reconocimiento llegaba en julio de 2016, cuando el ministerio de Trabajo incluía la discriminación hacia empleados LGTB como una forma de acoso sexual. Estaremos pendientes sobre cualquier movimiento que suponga un avance hacia la igualdad en el acceso al matrimonio.

Fuente Dosmanzanas

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